Miguel Ángel Sosa
Twitter: @Mik3_Sosa
Ciudad de México –La violencia provocada por el crimen organizado busca poner en jaque al gobierno. Tras varios enfrentamientos y decenas de muertos en distintas partes del país, es de esperarse una respuesta contundente por parte del Estado mexicano.
Más allá de las anunciadas estrategias al inicio del gobierno, es urgente una reacción efectiva y frontal de las autoridades para hacer frente a los delincuentes, que sin el menor descaro, atemorizan y ponen en riesgo a la población.
Lo ocurrido en días pasados en Aguililla, Michoacán, y después en las cercanías de Iguala, Guerrero, activó las alertas en la administración federal. Con el estado de sitio que se vivió este jueves en Culiacán, Sinaloa, es más que evidente: ¡Se debe poner un alto, ya!
Las fuerzas del orden tienen frente a sí, la titánica tarea de recomponer y recuperar territorios que ha conquistado el narcotráfico. También la de frenar otros delitos de alto impacto que merman la economía nacional y ponen en riesgo a millones de familias.
Si bien la estrategia de combate a la corrupción toca áreas estratégicas de las organizaciones delincuenciales, la presencia del Estado en las calles debe ser una prioridad. La impunidad no debe permitirse, se debe combatir a los delincuentes y tratárseles como tales.
La Guardia Nacional, la Marina y Ejército enfrentan una situación delicada. Serán la primera línea ante la inoperancia de las corporaciones locales, que en la mayoría de los casos son incapaces de hacer frente a lo que se vive en sus comunidades.
El discurso pacifista quedó rebasado ante la ola de enfrentamientos a plena luz del día, que no sólo demuestran la fuerza que tienen estas organizaciones, sino el control que poseen de ciudades enteras. A los malos se les combate, aquí no hay perdones que valgan.
Será importante ver cómo se fortalece a los cuerpos de seguridad, y si se reencamina la estrategia que parece no estar funcionando. No hacer nada ya dejó de ser opción y para improvisaciones ya fueron muchos meses.
La violencia es una plaga que se expande por las ciudades de México y es obligación del Estado hacerle frente. Después de las terribles imágenes de las múltiples balaceras en Culiacán, es evidente que no serán las mamás de los delincuentes quienes pongan orden.
De seguir como hasta ahora, la imagen de ingobernabilidad no sólo será un espejismo lejano para el gobierno y quienes lo componen. Ante la falta de resultados y el alza en los delitos, se abre la puerta a reconfiguraciones y cambios en algunas de las sillas del Gabinete de Seguridad.
