Esta desaparición forzada de integrantes de una familia en el occidente del estado de Chihuahua es un caso emblemático que exhibe las complicidades entre el crimen organizado y los cuerpos policiacos de la región, acusan
Han transcurrido 9 años desde que varias personas armadas, con insignias de la Policía Federal y custodiados por policía municipal irrumpieron en una fiesta por el Día del Padre en Anáhuac, seccional del municipio de Cuauhtémoc, en la zona Occidente de Chihuahua, y se llevaron a 8 hombres de la familia Muñoz Veleta, un caso que a la fecha nadie investiga y por ende no existe una búsqueda de las víctimas.
La familia es acompañada psicosocial y legalmente por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), y han expuesto ante varias instancias la situación jurídica que impide obtener justicia.
Esas instancias incluyen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; a Alejandro Encinas, Sub secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; a Abel Galván Gallardo, Fiscal especializado en investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR y al Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, sin obtener ninguna respuesta.
“Las familias de las víctimas nada saben ni quieren saber de fueros, si son del fuero local o del fuero federal, quieren que busquen e investiguen”, consignó el Cedehm en un comunicado de prensa al recordar que el caso se encuentra en el limbo jurídico.
Para esa organización, el Caso Muñoz es emblemático, pues no existe en el país ningún caso documentado en que ocho integrantes de una familia en un mismo hecho hayan sido desaparecidos forzadamente por agentes policiacos, y que además exista la indolencia de todas las autoridades para investigar el crimen.
Después de que ocurrió el hecho, informó el Cedehm, se llegó a la conclusión que por las complicidades entre el crimen organizado y los cuerpos policiacos de la región, una investigación de los hechos en la zona occidente, situada en ciudad Cuauhtémoc, era imposible de realizar, lo cual derivó en radicar el expediente a Chihuahua capital, pero la investigación se paralizó con el argumento de que es materialmente inviable practicar diligencias de indagatorias, en un lugar diverso al que se cometieron los delitos.
Posteriormente se regresa el expediente a Ciudad Cuauhtémoc, en donde se ubica a probables responsables de las desapariciones forzadas, se solicitan órdenes de aprehensión y el Juez Cesar Arnulfo Estrada Vigíl “con absoluta irresponsabilidad y sin entrar al fondo del caso”, condena el Cedehm, se declara incompetente para liberar las ordenes que se le solicitan, y lo remite a la PGR, hoy Fiscalía General de la República, con el argumento de la probable participación de integrantes del crimen organizado.
El drama legal continuó, la instancia federal no acepta la carpeta de investigación y la regresa a la Fiscalía Estatal, esta argumenta tener incapacidad jurídica para continuar el caso derivado de la orden del juez y hasta el momento nadie realiza búsqueda ni indagatoria.
Por ello es que tanto la familia como el Cedehm urgieron a las autoridades federales y estatales coordinarse y asumir la responsabilidad de la investigación y la búsqueda. “No aceptamos pretextos de competencias ni fueros, la responsabilidad de las investigaciones y la búsqueda es de todas las autoridades”.
Doña Ema compartió su testimonio con el Cedehm en Creel al acudir a una de las conmemoraciones de la masacre del 2008 en ese poblado serrano, la primera en el país en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.
Ahí se conoció que Ema y su familia estaban en una fiesta el 19 de junio del 2011, y cuando caía la noche llegó un numeroso grupo de hombre armados, portaban insignias y uniformes de la policía federal, custodiados por la policía municipal de Anáhuac, y sin mediar palabra, con lujo de prepotencia, violencia y apuntando con armas largas, golpearon y se llevaron a los hombres de la familia. Desde esa fecha nada se sabe de su paradero.
Doña Ema intentó retener a su esposo y a dos de sus hijos y uno a uno les fueron arrancados de sus brazos. Desde entonces, las mujeres de la familia han peregrinado exigiendo verdad y justicia.
A ella le fueron arrebatados su esposo Toribio; sus hijos Jaime, Oscar, Hugo y Guadalupe; su sobrino Luis; su nieto Oscar Guadalupe y su yerno Nemesio.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
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