Asaltos, robos, narcomenudeo o asesinatos son los delitos en los que más se ven involucrados los menores detenidos en Ciudad Juárez, que de enero a noviembre suman un total de mil 300, de acuerdo con datos de la Fiscalía
Martín Orquiz
La Verdad
Ciudad Juárez – Sentado en la orilla de su cama, José cuenta que hace dos años fue integrante de una pandilla; junto con sus cómplices cometía robos armados y estuvo a punto de involucrarse en un asesinato, pero ‘la casualidad’ se interpuso y finalmente no participó en ese acto.
La familia del adolescente de 17 años comenta que fueron muchos meses de acompañamiento para lograr apartarlo de “los malandros” que lo usaban para cometer delitos porque “lo tenían amarrado” con regalos como tenis y teléfonos celulares.
Al pasar las semanas, sus “amigos” le pidieron retribuir los obsequios “ayudándoles” con algunas tareas, tales como transportar pequeñas cantidades de drogas, armas cortas y manteniéndolos informados de los movimientos de varias personas.
“Primero los hacen sus amigos, pero luego los malean y los hacen hacer lo que ellos quieren, si no los matan”, comenta Refugio, la madre de José.
Las pandillas que trabajan para organizaciones delincuenciales que operan en la ciudad utilizan diversas estrategias para reclutar y servirse de los adolescentes, aprovechando que la ley contempla condenas no mayores a los cinco años de prisión para quienes son menores de 18 años, coinciden especialistas en el tema.
Además, la mayor parte de los procesos que se abren en contra de este sector de la población terminan en suspensión del proceso a prueba, a través de un procedimiento abreviado; los menos, en juicio oral.
Al igual que José otros también han logrado liberarse de grupos que los seducen para delinquir, aunque no todos lo consiguen y menos pueden evadir la ley o una sanción por sus actos.
De acuerdo con datos proporcionados por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), mil 300 menores de edad fueron arrestados por la comisión de un delito y enfrentaron un proceso judicial de enero a noviembre del 2019, es decir, unos 118 por mes.
La gran mayoría comete robo o asaltos, aunque también son detenidos por narcomenudeo y, los menos, por delitos graves, como el homicidio, se informó sin proporcionar los datos desglosados conforme a la imputación presentada contra ellos.
El problema, establecen autoridades e integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan con ese sector de la población, es que los adolescentes son seducidos con facilidad a través de obsequios, drogas y, finalmente, forzados con amenazas para que sigan desplegando actividades ilegales.
“Se trata de situaciones relacionadas con la aspiración que tienen los jóvenes; es decir, quieren tener calzado o ropa que no se pueden costear, se las regalan o les dan dinero para que la compren y así los enganchan”, explica un funcionario de la FGE, quien pide la omisión de su identidad debido a que no está autorizado para hablar de forma pública. De manera oficial, la corporación no se pronunció sobre el tema.
Los delincuentes, explica Ana Margarita Luna Flores, socióloga y responsable del área de documentación y análisis de la Organización Popular Independiente (OPI), se vuelven personas de confianza de los adolescentes en colonias populares. Esa relación no tiene un impacto positivo.
Entre necesidades y el acoso para delinquir
María es una adolescente que vive en la colonia Felipe Ángeles, ella vivió en carne propia el acoso de los reclutadores de jóvenes para actividades ilícitas.
“Se acercan a las escuelas, o en los barrios, a veces van hasta tu casa a buscarte, son personas que te regalan cosas, drogas, pero luego te hacen que hagas cosas malas”, dice la estudiante de 16 años residente del poniente de la ciudad donde grupos civiles estiman residen unos 160 mil menores de edad.
A ella le ofrecieron comprarle zapatos y ropa, hasta un celular, si accedía a “ayudarlos” con la transportación de droga, dice. Aún con miedo, asegura, rechazó la oferta.
Muchos de sus amigos, en cambio, sí cayeron.
“Tengo compañeros que sí les hicieron caso, pero a ellos les daban mariguana y ‘pilas’ (metanfetaminas), con eso ya hacían lo que querían… los corrieron de la escuela y ahora andan de ‘malandros”, dice.
Así comenzó José una vida llena de conflictos. Sus amigos comenzaron regalándole droga, cuando ya estaba “enganchado” se la cobraron, como no tenía dinero, le dijeron que tenía que “trabajar” para ellos.
“Le ‘pegué’ (asalté) a negocios, yo con otros, pero el dinero no era todo para nosotros, nos pagaban con droga”, menciona con la mirada clavada en el suelo, mientras su madre permanece a su lado, le coloca una mano en la espalda y comienza a llorar.
Duró meses en esas circunstancias, hasta que le dijeron que tenía que ayudar a “tirar” (asesinar) a una persona, se iba a encaminar a cumplir la encomienda cuando le cambiaron de tarea, había que llevar droga a un “punto” (lugar de venta).
“Ahí si me dio miedo, fue cuando me rajé”, menciona en voz baja.
Su familia, que ya sospechaba de sus actividades ilícitas, optó por cambiarse de domicilio y, por lo pronto, no va a la escuela pues temen que lo encuentren y le quiten la vida por desertar.
Mary y José pidieron mantener en secrecía su identidad debido a que tienen miedo de represalias.
Trabajadoras sociales de distintas organizaciones civiles comentan, también a condición del anonimato por temor a represalias, que detectaron que los grupos delincuenciales utilizan diferentes estrategias para reclutar a adolescentes.
“Les dan dinero, tenis, celulares, ropa, todo lo que los menores quieren tener, pero que no pueden, a veces también les dan droga, mariguana y éxtasis principalmente”, manifiesta una de las entrevistadas que solicitó ser identificada sólo como Marina.
Otra profesionista, que pide no ser mencionada por nombre, expone que trabaja con varios casos de familias en los que hasta dos o más de sus adolescentes fueron captados a través de regalos.
“Los invitan a fiestas, les dan dinero o los objetos que quieren, como celulares, pero después se los cobran, al principio no, pero luego sí y los amenazas con matarlos a ellos y a su familia si no obedecen”, cuenta.
Silvia, otra trabajadora social entrevistada, da a conocer que los adolescentes son fáciles de engañar, los convencen de que no les va a pasar nada, pero se equivocan. Pueden terminar en la cárcel o muertos.
“Es una situación muy difícil para las familias, están desesperadas porque no reciben ningún tipo de ayuda oficial”, explica.
Pocos llegan a tribunales
De los mil 300 menores detenidos en los últimos 11 meses acusados de algún delito, únicamente llegaron ante un tribunal 598, es decir el 46 por ciento de ellos, se desprende de datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Chihuahua.
La situación de poco más de la mitad de ellos se resolvió ante un agente del Ministerio Público, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Chihuahua.
Aunque la cifra puede considerarse alta, es menor a la cantidad de adolescentes presentados ante un Tribunal para menores el año pasado, cuando de enero a noviembre sumaron 704.
El total de acusados en todo el 2018 fue de 738 personas menores de 18 años, de los que solo 470 hombres y 27 mujeres recibieron la vinculación a proceso, indica la estadística oficial.
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“Hemos escuchado casos en los que buscan específicamente a adolescentes de 13, 14 o 15 años para que hagan la función de repartir, vender o trasladar (droga), parecieran de bajo perfil, pero los introducen más a ese campo (de la ilegalidad)”, menciona Luna Flores, de OPI organización que realiza trabajo con adolescentes en diversas colonias de la ciudad.
Los integrantes de la OPI trabajan incluso en sectores donde hay grupos establecidos que se dedican a vender droga, pero cuando realizan su labor de prevención los narcomenudistas prácticamente desaparecen, añade.
Realizan sus actividades en 10 colonias de la zona poniente y norponiente, donde consideran que existe un mayor riesgo para los menores de edad, como Felipe Ángeles, Anapra, Cazadores de Juárez, Gustavo Díaz Ordaz, Plutarco Elías Calles, El Retiro, San Antonio, Santa Rosa, Francisco I. Madero, y Mariano Escobedo.
En esos sectores se atendió a unos dos mil adolescentes, en su mayoría huérfanos de uno o sus dos padres por la violencia en los últimos cinco años, informa. La acción de mitigación del daño se hace a través del Programa Jóvenes en Acción, Cultura, Arte y Deporte.
Aunque a la par de la OPI trabajan otras organizaciones civiles, Luna Flores menciona que son miles los que no tienen acceso a esta herramienta y quedan expuestos a los grupos criminales.
La socióloga añade que las unidades habitacionales donde se detecta mayor peligro para ese sector de la población son Felipe Ángeles, Anapra y Cazadores Juarenses, donde perciben delincuencia, incluso organizada.
Son colonias populares donde prevalecen las calles de tierra entre diques, con insuficientes espacios educativos, áreas verdes y alumbrado público. La activista asegura que esos sectores han tenido el constante abandono de las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes hacen más gasto en infraestructura que en lo social y ha sido una inversión fallida.
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