Giran orden de aprehensión contra ex secretario de Seguridad Pública en Tijuana y Ciudad Juárez, por el delito de tortura contra policías municipales; Fiscalía de Baja California gestiona su búsqueda a través de la Interpol
Tijuana – El ex secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana –y Ciudad Juárez, Chihuahua – Julián Leyzaola Pérez, es considerado un “prófugo de la justicia” para la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, la cual obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura.
“Lógicamente es un prófugo de la justicia. Es buscado por autoridades policiacas, a nivel nacional y estamos buscando pronto tener una tarjeta roja para buscarlo a través de la Interpol”, dijo hoy el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández.
A Leyzaola se le acusa de haber participado en la detención arbitraria y tortura contra cuatro policías de Tijuana, cuando se desempeñaba como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración panista de Jorge Ramos Hernández.
El pasado 19 de mayo, en la página de Facebook de Leyzaola, tras hacerse pública la versión de la solicitud de una orden de aprehensión en su contra, publicó: “tratan a toda costa de evitar esa contienda; primero fue Carlos Bustamante, luego el patas, después Kiko Vega y ahora este gobierno de pillos que como es costumbre tratan de acomodar la ley a sus intereses”.
La acusación contra el también dos veces candidato a la alcaldía de Tijuana está relacionada con la recomendación 10/2011 emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California en 2011.
Ruíz Hernández explicó que los trabajos para dar con su localización y capturarlo están a cargo de la Guardia Estatal de Seguridad e Inteligencia (GESI).
“Lo están buscando, ya se giró una alerta migratoria. Los últimos informes que me han reportado es que ese trabajo de inteligencia está muy avanzado y pronto tendrá que responder a la justicia por los ilícitos de los que se le acusa el ministerio público”, detalló.
El lunes 8 de junio, la juez Tercero de lo Penal dictó auto de formal prisión para el ex director de la Policía de Tijuana, Gustavo Huerta Martínez, quien es imputado por el delito de tortura en el mismo caso que quien fuera su superior, Julián Leyzaola Pérez.
Sobre la etapa del proceso judicial que Huerta enfrenta, el titular de la FGE explicó que tanto la defensa como la Fiscalía deberán aprobar pruebas para sostener sus alegatos.
“Lo cierto es que en su declaración preparatoria aceptó que las víctimas sí fueron objeto de tortura”, destacó.
Ruiz Hernández detalló que la institución ya había sido señalada por instancias de Derechos Humanos por no investigar las denuncias por tortura.
“Todo lo relacionado con tortura lo vamos a investigar, creamos una fiscalía especializada que está integrando las carpetas. No es posible que las personas que cometieron esas violaciones anden en la calle circulando, ya sea por una protección policiaca o política”, afirmó.
El coronel solicita amparo, subalterno se entrega
Leyzaola Pérez solicitó un juicio de amparo en contra una orden de aprehensión, según pudo conocer PUNTO NORTE tras una búsqueda en los registros de los juzgados federales.
El juicio de amparo indirecto radica en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana y fue presentado el 28 de mayo.
En tanto, Gustavo Huerta Martínez, quien está acusado junto a Leyzola Pérez por tortura y a quien se le giró una orden de aprehensión, se entregó voluntariamente en las instalaciones de la Fiscalía este 5 de junio y fue ingresado a la Penitenciaría para ser presentado por un juez.
La juez Tercero de lo Penal, Cecilia Maciel López declaró auto de formal prisión a Huerta Martínez como probable responsable del delito de tortura.
Este 8 de junio, la defensa del ex director de la Policía Municipal presentó los alegatos ante la juez, en los cuales señalaron que Huerta Martínez solo presenció los actos de tortura cometidos por Julián Leyzaola Pérez, quien era su superior como secretario de Seguridad en 2009, cuando se les acusa a ambos del delito.
De ser capturado Leyzaola, quien también cuenta con una orden de aprehensión por el mismo caso, es probable que ambos sean careados para que confronten o corroboren sus versiones de los hechos.
Tras negarse a contestar preguntas del ministerio público Huerta fue citado a una segunda audiencia el lunes 8 de junio, en la cual la juez determinó que el militar en retiro permanecerá recluido mientras lleve el proceso en el juzgado.
Por lo que la juez giró una orden para notificar al director del Centro de Reinserción Social (Cereso) que Huerta Martínez continuará privado de la libertad hasta que concluya el proceso judicial.
La tortura
El caso por el que se le acusa a Huerta y Leyzaola data de noviembre de 2009, cuando un grupo de 25 policías municipales de Tijuana fueron arraigados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en las instalaciones del 28 Batallón de Infantería.
Según los testimonios de los agentes, Huerta Martínez los trasladó y participó en actos de tortura junto a Julián Leyzaola Pérez para hacerlos confesar estar involucrados en actividades ilícitas.
Sin embargo, el ex director de la corporación municipal reconoció que quien fuera entonces secretario de Seguridad Pública Municipal sí cometió tales actos como bofetear, patear y dar puñetazos a los policías, así como intentar ahogarlos con una bolsa de plástico y un trapo de agua para que confensaran los delitos de los que eran acusados.
Ya que se trata de un caso iniciado en marzo de 2010, cuando Blanca Margarita Mesina Nevarez, hija del policía municipal Miguel Ángel Mesina López, uno de los detenidos, levantó la denuncia penal ante la entonces PGJE, se lleva bajo el tradicional sistema de justicia penal.
Es por ello que, al quedar vinculado a proceso, lo que significa que los alegatos de la defensa no tuvieron el peso suficiente en esta segunda audiencia para comprobar su inocencia, Huerta continuará en prisión conforme se desarrolle el proceso penal y la juez determine si es culpable o inocente de los actos de los que se le acusa.
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