Gerardo Cortinas Murra
En el artículo 123 del Pacto Federal se plasma el derecho humano de toda persona a gozar de un trabajo digno y socialmente útil; así como el derecho fundamental de que la remuneración de su trabajo (salario mínimo) sea “suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
En franco desacato a este mandato constitucional, durante décadas el monto del salario fue insuficiente para que los millones de trabajadores asalariados tuvieran la capacidad económica para dar, cuando menos, la más elemental alimentación y educación a sus hijos.
Por ello, cada vez que se daba la noticia del ‘incremento’ del salario mínimo, diversos activistas sociales reprochaban el añejo contubernio existente entre las autoridades federales en materia del trabajo con el sector empresarial al aprobar, año tras año, los montos del llamado ‘salario mísero’. Es decir, era evidente que no les importaba violentar el derecho social a un trabajo digno de los trabajadores, consistente en recibir una remuneración que les permitiera satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, educación, salud y vivienda), contempladas como derechos sociales en el Art. 4º constitucional.
Por tal motivo, la mayoría de los analistas políticos reprochaba el escaso crecimiento económico del país por tener como sustento el sacrificio de la clase trabajadora (con la abierta y descarada complacencia del sindicalismo ‘charro’).
Pero, además, no solo constituía la principal causa de la inseguridad pública y de la degradación cultural que ha padecido la sociedad mexicana; sino también fomentó la emigración de miles de mexicanos hacia los Estados Unidos.
En efecto, en materia de inseguridad pública, nadie podrá negar que el ‘salario mísero’ que percibe la clase trabajadora en México genera, de manera cotidiana, la proliferación de delitos, especialmente de índole patrimonial y sexual; y más, cuando estos delitos gozan de una total impunidad.
En el aspecto educativo, la nula educación de millones de jóvenes mexicanos los hace más proclives a caer en las garras del vicio a muy temprana edad. Paralelamente, las masivas promociones del consumo de bebidas alcohólicas, las cotidianas escenas de sexo explícito de las porno-telenovelas que difunden Televisa y Canal Azteca, el fácil acceso a sitios porno en internet, entre otros factores, han coadyuvado para que nuestros hijos busquen, en el consumo de las drogas y el alcohol, los ‘valores’ que hagan más soportable su frustración familiar y social.
Hoy en día, la problemática migratoria nacional e internacional constituye un grave problema para los países involucrados. Su crecimiento exponencial deriva, sin duda alguna, de la falta de oportunidades de trabajo y de los míseros salarios que ofrece el sector empresarial en los países subdesarrollados.
Ahora bien, hace unos días el presidente López Obrador anunció el segundo incremento al salario mínimo, cuyo monto para el año 2020 será la cantidad de 123 pesos. Sin embargo, este abrupto incremento al salario mínimo genera un ‘daño colateral’ a millones de trabajadores mexicanos que perciben sueldos superiores al nuevo salario mínimo.
Por consiguiente, surge la siguiente interrogante: ¿este incremento beneficia a todos los trabajadores asalariados? Por desgracia, la respuesta es un rotundo NO.
Tratemos de explicarlo con un sencillo ejemplo: a partir de enero próximo, el sueldo mensual de un trabajador asalariado que reciba como pago un salario mínimo, no rebasará los 4 mil pesos. En cambio, otro trabajador, que percibe 9 mil pesos de salario mensual, no se beneficiará con motivo de este incremento.
En comparación al valor del salario mínimo del 2019, este trabajador ganaba el equivalente a 3 veces el salario mínimo; pero partir de enero del 2020, tan solo recibirá poco más de 2 salarios mínimos.
Lo anterior, significa que, proporcionalmente, todos los trabajadores asalariados cuyo sueldo es superior a un salario mínimo, a partir de enero ganaran menos en comparación al monto del nuevo salario mínimo; en otras palabras, este brusco incremento traerá consigo que millones de trabajadores asalariados con sueldos superiores al mínimo, vean mermados su poder adquisitivo.
Aún recuerdo la declaración vertida algunos años por el presidente de la CANACO local: “El salario mínimo no existe en Chihuahua, solo es un referente, nadie trabaja aquí por 79 pesos, es muy raquítico, siempre hemos pugnado por mejorar los salarios mínimos en base a la productividad”.
Al respecto, diversos economistas sostienen que “para evitar distorsiones significativas sobre el mercado laboral”, al autorizarse un incremento al salario mínimo, deben evitarse “incrementos salariales generalizados desligados de las condiciones de la economía, de manera que no se incremente la inflación ni se afecte el funcionamiento del mercado laboral y de la economía en general”.
¡Lástima Margarito…!
