En las Filipinas la policía y los escuadrones de la muerte han matado a más de 12 mil personas, presuntos traficantes y drogadictos en los últimos dos años. La “guerra contra las drogas” destruye la sociedad, pero no resuelve el problema.
Texto: Julia Jaroschewski y Sonja Peteranderl
Fotos: Julia Jaroschewski
La Verdad publica con autorización de las autoras
Manila – Antonio B. no escuchó a su asesino. Llevaba auriculares, escuchando música, en un colchón junto a la puerta, cuando dos disparos le dieron en la cabeza. Su esposa estaba en el baño, sólo vio la mano del asesino sosteniendo el arma, la cara estaba enmascarada, entonces el asesino escapó con su cómplice, que había hecho guardia afuera.
Linda B. también había oído los dos disparos y se sorprendió cuando atravesaron el asentamiento pobre de Bagong Silangan, a pocas cuadras de distancia, a las siete de la mañana. No fue sino hasta más tarde que se enteró de que fue su hijo el que fue alcanzado por las balas. Antonio B. murió inmediatamente.
Murió el 11 de julio de 2016, apenas dos semanas después de que el presidente Rodrigo Duterte llegara al poder y declarara una guerra contra las drogas. “Cualquiera que conozca a un drogadicto debería ir a matarlo”, dice Duterte. En seis meses, el presidente de línea dura quería liberar a su país de las drogas. Antonio B. fue la primera víctima de la guerra contra las drogas en Bagong Silangan en Quezon City, en el área metropolitana de la capital Manila. Eso fue antes de que el asesinato se convirtiera en la vida cotidiana y “EJK”, abreviatura de “ejecuciones extrajudiciales”, una abreviatura que todo el mundo conoce aquí. Las organizaciones de derechos humanos estiman que al menos 12 mil personas han muerto, no sólo por agentes de policía. Los escuadrones asesinos también cazan a los sospechosos de traficar con drogas.
Sólo queda un cuadro de Antonio B., un retrato descolorido en un pequeño altar iluminado por una vela. “Sus amigos y familiares lo llamaban ‘Blanco’ porque su piel era muy oscura. Es un chiste. Mi hermano siempre fue gracioso”, dice su hermana de 38 años, Lenny. “Cuando lo extraño, pienso en todos los hermosos recuerdos”. Se agacha en el sofá de la cabaña de piedra de la familia y lucha por mantener la compostura. “Cómo me reí con mi hermano, hice bromas…”. Su voz está fallando.
La madre Linda ha desterrado su ropa, el reloj, hasta el último rincón de la casa, porque no puede soportar ver sus cosas, porque le duele demasiado oler el olor.
Ocho personas viven en la pequeña cabaña, que se encuentra en un callejón sucio y estrecho del barrio: Junto a Linda, la madre, también el hermano, Lenny y su familia, sus hijas. El bebé de ocho semanas de edad, de una de las hijas, está acostado en la cama. Cuatro generaciones comparten los pocos metros cuadrados, separados por cortinas y tableros aglomerados. La única ventana está protegida por una rejilla de acero. Fuera de los tambores de lluvia en el techo, por lo que las perchas cuelgan llenas de ropa húmeda bajo el techo. Los peluches del armario están empacados en plástico para mantenerlos secos y limpios. En el altar con las imágenes de Jesús, la madre reza a Dios para que encuentren al asesino.
Hasta el día de hoy, la familia no sabe quién es el asesino. Hay cámaras de vigilancia en el vecindario. Pero la administración del asentamiento no ha iniciado ninguna investigación. La familia no confía en la policía. La viuda de Antonio B. dejó a Bagong Silangan con su familia 40 días después del asesinato. “Todavía no sabemos dónde está”, dice Lenny. “Tal vez tenga miedo de volver. Tal vez sólo quiere olvidar lo que le pasó a mi hermano, lo vio morir”. Tal vez ella también vio más. Quienquiera que sea un testigo se convierte fácilmente en un objetivo.
“Si quieres tener un juicio aquí, necesitas dinero y tiempo – nosotros tampoco tenemos. La justicia es demasiado cara y tenemos miedo de que se vengan de nosotros”, dice la madre Linda. Las víctimas de la guerra contra las drogas en Filipinas son sólo un número, cada uno de ellos muerto, uno más que fue borrado porque se dice que ha perjudicado a la sociedad. Esta es al menos la versión oficial: que los muertos son drogadictos, traficantes, criminales que se han resistido al arresto.
“Mi hermano no era drogadicto”, dice Lenny. “Trabajaba para la comunidad, todos los años le hacen una prueba de drogas. Tal vez solía tomar drogas antes, pero desde que trabajó para la comunidad, no ha tomado nada”.
En julio de 2018 Antonio B. habría cumplido 54 años. Su nombre es el primero en la lista por el que pasa el sacerdote Gilbert Billena, en la cocina del edificio de la iglesia de Bagong Silangan. La hoja de cálculo de Excel contiene los nombres, la fecha de la muerte, la edad, el lugar. Son datos tras los que se esconden hechos inimaginables: una masacre de cuatro jóvenes. Gina, a quien le dispararon junto con su esposo y estaba embarazada. Una pareja casada asesinada delante de sus siete hijos. Sólo en Bagong Silangan murieron 37 personas. “Pocos días después de que Duterte llegara al poder, comenzaron los primeros asesinatos”, dice el sacerdote. Ha vivido en Bagong Silangan durante cuatro años y predica para los 135, 000 habitantes. Al principio el sacerdote no sabía mucho sobre las drogas y la drogadicción, aunque están muy difundidas aquí – la serie de asesinatos las convirtió en su misión. Billena visita a familias como las de Antonio B. y documenta los asesinatos. Denuncia los asesinatos en los sermones. Y los drogadictos encuentran refugio en la iglesia.
Como hace unos días, cuando el hijo de un feligrés subió por la noche al dormitorio del sacerdote en el piso superior del edificio de la iglesia. “Quieren matarme, tengo tanto miedo por mi vida”, se quejó y pidió protección, según el sacerdote Gilbert. Shabu, como se llama Crystal Meth, lo asustó. Fuera de los muros de la iglesia, los consumidores de drogas están desprotegidos. El hecho de que el sacerdote ayude a los adictos disgusta al Estado y a la policía: “Pero debemos hacer nuestro trabajo, ser una autoridad moral para el pueblo”.
Cuando comenzaron los asesinatos, los primeros drogadictos llamaron a la puerta de la iglesia. Las preocupaciones de los afectados y la violencia de la policía llevaron a Billena a desarrollar un programa de abstinencia de drogas comunitario. En la iglesia los dependientes recibían tareas y apoyo ‘psico-espiritual’. Se les dio refugio durante dos o tres meses. Así es como Billena intentó detener más asesinatos. “Si oigo una sirena o veo una luz azul, inmediatamente pienso que alguien ha sido asesinado de nuevo”, dice. La traumatización de los ayudantes aumenta con cada nuevo caso, pero no piensa en detenerse: “Sin la iglesia habría muchos más asesinatos aquí”.
En sus sermones, Gilbert Billena acusa al estado, en su predicación afirma que los adictos necesitan ayuda, que su enfermedad es curable, que los asesinatos no son la solución. Al principio, muchos en la iglesia pensaban que eran las personas correctas las que se veían afectadas. Los drogadictos son criminalizados en la sociedad filipina, Duterte lanza su campaña contra ellos como si fueran escoria de la que el país debe limpiarse. El estigma también está ligado a sus familias. Los sentimientos de culpa a menudo llevan a las familias a aceptar los asesinatos, algunos incluso creen que el drogadicto en la familia merece morir. En la iglesia se atreven a hablar de sus preocupaciones y miedos. El sacerdote Gilbert Billena se dirige a las familias, explica en grupos cómo puede continuar la vida después de los asesinatos y apoya a las familias mediante la distribución de alimentos y donaciones de ropa.
Guerra contra los pobres
Las familias son el daño colateral en la guerra contra las drogas de Duterte. La mayoría de las víctimas son hombres y pobres. Con su muerte, las viudas pierden su medio de vida y los huérfanos se quedan solos. Antonio también apoyó a la familia con su salario como trabajador comunitario. “Si mi hermano tenía dinero, nos daba dinero”, dice su hermana Lenny. Compró medicinas para su madre, trajo comida. “Si Antonio tenía un pez, siempre lo compartía”, dice la madre sobre su hijo. “Si le pidiera café, me traería algo de pan”. Ahora no sólo el hijo y el hermano están desaparecidos, sino también sus ingresos.
Ahora es Ricky (nombre cambiado por razones de seguridad) quien cuida de la familia. Le da a la madre un cuenco de arcilla negra con arroz. Este hombre de 61 años ayuda a las víctimas de la guerra contra las drogas en nombre de la iglesia. Podría haberse convertido fácilmente en una víctima. “Solía traer las drogas, ahora traigo arroz”, se ríe mientras su teléfono celular suena varias veces. Cuando tenía un nieto, quería cambiar su vida. “Tal vez Dios me invitó a quedarme aquí para poder marcar la diferencia”, dice.
De adolescente fumaba marihuana, tomaba ‘sedantes’, hasta que se extendió el Shabu, ‘la cocaína de los pobres’. “Es un refuerzo y en las Filipinas hay mucha gente pobre que necesita algo para ayudarse a sí misma”, dice Ricky. Trabajó como pintor, con sus amigos pintó el centro comercial por la noche, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, con la ayuda de Shabu. La droga también empuja a los trabajadores de la construcción, conductores de rickshaw, empleados del callcenters, estudiantes e incluso abogados a resistir durante horas. Cuando él todavía estaba negociando, los clientes de Ricky incluían contadores y empleados del gobierno.
Bagong Silangan está rodeado de urbanizaciones ricas cuyos habitantes compran sus drogas en los barrios bajos. “Todo el mundo toma Shabu, pero sólo los pobres son asesinados”, se enfada Ricky. “Con los pobres, simplemente abren las puertas de las casas porque saben que no pueden resistir, que no tienen valor para luchar por su justicia y su dinero”.
La guerra contra las drogas no es una solución, sólo una estrategia de choque: “Duterte mata a los traficantes y a los usuarios de drogas para disciplinar a los demás”, dice Ricky. ¿Pero, hay algo que realmente esté cambiando? Una cosa es segura: en lugar de estar en el camino abierto, la gente está haciendo negocios en secreto ahora. “Hasta hoy hay tanta oferta y tantos drogadictos, y en la policía hay muchos que protegen el tráfico de drogas”, dice Ricky. Tal vez Antonio B. también se había convertido en la perdición que conocía de los negocios de drogas sucias de la policía o de los políticos, sospecha.
A veces sólo hay una razón para el asesinato: los policías tienen que cumplir cuotas, reciben una recompensa cuando matan –incluso ciudadanos inocentes son posteriormente puestos bajo la influencia de drogas o armas. En su discurso a la nación en julio de 2018, el presidente Duterte anunció que la guerra contra las drogas continuaría: “La guerra está lejos de terminar”, amenazó. “Será tan implacable y disuasivo como el día que empezó”.
El poder judicial está sobrecargado y es lento, muchos abogados no quieren representar a las familias de las víctimas porque los casos son demasiado explosivos. “El clima de miedo está afectando a los habitantes de los barrios marginales, que buscan refugio y piden nuestra ayuda porque no saben si son los próximos”, dice Leah Tanodra-Armamento, de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas CHR. “La guerra contra las drogas está totalmente fuera de control porque no sigue la ley”. Las órdenes de Duterte pesan más que las órdenes legales, los sospechosos mueren sin juicio. “Si el presidente dice que más personas deben morir, más mueren”, dijo Armamento. “La policía asesina a los sospechosos y los justifica como una operación policial legítima o en defensa propia”. Una sospecha o acusación de que alguien es un consumidor de drogas es suficiente como sentencia de muerte.
Las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraban a la policía arrastrando a Kian Loyd de los Santos, de 17 años, a un callejón en otoño de 2017. Ahí es donde lo mataron, y después le pusieron un arma en la mano. Decían que era un drogadicto y que se defendió. Kian era un estudiante. “Nadie puede sentirse seguro, el gobierno quiere sembrar el miedo e incluso los niños son tratados como delincuentes”, dice Jay, de 22 años, de Bagong Silangan. Estudia ciencias sociales, se interesa por la política en lugar de las drogas, pero eso no lo protege. “La policía arresta a la gente sin escucharlos”, dice. “Los estudiantes volvían a casa de la universidad a las 11:00 p.m. y los trabajadores de 20 años fueron arrestados sin más razón ni audiencia porque simplemente caminaban a casa por la noche”. La policía impuso un toque de queda en Bagong Silangan.
La familia de Antonio B. evita la oscuridad de todos modos, no salen de la casa por la noche. En cuanto oscurece, la madre se pone nerviosa y cierra la frágil puerta de madera. El perro, que ahora yace a sus pies, debe advertir contra los intrusos. Ayuda un poco que tanta gente se apiñe en la cabaña. “Nos sentimos más seguros cuando estamos juntos, pero el miedo no desaparece”, dice Lenny. “Ya no confiamos en nadie, sólo esperamos que haya justicia para todas estas víctimas en algún momento”.
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