Tribunal Colegiado declara fundada la queja que promovió el gobierno local en contra de la suspensión provisional otorgada a un ciudadano que tramitó un amparo para que el Ayuntamiento aplazara la discusión de la iniciativa presentada por Armando Cabada, quien propuso eliminar la regulación que mantiene clausuradas estaciones Arco
Gabriela Minjáres
La Verdad
Ciudad Juárez – El Ayuntamiento de Juárez tiene la vía libre para derogar el reglamento que regula la ubicación y operación de las gasolineras en la ciudad, después de que magistrados federales revocaron ayer la suspensión provisional otorgada el jueves pasado a un ciudadano para diferir la discusión de la iniciativa que busca eliminar dicha normatividad.
La eliminación del reglamento permitirá la reapertura de las sucursales que se encuentran clausuradas y suspendidas a la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, Alejandra de la Vega, quien junto con su familia es dueña de la marca Arco en Chihuahua.
El Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito con sede en Ciudad Juárez resolvió por unanimidad declarar fundado el recurso de queja que promovió el Municipio de Juárez por la suspensión provisional que dictó el juez Séptimo de Distrito a favor del ciudadano José Ignacio Castillo Ávalos.
Maclovio Murillo Chávez, secretario del Ayuntamiento, dijo que al resolver la queja identificada con el número 31/2020, los tres magistrados federales dieron la razón al municipio, al considerar que cuenta con las facultades para presentar, discutir, votar y en su caso aprobar o desechar la derogación de la iniciativa propuesta por el alcalde Armando Cabada.
“El fallo fue nada más con relación a la suspensión, un grupo de ciudadanos pidió un amparo, pidió que se suspendiera la presentación, discusión y votación del punto de acuerdo, con este fallo se revoca esa suspensión y se nos otorgan las facultades para seguir llevando a cabo esa discusión, ese trámite”, dijo en conferencia de prensa.
Aseguró que al resolver el recurso que promovieron los magistrados retomaron los argumentos de su queja, que los procesos que realiza el Municipio para crear, modificar o derogar alguna norma son procesos de orden público e interés social, por lo que no se pueden suspender.
Abogados del ciudadano quejoso confirmaron la resolución del Tribunal Colegiado, sin embargo, aseguraron que no se resolvió el tema de fondo porque los magistrados únicamente determinaron que su representado no acreditó su interés para solicitar la suspensión porque solo exhibió documentos en copia simple.
“Esto es contrario a la Ley de Amparo y a la jurisprudencia, puesto que en el la suspensión provisional es suficiente acreditar el interés legítimo con copia simple, toda vez que las copias simples son indicios que deben ser tomados en cuenta”, dijo el abogado, quien pidió no ser identificado por su nombre.
Explicó que con esto ya no tiene impedimento el Municipio para sesionar y derogar el reglamento, aunque insistió que es de manera ilegal y violatoria de derechos humanos.
Cuestionó también que la iniciativa para derogar el reglamento la presentó el alcalde Armando Cabada el 4 de febrero de 2020, cuando ya no se encontraba en funciones debido a que pidió permiso para ausentarse de su puesto y el despacho estaba a cargo del regidor Carlos Ponce.
“Nos sorprende la urgencia del Municipio en derogar el reglamento, parecería como que la única forma de hacerlo es ante la ausencia de Armando Cabada. Lo que nosotros peleamos es el respeto a la ley y a las autoridades, sin favorecer a un grupo o a otro, donde todos tengan los mismos derechos y obligaciones”, subrayó.
Maclovio Murillo descartó que con la eliminación del reglamento se busque favorecer a Alejandra de la Vega y sus gasolineras, porque el propósito fundamental es provocar la libre competencia en beneficio de la comunidad y además adecuar el marco jurídico local con el federal que regula los hidrocarburos.
“Se está proponiendo la derogación para beneficiar a la sociedad en general y, obviamente, de forma indirecta, se va a beneficiar todo aquel particular, empresa o sociedad o lo que sea que tenga posibilidad de poner una gasolinera, no va destinado a ninguna persona en lo individual ni a ninguna empresa tampoco, va para todo mundo”, sostuvo.
El funcionario mencionó que una vez que sean notificados de manera oficial de la resolución de la queja, el Municipio va a determinar cuándo reiniciarán la discusión de la iniciativa para eliminar el reglamento.
El abogado de los quejosos agregó que aún falta que se resuelva el caso en definitiva, además de la denuncia que presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del Ayuntamiento de Juárez, por la presunta violación de sus derechos humanos en materia de participación ciudadana porque no fueron citados por los regidores para resolver la iniciativa que presentaron el año pasado y este lunes decidieron desecharla.
La propuesta de Cabada para eliminar el reglamento que regula las gasolineras en la ciudad se presentó en medio de un conflicto legal que mantiene enfrentados a empresarios gasolineros desde hace más de dos años.
El reglamento establece que debe haber un límite de entre 1.2 y 1.7 kilómetros entre las gasolineras de la ciudad para cumplir con estándares ambientales y de protección civil fijados por el Municipio y contemplados también en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.
Esta disposición es la que desde hace más de 200 días mantiene cerradas al menos siete gasolineras de los De la Vega, todas de la marca Arco, así como una de Operaciones y Servicios de Juárez, propiedad de Armando Herrera Burciaga, Eloisa Burciaga Medina Herrera y Rubén Herrera Herrera.
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