Con 15 votos a favor y dos en contra, regidores abrogan el ordenamiento que estaba vigente desde 2005 y por el que la empresa de Alejandra de la Vega y su familia se ampararon para evitar su aplicación
Gabriela Minjáres/Rocío Gallegos
La Verdad
Ciudad Juárez – El Ayuntamiento de Juárez aprobó ayer la eliminación del reglamento que regula la ubicación y operación de las gasolineras en la ciudad, con lo que le abre el paso a Alejandra de la Vega y a su familia para que reabran las sucursales Arco que se encuentran clausuradas.
La iniciativa presentada por el alcalde Armando Cabada fue aprobada por 15 votos a favor y dos en contra de los regidores de Morena, en sesión extraordinaria de Cabildo convocada este jueves después de que la semana pasada un juez federal la frenó por un amparo que promovió un ciudadano.
Casi a la par, desde su posición como secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, Alejandra de la Vega, publicó un video en redes sociales donde asegura que es difamada por un grupo de gasolineros que la acusa de usar su posición en el gobierno para favorecer los negocios de su familia.
“Estoy aquí para aclarar, es una mentira absoluta”, dice en el video de más de cuatro minutos que lanzó en internet justo antes de que el Cabildo iniciaría la sesión extraordinaria donde se eliminó el reglamento que frenó las gasolineras de su empresa.
“He mantenido una distancia sana y una línea muy firme entre mi actividad pública y la actividad empresarial de mi familia”, asegura la funcionaria estatal.
Aunque una investigación periodística de La Verdad, publicada el pasado 7 de febrero exhibió que, al tiempo que se desempeña como funcionaria estatal, su nombre aparece como solicitante en trámites de Almacenes Distribuidores de la Frontera, empresa en la que es accionista, junto con su mamá y sus hermanos –Guadalupe Arizpe y Miriam Guadalupe y Artemio de la Vega–.
Con base a información obtenida en registros públicos y vía transparencia, la investigación muestra que Alejandra ha realizado diversos trámites en beneficio de su empresa, el más reciente de ellos lo hizo en representación del Consejo de Administración de la empresa Inmobiliaria Grupo De la Vega, a través de la cual demandó un amparo en contra del Municipio de Juárez para evitar la aplicación del reglamento que ayer eliminó el Cabildo.
La servidora pública afirma que el asunto de las distancias entre gasolineras no es un tema de protección civil como lo quieren hacer ver Fernando Carbajal, dirigente de la Onexpo Juárez, y otros de sus competidores; sin embargo, les lanzó un reto para que “juntos hagamos una polla para dotar al cuerpo de bomberos de Ciudad Juárez de lo necesario para enfrentar las eventualidades que tengamos en la ciudad”.
Fernando Carbajal Flores, representante legal de Superservicio Cuatro Caminos –una de las empresas que promovieron acciones legales en contra de Almacenes–, dijo que no tenía comentarios sobre el reto que lanzó Alejandra en el video porque no lo había visto.
Sobre la eliminación del reglamento, el también dirigente local de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), consideró que fue un manejo político, porque aseguró que los gasolineros nunca fueron consultados por el Gobierno Municipal sobre la iniciativa del alcalde.
Agregó que analizará con los abogados las implicaciones legales de lo que aprobó el Cabildo y las acciones a seguir; sin embargo, puntualizó que sus declaraciones son como empresario gasolinero y no como dirigente de la Onexpo.
Otros gasolineros que mantienen el litigio en contra de Almacenes no fueron localizados para conocer su opinión sobre la decisión del Cabildo.
Tampoco respondió la solicitud de información José Ignacio Castillo Ávalos, quien hace un año presentó la iniciativa ciudadana para reformar el reglamento municipal y la semana pasada promovió el amparo que frenó temporalmente la discusión para eliminarlo.
El secretario del Ayuntamiento, Maclovio Murillo Chávez, explicó que al abrogar el reglamento este no podrá aplicarse a partir de que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Tampoco se aplicará a las peticiones de licencias, autorizaciones, solicitudes o procedimientos que se encuentren pendientes de resolución.
“Lo que acaba de resolverse es que el Municipio no tiene ya facultades, conforme a la Constitución federal y leyes federales, para regular en forma interna situaciones que le corresponde a la federación. Esta derogación o vamos a decir eliminación del reglamento significa que se están adaptando nuestras leyes a las leyes federales”, explicó.
Aseguró que desconoce el conflicto legal que mantiene confrontados desde hace 29 meses a gasolineros en la ciudad, porque estos asuntos los lleva directamente la Dirección de Desarrollo Urbano y él solo ha intervenido cuando piden informes en juicios de amparo o cuando reclaman algunas cosas al presidente municipal.
Agregó que con la abrogación del reglamento será también Desarrollo Urbano la que se encargará de vigilar el cumplimiento de las leyes aplicables para las estaciones de servicio.
Sobre el criterio que aplicará el Municipio en estos trámites una vez que en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua se especifica que las gasolineras se ubicarán a una distancia radial mínima de entre mil 200 y mil 700 metros, una respecto de la otra, Maclovio dijo eso lo deberá decidir Desarrollo Urbano.
“El secretario no expide los permisos que le corresponde a Desarrollo Urbano, Desarrollo urbano tiene absoluta independencia y autonomía con respecto a la Secretaría (del Ayuntamiento), si en algún momento nos pide opinión técnica jurídica con mucho gusto se la vamos a dar”, mencionó.
Durante la sesión, algunos de los regidores se pronunciaron a favor de la iniciativa para propiciar la libre competencia y beneficiar a los consumidores, mientras que la síndica Leticia Ortega Máynez argumentó que si bien esta acción es necesaria porque la regulación de los hidrocarburos es materia federal, es importante que Desarrollo Urbano vigile que se cumplan todas las normas.
La regidora Laura Yanely Rodríguez pidió modificar el término de derogación por abrogación del Reglamento para la Ubicación y Operación de las Estaciones de Servicios para el Municipio de Juárez, porque lo que la propuesta consistía en la anulación total y no parcial del ordenamiento, lo que fue aprobado por los regidores.
El regidor Magdaleno Silva pidió a los regidores reflexionar su voto, porque no pueden descuidar que detrás de la propuesta existen intereses ocultos y esos generan suspicacias porque se favorece a un personaje.
“No podemos separar el punto de acuerdo de una situación política, no desconocemos, sería mentirnos a nosotros mismos si decimos desconocer que quien pudiera ser favorecida con este punto de acuerdo es una persona que ocupa un puesto en gobierno estatal”, dijo.
Además, desde el inicio de la sesión cuestionó a Carlos Ponce, encargado del despacho en ausencia del alcalde Armando Cabada, si él había citado a la sesión extraordinaria de Cabildo, ya que la convocatoria la firmó el secretario del Ayuntamiento.
Maclovio Murrillo explicó que la iniciativa ya se había listado en la sesión anterior, pero se suspendió porque un juez de distrito concedió la suspensión provisional a un ciudadano que tramitó un amparo en contra de la derogación del reglamento.
Sin embargo, mencionó que el Municipio promovió un recurso de queja que se declaró fundado por tres magistrados federales y revocaron la suspensión, resolución que este jueves fue notificada de manera oficial y por ello convocaron a sesión extraordinaria.
El reglamento eliminado por el municipio estaba vigente desde diciembre de 2005 y sus disposiciones en cuanto a las distancias que debían tener entre sí las estaciones de servicio fueron controvertidas judicialmente por los De la Vega para evitar su aplicación y expandir su negocio gasolinero.
Bajo el argumento de que dicha reglamentación reñía con legislación federal emanada de la reforma energética de 2013, Almacenes logró obtener un amparo en el 2018 para que el municipio le diera los permisos para construir y operar nuevas gasolineras a pesar de que contravenían las disposiciones establecidas.
Ese amparo derivó en más de una docena de asuntos judiciales, algunos llevados hasta a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía General de la República, que a la fecha siguen en proceso.
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