A los exgobernadores se les paga el servicio de seguridad desde que concluyeron su gestión, mientras que a funcionarios estatales activos se le reduce su sueldo como una medida ante la crisis económica por COVID-19, que provocó también cancelación de obras y reorientación del gasto público
Itzel Ramírez
La Verdad
Ciudad Juárez – Desde que dejaron sus cargos, los exgobernadores Patricio Martínez García y José Reyes Baeza Terrazas cuentan con escoltas pagados con recursos públicos por el Gobierno de Chihuahua, de acuerdo con información oficial.
A Martínez García el erario estatal le sufraga el costo de su seguridad desde hace más de 15 años; a Reyes Baeza, desde octubre del 2010, pese a que ambos han seguido activos y con remuneraciones mensuales de cientos de miles de pesos en puestos públicos a nivel federal.
Ese subsidio a los exmandatarios se mantiene aún en medio de la crisis económica causada por la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, que llevó a la administración estatal a reducir el salario al gobernador Javier Corral, las compensaciones a titulares de dependencias, cancelación de obras y reorientación de gasto público.
La información de la Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE) indica que desde octubre de 2004 Patricio Martínez García cuenta con escolta a cargo de la corporación, lo que lo convierte en el exfuncionario que con mayor antigüedad goza de la protección con cargo al Estado.
Sus escoltas están incorporados como agentes estatales, con sueldos y prestaciones cubiertos con recursos públicos.
Los exgobernadores fueron buscados por La Verdad para hablar sobre el tema, pero no respondieron a la petición de entrevista.
Aun cuando la FGE revela que Patricio y Reyes Baeza cuentan con escolta, se negó a dar a conocer cuántos elementos cuidan a los exmandatarios, con el argumento de que dichos datos vulnerarían su seguridad.
Sin embargo, fuentes al interior de la dependencia aseguraron que son entre dos y tres personas los que componen la guardia de cada uno de los exfuncionarios.
Consultada sobre el tema, Francisca Jiménez, coordinadora de la Red por la Participación Ciudadana Chihuahua, expone la necesidad de que la ciudadanía conozca cuántos integrantes de la FGE están destinados a las tareas de custodia de exfuncionarios, actuales servidores públicos, empresarios y otros personajes.
“Esa información es importante sobre todo en un Estado que tiene muchos retos (de seguridad), por ejemplo, en la sierra, donde faltan elementos de seguridad”, considera la activista.
La Fiscalía tampoco da a conocer la erogación por esa prestación, pero se estima que el gasto puede ascender a casi un millón de pesos por año tomando en cuenta los siguientes datos:
Los agentes estatales disponen de sueldos mensuales que van desde los 12 mil 590 pesos a los 17 mil 26 para cada uno de los escoltas asignados, exhibe la información oficial proporcionada.
Considerando el rango mínimo de esos montos de sueldo y únicamente dos escoltas por exfuncionario, se puede estimar que cada año el erario gasta 906 mil 480 pesos para el pago elementos designados a la custodia de Martínez, Baeza y Rocha. Si los elementos de seguridad fueran tres por cada uno de ellos, el gasto total sería de casi un millón 400 mil pesos anuales.
Esa erogación se estima sin considerar el pago de otras remuneraciones adicionales como compensación, aguinaldos, ayudas, primas, entre otras que se entregan a los escoltas estatales.
En servicios de seguridad privada, la renta de un solo escolta con permiso federal vigente para la portación de arma va de los 16 mil 500 hasta los 25 mil pesos, de acuerdo con consultas realizadas a varios negocios del ramo.
El costo se incrementa dependiendo de las horas de trabajo, si se requiere contratar algún vehículo adicional, la actividad de la persona a custodiar, entre otras especificaciones.
La Dirección de Recursos Humanos de la FGE explicó que no existe registro de que esa dependencia haya asignado vehículos ni otro tipo de personal a ningún exfuncionario.
Contaron con escoltas en nuevos cargos
Tras su paso en el gobierno estatal, los dos exgobernadores continuaron su participación en otras esferas de la administración pública con seguridad con cargo al erario de Chihuahua.
Martínez García ocupó la gubernatura estatal de 1998 a 2004. Ocho años después fue electo senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional para el periodo 2012-2018.
Como integrante del Senado, Martínez gozó de salarios mensuales que aumentaron de 121 mil pesos en 2012 a 164 mil para el término de su encargo legislativo, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Manual de Percepciones de las Senadoras, Senadores, Servidoras y Servidores Públicos de Mando, y la información relativa al capítulo de Servicios Personales consultados para el periodo mencionado.
Además, Martínez García tuvo prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, aguinaldo equivalente a 40 días de dieta, apoyos para asistencia legislativa, para atención ciudadana y para traslado.
Ninguna de esas remuneraciones fue suficiente para que el exgobernador optara por pagar su propia seguridad, pues de acuerdo con información de la FGE, el servicio de escoltas no se ha interrumpido desde 2004.
Gobernador de Chihuahua de octubre de 2004 a octubre de 2010, José Reyes Baeza Terrazas obtuvo al término de su mandato la correspondiente asignación de agentes de seguridad pertenecientes al servicio público de Chihuahua.
Dos años después de finalizada su gubernatura, en diciembre de 2012, el priista volvió a la administración pública, ahora a la federal, como vocal ejecutivo del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Posteriormente, en 2015, ocupó la titularidad del ISSSTE.
El Tabulador de sueldos y prestaciones de los servidores públicos de confianza de la Secretaría de la Función Pública y la declaración patrimonial de Baeza Terrazas indican que en cada uno de esos puestos el salario mensual fue superior a los 164 mil pesos, además de las prestaciones.
En enero de 2018 el exgobernador renunció a la dirección del ISSSTE para contender por un escaño en el Senado de la mano de su partido y en fórmula con
Georgina Zapata Lucero; los candidatos del PRI perdieron ante Morena, que se quedó con dos senadores por mayoría, y el PAN, que ocupó la primera minoría con Gustavo Madero.
Además de los exmandatarios, Pablo Ernesto Rocha Acosta, exdirector general de la extinta Policía Estatal Única, también cuenta para su protección con escoltas dados de alta como agentes en la Comisión Estatal de Seguridad chihuahuense.
Rocha Acosta tiene el servicio de custodia a partir de octubre de 2016, al término de su encargo en el sexenio de César Duarte Jáquez.
En el caso de Rocha Acosta, los registros muestran que en su carácter de exfuncionario ha mantenido su escolta desde que finalizó su puesto como director de la Policía Estatal Única.
Sobre este gasto en exfuncionarios estatal el plan de ‘ajuste al cinturón’ que anunció el gobierno de Corral para hacer frente a la expansión del coronavirus no contempla modificación y, de acuerdo con fuentes consultadas, las escoltas se les mantiene.
Instauró Patricio seguridad para exmandatarios
Cuatro meses antes de que se finalizara su periodo, Patricio Martínez emitió el Reglamento del Grupo de Seguridad del Gobierno del Estado, instrumento que regula precisamente la protección pública que ha de darse a funcionarios, visitantes y exfuncionarios de Chihuahua.
El 9 de junio de 2004, Martínez García emitió el reglamento, que fue publicado el 2 de octubre del mismo año en el Periódico Oficial del Estado, por lo que entró en vigor apenas dos días antes de que dejara la gubernatura.
El artículo 4 del reglamento –que por su jerarquía dentro del orden jurídico no requiere de aval del Congreso–, señala que el Grupo de Seguridad tendrá entre sus obligaciones la de “garantizar la seguridad del gobernador del estado y de su familia; de los Mandatarios y funcionarios extranjeros que visiten el Estado de Chihuahua; de los exgobernadores del Estado y de otras personalidades que por la importancia de su encargo o encomienda, expresamente ordene el titular del Ejecutivo Estatal; así como proporcionar el apoyo logístico inherente a las actividades anteriores”.
El grupo, se añade, tendrá coordinación con las instancias federales, estatales, municipales e incluso con los particulares que se requiera para el desempeño de sus funciones.
En los considerandos del reglamento se hace referencia a la necesidad de blindar la seguridad de los altos funcionarios por diversos factores, principalmente por las actividades de la delincuencia organizada.
Nuestro territorio se ha visto impactado por conductas delictivas íntimamente relacionadas con su posición geográfica fronteriza; una de ellas, y la principal de todas, ha sido el narcotráfico en sus diversas ramificaciones.
“… se hace necesario crear en los términos de la normatividad existente, un cuerpo de seguridad a efecto de que brinden protección a gobernantes, diplomáticos y personalidades diversas, de manera tal que se garantice su integridad física y patrimonial, aspecto que será bajo la discrecionalidad que cada caso concreto así lo amerite”, se lee en el acuerdo.
A la luz de los años que tiene de vigencia el reglamento, considera Francisca Jiménez, se requiere de un análisis de los términos y criterios que permiten la asignación de seguridad pública para políticos.
“Es cierto que vivimos en una situación de grandes retos en el tema de seguridad, pero por eso hace falta seguridad y transparencia en el uso de recursos de la Fiscalía. Se tendría que revisar ese reclamento para evaluar a quién se le da seguridad, cómo, porqué”, afirma.
Ambos exgobernadores fueron contactados para entrevistarles sobre la prerrogativa de la que gozan, sin embargo, ninguno de los dos contestó a la petición.
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