Las instituciones, sin distinguir competencias ni demarcaciones burocráticas, son las que se pusieron a prueba el pasado jueves 10 de julio –un día de muchos en el historial de agravios–, evidenciando su ineficacia y fracaso. Por hechos como estos es que se habla de un “estado fallido”
Por Jaime García Chávez
El pasado jueves 10 de julio no será recordado en Juárez ni en Chihuahua como un día de campo, uno de tantos que fenece entre las hojas del calendario burocrático. Es un día que habla de cómo se encuentra nuestra entidad en materia de inseguridad para la población, su gente, la ciudadanía.
Ciudad Juárez se lleva la peor parte de esa fecha: catorce muertos por ejecución en diversos puntos de esa frontera gobernada por MORENA, abandonada de la mano del gobierno estatal, que se empeña en levantar su torre de Babel y la certidumbre de que hay un fracaso absoluto para atender el problema de la violencia que cuesta vidas humanas y genera temores mayúsculos que impiden la convivencia en la comunidad.
El Estado mexicano, en el que obviamente está incluida la entidad, ya tiene en sus manos todos los instrumentos que ha pedido para resolver la violencia y restaurar la paz. Hay un Congreso de la Unión al que ya sólo le faltaría decretar el estado de sitio para dotar de herramientas al gobierno y superar el candente problema.
Ya no habrá pretextos, ni déficits. Pero lo que vemos va en sentido contrario a esa visión, porque al crimen organizado poco le importan las reformas que se cocinan al vapor, y mucho menos el vacío que existe en Chihuahua por el fracaso del gobierno de Maru Campos, de la Fiscalía de César Jáuregui, y especialmente de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza (es un eufemismo) el falaz Gilberto Loya.
En general, las instituciones, sin distinguir competencias ni demarcaciones burocráticas, son las que se pusieron a prueba el pasado jueves –un día de muchos en el historial de agravios–, evidenciando su ineficacia y fracaso. Por hechos como estos es que se habla de un “estado fallido”.
Cierto que viene el problema de muchos años atrás y que lo mismo los gobiernos federales del PAN, del PRI y de MORENA no han construido -y por tanto, ejecutado– un plan que le resuelva al país las condiciones de violencia en que se encuentra, siendo esto una antesala hacia un autoritarismo y represión que a todos nos pueden envolver por el vacío estatal.
Mucho se ha dicho que el monopolio de la violencia legítima lo tiene el Estado y que lo debe emplear de manera proporcional. Pero eso no existe entre nosotros. Lo que aquí vemos es que el monopolio no legítimo de la violencia está presente y que los delincuentes tienen tanto, o más, capacidad de fuego que el mismo gobierno.
Nada justifica, como suele sostenerse, que se están matando entre los propios delincuentes. Argumentar esto como una especie de darwinismo social con el que se opera una selección natural entre los propios delincuentes, es no darse cuenta que si así fuera, a la postre padeceríamos sin más un “narco-estado”, y la debacle de la república.
Pero ese jueves tiene otra cara y se llama municipio de Guadalupe y Calvo, ubicado en las antípodas de Ciudad Juárez, al sur del estado, en los límites con Durango. Ahí también gobierna MORENA; y su alcaldesa, Ana Laura González Ábrego, tuvo que encerrarse y aislarse en su propia fortaleza, porque de no hacerlo, correría la suerte de muchos funcionarios municipales que engrosan la nota roja, porque no hay día que no asesinen a alguno.
Aquí también vemos el fracaso de las instituciones federales, en especial de las militarizadas y policiacas. Quién puede pensar que con los recursos del municipio se puede sostener una estrategia para encarar el problema. Significaría más sangre.
¿Y qué hace el gobierno de Maru Campos? “Regañar” en el Palacio de Gobierno a la propia alcaldesa; convertir la circunstancia en orgullo partidario, mezclando lo que no debe mezclarse y pasándose por el arco del triunfo la autonomía municipal. A ese propósito, sabe que la prensa de un día después exaltará el “regaño” a una “oscura” alcaldesa y ocultará la gravedad de los catorce muertos que también competen a la gobernadora amonestante. Maru no paga los medios para que la ataquen. Al contrario.
A todos los que aquí han fracasado en este jueves doliente, no lo dude, sólo los mueve la política y lo que sucederá en las elecciones de 2027. De lo demás, para ellos, es lo de menos, ya que están conscientes de que hasta ahora sólo el poder engendra poder, así esté tapizado de cadáveres, fosas y regaños que debieran ser para sí mismos.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
