Organizaciones del Movimiento de Mujeres en Ciudad Juárez y la Red por la Infancia exigen a las autoridades judiciales que le nieguen al párroco Aristeo Baca enfrentar en libertad el proceso judicial
Convocan a una vigilia para hoy martes a las 19:00 horas en explanada de Ciudad Judicial
La Verdad
Ciudad Juárez – Tras el proceso por violación agravada de una niña que se abrió en contra del sacerdote Aristeo Trinidad Baca Baca, el Movimiento de Mujeres en Ciudad Juárez y la Red por la Infancia exigieron este día a las autoridades judiciales que mantengan al religioso en prisión durante todo el caso judicial.
La petición se lanzó a unas horas de que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra del sacerdote de la parroquia Santa María de la Montaña, programada para este 14 de febrero en los juzgados de Ciudad Judicial, donde este día se convocó a una vigilia a las 19:00 horas.
La denuncia está integrándose desde el 2018, entonces hay pruebas con médicos legistas de que la niña sufrió violación, indicó María Elena Ramos, del Grupo Compañeros, durante la conferencia de prensa.
A su vez, Lydia Cordero, de la Casa Amiga Esther Chávez Cano, dijo que es preocupante la situación de violencia sexual que viven las niñas, niños y adolescentes en el país y que Ciudad Juárez es una comunidad de alto riesgo.
“Chihuahua es un foco rojo de abuso sexual con el mayor número de denuncias ya que registra una tasa de 31 denuncias por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel país es de 13.8” dijo al leer el pronunciamiento del movimiento integrado por Red Mesa de Mujeres, Grupo Compañeros, Organización Popular Independiente, Sin Violencia y Casa Amiga, así como Red por la Infancia.
En el documento los grupos llaman a las instituciones de gobierno, medios de comunicación y comunidad en general a no caer en actos de doble victimización o victimización secundaria, con los cuales se produce un sufrimiento añadido a la hora de investigar el delito, o en el esclarecimiento de lo ocurrido.
Como un ejemplo de esto mencionó la filtración de testimonios que supuestamente constan en el expediente del caso y que han sido ventilados por algunos medios de comunicación.
También urgieron a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescente y a la Comisión estatal de Derechos Humanos, entre otras instituciones, que se realicen las acciones necesarias para integrar un protocolo de actuación que permita otorgar garantías especiales para las víctimas y sus familias.
En conferencia de prensa llamaron a las autoridades para que pongan atención en la vigilancia a organizaciones sociales, religiosas, albergues, hospitales y en general a cualquier institución que atienda o esté en contacto con menores de edad, tan y como ordena la Convención de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, entre otros ordenamientos.
Las organizaciones también hicieron un llamado a las autoridades, así como a las y los ciudadanos a seguir el principio de buena fe, establecido en la Ley de Víctimas, donde se establece que el Estado presumirá la buena fe de la víctima, quien podrá señalar el daño sufrido por cualquier medio legalmente aceptado y probarlo de manera sumaria ante la autoridad administrativa para que ésta la releve de la carga de la prueba; es decir, para que la responsabilidad de demostrar el daño sea una tarea del Estado.
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