Un pueblo enclavado en el mero municipio de Badiraguato, justo en el «Triángulo Dorado» de la producción de amapola y marihuana. Pero en Surutato la narcocultura ni el cultivo son un problema. ¿Por qué? Algo tiene que ver con esto un proyecto educativo…
Texto: Marcos Vizcarra* / Fotografías: Fernando Brito
«Nada se puede realizar de cambio si no entra la familia y la comunidad, porque está plenamente comprobado que el entorno tiene mucho que ver con la formación que se da en la familia».
José Antonio Malacón Díaz
Badirauato, Sinaloa– En este lugar pasaron desapercibidas todas aquellas historias que surgieron de los pueblos cercanos. Aquí, en Surutato, están a marchas forzadas para terminar cabañas por doquier, lo mismo con la nueva plazuela y restaurantes. Se puede observar desde las calles empedradas a mujeres y hombres trabajando para terminar de construir el proyecto turístico más importante de toda esta región enclavada en la Sierra Madre Occidental, en el llamado ‘Triángulo Dorado’ por la alta producción de drogas ilegales, sobre todo de amapola y marihuana. Este pueblo de Badiraguato no tiene un dejo de los mitos o leyendas del ‘narco’, sólo las creadas por sus mismos pobladores.
Ninguna persona aquí ignora los nombres de los personajes que nacieron en este municipio, quienes son o fueron buscados por las autoridades mexicanas y extranjeras como Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, o Rafael Caro Quintero, pero eso no es el tema de conversación principal como se habla en corridos y decenas de notas periodísticas.
Las mujeres y hombres de Surutato están preocupados por ser un destino turístico similar a lo que sucede en otros municipios del país, como Mazamitla o Tapalpa en Jalisco, o Valle de Bravo en el Estado de México. Cabañas y chalets por doquier, con aserraderos funcionando a toda hora, soltando el olor a madera recién talada de los pinos, cedros y encinos de esta región.
Esta es la idea de un grupo de estudiantes que se graduaron del Centro de Estudios Justo Sierra (CEJUS), una escuela que surgió en 1978 con una metodología adaptada para hacer crecer y desarrollar habilidades comunitarias, de autogestión y conocimiento social.
“Aquí lo que les enseñamos son valores y que ellos sepan valerse por sí mismos, el mismo desarrollo turístico viene de ese propósito”.
Rosas Esparza, asesor del CEJUS durante 20 años.
Este pueblo resistió con ese método, el de la autogestión y la vida comunitaria. “Saben que nadie los va a salvar sino ellos”, agregó Yadira López López, asesora del Centro de Estudios Justo Sierra.
Surutato renació del dolor que dejó la Operación Cóndor, esa estrategia estatal en la década de 1970 que debió servir para liberar a Badiraguato y los demás municipios serranos de las operaciones criminales, pero que provocó un desastre social aún peor.
Los pobladores todavía hablan de ese evento, pero como un hecho histórico que no debe repetirse. En sus memorias recuerdan a quienes fueron desaparecidos y asesinados por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) mientras destruían campos enteros de amapola y marihuana.
Cientos de personas se fueron de este y otros lugares por miedo y ya jamás regresaron, y en Surutato comprendieron que debía crearse un refugio para las víctimas de esa ‘guerra’ estatal por viejas políticas prohibicionistas.
El aislamiento y olvido del ‘Triángulo Dorado’
Cuando ocurrió la Operación Cóndor, enmarcada por la llamada guerra contra las drogas en Estados Unidos, aquí en México se destruyeron cultivos ilícitos, principalmente amapola; también se persiguió a campesinos, algunos encarcelados, otros desaparecidos y unos más asesinados. De todo eso hay testimonios.
Los pueblos de la zona serrana de Sinaloa, entre ellos los de Badiraguato, tuvieron un éxodo importante hacia las ciudades, los campesinos prefirieron abandonar sus terrenos de cultivo y residir escondidos en casas de lámina y cartón en las periferias. Ocurrió entre 1975 y 1978, de acuerdo con especialistas en historia, sociología, antropología y sociología, pero es un fenómeno que permanece de forma cíclica.
“Los más perjudicados con esa operación militar no fueron las principales cabezas del negocio, sino una gran cantidad de campesinos que fueron torturados, enviados a prisión o desplazados de sus comunidades de origen”.
Óscar Báez, en su libro: Cultivos Ilícitos: Estudio sobre la producción de marihuana y amapola en la sierra de Sinaloa.
Las comunidades quedaron en aislamiento y olvido –actualmente siguen así– y los habitantes que se quedaron asumieron también sobrevivir en situaciones extremas, sin una autoridad estable. En la década de 1970 la extinta Procuraduría General de la República se instaló en esa región hasta 2006. Ese año se envió al Ejército, aunque la situación no cambió.
Los pobladores de esta región aprendieron que los plantíos ilegales tenían un costo alto, podrían perder la libertad o la vida. Hubo quienes se quedaron a costa de ser prófugos, aislados y olvidados.
“Aunado a la situación extrema de supervivencia en que se encontraban, fueron capitalizados por los que supieron ofrecerles mejores condiciones y calidad de vida, aunque ello significara violentar la ley y retar a un Estado que nunca antes se preocupó por identificar e intentar resolver los problemas más elementales de los campesinos”, señaló Óscar Báez en su libro «Cultivos Ilícitos: Estudio sobre la producción de marihuana y amapola en la sierra de Sinaloa».
Además de la Operación Cóndor (1975 a 1978), hubo otros operativos militares que se desplegaron en la serra de Sinaloa, uno de nombre Fuerza de Tarea Marte (1985) y Operativo Sierra Madre (2006), diseñados con el mismo propósito en la región: erradicar la amapola y marihuana.
Tuvieron también las mismas consecuencias, la de violaciones a derechos humanos, atestiguados con desplazamientos forzados por la falta de una política distinta a la prohibicionista, con la que las comunidades puedan desarrollar la agricultura potencial de la región.
“México es de los pocos países productores de narcóticos en el mundo donde a la fecha, no se ha implementado un solo programa de desarrollo alternativo, incluido aquí, cualquier esquema de sustitución de cultivos ilícitos o algo que se le parezca. No obstante, actualmente el Estado se esfuerza en presentarlo así, lo cual desalienta en gran medida a toda estrategia de abandono involuntario de estos cultivos que pretendiese realizarse”
Óscar Báez.
Los campesinos de la sierra sinaloense han sido tomados como operadores delincuenciales dentro de la zona, estigmatizados como victimarios dentro de un círculo económico donde ellos son la parte más débil -y a la vez necesaria- de la cadena.
La siembra de plantas como marihuana y amapola se mantiene, aunque se han implementado cada vez más operativos, incluso de orden local.
En 2015 el entonces gobernador de Sinaloa Mario López Valdez ordenó la destrucción de plantíos en los municipios de Cosalá, Badiraguato, Mocorito, Choix y El Fuerte, provocando así otra migración forzada interna, emulando, según dijo, a la Operación Cóndor.
«Yo estoy de acuerdo en que se reedite cualquier programa que restablezca el orden y la paz», mencionó en entrevista, según documentó el periodista José Alfredo Beltrán el 11 de noviembre de 2015 en el periódico Noroeste.
Para esa fecha ya se registraban enfrentamientos entre policías, militares y pobladores.
“Los enfrentamientos en Choix, municipio del norte que colinda con Chihuahua, han dejado en los últimos días un saldo de 27 muertos, entre éstos 25 presuntos delincuentes, un militar y un policía municipal”, señaló Beltrán para Noroeste.
Como respuesta, el gobernador de Sinaloa justificó esa violencia como una batalla difícil que debía asumirse.
«Esto va en el sentido de que no se esté expulsando más gente de esas zonas; es una batalla difícil, complicada, pero es una batalla que hemos asumido, y que no vamos a declinar en ella y habremos de restablecer el orden», dijo Mario López Valdez en noviembre de 2015, de acuerdo con el periódico Noroeste.
Ese operativo no funcionó como se esperaba, sólo provocó más desastre, como sucedió con los que le antecedieron.
Las políticas no han sido justas para las mujeres y hombres que viven en esta fracción de Sinaloa, por eso han tenido que crear sus propias reglas, delimitar su espacio y ser una comunidad apartada del estigma social.
La ‘guerra’ que no termina
En junio del 2016 un grupo armado entró a La Tuna, un pueblo de Badiraguato a 50 kilómetros de Surutato. Los pobladores de ese lugar contaron que todo comenzó con una discusión entre Ángel Guzmán, un sobrino de Joaquín Guzmán Loera, y los pistoleros.
Ese grupo armado asesinó al sobrino de “El Chapo” e incendió una de las casas de camino a la vivienda de la señora Consuelo Loera, madre del hombre condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas ilegales. Ese hecho la obligó a huir, según Mario Valenzuela, que en ese tiempo era Alcalde de Badiraguato.
No se fue sola, también huyeron 300 familias de distintos pueblos, de acuerdo con un censo municipal. Mujeres, hombres y niños se desplazaron de La Palma, Revolcadero, Arroyo Seco, Huixiopa y Bacacoragua, hacia la cabecera municipal de Badiraguato y otros municipios como Culiacán y Salvador Alvarado. Según el conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, juntos suman una población de 956 personas.
Los ataques continuaron, grupos criminales se enfrentaron una y otra vez entre ellos y contra militares o policías. Se convirtió en un territorio ‘caliente’. El gobierno de Sinaloa lo describió como una pugna por territorios para mantener la producción de amapola y marihuana, así como de metanfetamina.
A cinco años de esos ataques, esos pueblos siguen semivacíos.
Antes de llegar a La Tuna hay que pasar por La Palma, el pueblo donde nació la familia Beltrán Leyva, que de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos es la fundadora de la organización apodada con los mismos apellidos. Ahora se ve desolado. Ahí no se ven a las 350 familias que calcula el Inegi y que el Coneval las catalogó como parte de las más pobres del país.
También se debe pasar por Arroyo Seco, un pueblo dividido por el camino donde se puede ver a niños, niñas y señoras, similar a lo que se ve en Huixiopa, el pueblo con más población registrada por el Inegi en esa zona de Badiraguato.
Huixiopa es como un pueblo que sirve como una aduana, es de paso obligado a La Tuna. Ahí hay un hotel y una estación de gasolina con bomba con el logotipo de Pemex.
Al llegar al pueblo se puede ver una loza de bienvenida construida por el gobierno local, pero intervenida con graffiti con la leyenda “Pura gente de Guzmán”, seguido por el número 701 (es el número de posición que fijó la revista Forbes a Joaquín Guzmán Loera entre los hombres más ricos del mundo en 2009)
En Huixopa hay pocos habitantes, la mayoría de las casas siguen abandonadas, con camionetas empolvadas afuera de estas, potreros abiertos sin rastro alguno de que se siga cuidando vacas; también hombres con radios y otros más con armas, que observan desde las casas abandonadas a quien pasa por ese lugar.
Este paisaje se repite en Bacacoragua y Tameapa, hasta llegar a la carretera. El terror hizo que familias enteras se fueran sin poder volver nunca más si no es a otro pueblo donde se puedan refugiar.
Mirar hacia el horizonte
“Váyase derecho, hasta donde termine la negra”, dijo un poblador para indicar hacia donde queda el Centro de Estudios Justo Sierra, donde nació la idea de crear un refugio para los pobladores víctimas de la violencia y el estigma social que los envuelve por haber nacido en Badiraguato.
En ese lugar surgió la idea de cambiar Surutato y evitar ser un pueblo más con una administración con poder fáctico. Aquí los pobladores tomaron la decisión de atender este rincón de la sierra en comunidad, basándose en el conocimiento de autogestión y participación activa con esfuerzo propio, ayuda mutua y asistencia técnica de otros pobladores adultos o jóvenes.
“La educación tenía que cubrir las necesidades que en ese tiempo se vivían. Cómo quiero que mi hijo sea, qué necesito, cómo lo voy a usar y para qué lo voy a usar”, describió Yadira López López, asesora del Centro de Estudios Justo Sierra
Este modelo de resistencia se inició con la propuesta de José Antonio Malacón Díaz, un político sinaloense que ha dedicado su vida a la educación. Fue funcionario en Transportes, pero su logro más importante fue en Educación Pública como secretario estatal.
«Definitivamente el sistema ya está rebasado por otras unidades, por lo que se ha ido sumando y sumando, y el sumar no resuelve de fondo el problema», señaló Malacón Díaz cuando fue reconocido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica en Culiacán.
En 1978, cuando ya se hacía el recuento de daños por la Operación Cóndor, se presentó un método distinto de vida para quienes están hartos de ser asumidos como víctimas o victimarios. La idea se basó en promover el aprendizaje por cuenta propia, de forma cooperativa y con asesores externos. Rehacerse entre el dolor.
¿Cómo hacerlo si solo había primarias en Surutato?, se preguntaron los pobladores y Malacón Díaz respondió: haciendo crecer la educación con un modelo distinto.
“Esta fue una alternativa para que los muchachos y los padres, en lugar de arrastrarlos a los temas ilícitos, tuvieran la oportunidad de seguir sus estudios”, dijo la asesora del Centro.
Los habitantes de Surutato están en un lugar apartado, a una hora de camino con la nueva carretera terminada en 2016 hacia la ciudad más cercana, Badiraguato. Antes, cuando el camino era agreste, se podían hacer hasta cuatro horas de viaje en camioneta.
Esta carretera pudo ser el escape perfecto de cientos de pobladores o la ruta perfecta para seguir con prácticas criminales, pero realmente abrió una oportunidad de cambio y mejora con un proyecto estudiantil.
“Lo que ha venido a salvar estas tierras es el proyecto educativo. Yo creo que ayuda mucho por toda la gente que se ha salvado de no estar en la cultura del narcotráfico, porque estudiar en CEJUS es trabajar por la comunidad, no contra la comunidad. Esto que ve de las cabañas fue una idea que nació aquí en el CEJUS, de un alumno que propuso el turismo”, afirmó Rosas Esparza, asesor del Centro.
El Centro es una escuela que llevó no solo el kínder, primaria y secundaria, sino también preparatoria, licenciaturas, maestrías y doctorados. Este lugar tiene una opción educativa más grande que la propia ciudad de Badiraguato, en donde solo se llega hasta la preparatoria.
La enseñanza es nada ortodoxa, las mujeres y hombres que asisten son acompañadas por asesores especializados en temas, quienes están a cargo de enseñar lo establecido en las guías de la Secretaría de Educación Pública y de los proyectos de formación como agricultura, floricultura, ganadería, porcicultura, deportes, pintura, danza, cocina, turismo, reforestación, entre otros más según las necesidades de Surutato.
En este lugar no hay directivos, son los mismos asesores quienes conforman un consejo y toman decisiones, el mismo modelo que existe en Surutato como método de gobierno.
Aquí no hay policías, tampoco oficinas de gobierno. Lo más cercano es la base militar de Surutato, pero los comandantes no tienen una participación mayor a la ordenada por el gobierno federal, que regularmente consta en la erradicación de cultivos como la marihuana y amapola.
Las mujeres y hombres ordenan el pueblo, se consultan, toman decisiones y participan en comunidad.
Aquí tampoco están las bandas criminales mandando.
“Todos respetan, también los grupos armados, los narcos, ellos no se meten aquí”, asegura el asesor del CEJUS.
Surutato se convirtió en un santuario de migrantes, de hombres y mujeres desplazados por la violencia. El CEJUS es la imagen más representativa de esto, aquí viven por lo menos 80 alumnas y alumnos, algunos son desplazados.
Vivir aquí les cuesta 200 pesos al mes, una cuota representativa por tener un techo, una cama, un bosque, comida y las responsabilidades de aprender a vivir en comunidad, aportar a la misma y hacer de Surutato un pueblo que no depende de los criminales, sino de sus pobladores como quienes están a marchas forzadas queriendo hacer de este lugar el más bello de la Sierra Madre Occidental, interesados en ser el refugio y el lugar donde el dolor se puede sanar acompañado de mujeres y hombres que fueron -y son- testigos de la violencia y el estigma por haber nacido en Badiraguato.
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*Marcos Vizcarra Ruiz es reportero sinaloense especializado en cobertura de derechos humanos. Es integrante del proyecto A dónde van los desaparecidos y escribe para Revista Espejo y el diario Reforma. Esta publicación forma parte del Proyecto Amapola, enfocado en las dinámicas políticas, económicas y sociales del cultivo ilícito de amapola en México.
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