Ramón Salazar Burgos
Analista Político
El modelo actual de democracia en el sistema político en México es el de la democracia liberal o democracia representativa que descansa fundamentalmente en los procesos electivos que se celebran con cada tres o seis años. Conviene recordar que este modelo tiene su origen en la Revolución de independencia de Estados Unidos de 1776 y en la Revolución Francesa de 1779, pues tanto los independentistas estadounidenses como los revolucionarios franceses optaron, frente a otras opciones más democráticas, por un modelo que le garantizará a la naciente burguesía la conservación de sus privilegios de clase dominante.
De los tres poderes en que descansan las repúblicas modernas solo dos son representativos: el Poder Ejecutivo y el Legislativo, siendo éste último el que lo es por excelencia, no solo porque en este órgano se expresa la pluralidad de las opciones políticas que le da voz, de forma más eficiente, a los distintos sectores de la población, sino también porque sus atribuciones legislativas y de contrapeso del Ejecutivo constituyen la relación más importante en el acercamiento de las preferencias de los ciudadanos y sus representantes. La integración del Poder Judicial históricamente ha obedecido a otros criterios, por lo que su legitimación democrática es en todo caso indirecta, al participar en la designación de jueces y magistrados los otros dos poderes.
Sin profundizar en los planteamientos teórico-doctrinarios en los que se apoya la representación política, se puede afirmar que con el arribo del modelo económico neoliberal, en los años setentas, los parlamentos se transformaron en instrumentos de los poderes fácticos dominates o del establisment, por lo que su capacidad de órgano de representación de todos los ciudadanos se vio disminuida considerablemente, al grado de solo representar a minorías que detentaban y siguen detentando el poder económico en cada país, razón por la que, poco a poco fueron perdiendo confianza y credibilidad. Según datos recogidos por el Estudio Mundial de Valores, a partir de la década de los años noventas, la crisis de legitimidad en los parlamentos y partidos políticos se incrementó considerablemente, crisis que coincide con la profundización del modelo económico neoliberal, precisamente en esa década. Los politólogos y economistas que apuntalan este modelo económico, rehuyen asociar la pérdida de legitimidad de los parlamentos y gobiernos con la falta de resultados generalizados por la economía.
En México ésta pérdida de legitimidad se inició con la desregulación de la economía y la acelerada privatización de empresas del sector público que empezó en los años ochentas proceso en el que, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo quedaron atrapados en la dinámica envolvente de los intereses oligárquicos. Por los pasillos de los poderes públicos, pululaban los cabilderos o lobbistas que como representantes de los grupos de interés concertaban, para decirlo de una manera políticamente correcta, con legisladores y políticos la aprobación de leyes favorables a sus intereses económicos. En otras palabras, la representación que al menos en los últimos treinta y seis años han tenido los congresistas o parlamentarios estuvo en gran parte sesgada a favor de los dueños del dinero. Para corroborarlo basta revisar las leyes que en este periodo fueron aprobadas.
A partir del pasado mes de julio entre los opinadores y comentaristas políticos ha cobrado notoriedad el debate en torno a qué tipo de democracia debe prevalecer en nuestro régimen político; si debe imponerse la democracia representativa, la democracia directa o una combinación de ambas. Los que están a favor del régimen que prevaleció en los últimos treinta y seis años, con el entusiasmo generado tal vez por los recursos públicos que recibían sus medios a través de la publicidad gubernamental o través de los que ellos directamente recibían como corifeos del poder, defienden la prevalencia de la democracia representativa, tal cual la conocemos actualmente, es decir, que los ciudadanos solo acudan a votar el día de las elecciones y que después se olviden de participar en el rumbo del país, para que sean los “representantes” elegidos democráticamente los que se encarguen de tomar las decisiones, en beneficio del “interés general de la nación.”
Por otro lado están los que señalan las limitaciones del sistema de representación, como mecanismo democrático, debido a la crisis en que están sumidos los partidos políticos. Quienes defienden la democracia directa, pugnan porque los temas de gran relevancia del país sean decididos por todos los ciudadanos que deseen participar en las consultas a que sean llamados. Estos prefieren una democracia mixta, es decir, que la democracia participativa o directa complemente y acompañe a la actual democracia representativa del Poder legislativo.
A pesar de que la democracia directa, a través de la consulta, está constitucionalizada desde 2014, todavía no se ha realizado ningún ejercicio de este tipo para determinar algún tema de interés general de la nación. En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó todas las consultas que pretendían realizar los partidos políticos. A fines de octubre de este año, la opción política que ganó las elecciones de julio pasado, promovió una auscultación ciudadana sobre la continuación o cancelación del nuevo aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco; ganó la opción de cancelación. Son muchas las grandes obras que se han cancelado sin consulta, en razón de que es atribución del Ejecutivo en turno hacerlo y no se han derrumbado los mercados, como a ello quisieron inducir los cortesanos del poder económico. El ruido mediático que generó la cancelación del aeropuerto que se construía en Texcoco obedeció más a transfondos políticos y a intereses económicos de particulares perjudicados, que a la violación de la legalidad o la supuesta pérdida de reputación en materia de inversión económica del país. Cierto es que la consulta que se realizó no se ajustó a lo que la Constitución y la ley señalan en la materia, porque era imposible cumplir con los términos de legislación actual; pero lo que se hizo tampoco infringió la legalidad.
Se ha anunciado que se reformará la Constitución y las leyes para que la democracia directa acompañe y enriquezca a la democracia representativa. Seguramente los ciudadanos se acostumbrarán a decidir sobre temas de interés general mediante las consultas. Es muy probable que en las siguientes dos décadas los ciudadanos se empoderen de verdad, como debe ser en cualquier democracia. La democracia representativa siempre será incompleta, porque la voluntad soberana y popular jamás puede puede ser representada, por eso la importancia de la democracia directa.
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