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Las aguas negras de ‘Kiko’ Vega en Baja California

El exgobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid simuló un grave desabasto de agua para justificar la creación de dos plantas desaladoras con un costo de 57 mil millones de pesos con cargo al erario, bajo el manto de una compleja red de familiares, amigos y socios, cuyo negocio final es la venta de agua a Estados Unidos

Por Armando Nieblas del Campo y Cristian Torres Cruz

La construcción de la planta desaladora más grande de América Latina, proyecto insignia del exgobernador panista de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, se encuentra envuelta en una red de corrupción que dejará embargada a la entidad durante los próximos 37 años y donde los únicos beneficiados serán empresarios y políticos cercanos a la clase gobernante.

Baja California se encuentra ubicada en el noroeste de México, con una población estimada de 3.7 millones de personas; su principal fuente de abasto es el Río Colorado, de donde se obtienen mil 850 millones de metros cúbicos de agua al año, 728 millones más de lo que recibe la Ciudad de México.

Durante el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid, autoridades insistieron en el desabasto de agua, para lo cual utilizaron información sesgada que les permitiera justificar la construcción de 2 plantas desalinizadoras bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), una en Playas de Rosarito y otra en San Quintín.

El primer proyecto fue el “Sistema Integral Hídrico San Quintín”, en el municipio de Ensenada, que consiste en la instalación de una planta con capacidad para producir 250 litros de agua por segundo durante los próximos 30 años, adjudicándole el fallo a Desaladora Kenton S. A. de C.V. la cual invertirá 875 millones de pesos en la construcción de la planta.

El segundo, y más importante, es la “Construcción, Financiamiento y Operación de una planta desaladora en el municipio de Playas de Rosarito”, la cual representará un abastecimiento de 4 mil 400 litros por segundo (en 2 etapas) por un periodo de 37 años, resultando ganador el consorcio Aguas de Rosarito S.A.P.I. de C.V. con una inversión de 9 mil 073 millones pesos.

En conjunto, estas empresas tendrán ingresos superiores a los 57 mil millones de pesos durante los años de operación; 53 mil millones en el caso de Aguas de Rosarito y 4 mil millones para Kenton, lo que incrementará 30 por ciento el costo del agua, según un estudio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Los recursos provendrán de tres fuentes; la recaudación total de los organismos operadores de agua de Tijuana y Ensenada, el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRT) y su sobretasa, y un porcentaje de las participaciones federales en caso de ser requerido, además de un fideicomiso por 392 millones de pesos para asegurar su pago puntual.

Amigos, políticos y empresarios cercanos al gobierno, los beneficiados

La empresa Aguas de Rosarito se conformó el 17 de agosto del 2016 con un capital de apenas 100 mil pesos, según el Registro Público del Comercio, un mes después que la Comisión Estatal del Agua (CEA) emitiera el fallo a favor del consorcio ganador conformado por tres empresas, NSC Agua (México), Degremont (Francia) y Nuwater (Sudáfrica).

La principal irregularidad en el caso de NSC Agua, es el nexo familiar entre uno de los socios, Alejandro de la Vega Valladolid y su primo Antonio Valladolid Rodríguez, exsecretario de Planeación y Finanzas del Estado, autor intelectual de los proyectos de las desaladoras.

Alejandro constituyó la empresa junto con el estadounidense Gough W. Thompson que, al unirse con la transnacional Consolidated Water Co. (CWC), representada por Frederick W. McTaggart, CEO y Presidente de la compañía con sede en Islas Caimán, dio paso a la creación de NSC Agua.

Aun sin la existencia de una ley estatal que permitiera la creación de desaladoras, De la Vega y asociados gastaron alrededor de 20 millones de dólares en la compra de dos terrenos para la construcción de la planta, uno en 2013 y otro más en 2014, un año antes de que se lanzara la licitación.

Por otro lado se encuentra Nuwater, una empresa originaria de Sudáfrica asociada con mexicanos y constituida el 22 de diciembre del 2014 en San Pedro Garza García, Nuevo León, con un capital social mínimo de 50 mil pesos, según lo demuestra el documento número 5002Z del Registro Público del Comercio.

Entre los socios de Nuwater se encuentra Lautaro Manuel Millaman-Teruel, quien fue funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social entre 2010 y 2012, asesor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre 2012 y 2014. En este último año fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública tras ocultar su declaración patrimonial.

La tercera empresa que conforma el consorcio es Degremont, filial de la francesa SUEZ Environnement, señalada por realizar proyectos de privatización de agua en distintas partes del mundo. La empresa es dirigida por Larry Fink, empresario que en su momento alabó las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Actualmente, Aguas de Rosarito es dirigida por Milton Adán Rubio Díaz, un viejo militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) originario de Mexicali, quien fuera candidato a Diputado Federal en 2006 y cercano al grupo político de Jorge Hank Rhon.

Entrevistado sobre el proyecto, Rubio Díaz señaló que la planta desaladora lleva 12 años realizándose, y si bien reconoció ser amigo de Jorge Hank, negó que existan manos políticas en el mismo, por lo tanto, no hay beneficio para ningún funcionario, ni “amiguismos”.

Desaladora Kenton, la herencia panista

La Desaladora Kenton S.A. de C.V. fue constituida formalmente el 17 de diciembre de 2015, tres meses después de que la Comisión Estatal del Agua (CEA) otorgó el fallo a su favor, con un capital de únicamente 100 mil pesos.

El consorcio surgió de la fusión de 3 empresas, RWL Desal Holding, de origen estadounidense; así como Libra Ingenieros Civiles y R.J. Ingeniería, ambas mexicanas.

Libra Ingenieros Civiles cuenta con el 36.75 por ciento de las acciones de la Desaladora Kenton, fue constituida en noviembre del 1995 con un capital de 50 mil pesos y fundada por Marco Antonio Tapia Grijalva y Héctor Isidro Peterson Villalobos.

Héctor Isidro Peterson Villalobos es primo y socio de Carlos Loyola Peterson, quien era director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), organismo responsable de comprar el agua a la desaladora Kenton por los próximos 30 años, lo que de entrada significaría un grave conflicto de interés.

Si bien Carlos Loyola Peterson no participó en el proceso de licitación de la desaladora, en 2018 como director de la CESPE, formó parte del proceso de contratación de un crédito a cuenta corriente por 33 millones de pesos con BANOBRAS, para cubrir cualquier faltante de liquidez en el pago a la empresa en la que se benefició su primo.

Héctor y Carlos mantienen una sociedad comercial con la empresa Hydro Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., la cual forma parte del padrón de proveedores del Gobierno de Baja California.

La relación entre el Gobierno del Estado y la familia Peterson Villalobos nuevamente quedó al descubierto cuando el hijo de Héctor, Erick Alfonso Peterson Chinolla, pasó de ser asesor de Libra Ingenieros Civiles a funcionario estatal tras ser nombrado Director de Acuacultura de la Secretaría de Pesca (SEPESCA) en marzo del 2017.

Los Rincón Vargas con historial negro en Baja California

R.J. Ingeniería posee el 12.25 por ciento de las acciones de la Desaladora Kenton, y en ella se encuentra como socio Jesús Octavio Rincón Vargas, hermano de la expresidenta Municipal panista de Playas de Rosarito, Mirna Cecilia Rincón Vargas.

A Rincón Vargas se le fincó responsabilidad por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por transferir, sin autorización, 10 millones de pesos del Seguro Popular al Hospital de Salud Mental de Tijuana, donde su hermano Jesús Octavio fungía como Tesorero en 2013.

Kenton fue licitada en 2015, tiempo en el que Mirna Rincón Vargas ocupó el cargo de Directora de Enlace y Seguimiento de la Secretaría General de Gobierno en Baja California, mientras su hermano obtenía el proyecto de la desaladora.

Según el Artículo Tercero, Fracción Sexta de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, los servidores públicos se encuentran obligados a presentar declaración de intereses, y en caso de existir un posible conflicto deberán hacerlo público y excusarse, lo cual no ocurrió en los casos de Antonio Valladolid Rodríguez y Carlos Loyola Peterson, quienes participaron beneficiando a sus familiares en los procesos de licitación.

Pese a los intentos de contar con una postura tanto de Mirna Rincón Vargas, como de Carlos Loyola Peterson, ambos hicieron caso omiso a la solicitud de información a este medio.

Maquillan cifras y violan la ley para justificar desaladoras

En entrevista el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid expuso que las desaladoras fueron una recomendación directa de la Comisión Nacional del Agua en 2014 y agregó que no se trataba de un tema personal, ya que un mandatario estatal no podría decidir sobre la instalación de una planta debido a que todos los permisos son de carácter federal.

“Nos fuimos a una licitación internacional para ver quién salía con el proyecto, y se hizo pública, hasta hubo notario y muchas cosas, y lo más importante, compitieron varias compañías a nivel internacional. ¿Cuántas de ellas se inconformaron? Ninguna, ese es el mejor ejemplo de la transparencia y decencia con las que se han hecho las cosas”, expuso Vega de Lamadrid.

Tras revisar los procesos de licitación se constataron una serie de simulaciones, por ejemplo, en la licitación de la desaladora de San Quintín, solamente Kenton presentó propuesta, obteniendo por default el fallo a su favor.

En el caso de Rosarito, además de la ganadora, otras dos empresas presentaron propuestas que, si bien no obtuvieron el fallo a favor, finalmente fueron beneficiadas con uno de los 11 proyectos de obra lanzados por el gobierno estatal.

Una de ellas fue Urbanización y Riego Baja California S.A. de C.V. (Urbaca), la cual fue acusada de ser la compañía de cabecera de Francisco Vega de Lamadrid, y que obtuvo la licitación SIDUE-CESPM-APP-2016-001 para la Construcción de Tubería Troncal de Drenajes Pluviales Prioritario en Mexicali.

La tercera empresa que participó y dio “validez” a la licitación fue Hydrochem PTE. LTD. en consorcio con Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente, GSM Servicios en General y VAHER Inmobiliaria, estas dos últimas ganadoras de la licitación SIDUE-PGJE-APP-2016-002 relativa al diseño, construcción, operación y mantenimiento de un edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

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Pese a dichas irregularidades y la ausencia de un testigo social, ninguna de las empresas impugnó el fallo de la CEA.

Desabasto inducido y falta de mantenimiento

Líderes de la agrupación Artículo 39 PRO BC señalaron que funcionarios estatales presentaron información falsa a los legisladores para justificar la obra, lo cual denunciaron ante la procuraduría estatal sin que sus denuncias fueran atendidas.

Armando Salinas, miembro de esta agrupación, explicó que de mayo a octubre el Acueducto Río Colorado – Tijuana (ARCT) funciona a su mínima capacidad con la justificación de un ahorro de energía, lo que se traduce en una reducción de 40 millones de metros cúbicos, que representa el 28 por ciento del agua que necesitó Tijuana y Playas de Rosarito en 2017 según datos de la misma Comisión Estatal del Agua (CEA).

“Es el Gobierno del Estado el que ha generado un desabasto de agua para poder llevar a cabo el proyecto de la desaladora de Playas de Rosarito”, indicó Salinas.

Un estudio realizado por el equipo de transición del gobierno de Jaime Bonilla Valdez entregado el 18 de septiembre del 2019 por el ahora titular de la CESPT, Rigoberto Laborín, dio cuenta de los malos manejos con los que han operado el organismo.

El documento señala que “No pasa por alto el prolongado abandono en obras y mantenimiento del acueducto (ARCT), e infraestructura hidráulico-sanitaria, así como a las plantas de tratamiento”, advirtió Laborín Valdez.

Esta postura coincide con lo planteado por el Director del Organismo de Cuenca CONAGUA en el Estado, Rafael Sanz Ramos, quien descartó que exista desabasto de agua, ya que la entidad lleva años recibiendo la misma cantidad del Río Colorado.

Venta de agua a Estados Unidos, el verdadero negocio

Documentos de la SEMARNAT, minutas del Distrito de Agua de Otay en California y reportes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, confirman lo que durante años negaron las autoridades en Baja California, la intención de exportar diariamente entre 20 y 40 millones de galones de agua producida en la planta desaladora de Playas de Rosarito.

Para concretar la compra-venta de agua a los Estados Unidos, los desarrolladores y el gobierno estatal necesitaban infraestructura, lo cual quedó plasmado en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado ante la SEMARNAT, el cual contemplaba la construcción de un acueducto que cruzaría la frontera entre México y Estados Unidos.

Según la minuta 20060313, el Distrito de Agua de Otay (OWD por sus siglas en inglés) gestionó con las autoridades mexicanas desde el 2006 la posibilidad de instalar una planta desaladora que cubriera el 40 por ciento de la demanda.

Simultáneamente, Frederick W. McTaggart, Presidente y CEO de Consolidated Water, inició sus planes de expansión en México, pero fue hasta el 2009 cuando anunció oficialmente la intención de ampliar sus operaciones en el “Pacífico”, en donde podían ganar dinero con la venta de agua desalada, según lo señala un reporte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

Una vez asociado con NSC AGUA, el CEO de Consolidated Water inició con el proceso legal y sostuvo reuniones con autoridades bajacalifornianas, quienes expresaron su deseo de comprar el agua tratada para venderla o intercambiarla con Estados Unidos mediante un mecanismo comercial.

En sus declaraciones del 13 de mayo del 2015, McTaggart va más allá, señala que fueron las mismas autoridades estatales quienes entablaron comunicación con sus similares en Estados Unidos a fin de buscar algún el acuerdo comercial.

La mano de Jaime Bonilla y Francisco Vega de Lamadrid

Minutas del Distrito de Aguas de Otay señalan que, cuando Jaime Bonilla Valdez ocupó el cargo de director de dicho organismo, en 2008, inició las gestiones para instalar una planta desaladora en Playas de Rosarito, incluso en 2011 se reunió con el entonces alcalde de ese municipio, Javier Robles para discutir el proyecto.

Ya como Diputado Federal, en mayo del 2013, Jaime Bonilla Valdez participó en una reunión con los accionistas de NSC AGUA y una comisión del Distrito de Agua de Otay, quienes expresaron su interés por adquirir el agua desalada en las costas mexicanas.

“El Estado está considerando vender al distrito la cantidad solicitada de agua desalinizada y también está interesado en las transferencias indirectas de agua del agua del Río Colorado”, relata la minuta 20151019 del OWD.

Tanto el Exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, como el Exsecretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, negaron durante toda la administración que el agua de la desaladora se vendería a Estados Unidos.

“Me lo han preguntado no sé cuántas veces y les he dicho que no es cierto, no se puede vender agua”, dijo Vega de Lamadrid a un reportero de El Imparcial el 27 de mayo del 2019.

Sin embargo, la minuta antes mencionada señala a Bonfante Olache como el contacto con el Gobierno Estatal, a quien incluso le plantearon la intención de enviar agua a los Estados Unidos de forma directa o indirecta a través del Río Colorado, así como el precio y la calidad del vital líquido.

Leyes ambiguas

Una cláusula del Acta 323 del Comité Internacional de Límites y Aguas (CILA) permite el intercambio o entrega directa de agua en caso de contingencia entre ambas naciones, sin embargo, la legislación mexicana no contempla la venta de manera expresa.

Francisco Bernal Rodríguez, representante en Mexicali de la CILA, detalló que dicho esquema sólo podría darse mediante un acuerdo de inversión entre ambos países. Explicó que el Acta 323 establece la exploración de proyectos de desalación en el Mar de Cortés para dotar de agua al estado de Arizona, y en el Océano Pacífico para abastecer a California.

En contraste, el Director del Organismo de Cuenca de CONAGUA en Baja California, Rafael Sanz Ramos, aseguró que la Ley de Aguas Nacionales no lo permite, por lo cual se necesitaría un acuerdo entre ambos gobiernos, aunque no se descarta.

El hombre que ideó y frenó la desaladora

El plan maestro para vender agua a Estados Unidos inicia en 2005, cuando Gough W. Thompson, un veterano de guerra originario de Maryland, conoció un estudio financiado por las autoridades mexicanas y estadounidenses, el cual establecía que Playas de Rosarito era sitio ideal para instalar una planta desaladora y comercializar el vital líquido.

Thompson ideó el proyecto y se asoció con Alejandro de la Vega Valladolid, cuya principal tarea fue la de hacer las gestiones con el Gobierno de Baja California. La intención principal era vender el agua al Distrito de Agua de Otay, del cual formaba parte el actual Gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

La planta generaría 100 millones de galones al día, convirtiéndola en la más grande de América Latina, de ahí la necesidad de fortalecer el proyecto asociándose con otro gigante de la desalinización a nivel mundial, en este caso Consolidated Water Co.

Decepcionado por el avance, Thompson decidió retirarse por lo que intentó vender sus acciones a la compañía estadounidense The Carlyle Group, lo que no gustó a los otros accionistas. Fue por ello que McTaggart incrementó el capital de la empresa y pulverizó las acciones de Thomson en contubernio con Alejandro de la Vega.

A partir de ahí comenzó un litigio entre los socios de NSC Agua, toda vez que Thomson presentó denuncias en México y Estados Unidos ocasionando que se aplicara un embargo al predio donde se pretende construir la desaladora.

Aunque reconoce que en este proyecto podrían haberse presentado actos de corrupción, expresó que contar con una fuente alterna de abastecimiento es importante para no depender del agua del Río Colorado y de los caprichos de Donald Trump, quien podría modificar los tratados y dejar sin agua a México.

Recordó que el plan era que el Gobierno de Baja California comprara el 100 por ciento del agua producida para vender una parte a Estados Unidos mediante un acuerdo comercial entre ambos países o intercambiarla por la que proviene del Río Colorado y se encuentra en la presa Hoover de Las Vegas, Nevada.

Pese a la oposición y las irregularidades, Thompson consideró que el proyecto debe ser retomado por Jaime Bonilla Valdez, quien desde un inicio fue uno de los principales interesados.

Se les acaba el tiempo

Actualmente, ambos proyectos se encuentran detenidos debido a problemas financieros, ya que el contrato obliga al Gobierno del Estado a conseguir una línea de crédito para obtener recursos extraordinarios, en caso de no poder cubrir el pago de la contraprestación a los particulares, plazo que vence el próximo 31 de diciembre de este 2019.

En caso de que el gobierno estatal no cumpla con esa parte, podrían presentarse demandas por incumplimiento de parte de los desarrolladores.

Tras asumir el cargo como Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez se pronunció respecto a la desaladora de Playas de Rosarito, proyecto al que consideró necesario, pero lo calificó de inviable.

“No podemos comprometer al Estado con un pago de 158 millones de pesos mensuales, no los tiene la comisión de agua, entonces tenemos que cambiar el esquema para que sea menos doloso el impacto al Estado”, indicó.

Bonilla Valdez comentó que el proyecto permanecerá, pero ya notificó a la empresa Aguas de Rosarito que tendrán que cambiar una serie de cuestiones para que sea autosuficiente. Por ello, trabajan actualmente en un nuevo esquema que facilite el proyecto y que esté dentro de las posibilidades financieras de la actual administración.

A unos días de dejar el cargo de Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid insistió en la necesidad de construir las plantas desaladoras debido a la necesidad de fuentes alternas de agua para Baja California.

“Se nos está acabando el agua en la zona costa (…), se ha complicado por política, pero tarde o temprano me tendrán que dar la razón”, dijo Vega de Lamadrid.

Durante semanas se buscó la postura de la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuya dirección estuvo acéfala durante meses, sin embargo la dependencia nunca respondió a la solicitud de este medio.

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Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

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