Familiares de víctimas de desaparición forzada, presumiblemente efectuada por marinos en Nuevo Laredo, se deslindaron de las pancartas con rostros de desaparecidos que fueron halladas junto con armas largas en una casa de seguridad. Acusaron de hostigamiento y criminalización por parte de las autoridades
Texto y fotos: Carlos Manuel Juárez
Pie de Página
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- “Son dos grupos de personas muy diferentes. Nuestro Comité no está infiltrado, ni las familias que representamos. Un grupo de personas con imágenes de desaparecidos comenzaron a realizar manifestaciones violentas en contra de la autoridad. Ese grupo deberá indagarlo la autoridad”, dijo en entrevista telefónica Raymundo Ramos Vázquez, del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo.
El activista se refería a las versiones que involucran al Comité con las pancartas con leyendas y fotografías de víctimas de desaparición y armamento, que el sábado 28 de julio fueron halladas en una casa de la colonia Benito Juárez en Nuevo Laredo, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el hallazgo por la relación con personas que fueron desaparecidas entre febrero y mayo de este año.
Ramos Vázquez deslindó al comité de esas pancartas y aprovechó para denunciar hostigamiento contra su persona, derivadas de estos casos de desaparición forzada: “Es evidente que mi persona y el Comité le causa problemas a instituciones como la Semar, la Sedena, el gobierno federal, por las denuncias que hacemos. Solamente se les olvida que si no hubiera violaciones graves por parte de elementos de las Fuerzas Armadas no habría quejas, no habría denuncias, ni habría investigaciones. En lugar de asumir su responsabilidad, las Fuerzas Armadas, el gobierno de Tamaulipas y el gobierno federal buscan culpables, pero no los buscan al interior de sus filas, buscan culpables en la sociedad civil”, dijo.
Desaparición forzada documentada
Los casos referidos por Ramos Vázquez se hicieron públicos el 30 de mayo pasado, cuando la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó de la documentación de 23 desapariciones supuestamente cometidas por miembros de “una fuerza de seguridad federal” por la noche o al amanecer en Nuevo Laredo. Horas después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comunicó que había recibido 21 quejas por la desaparición de 31 personas sucedidas de febrero a mayo de 2018.
El 1 de junio la PGR atrajo 20 carpetas de investigación relacionadas con estas desapariciones. Tras la primeras indagatorias y más denuncias, el número de desaparecidos aumentó a 35, de los cuales nueve fueron encontrados sin vida y uno más regresó por su propio pie con vida. Del total, 31 son hombres (cinco menores de edad) y cuatro cuatro mujeres, comunicó la dependencia federal.
Por estos hechos, la Semar ordenó suspender a los elementos de las bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León. La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la PGR ha realizado 150 diligencias ministeriales por cada caso. En el desarrollo de las indagatorias, hombres armados, presuntos integrantes del Cártel del Noreste (CDN), los atacaron en dos ocasiones el 12 de junio y el 10 de julio.
“Buscan culpables en la sociedad”
El activista tamaulipeco repudió la criminalización de las familias y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. “Desde un primer momento la Secretaría de Marina, el gobierno de Tamaulipas, incluso la PGR, han querido involucrarnos dolosamente. Nosotros nos hemos conducido por la legalidad. Esto lo saben la PGR, Marina, Gobernación, Sedena, CNDH, CEAV y la Comisión Nacional de Búsqueda”, expresó.
Unas de las medidas que ha aplicado el Comité, refirió, es realizar las reuniones a puerta cerrada para evitar que personas ajenas a los familiares se mezclen, se infiltren o traten de obtener información reservada. El viernes 27, familias y autoridades federales acordaron reunirse esta semana para elaborar el plan de búsquedas. Ante ello, dijo, los probables responsables de las desapariciones se han inquietado.
“Es evidente que mi persona y el Comité le causa problemas a instituciones como la Semar, la Sedena, el gobierno federal, por las denuncias que hacemos. Solamente se les olvida que si no hubiera violaciones graves por parte de elementos de las Fuerzas Armadas no habría quejas, no habría denuncias, ni habría investigaciones. En lugar de asumir su responsabilidad, las Fuerzas Armadas, el gobierno de Tamaulipas y el gobierno federal buscan culpables, pero no los buscan al interior de sus filas, buscan culpables en la sociedad civil”, dijo.
Ramos Vázquez y los integrantes del Comité tienen medidas cautelares por parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, apuntó, los gobiernos federal y estatal no han cumplido las acciones para proteger su integridad.
Finalmente, el activista recordó que la información de las personas que él representa es conocida por las CNDH, además de las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Nacional de Búsqueda de Desaparecidos (CNBD) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
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