Por Patricia Mayorga y Raúl F. Pérez Lira / Raíchali
Chihuahua – Las comunidades de Guadalupe y Calvo se están vaciando por la violencia imparable y por la indefensión ante falta de reconocimiento de desplazamiento forzado de las autoridades. En la cabecera municipal suspendieron las clases desde la semana pasada “hasta nuevo aviso”.
Y la madrugada de este lunes sacaron de su casa con violencia a Agustín Blas Pereda Lopez, presidente asesor del área de Protección de Flora y Fauna Cerro Mohinora. Horas después lo encontraron asesinado en Mesa de San José del mismo municipio.
El Consejo asesor de las áreas protegidas es un órgano de participación social que se conforma por personas de la sociedad civil que se ven afectadas por el manejo y decisiones del área protegida, para consensuar lo que se realizará.
A principios de esta semana salió otro grupo de habitantes de la comunidad de Dolores, ubicada casi en los límites con el estado de Sinaloa. Las familias salieron en alrededor de 40 camionetas sin seguridad.
Hay familias que se han quedado varadas porque sus vehículos están descompuestos, según han dado a conocer ellas mismas a otras personas del municipio con quienes buscan apoyo.
“En Dolores están los malos en la calle. La gente que se quedó, está encerrada en sus casas, son como 30 familias las que se quedaron allá (la mayoría son indígenas). Ayer nadie nos escuchó”, relató uno de los habitantes de aquella región.
Otras personas más han salido hacia Sinaloa. En total , estiman que han salido 100 camionetas con igual número de familias de tres comunidades aledañas: San Miguel, El Carnero y El Palmito.
En entrevista con Raíchali, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la zona sur, Juan Portillo Díaz, dio a conocer que el desplazamiento forzado lleva por lo menos dos años en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Sin embargo, Raíchali ha documentado desplazamientos forzados este gobierno, desde 2021, que se suman a los ocurridos en las dos administraciones estatales pasadas.
“Desgraciadamente se han estado dando comunidad por comunidad desde hace dos años, se han estado dando desplazamientos forzados. Actualmente, con los mismos hechos de violencia se han suscitado (desplazamientos) en la comunidad de Dolores, El Muertecito, Ignacio de Los Sotelo y otras comunidades cercanas se han estado desplazando pobladores”, reconoció el visitador.
Portillo detalló que en la comunidad El Muertecito ya no había nadie desde la semana pasada: “Ya se quedó sola la comunidad, tuvieron que trasladarse a cabecera municipal. Estos últimos son hechos recientes ahí en Dolores, es San MIguel, es Dolores, Puerto el Arroyito”.
Detalló que la célula BOI (Base de Operación Interinstitucional) acudió el sábado o domingo (7 y 8 de diciembre) a la zona y pudieron trasladar a algunas personas. “A algunos los dejaron ahí mismo en Dolores, o incluso ellos mismos (los pobladores) bajaron a Dolores, o se van a Sinaloa, a Chihuahua capital u otras partes, pero si se han estado suscitando desplazamientos”, añadió el funcionario de la CEDH.
Y es que la semana pasada, habitantes del pueblo de Dolores reportaron enfrentamientos entre grupos armados desde el miércoles 4 de diciembre, por lo que solicitaron la presencia y permanencia de las autoridades en la región para brindar seguridad.
Algunos de los testimonios que hicieron llegar a Raíchali, reportaron que en los enfrentamientos se utilizaron drones para lanzar explosivos. Sin embargo, el viernes pasado el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jorge Armendáriz, negó ante varios medios de comunicación el uso de esta tecnología y aseguró que las explosiones que escucharon los pobladores eran causadas por los altos calibres de los grupos armados.
Derivado de las denuncias públicas, al día siguiente el gobierno desplegó una célula de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI), compuesta por la Agencia Estatal de Investigación, el ejército y la Guardia Nacional, en las localidades de Dolores, El Saucito y El Arroyito.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía anunció que en su visita a estas localidades encontraron y destruyeron campamentos “presuntamente utilizados por la delincuencia”, confirmaron daños por proyectil de arma de fuego en las “fincas” y aseguraron “casquillos de diversos calibres y cinco objetos tipo explosivos”.
En las fotografías presentadas por la Fiscalía, estos “objetos tipo explosivos” tienen una argolla o armella, como para colgarlos.
Hay un cuartel del Ejército en el área, pero desde hace cuatro años está vació, según testimonios de la misma gente que habita o habitaba aquellas comunidades.
Juan Portillo agregó en la entrevista que como CEDH son parte de la mesa institucional de desplazamiento forzado interno, que coordina la Secretaría General de gobierno estatal, y ahí han llevado los casos de las comunidades de Cinco Llagas, Las Casas y otras comunidades cercanas.
“Les hemos estado dando seguimiento para ver si quieren presentar alguna queja, los canalizamos con dependencias para que los apoyen con alimentos, vestido o alguna otra situación como de salud o educación”.
“Cuando nos constituimos en el lugar, les damos un contexto de lo que es la Comisión, qué hacemos como CEDH, les indicamos si quieren poner alguna queja en contra de alguna autoridad por omisión, exceso (…) por lo general no quieren poner quejas porque tienen temor para ponerlas o alguna denuncia. Nos ha acompañado la Fiscalía General y se ha visto que no quieren denunciar por no meterse en un problema. Nosotros los entrevistamos para ver cómo se les puede apoyar, que se les lleve comida, colchonetas, se atienda la cuestión de salud y educación, es lo que hemos hecho hasta ahora”, apuntó Portillo.
Antecedentes
El desplazamiento forzado en el municipio de Guadalupe y Calvo arreció desde 2021, en comunidades como Coloradas de la Virgen, San Fernando, Santa Rosa, Rincón de Alisos, Alicitos, Los Alisos, entre otras, que se sumaron a las que ya tenían años desplazadas.
El año pasado, organizaciones de la sociedad civil que han llevado caravanas humanitarias a las comunidades en riesgo de desplazamiento, pidieron a las autoridades estatales que atendieran a víctimas que no estaban reconocidas como tal. La CEDH levantó quejas de diferentes comunidades.
“Teníamos un expediente por desplazamiento forzado que abarcaba comunidades como Calabazas, Rincón de Alisos, Alicitos, Coloradas de la Virgen, entre otras, y levantamos otro expediente por el tema de La Sierrita, levantamos varias entrevistas y las integramos al expediente”.
“Como involucra un tema de autoridades federales por el crimen organizado, tenemos la obligación de remitirla a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se está tramitando allá. Ya se está encargado de tramitarlos”, explicó Juan Portillo.
La CEDH documenta los nuevos hecho para cuando la Comisión Nacional solicite los datos, remitirlos para agregarlos al expediente, dijo el visitador.
Y es que este año no ha parado el desplazamiento de diversas comunidades de la región.
Violencia arrecia en la cabecera municipal
La violencia ha alcanzado a la cabecera municipal. La semana pasada suspendieron clases hasta nuevo aviso, según les informaron a los padres de familia.
En ese contexto, despidieron a un médico y a una enfermera del hospital comunitario estatal, de Guadalupe y Calvo de manera injustificada. El pueblo realizó una marcha para exigir su reinstalación.
Raíchali solicitó desde hace quince días la versión de la Secretaría de Salud, pero hasta ahora no ha habido respuesta, ya que según personas cercanas al personal médico, los despedidos apoyaron las candidaturas al Senado por el partido de Morena y esa sería la razón de su “expulsión”.
Los asesinatos en la cabecera se han incrementado y las balaceras cerca de las casas han obligado a la gente a permanecer la mayor parte del tiempo dentro de sus casas.
El pasado 10 de diciembre asesinaron al profesor Eleazar Mendívil Cepeda, asesor técnico-pedagógico de la Zona 159 de nivel primaria de la comunidad de Tohayana del mismo municipio.
El profesor fue sacado de su casa con violencia y de acuerdo con testigos, los agresores les dijeron a los testigos, que se lo llevaban porque “había metido la pata”. En la jornada electoral pasada, él resguardó algunas casillas y presuntamente lo golpearon al intentar robarlas.
El cuerpo de Eleazar Mendívil apareció cerca de la cabecera municipal junto con el de Noé Gerardo Rascón Urías, quien tenía 20 años.
En el caso de Noé Gerardo Rascón, a su familia le quemaron el mismo día de la privación de la libertad, la vivienda y una tienda. El reporte de la privación de la libertad del joven, llegó la madrugada del lunes 9 de mayo al C7 de la ciudad de Parral y el hecho fue denunciado también ante la Guardia Nacional.
De acuerdo con El Diario de Chihuahua, la denunciante informó que el joven circuló el día anterior en una camioneta sin luces y los agentes de la Policía Municipal le enviaron alrededor de las 11 de la noche, a dos “sicarios” en una camioneta blanca doble cabina.
Juan Portillo, de la CEDH, dijo al respecto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Estatal (CEAVE) apoyó con los funerales de las víctimas, ya que las familias habían denunciado.
Con respecto de la presunta participación de la Policía Municipal en uno de los crímenes, tendrían que investigar y en caso de ser así, actuarían en consecuencia.
Este lunes, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, informó que la célula BOI revisó la situación de nuevo en Dolores y que no hay bajas civiles de la población ni de integrante de los carteles que están enfrentados.
Y el funcionario aseveró que no hay desplazamientos forzados en la entidad en esa región, según información del portal Omnia, a pesar de los testimonios y versión de la CEDH, que reconoce los desplazamientos forzados.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
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