El estado registra déficit alto de asesores, sólo hay 51 y el estándar para la entidad es de 265, exhibe análisis de México Evalúa
Gabriela Minjáres
La Verdad
Ciudad Juárez– A una década de que el Sistema de Justicia Penal (SJP) acusatorio se implementó por completo en el estado, Chihuahua es una de las entidades federativas del país que tiene a las víctimas más desprotegidas para proporcionar una protección integral.
Después de Veracruz, el estado es uno de los que presenta el déficit más alto en el número de asesores jurídicos al servicio de las víctimas, de acuerdo con un análisis realizado al reporte Hallazgos 2017 elaborado por el centro México Evalúa, en el que da seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México.
Además, reporta una baja inversión para consolidar las instituciones para ayudar a las víctimas, lo que se reduce a acciones a la asesoría jurídica y representación legal, que además están adscritas a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esto a pesar de que uno de los principales objetivos de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia fue la protección de los derechos de las víctimas, de tal forma que se encuentre representada debidamente durante el proceso penal, destaca el informe correspondiente al año 2017.
“La víctima sigue siendo uno de los actores más desprotegidos en el sistema de justicia penal y los esfuerzos institucionales no han sido suficientes para proporcionarle una protección integral”, dice el quinto informe en su tipo elaborado por el centro.
El gobernador Javier Corral Jurado aseguró apenas hace unos días que su gobierno es el qué más cumple con la atención a víctimas del delito, porque se han realizado programas y presupuestos para ello, como la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía Especializada en Atención a Derechos Humanos.
Consideró que los cuestionamientos que se han hecho al respecto obedecen a motivaciones personales o políticas buscan desprestigiar el esfuerzo realizado.
Esto en respuesta a las manifestaciones que familiares de víctimas le hicieron durante el foro escucha para la pacificación nacional que encabezó en Ciudad Juárez el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador consideró que dichas expresiones no responden a la realidad y que no reflejan el sentir de los grupos de que defienden a víctimas y familiares.
“Entonces, esa es la realidad. Lo que pasa es que de nuestro gobierno se dice muy poco de las cosas positivas que hacemos, de los avances que tenemos, incluso de donde hemos hecho un cambio fundamental, porque ustedes saben que persistentemente hay una campaña de descalificación directa para tratar de distorsionarlo”, dijo.
Sin embargo, el informe de México Evalúa menciona que aun cuando el rezago en atención de las necesidades a las víctimas es una situación que se presenta a nivel nacional y hay un reconocimiento pleno de la incapacidad institucional en las entidades, lo cierto es que en el apoyo integral a las víctimas se observa que la realidad está aún muy lejana de las expectativas.
Menciona, por ejemplo, que de los 31 estados que proporcionaron información, 19 cuentan con la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV); y en 12 la asesoría jurídica y representación legal se encuentra adscrita a las fiscalías generales o procuradurías, como es el caso de Chihuahua.
Ante las debilidades institucionales detectadas en el país desde el 2016, se estableció como objetivo dotar las entidades con asesores jurídicos capacitados, de forma que haya una representación efectiva de las víctimas, lo que coadyuvará a la consolidación del sistema de justicia penal.
“Para el fortalecimiento de las asesorías jurídicas, el subprograma estableció como metas el incremento del número de asesores jurídicos, la capacitación de estos funcionarios y la mejora de las instalaciones, estableciendo un periodo de seis años para su cumplimiento”, se informa.
Entonces, en la primera meta que era aumentar el número de asesores se realizó una proyección con incrementos anuales, que partía de un estándar establecido por la Ley General de Víctimas, consistente en la necesidad de contar con, al menos, un asesor jurídico en cada Agencia del Ministerio Público, Juzgado, Sala Penal y Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de todas las entidades federativas.
La proyección a nivel nacional para el 2017 era de mil 300 asesores jurídicos locales y, a la fecha, solo se cuenta con 957 funcionarios, lo que representa un avance del 74% y un déficit de 343 funcionarios.
En el 2016 se contaba con 729 asesores, por lo que “si se mantienen estos rezagos para alcanzar las proyecciones anuales continúan, se puede pronosticar que no se completará el programa en el tiempo estimado de seis años”.
Con base en estos indicadores, México Evalúa encontró que la Ciudad de México es la única entidad federativa que no presenta un déficit de asesores jurídicos, mientras que los estados de Chihuahua, Veracruz y Jalisco son los que muestran mayor retraso.
Supera el 80% déficit de asesores de víctimas
Presentación del informe Hallazgos 2017 de México Evalúa Foto: Cortesía
En Chihuahua el estándar de asesores es de 265 y sólo hay 51, por lo que el déficit es de 214, mientras que en la Ciudad de México el estándar es de 213 y hay 253, hay un excedente de 40.
Otro hallazgo revelado por el estudio indica que, al revisar el tipo de operadores al cual se dirigieron los recursos durante el año 2017 en las entidades, se observa que entre las que presentan mayor rezago institucional se encuentran las comisiones de atención a víctimas junto con las áreas de justicia alternativa y unidades de atención temprana, la policía procesal y las Unidades de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECAS).
De acuerdo con el análisis realizado a la inversión convenida destinada a asesores de víctimas y policía procesal a nivel nacional se concluye que “preocupa el menor interés en consolidar” estas áreas, porque contrasta la cantidad erogada para la capacitación de evaluadores, supervisores de medidas cautelares, facilitadores y ministerios públicos orientadores.
En Chihuahua la inversión convenida en asesores de víctimas en 2017 que se reportó fue de 20 mil pesos, mientras que en capacitación para facilitadores y ministerios públicos orientadores se acordaron 300 mil pesos.
Con estas deficiencias, al comparar la satisfacción con el trato recibido por las víctimas en el Ministerio Público en cada entidad, Chihuahua alcanza un 55.4 por ciento, lo que lo coloca un poco por encima del promedio nacional que fue del 49.8 por ciento. La entidad mejor evaluada fue Coahuila con 75.9 por ciento.
‘Pega’ carencia de Fiscalía autónoma
Si bien Chihuahua se encuentra entre las tres entidades mejor evaluadas a nivel general en la consolidación del Sistema de Justicia Penal en el país, la deficiencia en la atención a víctimas no es la única falla detectada en el estudio que, en conjunto, contribuyen a que se encuentre por debajo del estándar establecido.
Por ejemplo, al hacer una revisión a mecanismos normativos como la Constitución Política local y la Ley Orgánica actualizados hasta junio de este año, se encontró que la Fiscalía General del Estado carece de autonomía.
El estudio define que una Fiscalía autónoma es aquella que prevé en la Constitución Política del Estado o en la Ley Orgánica correspondiente, dotarle de autonomía técnica y de gestión, así como, autonomía financiera y salvaguardas para no estar subordinada al Poder Ejecutivo.
Por Fiscalía con autonomía relativa se considera aquella que sólo prevé la autonomía técnica y de gestión; y la Fiscalía sin autonomía es la que no satisface ninguno de los dos criterios señalados anteriormente, supuesto en el que se encuentra Chihuahua.
En lo que respecta a la carrera judicial o servicio profesional de carrera, en el estado se encontró que está previsto en la ley y opera en el Poder Judicial; mientras que en la Fiscalía y en la Secretaría de Seguridad Pública no está previsto en la ley; y en la Defensoría Pública está previsto en la ley y no opera.
Al estudiar el modelo trabajo y gestión de los casos en la entidad, México Evalúa identificó que la defensoría opera bajo un esquema de trabajo “no lineal”, en donde se asigna un defensor distinto al asunto para cada etapa: la investigación, la de control de detención o audiencia inicial, la desarrollada ante el Tribunal de enjuiciamiento y, finalmente, la de ejecución de penas.
Al revisar la carga de trabajo como una de las cuestiones que se señalan como obstáculo para la operación en las instituciones del sistema de justicia, en particular, con las defensorías públicas, se halló que Chihuahua se encuentra entre las 10 entidades en la que los defensores de oficio tienen más asuntos al ocupar el octavo lugar.
Saturan asuntos a defensores
Los datos indican que en el estado la carga de trabajo es de 67.4 asuntos, mientras que en la Defensoría Pública de Nuevo León se reporta la mayor carga con 854 asuntos por defensor, seguida por el Estado de México, con 488; Morelos, con 164; y Querétaro, con 161.
En materia de resolución de casos, aun cuando el Poder Judicial del estado de Chihuahua es la institución que reporta el mayor porcentaje de casos resueltos (74.7 por ciento), desempeño consistente con la experiencia en la operación del modelo acusatorio, el índice de impunidad es superior al alcanzar un 78 por ciento.
Jalisco, Tlaxcala y Yucatán son los estados con mayor impunidad, con 99.3 por ciento, 99.1 por ciento y 98.9 por ciento, respectivamente; mientras que Guanajuato (56.8 por ciento), Querétaro (72.2 por ciento) y Baja California (76.4 por ciento) registran menor impunidad.
Con estas estadísticas, Chihuahua se encuentra en la tercera posición en el ranking nacional que evalúa a las entidades federativas en función del avance y la calidad de las acciones de política pública que han llevado a cabo para la consolidación del SJP.
Gráfica elaborada por México Evalúa
Sin embargo, con una evaluación de 421 puntos recibidos durante 2017, el estado aún se encuentra por debajo del estándar establecido, que es de 600 puntos, de los mil posibles, lo que representaría incluso una calificación reprobatoria.
Aunque ninguna entidad alcanzó el ideal de este año, de los 600 puntos, ni el del año anterior, de 500 puntos.
Querétaro fue el estado que registró mayor progreso, con un puntaje de 483 que se atribuye a un modelo de operación integral caracterizado por la coordinación y vinculación interinstitucional, se dio a conocer.
La segunda posición del ranking la ocupa Guanajuato con 476 puntos; la tercera, Baja California, con 448; y la cuarta, Nuevo León, con 413. Mientras que en las últimas posiciones se encuentran Guerrero, con 134; Campeche, con 160; e Hidalgo, con 170.
En la presentación del informe en la Ciudad de México se destacó que uno de los problemas más graves que enfrenta actualmente la operación del sistema de justicia penal es un desequilibrio entre sus componentes.
“Esto se observa, por ejemplo, en la asignación de recursos, puesto que se han priorizado las acciones que involucran a las instituciones de seguridad y procuración de justicia, excluyendo a las defensorías públicas y los poderes judiciales”, destacaron.
Con este escenario a nivel nacional, México Evalúa concluyó que “la ausencia de una estrategia y planeación integral a nivel nacional que se traduzca en una política pública efectiva ha derivado en el estancamiento del sistema de justicia penal”.
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