Opinión

Rehenes del miedo

Los ciudadanos quedamos prácticamente como moneda de cambio entre los criminales y el gobierno cuando las autoridades impactan de forma importante a los grupos que operan en el país, ellos simplemente toman a la población para amenazarla o incluso dañarla para salirse con la suya

Martín Orquiz

El terror que los mexicanos hemos vivido este año no tiene precedente, a pesar del cambio de gobierno a nivel federal, e incluso en los estatales y municipales, que reflejó el deseo por cambiar la realidad que enfrenta el país, parece que vamos en descenso y sin paracaídas.

Lo que ocurrió durante octubre en Culiacán, la captura y liberación forzada de Ovidio Guzmán López, así como lo que aconteció en Ciudad Juárez comenzando noviembre, con la quema de vehículos y homicidio de personas, al parecer para presionar a las autoridades a que no intervinieran en el Cereso para romper las operaciones del crimen organizado desde adentro de la prisión hacia el exterior, nos revela las nuevas formas de interacción entre los delincuentes y la sociedad.

Además, hay que añadir a la reciente cuenta fatídica la masacre de nueve integrantes de la familia LeBarón en veredas que comunican a Chihuahua con Sonora, seis de las víctimas son niños y niñas cuyas vidas fueron cegadas por proyectiles disparados por manos criminales. ¿Confusión o ataque directo? Es una pregunta que permanece sin respuesta, aunque cualquiera que sea el motivo refleja la incapacidad gubernamental para prevenir este tipo de agresiones mortales contra inocentes.

Los ciudadanos quedamos prácticamente como moneda de cambio entre los criminales y el gobierno cuando las autoridades impactan de forma importante a los grupos que operan en el país, ellos simplemente toman a la población para amenazarla o incluso dañarla para salirse con la suya, tal como ocurrió en Culiacán el pasado 17 de octubre.

Los tres ataques, ocurridos en localidades ubicadas en el norte del país, exponen la nueva forma con la que el crimen organizado busca frenar acciones importantes en su contra, declaró a La Verdad el criminólogo, Oscar Máynez Grijalva, en una entrevista sobre el tema. Al escucharlo sentí escalofrío porque no creí que nos pudiera ir peor de lo que nos fue en años pasados, pero desgraciadamente me equivoqué.

En ocasiones anteriores, las autoridades de los tres niveles de gobierno trataban de justificar los ataques de organizaciones criminales con el argumento de que se estaban matando entre ellos, como si esa circunstancia los exonerará de plantárseles enfrente y obligarlos a que frenaran sus violentas incursiones.

Ahora que las víctimas están desprovistas de cualquier insinuación similar, sus justificaciones caen por su propio peso y los funcionarios no tienen cara para maquillar lo ocurrido y disimular que prácticamente hicieron nada para llevar ante la justicia a los perpetradores de esos crímenes.

Ovidio sigue libre, una razón para que lo esté es que en México no tiene acción judicial alguna en su contra, el 17 de octubre pasado trató de cumplimentar una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Sus cómplices saben que si se lo llevan a territorio estadounidense tendrá un destino similar al de su padre, Joaquín el “Chapo” Guzmán: un encarcelamiento muy largo, tal vez más extenso que su propia vida.

El saldo fue de ocho personas asesinadas y 16 heridos, daños materiales que no fueron cuantificados por vehículos quemados y otros perjuicios causados por las balas y, en general, una población aterrorizada.

La respuesta de las autoridades fue que soltaron a Ovidio ante la amenaza de que funcionarios y sus familiares serían asesinados, situación que generó controversia entre los mexicanos, algunos justificaron la decisión, otros no. Lo cierto es que bastaron algunos días para que la táctica fuera prácticamente replicada en Ciudad Juárez.

En esa localidad fronteriza el Gobierno federal, con apoyo del estatal y municipal, intervino en el Cereso 3 con el fin de desarticular el poder que desde el interior de la cárcel se ejerce hacia el exterior, pero los criminales pusieron en práctica la estrategia Culiacán.

El resultado de la incursión de los delincuentes en las calles dejó, tan sólo el 5 de noviembre pasado, 10 muertos y 15 vehículos incendiados, entre estos varios de transporte público y seis pasajeros de uno, que no alcanzaron a bajarse cuando los agresores subieron a rociar gasolina y prenderle fuego, resultaron con quemaduras.

Los días subsecuentes la racha amenazadora continúo con advertencias de bombas en centros comerciales, escuelas y otras instalaciones públicas. Aunque resultaron falsas, si lograron horrorizar a los fronterizos y modificar su estilo de vida, de por sí ya trastocado por la violencia cotidiana.

Las autoridades no desistieron de sus acciones en el penal, los delincuentes tampoco y los días subsecuentes continuaron los asesinatos, los incendios y otras agresiones que se conocen por el trabajo de los reporteros que no dejan de documentar lo que ocurre en esa frontera, porque los funcionarios niegan la realidad que viven los ciudadanos.

El propio gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, declaró que era mentira que hubiera balaceras en las calles de Juárez, mientras que el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, aseguró que la delincuencia estaba contenida. Le gente, como se dice ahora, tiene otros datos.

El criminólogo Máynez Grijalva lo advirtió: de ahora en adelante cuando se realice alguna acción importante contra las organizaciones criminales, el gobierno debe estar preparado para la respuesta que haya a lugar con una mayor vigilancia en las calles u otras estrategias de contención.

Por lo pronto en Culiacán como en Ciudad Juárez, y en muchas otras ciudades del país, los ciudadanos tendremos que armarnos con “fuchilas y guacalas” para tratar de defendernos por si tenemos la mala suerte de atravesarnos en el camino de los violentos y decididos delincuentes.

***

Martín Orquiz. Periodista en Ciudad Juárez, desde donde ha publicado para el periódico El Fronterizo, El Diario de Juárez, la revista Newsweek y La Verdad. Se ha desempeñado como reportero, coordinador de información y editor. Es comunicólogo por la Universidad Autónoma de Chihuahua y tiene una maestría en periodismo por la Universidad de Texas en El Paso. Recibió el Premio María Moors Cabot 2011 –en equipo con la redacción de El Diario de Juárez–, también es coautor del libro colectivo ‘Tu y yo coincidimos en la noche terrible’.

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