Defensores legales y activistas han denunciado la falta de elementos para mantener la carpeta de investigación abierta contra la comunidad de Barrancas del Cobre, sin embargo, pese a las intenciones por cerrar el caso, el fallo en juzgados ha sido nuevamente a favor de figuras políticas del PRI, como el diputado Omar Bazán Flores y Ricardo Orviz Blake.
Texto: Óscar Rosales / Fotografías: Raúl Fernando / Raíchali
Chihuahua- El pasado jueves siete de octubre una jueza del distrito Benito Juárez en la ciudad de Cuauhtémoc, ordenó al Ministerio Público (MP) continuar la demanda penal que tiene un grupo de empresarios políticos contra la comunidad rarámuri de Mogótavo del municipio de Urique por despojo agravado, y desestimó la solicitud de archivo del caso, bajo el argumento de que la investigación no se inició con los fundamentos legales correctos.
El grupo conformado por Omar Bazán Flores, diputado plurinominal del PRI en el Congreso de Chihuahua; Ricardo Orviz Blake, empresario de Delicias y exdiputado también del PRI; Jesús Alberto Cano Vélez, exdiputado del PRI en Sonora; Agustín López Dumas, empresario en Delicias y la familia de Ricardo Valles Alvelais, quien falleció en 2015, reclaman la pertenencia de 154 hectáreas de territorio que les fueron vendidas por Odile Sandoval, dueña del hotel Divisadero Barrancas.
Aunque el MP ya había propuesto el No Ejercicio de la Acción Penal, por no contar con los suficientes elementos para proceder la investigación, los demandantes interpusieron un recurso de revisión para impedir el cierre del caso, por lo que los tres siríames (gobernadores) acusados de Mogótavo fueron solicitados en audiencia el lunes 4 de octubre en el juzgado de ciudad Cuauhtémoc, informó su abogado, Fausto Salgado.
El defensor legal de los rarámuri asegura que no hay lógica en la petición de los empresarios, ya que pese a tener el contrato de compra, estos no cuentan con las escrituras legítimas del territorio de Mogótavo, por lo que el intento de despojo es de los empresarios al pueblo originario y no al revés, como intentan hacerlo creer mediante la demanda penal.
Además, la demanda sumó a más personas rarámuri a la carpeta de investigación, por lo que el número total de imputados ahora es de 16 personas, de las cuales, al menos cuatro ya han fallecido. Fausto Salgado señaló ese acto como una prueba del desconocimiento de la comunidad por parte de los demandantes, al no saber siquiera a quienes se acusan.
Sin embargo, la audiencia del cuatro de octubre fue cancelada, pese a que varios integrantes de la comunidad de Urique, incluidos los imputados, tuvieron que rentar un camión para su traslado hasta los juzgados de Cuauhtémoc.
El viaje implicó gastar recursos que apenas tienen las comunidades, señaló Perla Silvestre, de Awé Tibúame. Sin importar las casi seis horas para llegar desde Mogótavo hasta el tribunal, la jueza de control, Zulema Sandoval, alegó falta de tiempo en su agenda y difirió la audiencia para el jueves.
Ese mismo lunes, se llevó a cabo una manifestación en apoyo a las comunidades de Mogótavo y Bosques San Elías Repechique, en donde exigieron un alto a las persecuciones penales, acompañados por las organizaciones civiles Awé Tibúame y la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec).
Ya en la audiencia del jueves siete de octubre, el representante legal de Orviz Blake presentó como prueba un peritaje hecho por un arquitecto privado, en el que intenta demostrar mediante imágenes satelitales el estado poblacional del predio antes y después del siete de noviembre del 2016, fecha en la que se acusa una invasión por parte de los rarámuris de Mogótavo.
Sin embargo, la jueza Zulema Sandoval permitió mantener abierta la carpeta de investigación contra el pueblo originario bajo otro alegato. Se ordenó al MP replantear la investigación a partir de la fracción III del artículo 28 del Código Penal de Chihuahua, que establece que no existe delito cuando la víctima (el demandante) otorga su consentimiento para el hecho delictivo.
Esto en relación al contrato de compra-venta realizado por Odile Sandoval al grupo de empresarios políticos en el 2008, ya que hay una cláusula en la que se prometió desalojar a las familias indígenas del lugar, donde se había construido una escuela, un albergue y un dispensario médico. En esa misma condición, Odile reconoció la existencia del pueblo de Mogótavo y el consentimiento de ella para construir dichos lugares, según Salgado.
Originalmente la investigación se inició con base a la fracción IX del mismo artículo, que dice que no existe delito cuando no se le puede exigir a los demandados otro tipo de conducta.
Es decir, los descendientes de las familias rarámuri habitaron el territorio de Mogótavo al ser un lugar que les pertenece ancestralmente, por lo que no podía esperarse otra forma de actuar de ellos, explicó Salgado.
En asamblea, la comunidad de Mogótavo expresó que encuentra un sinsentido que la construcción de casas, escuelas y servicios afecte a los demandantes, ya que ninguno de ellos ha vivido realmente ahí.
Asimismo, externo su indignación por el uso de aparatos penales para continuar con la criminalización de las personas rarámuri y sostiene la unión su pueblo como defensa ante el intento del despojo de su territorio por parte de intereses políticos y económicos.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
