Nueve de cada 10 delitos denunciados en Chihuahua siguen sin castigo, un resultado que pone en entredicho la consolidación del sistema penal a más de 10 años de su reforma en el estado
Martín Orquiz
La Verdad/Especial para El Diario
Ciudad Juárez – A poco más de una década de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en Chihuahua, que se anunció como la fórmula para garantizar una justicia expedita, el nivel de impunidad en el estado se ubica en 94.6 por ciento, es decir que más de 9 de cada 10 delitos denunciados sigue sin castigo.
Ese panorama se desprende de una revisión a la información de resultados de los distintos actores del sistema, difundidos por la agrupación México Evalúa, organismo enfocado a evaluar el ejercicio del gobierno en México.
En los datos se exhibe que, a más de 10 años de su implementación, el sistema permanece sin consolidar la realización de investigaciones criminales y confiables que terminen en castigos a los delincuentes en el estado.
Debido a esta situación, Chihuahua logró 563 puntos de los 800 requeridos para alcanzar el nivel de aceptable en el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal elaborado por el organismo, que considera como un nivel ideal que cada entidad alcance 1000 puntos. Hasta ahora ningún estado los ha alcanzado.
Al margen de esas cifras, está la percepción sobre la impartición de justicia que tienen abogados y ciudadanos, quienes enfrentan, dicen, severas deficiencias en la impartición de justicia en el estado.
“El nuevo Sistema Penal Acusatorio es un retroceso en la justicia, a la que está demeritando y envía un mensaje abierto a la delincuencia de que pueden cometer delitos sin recibir castigo”, considera el presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, Javier Peña González.
Para el litigante, el actual sistema acusatorio incumple los tópicos de la justicia y con los procesos como deben ser porque es muy permisivo con los acusados y permite que salgan de la cárcel con facilidad.
“Propugnan mucho el principio de la presunción de inocencia ante la presunta responsabilidad”, explica.
Desde su perspectiva, Juan Ángel Lira Quintana, presidente de la Organización de Abogados Postulantes Individuales, expresa que la instrumentación del nuevo Sistema Penal “ha empeorado todo”.
“Lo veo claramente, los funcionarios tratan de evadir sus obligaciones, el acceso a la justicia queda en meramente discurso, la justicia es sólo para ciertas personas cercanas al poder público, hemos sido víctimas todos de sus atropellos”, expone Lira Quintana.
Ejemplifica su postura con el hecho de que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) exhiben a los presuntos responsables como culpables, pero la mayoría de las veces no pueden probar su culpabilidad porque no tienen la capacidad para hacerlo.
Aunque se solicitó una versión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua y de la FGE en torno a los hallazgos de México Evalúa, las autoridades omitieron hacer comentarios con relación al hecho.
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Uno de los obstáculos para la procuración de justicia es que los sistemas cuenten con personal suficiente de ministerios públicos, jueces o asesores de víctimas en funciones. A este respecto, en Chihuahua se observa una disparidad y rezagos en algunas áreas.
De acuerdo con datos oficiales, obtenidos a través del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 y Proyecciones de Población de CONAPO, en el estado de Chihuahua el número de agencias del Ministerio Público es de 3.9 por cada 100 mil habitantes.
En esa área es superado por 11 entidades encabezadas por Baja California Sur, que tiene la tasa más alta de agencias del MP, con 11.1 por cada 100 mil habitantes.
En cuanto al número de jueces, el panorama es distinto porque los datos muestran que en Chihuahua hay 2.5 por cada 100 mil habitantes, con lo que se ubica en el segundo lugar de las entidades con más juzgadores en activo. Solo es superado por Zacatecas donde hay una tasa de 2.8 por cada 100 mil habitantes, se desprende de los datos publicitados.
Otras de las consecuencias de la falta de consolidación del sistema de justicia son las detenciones calificadas como ilegales por el juez de control, las que en el estado llegaron al 15.3 por ciento, es decir, de cada 20 arrestos tres fueron inconstitucionales.
Asimismo, en el documento, se desprende que del total de los casos presentados ante la sede judicial, en Chihuahua solo tuvo resolución el 50 por ciento a lo largo del 2018, mientras que el resto continúa en trámite.
Durante el mismo lapso, del total de los asuntos que llegaron ante un juez sólo en el 9.9 por ciento (una de cada 10) generaron que se emitiera una sentencia, de esas el 99.3 por ciento fueron condenatorias, se muestra.
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A este panorama que arrojan los números se suma la experiencia de ciudadanos, como es el caso de Ernesto, una víctima de delito que pide resguardar su identidad por temor a represalias de las autoridades, quien considera que “la ley no sirve para nada” dada la experiencia que él tuvo hace un par de años.
Desde su perspectiva no se trata de algo importante, pero lo hizo sentir que el acceso a la justicia es inalcanzable.
Cuenta que le robaron varios artículos del patio de su casa, un vecino le dijo quienes fueron y llamó a la Policía Municipal, pero los agentes le dijeron que tenía que interponer una denuncia en la FGE, así que se dirigió a las oficinas del eje vial Juan Gabriel a cumplir con el trámite. Sin embargo, no ocurrió lo que el ciudadano esperaba.
“Era la madrugada del domingo, no hubo quien nos atendiera porque nos dijeron que había mucha gente con ‘broncas’ más pesadas, que si quería esperar estaba bien, pero no sabían cuánto tardarían”, dice.
Él y sus acompañantes estuvieron en el lugar casi tres horas, hasta que se hartaron y se fueron: “ya traíamos todo, quienes eran y dónde estaban, pero la autoridad no tiene la voluntad de ayudarnos”.
Acerca de la confianza que tiene en el sistema de justicia, Díaz guarda silencio unos segundos y luego responde con un simple “ninguna”.
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Los resultados obtenidos en 2018, 11 años después de la publicación de la Reforma Penal y en un contexto de grandes cambios políticos, hizo urgente la necesidad de evaluar y generar evidencia para una toma de decisiones informada, señala México Evalúa.
A través del Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal se revisaron los conceptos, llamados “condicionantes”, que incluyen ámbitos que ordenan y sistematizan las acciones institucionales que los estados realizaron para consolidar el sistema de justicia penal de acuerdo con su nivel de desarrollo y a su grado de formalización.
En el documento se expone que, entre las condicionantes, deben darse dos niveles de coordinación, uno a nivel nacional y otro institucional de carácter técnico que opera a nivel local; también deben converger otros elementos, como un proceso de planeación integral continuo y público, así como la existencia de sistemas de registro de información.
Además, se revisa la proyección y uso eficiente de recursos financieros y la adecuada y progresiva publicidad, transparencia y participación ciudadana.
Para la medición, se explica, se estableció un estándar mínimo a alcanzar de 800 puntos, pero el ideal es de 1 mil.
Esta forma de revisar mediante la puntuación se inició en el 2016, cuando los sistemas penales debían alcanzar 500 puntos, para el año siguiente el nivel se fijó en 600 y para el 2018 en 800.
El diagnóstico arroja que en el 2018 se observa un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, luego que ningún estado alcanzó el estándar mínimo.
Ante el panorama, el organismo expone que hay dos escenarios: 1) la apuesta por la consolidación del modelo acusatorio, que implicaría atender las brechas de la última década o; 2) asumir como verdadera la narrativa del “fracaso” del modelo y dar inicio con un proceso de contrarreforma.
Déficit genera impunidad
La impunidad, traducida como falta de castigo para los presuntos responsables de los delitos, es un producto de la falla del sistema, señala el abogado Peña González.
La medición del Índice de Impunidad para 2018 muestra que los sistemas penales todavía contienen niveles importantes de ese factor, que en Chihuahua fue de 94.6 por ciento.
“Es de lo que estamos hablando, nosotros los abogados tenemos el mismo estimado, la gente se desalienta cuando ve no resultados de justicia”, añade el representante del gremio.
Es cierto, continúa, que de una forma u otra la Policía hace su trabajo para capturar a presuntos delincuentes, pero cuando llegan al tribunal para el día siguiente ya están fuera: “sinceramente la ley así está, laxa… no hay principio de autoridad que se imponga”.
Sobre el mismo tema, el abogado Lira Quintana afirma que la impunidad es ocasionada, precisamente, por las fallas en la impartición de justicia.
Dice que existe una crítica contante para los funcionarios del sistema de justicia, a quienes no les interesa la verdad histórica, qué fue lo que pasó y se concentran en cerrar los casos, en señalar culpables, pero no llegan a establecer lo que realmente sucedió. De ahí el sistema comienza a estar mal.
Además, existe una sobreexplotación de los investigadores ya que no hay un número suficiente para atenderlos a todas las víctimas.
Relata que algunos de sus representados sufrieron situaciones como que acuden al Módulo de Atención para levantar alguna denuncia, pero los envían al área de Justicia Alternativa aunque se trate de un delito.
“Lo que las víctimas quieren es que la persona que las afectó sea castigada, no buscar un perdón”, menciona. “Acude por justicia, pero se voltean las cosas y resulta que tienen que pedir disculpas en Justicia Alternativa”.
Añade que atendió casos en donde hubo amenazas de muerte y aun así se envió a los afectados al área de Justicia Alternativa; incluso, el personal de la FGE les dijo que no se trataba de un delito y que, en todo caso, demandaran al acusado por la vía civil.
Hace tiempo, continúa, la oficina de ordenes de aprehensión laboraba sólo de 9 de la mañana a 9 de la noche, pero detenían por alguna falta administrativa por la noche o madrugada a personas que contaban con casos pendientes, pero como no había quien los cumplimentara la ordenanza salían libres.
Esa situación se corrigió, pero fue muy dañina para las víctimas de muchos delitos, afirma.
También expone que existe mucha frustración entre el personal del sistema de justicia, aunque si hay gente capaz y eficiente no tiene relación de poder, entonces no figuran, sólo lo hacen los amigos de los poderosos que son beneficiados y les cuidan las espaldas.
“El Sistema de Justicia es lo más importante para la sociedad, para que los ciudadanos estén tranquilos, pero aquí no funciona”, dice.
La media nacional de impunidad es de 96.14 por ciento, pero los estados que presentan los niveles de más bajos tienen cifras superiores al 87 por ciento, determina México Evalúa.
Informa que los estados que tienen los menores niveles de impunidad son Guanajuato, Querétaro, Puebla, Campeche y Baja California, las tasas más altas las tienen Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Tabasco y Baja California Sur.
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