Ciudad Juárez ha sido una ruta de migrantes hacia el norte desde hace muchos años, pero ahora está convertida en una sala de espera de Estados Unidos. Desde octubre pasado han llegado más de 17 mil migrantes que esperan su turno para cruzar. A ellos se suman los retornados, porque Juárez y Tijuana fueron las primeras ciudades donde se aplicó el programa de retorno a solicitantes de asilo en Estados Unidos, incluso antes de que Donald Trump lanzara su amenaza arancelaria. La atención a los migrantes en esta ciudad vive su peor crisis, con miles de extranjeros varados, albergues saturado y refugios improvisados, así como gobiernos que dedican parte de su capacidad a desalentar el cruce de migrantes hacia territorio estadunidense. Los refugiados que llegan aquí enfrentan, además, otro problema: la falta de abogados y traductores en el juicio, que es en inglés
Este trabajo forma parte de la serie El Gueto mexicano, migrantes atrapados entre muros que puedes consultar completo aquí
Texto: Rocío Gallegos / La Verdad
Fotos: Alejandro Sánchez / Rey R. Jauregui.
Ciudad Juárez, Chihuahua –La mirada de Ricardo se sostiene hacia el norte mientras de su boca brotan palabras de manera atropellada para contar su historia: huyó de la violencia en Honduras junto con su esposa embarazada; llegó a esta frontera en 12 días; cruzó a Estados Unidos por el Río Bravo; los de la Patrulla Fronteriza los detuvieron, los separaron y al día siguiente a él lo regresaron a territorio mexicano.
“Solo estuve un día allá y me regresaron. Me dieron una fecha en la que debo volver y me dijeron que debo esperar en Ciudad Juárez”, dice.
Su retorno a México ocurrió el 13 de junio. El hombre, de 26 años, dice que escapó de su país el 30 de mayo por las amenazas contra su vida. Ahora debe esperar hasta el 22 de noviembre para acudir a la Corte de Inmigración en El Paso, Texas, para iniciar el proceso de asilo político.
Su compañera corrió otra suerte. A ella las autoridades migratorias la liberaron en Estados Unidos y pudo reunirse con familiares residentes en Houston, narra el hombre desde el exterior de un supermercado en la Felipe Ángeles, donde encontró refugio temporal. La colonia es un asentamiento que en la época de mayor violencia de esta ciudad se convirtió en un laboratorio fallido de la Iniciativa Mérida, con la que Estados Unidos intervino en comunidades víctimas de la criminalidad.
Ricardo, que pide omitir sus apellidos por estar en trámite su asilo, es uno de los casi 9 mil extranjeros –la mayoría centroamericanos– que se encuentran en Ciudad Juárez bajo el polémico programa de la administración Trump, llamado “Protocolo de Protección a Migrantes” (MPP por sus siglas en inglés), el cual obliga a los migrantes extranjeros a permanecer en México mientras siguen sus procesos en tribunales de Estados Unidos.
Muchos de ellos tienen sus citas hasta el 2020. Como Karla Mirón y su esposo, Wilber Velázquez, originario de El Salvador. Ella fue devuelta luego de permanecer cuatro días en un centro de retención cerca de El Paso, Texas. Tiene una cita hasta el 14 de enero para presentarse ante un juez de inmigración. A su esposo le dieron cita para finales de febrero. “Siento que lo de la cita es un engaño”, dice la mujer.
La pareja salió el 22 de marzo de Ahuachapan, una de las ciudades más importantes de la zona occidental de El Salvador, por las amenazas de muerte de pandilleros. Llegaron el 11 de mayo a Ciudad Juárez, cruzaron a Estados Unidos y fueron retornados.
De este lado de la frontera, personal del Instituto Nacional de Migración (Inami) les entregó un permiso para permanecer en México por 180 días, que “servirá para que la policía no nos detenga y para que esperáramos aquí la fecha de la cita”. Del trabajo o de dónde vivir, nadie les dijo nada.
“Pregunté si iban a llevarnos a algún albergue y su respuesta fue: ‘no hay lugares’. Solo trasladaban a quien trae niños, a los demás nos dejan a nuestra suerte”, cuenta Karla, quien de tanto insistir por un refugio y de permanecer varias horas en el puente internacional sin pisar Juárez, junto con otras 40 mujeres, logró que los del Grupo Beta le buscaran un lugar en la Casa del Migrante.
Pero la historia de Karla y Ricardo se repite en miles de extranjeros solicitantes de asilo político retornados, que huyeron de sus países por la violencia y que fueron atraídos por historias de que la gente estaba pasando a Estados Unidos para salvar sus vidas.
“A veces se las pintan a uno de otra forma allá y uno viene con esa esperanza”, dice Karla luego de sostener por minutos su cabeza sobre sus manos entrelazadas.
Nunca imaginaron que deberían hacer antesala en otro país, en una ciudad conocida en el mundo por sus niveles de violencia y donde muchos han tenido que dormir en la calle hasta que encuentran refugio temporal, en espera de su turno en la corte estadunidense.
“No es una espera fácil”, advierte Rocío Meléndez Domínguez, abogada de Derechos Humanos Integrales en Acción (Dhía), organización promigrante que ha advertido sobre el peligro de la política migratoria de Donald Trump para los solicitantes de asilo.
“Al ser retornadas, las personas quedan con un alto grado de vulnerabilidad porque aquí no tiene redes de apoyo, familiares, amigos, y ha habido, en los casos que hemos atendido, muchos problemas de víctimas de delito grave, como secuestro y violación”, dice la defensora.
“Son personas que regresan del otro lado con estado emocional critico porque allá estuvieron varios días encerrados en condiciones inhumanas, frustrados porque no los dejaron exponer su situación y también confundidos porque no sabían que iban a regresar a México”.
La frontera amurallada
Juárez una ciudad fronteriza que colinda con los estados de Texas y Nuevo México. Por su ubicación, ha sido ruta del tráfico de migrantes que se dirigen hacia el norte, desafiando las condiciones del desierto, su cruce por el Bravo y la violencia de los cárteles. También es polo de atracción de la actividad maquiladora desde hace 50 años —aunque se han registrado repuntes y descensos en períodos determinados— lo que impulsó un crecimiento desordenado, principalmente hacia el suroriente.
Aquí habitan más de un millón 400 mil habitantes, de los cuales casi un 40 por ciento son personas no nacidas aquí, sino migrantes que llegaron de otros estados y de otros países. En la última década, a partir de lo que se llamó la “guerra contra las drogas”, fueron asesinadas aquí más de 13 mil 500 personas.
La frontera amurallada es una realidad desde más de dos décadas. Sobre un paisaje arenoso y a pocos metros de que inicie los caseríos por el norponiente, se extiende una valla metálica que, ubicada entre Anapra y Sunland Park, divide a México de Estados Unidos. Es el muro, que lejos de ser la propuesta del presidente Donald Trump, es una realidad en Ciudad Juárez. La barrera se colocó ahí en septiembre de 1995. Era una malla ciclónica que desde mediados del 2016 fue sustituida por una valla metálica pegada por el bordo del Río Bravo.
La barda dividió a una comunidad binacional, porque cuando México cedió su territorio a Estados Unidos las familias quedaron en los dos países. Por eso Juárez es la frontera más porosa del norte del país. Comparte seis cruces internacionales, de los cuales cinco son puente, sólo uno es un paso terrestre.
Atrapados entre dos países
Frente al juez de inmigración en la Corte de El Paso, Texas suplicó que la dejarán quedarse en ese país; sin embargo, ella y a sus tres hijos, con los que abandonó Guatemala, fueron regresados a Ciudad Juárez.
“Le pedí al juez que me ayudara, necesito cruzar no por un sueño, sino por la vida de mis hijos”, cuenta la mujer que permanece en la Casa del Migrante y desde este lado de la frontera enfrenta su proceso en tribunales estadunidenses. Llora al narrar que tuvo que salir de su país por violencia familiar y amenazas de muerte lanzadas por su esposo.
Ella llegó el 3 de marzo y aunque le decían que corriera y cruzara por el río Bravo, se negó.
Caminó junto con sus hijos —una niña y dos niños—, hasta un puente, ahí pasó hasta la mitad, donde “unos oficiales gringos” les dijeron que se regresaran al lado mexicano, que acá les iban a dar un número con su turno para cruzar. Les asignaron el 7 mil 923, el 7 mil 924, 7 mil 925 y 7 mil 926.
Ahora se alista para su segunda cita ante la Corte de Estados Unidos, programada para el 24 de agosto.
Pero el futuro de esta madre guatemalteca es incierto, advierte Carlos Spector, abogado estadunidense que atiende asuntos migratorios en El Paso, Texas.
Como el de más de 20 mil 800 migrantes de 11 nacionalidades que esperan en México respuesta a su solicitud de asilo hecha ante el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo la cancillería mexicana. El 50 por ciento de ellos está en Baja California, donde se puso en marcha, desde febrero, el Protocolo de Protección a Migrantes” (MPP por sus siglas en inglés). Luego se extendió a Ciudad Juárez, en mayo, y ahora en Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas.
Los inmigrantes enfrentan un sistema judicial cambiante que pone a prueba su esperanza. Spector explica que el gobierno de Trump modificó y complicó el proceso: primero eliminó a las víctimas de la violencia, a los perseguidos por la delincuencia, o por la criminalidad de cárteles o pandilleros, de la lista de personas que pueden calificar para el asilo político. Ahora, ordenó prohibir el asilo para los migrantes que pasen por México u otro país antes de llegar a Estado Unidos.
También restringió las opciones establecidas en la ley con ordenanzas a jueces o tribunales, redefinió las calificaciones para otorgar asilo, y excluyó a los grupos más vulnerables en México y Centroamérica.
Con esas condiciones es más difícil ganar el asilo. Después de la primera audiencia, el proceso se puede llevar hasta 12 meses o más y al final de cuentas, es probable que sean rechazados debido a que huir de la violencia ya no es un argumento válido por los cambios ordenados por el gobierno del Trump. Además, explica el abogado, “son como 4 audiencias o más ante un juez de inmigración y cada vez que vienen tiene que ser retornados a México. Allá deben esperar”.
Los migrantes cruzan y se enfrentan con un proceso legal confuso, en un idioma que no hablan, sin conocer sus derechos y sin quién los defienda. ¿Cómo conseguir un abogado en Estados Unidos?
“Muchos piensan que se pueden resolver su solicitud de asilo en la primera audiencia y no es así” explica Rocío Meléndez, la abogada de Dhía, que desde octubre no se da abasto para atender a migrantes que llegan en busca de ayuda, un abogado y traductores voluntarios para llenar formulario que deben presentar en inglés ante los tribunales.
La organización juarense ha establecido lazos con grupos de derechos humanos en Estados Unidos, como con Americas Immigrant Advocacy Center, para preparar a los migrantes en sus procesos ante los jueces.
La abogada asegura que hay organizaciones probono en Estados Unidos que ayudan a sus contrapartes mexicanas con listados de defensores y aunque sus servicios tienen costos simbólicos (de mil 500 a 3 mil dólares por persona y por audiencia) son montos que la mayoría no puede costear, mucho menos si se trata de familias. Pero los abogados privados cuestan más.
Hay migrantes que nunca logran contactar un abogado, por lo que ante el juez desisten de su solicitud de asilo y piden su regreso a su país. Eso ocurrió con una mujer y sus hijos de 9 años y de 11 meses, que entraron a Estados Unidos por El Paso el 25 de marzo, según documentos judiciales.
Ellos fueron enviados a Ciudad Juárez entre las primeras personas retornadas a México bajo el programa MPP.
La familia compareció inicialmente en la Corte el 17 de abril y sus casos continuaron hasta la segunda semana de mayo, para darles la oportunidad de encontrar un abogado. Sin embargo, ante el tribunal de inmigración la madre dijo que no pudo conseguirlo y rechazó la oferta del juez de tener dos semanas más para seguir buscando. “Quiero volver a mi país”, le dijo al juez. Al final de la audiencia se emitió una orden de expulsión que resultó en la deportación de la familia a Guatemala.
“Uno les explica a los solicitantes de asilo: ‘vas a tener que hacer esto, vas a tardar un año o más después de tu primera cita y al fin de cuentas te van a rechazar’. Entonces ellos responden: ‘ni modo, voy a tratar’”, dice Spector, quien asegura que los migrantes desconfían de sus explicaciones y se niegan a escuchar que al final del proceso enfrentarán la deportación. Incluso, cree que algunos los consideran como “abogados de la migra”.
“Debemos hablarles con la verdad, advertirle lo que van a pasar. Uno les dice sus opciones: ‘te regresas a tu país o vas a México y pides asilo allá o esperas un año más en este trauma que vives, entre dos países, y al final enfrentarás la deportación’. ¡Es una tragedia!”, afirma Spector.
La sala de espera de EU
El puente internacional Paso del Norte – construido sobre el Río Bravo y la valla metálica que la hace de muro entre México y Estados Unidos– se ha convertido en el punto por el que retornan a los migrantes extranjeros.
Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) los trasladan hasta la joroba, que luce llena de barricadas y alambre de púas. Ahí los sueltan para que sigan sus pasos hacia México.
Los migrantes indocumentados cruzan desorientados. A Ricardo le costó dar los pasos para abandonar el territorio donde se quedó su esposa y adentrarse a un lugar desconocido.
“Los de migración de este lado solo nos dieron un papel, el permiso para estar en México, y luego nos pidieron que nos retiráramos. ¿A dónde podemos ir? No tuvimos respuesta”, cuenta el hombre que en su país era bombero.
La atención a los migrantes en Ciudad Juárez vive su peor crisis: con miles de migrantes extranjeros varados de este lado de la frontera, albergues y refugios improvisados saturados, así como gobiernos rebasados que dedican parte de su capacidad a desalentar el cruce ilegal de migrantes hacia territorio estadunidense.
“Vivimos una situación extraordinaria” dice Rodolfo Rubio, investigador en el Colegio Chihuahua (Colech) y estudioso de movimientos de migrantes.
La ciudad siempre ha sido una ruta de migrantes, pero ahora es prácticamente una sala de espera de Estados Unidos. Desde octubre pasado han llegado a la ciudad más de 17 mil migrantes que se apuntaron para esperar su turno para cruzar, dice Enrique Valenzuela, titular del Consejo Estatal de Población, dependencia que opera el Centro de Atención Integral al Migrante en la ciudad.
Otros toman otra alternativa: Cruzan la frontera clandestinamente fuera de los puertos oficiales de entrada y se entregan a los agentes de la Patrulla Fronteriza, que proceden a detenerlos y enviarlos de regreso a México.
De la cantidad de migrantes que tiene conocimiento las autoridades, unos 11 mil 800 ya pasaron a Estados Unidos, otros 5 mil 540 aún están esperando su turno, pero solo unos mil 100 están en albergues, de los otros no se sabe cuántos permanecen en hoteles o en casas y quienes decidieron cruzar de manera ilegal. A ellos hay que sumar a los retornados que a diario son enviados por las autoridades estadunidenses para que permanezcan aquí durante su proceso de asilo político en sus tribunales.
“Estamos enfrentando los efectos de un problema que no provocamos nosotros, esto se provocó en virtud de otros factores, este es un problema internacional que no parece que vaya a variar, pinta para recrudecerse en los próximos meses”, dice Valenzuela.
Un estudio reciente de académicos e investigadores sociales de California y Texas, denominado “Procesos de asilo y listas de esperas en la frontera EU-México”, muestra que los solicitantes se topan con “cuellos de botella” en los puertos de entrada a Estados Unidos y eso ha provocado que los migrantes permanezcan meses del lado mexicano en espera de poder cruzar.
La situación trastocó la dinámica cotidiana de unos 60 mil fronterizos que a diario se trasladan entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, debido a que Estados Unidos canalizó al personal de sus garitas a centros migratorios como apoyo a la Patrulla Fronteriza, con lo que provocó que trabajadores, estudiantes, compradores y turistas que diariamente cruzan entre ambos lados se vieran afectados con traslados de hasta 3 y 5 horas.
“En este momento, los migrantes en Ciudad Juárez son un problema que han venido a cambiarle la vida a la gran mayoría de los juarenses” dice Armando Cabada, presidente municipal de Juárez que hace unos días reclamó al gobierno federal que esta localidad sea de las que más retornos de migrantes extranjeros recibe, unos 200 diarios.
“¿Y nosotros por qué?”, preguntó el edil. “Tenemos aquí a miles de personas que no teníamos contemplado que llegarían a Ciudad Juárez en un solo año”.
Los gobiernos no han atinado acciones para enfrentar el fenómeno: activaron acciones informativas, un programa de empleo temporal, reparto de víveres en albergues y un “muro humano” en el bordo del río Bravo con la Guardia Nacional para impedir que migrantes crucen la frontera.
Son los templos e iglesias de distintos dogmas de fe quienes han habilitado una red de albergues para dar cobijo a quienes esperan su turno para ser atendidos por autoridades de Estados Unidos.
Con el apoyo ciudadano y de agrupaciones civiles de ambos lados de la frontera, las comunidades religiosas brindan asistencia a los migrantes en sus necesidades básicas, como alojamiento temporal, alimentos, agua, ropa y servicios.
El regreso
Karla Mirón y su esposo viajaron desde El Salvador hasta Gracias a Dios, la frontera entre Huehuetenango, Guatemala y Carmen Xhán, Chiapas, México. De ahí viajó a Puebla, luego a la Ciudad de México, a Querétaro, a Juan Aldama, Zacatecas y de ahí hasta Ciudad Juárez. Su trayecto fue en autobús, camiones de carga y trocas de rediles. Les costo 3 mil dólares a cada uno.
La ruta de Ricardo fue distinta, aunque tuvo el mismo destino. Él y su esposa llegaron por balsa a México. Ingresaron Chiapas, de ahí los trasladaron a Villahermosa, Tabasco y luego hasta Durango, donde sus pasadores o ‘polleros’ los retuvieron en un rancho antes de arribar a Ciudad Juárez. Por el traslado de los dos pagaron 6 mil 500 dólares, más los desembolsos que tuvieron que dar a policías federales y militares que ofrecían abrirles el camino hacia la frontera.
En ambos casos, lograron cruzar la frontera y después fueron regresados a Ciudad Juárez.
Ricardo se puso a trabajar lavando carros y se junto con un grupo de cubanos que consiguió una casa prestada para vivir en el norponiente de la ciudad, donde espera su cita ante las autoridades del vecino país del norte.
Karla fue contactada en la Casa del Migrante por conocidos de un pariente que se la llevaron a vivir en su casa junto con su esposo. Dice que trataron de retomar su vida mientras llegaba su turno en la Corte de Estados Unidos, él trabajando en una mueblería y ella vendiendo pupusas – similares a las gorditas de maíz–, pero la frustración los hizo desistir y decidieron regresar a su país.
“No dimos cuenta que ya hemos tenido suficiente”, dice la mujer.
“Voy triste, no es fácil. Tal vez la situación en mi país está muy difícil, por la violencia y la falta de trabajo, pero con la experiencia que he tenido ahora me siento capaz de luchar”, dice en el área de comida de una plaza comercial que recorrió unas horas antes de tomar el avión que la lleva a Guatemala para de ahí seguir a El Salvador.
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Este reportaje fue realizado por los equipos de investigación Pie de Página, Chiapas Paralelo y La Verdad, medios integrantes de la alianza Tejiendo Redes de la Red de Periodistas de a Pie.
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