Derechos Humanos

Un sacerdote contra el Estado mexicano

Fotografía: Favia Lucero

Óscar Enríquez Pérez tiene una voz de volumen bajo, los ojos claros y el cabello blanco, hace unos años inició una organización que desde Ciudad Juárez expuso al Ejército como una maquinaria de muerte, un peligro para la sociedad y un sistemático violador de derechos humanos

Marco Antonio López*
@LopezRomeroMar

Ciudad Juárez, Chihuahua– Para llegar a Ciudad Juárez, si se viene por el sur, es necesario pasar una carretera que atraviesa montones de arena que, dicen, es arena de mar, arena que, con la paciencia de miles y miles y miles de años, la imperdonable y rigurosa línea del tiempo convirtió en inmenso desierto.

Hace mucho que acá no hay mar, y mucho también que de la arena comprimida en la profundidad de las dunas brotan flores, bajo el principio de la creación del vidrio, entre calor y arena, se forman las flores que nos regala este desierto, así les llaman: flores del desierto.

Si se viene por el norte, de inicio sería como venir en sentido contrario. Al llegar a la frontera se encuentra un muro y frente al muro hay un río casi seco, gran parte del año, pisado por personas que huyen de sus países en busca de asilo en Estados Unidos. Los perseguidos por la violencia, la pobreza, la nada como un vacío que crece como si se alimentara de días que pasan y días que aún no llegan pero no ofrecen esperanza a las personas que huyeron de Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, algún país de África, algún punto miserable de este mundo desequilibrado que en unas partes expulsa y en otras rechaza. 

Desde la orilla del río se puede ver pasar a los grupos: mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes que guardaron en su mochila el poco pasado, o lo poco útil de ese pasado, para echarlo a su espalda y correr de su país. Se les puede ver llegar al otro lado, aunque el otro lado sea definido por una línea imaginaria que, se supone, corre a la mitad del río -aunque el río también, en todo caso, puede ser imaginario- y entregarse a los agentes de uniforme verde para pedir protección internacional, para pedir que los dejen decir en una Corte que quedarse en su país es equivalente al suicidio. 

Todo esto uno puede ver si va por la orilla desde hace dos años. Y puede saber que se inició una lista de espera que fue creciendo. Que se cerraron los puentes internacionales. Que los que cruzan o intentan cruzar son retornados para esperar un proceso de solicitud de asilo a Estados Unidos en México, aunque no pidan asilo en México. Pero que son acuerdos de ambos países. Qué México apostó a la Guardia Nacional a lo largo de la orilla para impedir que los migrantes, mexicanos, centroamericanos, africanos, cubanos, puedan cruzar ese río, esa línea imaginaria. El ejército como otro muro antes del muro. Y después la pandemia, que paralizó todo.

Llegar por el oriente es, quizá, la parte más triste para los habitantes de esta frontera, habría que pasar por los pueblos que forman el Valle de Juárez, comunidades que crecieron junto al río con las condiciones necesarias que brinda la cercanía del agua, para sembrar algodón. Guadalupe, Praxedis, El Millón, San Agustín, Loma Blanca, pueblos pequeños, de familias grandes y entre todos conocidas, acostumbrados a las labores del campo que fueron el escenario principal o el más visible de la estrategia de combate contra el narcotráfico emprendida en el estado en 2008 por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Pueblos que simbolizaron unidad, trabajo y progreso se volvieron ruinas y fantasmas. 

En sus calles asesinaron a familias completas, desaparecieron, torturaron, enterraron. Pueblos a los que se les prendió fuego para dejar a la memoria alejarse en forma de ceniza. Se estima que entre 2008 y 2012 el 70 por ciento de la población de Guadalupe, cabecera municipal y poblado más importante, huyó, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por ejemplo.

Llegar por ese lado también implicaría pasar por el Arroyo El Navajo, cerca de Praxedis G. Guerrero, ver 13 cruces rosas junto a un cauce seco de tierra dura, una por cada cadáver de mujer identificada que fue abandonado ahí, a las faldas de la sierra. En ese punto se han encontrado los restos óseos de 26 mujeres. Un cementerio brutal en medio de la nada. 

En el poniente hay una carretera que cruza cerros y que conecta a la ciudad con los poblados de Palomas, frontera con Columbus, Nuevo México; Janos, lugar donde los Búfalos se alimentan de las praderas sin conocer de fronteras ni muros; siguiendo esa carretera hacia el sur Casas Grandes, el poblado en el que siete personas rodearon el vehículo del ex comandante de la Policía de Ciudad Juárez Adrián Matsumoto, que se bajó de su camioneta para ser acribillado frente a su familia el 3 de marzo de 2019 y donde a finales de 2020 se encontró una fosa clandestina con los restos de al menos 15 personas; más al suroriente de Casas Grandes, en la carretera que baja como el cuerpo de una serpiente: Benito Juárez, entre otros poblados. En la periferia de Ciudad Juárez, por este lado de la ciudad, hay una pinta gigante sobre un cerro que se alcanza a ver casi desde cualquier punto, que dice: La Biblia es la Verdad, Leela. 

A Juárez lo bordean por los costados la muerte y la desaparición; en el sur la esterilidad del desierto y el recuerdo de un mar que quedó en forma de millones de granitos de arena finísima y en el norte la esperanza que significa el agua del Río Bravo que a veces está y a veces no, pero que alimenta, bien o mal, la idea de vida que florece junto al río, o, poco más allá, “del otro lado”, el destino de un viaje suspendido. Esta es la cruz que forman los caminos para llegar a Ciudad Juárez.

***

Hay un hombre sentado frente a mí, pero podría ser el inicio de una turba, gasolina en un incendio, el derrumbe que inicia una avalancha. Hay un hombre sentado frente a mí que inició una organización y alianzas que derrotaron al Estado mexicano. Que expuso al Ejército como una maquinaria de muerte, un peligro para la sociedad y un sistemático violador de derechos humanos. Hay un hombre aquí, pero podría ser varios.

Óscar Enríquez Pérez tiene una voz de volumen bajo, los ojos claros y el cabello blanco y delgado como si el paso del tiempo hubiera ido erosionando su espesura, unas manos manchadas de edad que lleva al pecho donde sostiene un micrófono con el que le habla a más de doscientas personas en la parroquia Jesús Obrero, al poniente, en una de las zonas marginadas y considerada una de las 80 colonias de la ciudad que viven en extrema pobreza, de acuerdo con el INEGI.

Su iglesia es pobre, muy pobre si se le compara con otras que se encuentran en las zonas más favorecidas económicamente de la ciudad. En el altar, a la espalda del padre que oficia misa cada día, está siempre un Cristo resucitado, vivo, no es el Cristo clavado en una cruz a pesar de que está la cruz, el Cristo del padre Óscar no está clavado.

Hay también una lona con un Cristo que trabaja cortando madera y hay otra cruz a un costado que mide alrededor de dos metros. Del ala derecha de la cruz cuelga el número 43 para recordar a los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Y en la cruz hay 101 cruces pequeñas hechas de palitos de paleta que llevan el nombre de una persona asesinada de alguna de las familias que conforman esta comunidad cristiana. La vida y la muerte se mezclan en esta parroquia, entre las manos de alrededor de doscientas personas que rezan y las cruces por los que ya no están.

La voz baja del padre se amplía con las bocinas de las que también brotan las voces de 13 niños que conforman el coro. El padre dice, este domingo que anuncia el preludio del verano en el calor que emite un sol intenso del cielo despejado bajo el que se levanta esta parroquia, que no se pueden cerrar a los migrantes porque es cerrarse a Cristo. Lo dice en un contexto en el que los medios de comunicación con más alcance de la ciudad dicen lo contrario: que hay crisis, que la ciudad no soporta más migrantes ni los quiere.

Los medios, el alcalde, los empresarios se han pronunciado rotundos en el tema, nadie invitó a la ciudad a los migrantes.

El padre Óscar Enríquez pide lo que aprendió desde su formación jesuita en el seminario y en las lecturas de la teología de la liberación, que tiendan la mano siempre a los pobres, a los más vulnerables. Hay una cita bíblica que el padre recuerda, sentado en su oficina, que le da sentido a su lucha, a su trabajo social desde las comunidades eclesiales de base, me cuenta que Jesús dijo, según el Evangelio: “Todo lo que hacen al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen”.

Fotografía: Favia Lucero

Óscar Enríquez está por cumplir 80 años, hace 55 años es sacerdote, desde hace 22 años que cada día oficia misa en la parroquia Jesús Obrero de forma interrumpida solo un año por la pandemia y hace 20 que fundó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte desde donde atiende casos de tortura y desaparición forzada, es decir, a las víctimas de los agentes que se supone deberían brindar seguridad, a las víctimas del Estado.

El Centro de Derechos Humanos que nació como un organismo de apoyo para las víctimas de cualquier violación a derechos humanos cambió en 2008 en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua y de lo que se llamó la estrategia de Guerra contra el Narcotráfico que emprendió el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en el país y específicamente en el estado fronterizo de Chihuahua.

En el contexto del Operativo Conjunto arribaron al estado 11 mil 840 elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal, de acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Para 2010 los índices de violencia no sólo no disminuyeron, sino que incrementaron dramáticamente convirtiendo a Ciudad Juárez en la urbe más violenta del mundo con una tasa de homicidios para ese año de 229 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Esto, combinado con un golpe económico que llevó a la pérdida de 91 mil empleos, entre 2007 y 2009, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de la recesión económica en Estados Unidos que derivó en el cierre de varias plantas maquiladoras aquí.

En este contexto se incrementaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad que patrullaban la ciudad y el estado.

“Mira a tu alrededor. Toda la fe cristiana gira en torno a un torturado”, dice el sacerdote para explicar la visión cristiana frente a la práctica de tortura y la decisión personal de buscar erradicar esta violencia en la frontera. El torturado que en su iglesia aparece vivo e intacto.

Desaparecer

“Nitza Paola Alvarado Espinoza nació el 2 de noviembre de 1978… Rocío Irene Alvarado Reyes nació el 26 de agosto de 1991… José Ángel Alvarado Herrera Reyes nació el 24 de marzo de 1971”, dice la página 28 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí están sus nombres, el último registro de la lucha por encontrarlos. El último registro para decirle al Estado mexicano que es su responsabilidad la desaparición de estos tres familiares.

Los primos José Ángel y Nitza Paola estaban adentro de una camioneta azul estacionada afuera de la casa de la suegra de José Ángel. Eran entre las 8:00 y las 9:00 de la noche del 29 de diciembre de 2009. Dos camionetas llegaron al lugar: una Chevrolet gris de doble cabina y una Hummer, que de acuerdo con los testigos pudo ser blanca o un color muy claro. De las camionetas bajaron entre ocho y diez personas con uniforme militar camuflado, cascos y armas largas que hablaban con un acento distinto al de la zona.

José Ángel, que estaba en el asiento del copiloto, bajó de la camioneta. Mientras algunos de los uniformados jalaban a Nitza del cabello, otro golpeó la cara de José Ángel con su arma. Los subieron a la camioneta de doble cabina y se fueron del lugar.

Lo que quedó como escena para la suegra de José Ángel que vio por la ventana cómo se los llevaban, fue la camioneta con las puertas abiertas, el estéreo arrancado, sangre junto a una de las llantas.

Una hora después Rocío Irene, de entonces 18 años, madre de una niña de dos años y empleada de una tienda de abarrotes, se encontraba rodeada por cerca de una decena de hombres vestidos de militares con cascos y armas largas.

Estaba adentro de su casa a la que entraron a la fuerza, vio a

sus tres hermanos, a su hija y a su madre, les dijo que estuvieran tranquilos, que todo iba a estar bien, aunque en realidad no supiera a dónde iba ni por qué se la llevaban. Les dijo que volvería pronto, hace más de diez años.

La esposa de José Ángel, Obdulia Espinoza, vio por la ventana de la casa de su mamá cómo seis camionetas de la Policía Ministerial y una grúa se llevaban el vehículo de Nitza. Eran entre las 3:00 y las 4:00 de la madrugada del 30 de diciembre.

Un día después, la hermana de Nitza, María de Jesús Alvarado Espinoza, vio en el patio de las instalaciones de la entonces Agencia Estatal de Investigación en Nuevo Casas Grandes, uno de los poblados más grandes y más cercanos, la camioneta de la que fueron sustraídos sus familiares. Al pedir el vehículo al personal de la dependencia, le dijeron que “era de los militares” y no se lo podían devolver.

El agente de la Policía Ministerial que la atendió dijo que en ningún momento las tres personas que buscaba estuvieron detenidas en esa corporación.

Entonces se vino el andar de una dependencia en otra denunciando, declarando siempre lo mismo y recibiendo siempre las mismas respuestas, que no, que “aquí no están”, que no los detuvieron militares, ni policías federales, ni ministeriales, ni estatales.

Después encontraron inconsistencias en las declaraciones de los agentes de seguridad, unos dijeron que sí vieron a sus familiares detenidos en el campo del 35 Batallón de Infantería, después, cuando se les mandó declarar dijeron que no. Les mostraron a los familiares la fotografía de una camioneta que estuvo bajo resguardo militar entre 2009 y 2010 y la cual reconocieron como el vehículo en que se llevaron a las tres víctimas.

Y después, con el avance de las denuncias y la presión por las investigaciones llegaron las amenazas. Una llamada telefónica a familiares directos de Nitza para decirles que tenían 24 horas para irse del pueblo porque estaban hablando de más. El atropellamiento intencional de un hermano de José Ángel al que después le allanaron la casa y le dejaron un mensaje en un papel pegado a una pared: “porque te quisimos quebrar y no se pudo, pero ya te tenemos culero y te va a cargar la verga a ti y a tu pinche familia atte ya sabes quién”.

El acoso llevó a que 24 familiares directos de las víctimas dejaran sus casas, que se desplazaran del ejido a Chihuahua, a Hermosillo, Sonora; a Culiacán, Sinaloa; a Cuernavaca, Morelos; a Ciudad Juárez, Chihuahua y por último sin ninguna garantía de seguridad en México hacia diversos puntos de Estados Unidos.

María de Jesús Alvarado Espinoza, hermanda de Nitza, que estaba en Estados Unidos con las hijas de la víctima decidió declarar en República Dominicana en la Corte Interamericana durante su proceso de asilo en Estados Unidos. Al tener prohibido salir del país aún no puede regresar y se encuentra en México.

El padre Óscar todavía recuerda el día que la familia Alvarado llegó a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte un día de enero del 2009, porque se los encontró en la puerta y él personalmente escuchó el primer testimonio. Al escuchar los detalles del caso, ver pruebas y analizarlo en un contexto de militarización en el estado, decidió que el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte no podía llevar el caso solo y se alió con el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, en la ciudad de Chihuahua, con la Comisión Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y con Justicia para Nuestras Hijas quienes prepararon la defensa legal, la ayuda psicológica y todo el apoyo necesario para los familiares de las víctimas.

El 28 de noviembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano por primera vez en un caso de desaparición forzada en el contexto de la estrategia de Guerra contra el Narcotráfico que impulsó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.  

Lo que inició con una visita al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, con la casualidad de encontrarse al hombre de los ojos claros y el cabello cano que lucha desde que salió del seminario en 1966 por la justicia para los más pobres, el que salió a las comunidades en un contexto en el que el Vaticano realizó el único concilio del Siglo y en el que la comunidad cristiana de América Latina se organizó después del Congreso de 1968 en Medellín para pronunciarse como una iglesia de vuelta a las raíces de pelear por la igualdad y la justicia. Lo que inició el hombre que tiene presente a cada momento: “Lo que le hacen al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen” y explica que agredir a otro ser humano es, entonces, agredir a Cristo. Lo que inició ahí terminó con una sentencia internacional contra el Estado mexicano en 2019.

Y la sentencia llegó, además, en el momento en que el país se discutía todavía en cada estado a favor o en contra de la Guardia Nacional. De la vuelta a las calles del Ejército. Ejército que, en realidad, no regresó al cuartel luego de la estrategia de combate de Felipe Calderón. 

La estrategia de Operativos Conjuntos inició en 2006 en el estado de Michoacán y a partir de ahí se militarizaron en total 16 de los 32 estados de la República. De su inicio al 2012 circulaban por las calles de los estados bajo esquema de Operativo Conjunto, 50 mil militares, de acuerdo con información de la Presidencia de la República. Al iniciar la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y a lo largo de todo su sexenio los mismos elementos se mantuvieron en las calles pero con rotación, es decir, sin cambios sustanciales, de acuerdo con el Informe del Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias Christof Heyns.

Entre 2007 y 2017 se registraron 10 mil 930 quejas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las que se emitieron apenas 121 recomendaciones.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas en el país hay al menos 36 mil 266 personas desaparecidas en el fuero común y mil 171 en el fuero federal. De las que alrededor de 3 mil desaparecieron en Chihuahua, hasta 2018. 

En Ciudad Juárez el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva actualmente diez casos por desaparición forzada.

Al sacerdote se le puede ver cualquier día dando misa. En congresos contra la militarización. Denunciando casos públicamente. En marchas. En mítines. En las búsquedas que los familiares emprenden en la ciudad y en los poblados cercanos.

Óscar Enríquez es el único sacerdote ordenado en el municipio de Madera, donde nació. Un poblado que es la entrada a la parte más profunda de la Sierra de Chihuahua.

Lo ordenó el obispo Talamás Camandari, el más apegado que ha tenido la ciudad a la teología de la liberación.

El niño que decidió ir al seminario a los doce años para ayudar a los más vulnerables, el que ejerce el sacerdocio desde hace 55 años en Ciudad Juárez, fue el que llevó y derrotó al Estado mexicano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hombre que aparece en el mural del museo de Madera junto al primer obispo de Madera y al sacerdote actual sonriendo desde la frontera con la emblemática leyenda del cerro “La Biblia es la Verdad, Leela”.

***

* Esta historia fue publicada originalmente en AguaMala y es reproducida con autorización del autor.

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