A través de un contrato de servicios, ONU Habitat y Fonatur firmaron un acuerdo de apoyo sustantivo y técnico para definir parámetros y estrategias en la ejecución del proyecto; surgen inconformidad de habitantes de zona por donde trazan la ruta Tren Maya.
Texto: Daliri Oropeza / Pie de Página
Fotos: ONU Habitat y Cortesía Tres Barrios
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la agencia internacional ONU Habitat firmaron un contrato de prestación de servicios por 5 millones 500 mil dólares. En el, la agencia internacional se compromete a dar “apoyo sustantivo y técnico” en la definición de los parámetros y estrategias necesarios para el Tren Maya. Lo nombraron: Acuerdo de contribución.
Al tipo de cambio del 8 de junio, la cantidad equivale a 118 millones 772 mil 170 pesos mexicanos. El contrato abarca los cinco estados involucrados en el tren: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.
Firmaron el documento el 20 de mayo del 2019. Tiene vigencia hasta mayo del 2021. Su objeto es la “Contribución para ejecutar el proyecto denominado ‘Desarrollo integral territorial y urbano de la región sureste de México-corredor regional Tren Maya’”.
En las obligaciones que estipula el contrato de servicios, marcan las modalidades de pago de Fonatur como contribución a ONU Habitat, las cuales dividen en tres. El organismo gubernamental dio una contribución en 2019 de 2 millones 330 mil dólares. En 2020 es de 1 millón 966 mil dólares. El próximo año será de 1 millón 204 mil dólares.
En el contrato, ONU Habitat restringe el uso de su identidad. Detalla: “En ninguna circunstancia se otorgará autorización con fines comerciales o para un uso que en cualquier forma sugiera el respaldo, por parte del ONU-Habitat, al FONATUR (de) sus productos o servicios”.
A esto, suma que el emblema de la agencia internacional o su nombre no pueden estar asociados con ninguna causa política ni ser utilizado “de manera inconsistente” por la “neutralidad del ONU-Habitat”.
Respuesta de ONU Habitat
Pie de Página entrevistó a la oficina de ONU Habitat sobre el lugar donde reubicarían a las familias que están en el contorno de la vía férrea, o qué tipo de vivienda les ofrecen. Respondieron que “está decisión no la tomará ONU-Habitat, sino Fonatur”.
La agencia aseveró que «en todo el mundo, ONU-Habitat opera mediante acuerdos con los gobiernos del país para implementar acciones conjuntas -con el propio Gobierno-, sin obtener ganancias y asegurando que todos los recursos se destinan íntegramente a los proyectos. (…) Desde que se fundó en 1978, ONU-Habitat trabaja en más de 70 países con esquemas similares al que rige su trabajo en México, donde opera desde 2004 con proyectos en la mayoría de los estados».
Pie de Página consultó a la ONU Habitat si firmar contratos con los gobiernos federales es un mecanismo usual de la ONU y si es la primera vez que firman uno con México, a lo cual no respondió.
En noviembre y diciembre del 2019, el gobierno federal realizó un “ejercicio participativo” con fases temporales de etapas informativas y de consulta en los cinco estados que involucra el proyecto.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que el Fonatur proporcionó información parcial e incompleta. Y sólo expuso los supuestos beneficios del megaproyecto sin evocar potenciales negativos.
También resaltó que el gobierno no cuenta con los estudios sobre los impactos del megaproyecto o no los ha difundido. Dijo que “las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta”.
La falta de información sobre los impactos del proyecto es una denuncia contante en los cinco estados.
La inconformidad en Campeche
De los tres estados que conforman la península del sureste, Pie de Página tiene registrada actividad de ONU Habitat en Campeche.
Los habitantes de esta ciudad a la orilla del mar acusan que es un atropello que las autoridades federales y estatales aún no les muestran cómo sería el proyecto del Tren Maya completo. Lo solicitaron a la agencia internacional en las diversas citas que han tenido. Sin embargo, narran que en las citas que han sostenido con los representantes, éstos han negado tenerlo.
Integrantes del colectivo Tres Barrios relatan que no les han dicho, ni las autoridades ni ONU Habitat, qué casas o barrios tendrían que ser reubicados. Tampoco les han explicado cuántos metros son de derecho de vía. Actualmente las casas se encuentran a una distancia entre 3 y 7 metros del tendido ferroviario.
De acuerdo con las estimaciones del colectivo Tres Barrios, son por lo menos 300 propiedades las que están en el paso del tren y están en riesgo de desalojo. Denuncian que integrantes de ONU Habitat solo pasaron en plena pandemia por sus barrios a censarlos.
Hay familias que viven en esas tierras antes de que pusieran el primer tendido del tren. Estas personas sufrieron el proyecto de extensión ferroviaria durante el periodo de Lázaro Cárdenas (1934-1940) pues les obligaron a ceder los derechos de sus propiedades. Las familias en la ciudad de Campeche lo recuerdan y advierten que no están dispuestos a ceder a la fuerza de nuevo su patrimonio.
Es el caso de Guadalupe Gutiérrez Cáseres, quien heredó de su madre y de su abuela una casa donde viven ella y sus dos hermanas, en un terreno que fue dividido por la vía del tren. Del otro lado de la vía viven su tío y su familia.
“Nos sentimos hostigados por las autoridades y por las visitas de la ONU en pandemia. Este predio perteneció a mis antecesores desde 1893. Hace más de 127 años que nuestra familia ha vivido aquí. No es justo que un proyecto que viene de afuera afuera nos arrebate esto. Mi mamá se iba a levantar a defender su casa, su hogar; aquí nació, aquí creció, aquí se casó. Yo por eso ya me volví una activista”, asegura Guadalupe Cáseres, quien prefiere ser nombrada con su apellido materno por el legado de su madre.
La encomienda
ONU Habitat estuvo en el banderazo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tramo 2 del Tren Maya, que va de Escárcega-Calkiní, con el mapa del país todo en rojos por la pandemia de covid 19.
La licitación de este tramo fue otorgada a CICSA, SA de CV, empresa de Grupo Carso del millonario Carlos Slim, en convenio de asociación con la empresa española FCC Construcción S.A. de la cual Slim es accionista; la cual estuvo involucrada con corrupción de Odebrecht en Panamá.
ONU Habitat comenzó a visitar la región luego de la firma del contrato. En sus cuentas de redes sociodigitales y en sus comunicados incrementaron las publicaciones sobre el megaproyecto en una página especial. Mapas, recorridos, fotografías del estado de las vías. Incluso, aunque no hay trazo oficial todavía, señaló las partes que serían afectadas en la ciudad de Campeche.
En julio de 2019, Fonatur invitó a representantes de diversas organizaciones y comunidades mayas, comisarios ejidales, representantes de ONG, científicos y académicos a una reunión informativa y de diálogo en presencia del director ONU Habitat para la Oficina en México y Cuba, Eduardo López Moreno Romero, y del director general Rogelio Jíménez Pons. La realizaron en Zoh Laguna, Calakmul. Expusieron el proyecto de Comunidades Sustentables. En esa ocasión, Moreno Romero aseveró que “el que no se suba al tren, se lo va a llevar el tren”, documentaron las personas presentes y advirtió que se arrepentirían.
Fue a finales de enero del 2020 que Katia Meave delegada del gobierno federal en Campeche y Xavier García Romero, enlace del Tren Maya, se encargaron de decirle a los vecinos, incluida Guadalupe, que las familias serían desalojadas del trazo. Esta serie de sucesos los ha documentado el colectivo Tres Barrios.
Un mes después, a inicios de marzo, ONU Habitat repartió volantes debajo de las puertas, en las casas y a las personas que se encuentran cerca de las vías del tren, por donde aún pasan las locomotoras de carga.
En el contrato, ONU Habitat acuerda con Fonatur seis ejes temáticos secuenciales para dar seguimiento en el territorio:
- 1. Narrativa del Proyecto: una intervención regional para llevar la prosperidad nacional a la región sureste apoyada con la construcción de evidencia y buenas prácticas,
- 2. Espacios de coordinación e instrumentos para la gestión del territorio,
- 3. Evaluación ex ante de posibles impactos (negativos y positivos) del Proyecto generando bienestar,
- 4. Plan de estructura territorial de la región sureste (corredor regional) desde la perspectiva de reordenamiento y articulación de varias microrregiones y centros urbanos,
- 5. Planeación urbana e instrumentos operativos para los entornos de las estaciones del Tren Maya, y
- 6. Mecanismo de monitoreo. Acompañamiento del proceso y evaluación de resultados
El 30 de marzo, ONU Habitat aseguró que 84 por ciento de las personas con las que ha hablado que viven en los costados de la vía ferroviaria están a favor de una posible relocalización, mientras que el 16 por ciento está disconforme.
Para Guadalupe Cáceres esto es “inaudito”, ya que todos los vecinos con los que se han organizado desde el colectivo no están dispuestos a dejar sus casas, con títulos de propiedad desde antes del primer tendido de las vías.
“El proyecto se está haciendo en las rodillas de las personas. El señor viene a dar banderazo de inicio en varios tramos. Hay que recordar que en Campeche y Chiapas tenemos dos amparos”, denuncia la señora Cáceres.
Pie de Página consultó a distintos vecinos, no todos integrantes del colectivo Tres Cruces. La mayoría dijo que se reunió con ONU Habitat y le expresó su negativa a ceder o abandonar su patrimonio por el megaproyecto. Se mostraron preocupados por el suelo poroso o cártico en el que viven y los accidentes del tren que han acontecido. Un grupo de académicos pidió protección ante la CIDH por el acuífero de toda la península.
Las personas expresan preocupación pues ven que la ONU no da más salidas más que la relocalización. Esta agencia dice que “interrumpió las actividades que estaban previstas en campo”. Pero las habitantes expresan su preocupación:
“Estamos consternados por la forma en que nos quieren desaparecer como barrio. Con tradiciones y costumbres desde años antes de que estuvieran las vías del tren. Es lamentable la forma en que lo están llevando. No hay acercamiento de las autoridades, a decirnos cómo es el proyecto, qué conlleva”, denuncia Carmen Castillo, vecina del barrio Camino Real, un territorio de pescadores en la ciudad de Campeche.
La madre de Carmen tiene problemas con el sistema nervioso y saber de la visita de quienes quieren la reubicación le agravó los problemas de salud. Carmen tuvo que rechazar la visita de la ONU Habitat pues asegura que con ella su madre se pondría peor.
Los vecinos describen que al principio era buena la presencia de esta agencia en el estado. Pero eso cambió por el actuar que han tenido, por la forma en que promueven el proyecto, por levantar el censo en plena pandemia y por la amenaza de una reubicación inminente.
«No nos vamos a ir a las afueras”
“No es cierto eso que dice ONU Habitat. Si vienen casa por casa, quiere decir que a todos nos quieren reubicar. ¿Y cuánto nos van a dar? ¿750 mil pesos, 800 mil, a millón? No es nada. De donde vivimos al centro son minutos. Tenemos nuestra casa cerca del centro. Los terrenos traen plusvalía. No nos vamos a ir a las afueras”, denuncia Carmen.
Esta agencia publicó el 8 de mayo del 2020 un documento titulado “Protocolo de Relocalización Consensuada de Población desde los Derechos Humanos”. El documento tiene fecha de publicación marzo del 2020. Lo enmarcan en la iniciativa “Objetivos de desarrollo sostenible” de las Naciones Unidas. Detallan que fue realizado en el marco del “Acuerdo de Contribución” firmado el 21 de mayo.
Los habitantes de Campeche aseguran que las fotos de este protocolo fueron tomadas con Dron por ONU Habitat en emergencia sanitaria, lo cual les incomodó. Cuando eso sucedió les pidieron a las personas que iban en una camioneta que decía “Tren Maya” que se fueran.
En el protocolo describen el marco legal, de derechos humano y los componentes que ellos consideran para el Programa de Relocalización Consensuada.
El 17 de abril del 2020, a un mes del inicio de las medidas de mitigación de la pandemia, habitantes de los barrios Santa Lucía, Camino Real y La Ermita, Campeche, presentaron una demanda de amparo en contra del gobierno federal. La razón: iniciar el denominado proceso de reubicación de las personas que habitan sobre el derecho de vía ferroviario y con ello, la construcción del Tren Maya. El Juzgado Primero de Distrito en Campeche ordenó la suspensión de entrevistas, reuniones o censos.
La ONU Habitat dice promover un enfoque en “el cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás”.
La relación con Fonatur
En la visita que realizó a México la directora Ejecutiva de ONU Habitat, Maimunah Mohd Sharif en noviembre del 2018, se reunió con los equipos del gobierno entrante que ahora dirigen Fonatur y Sedatu. Informó que exploraron “futuras oportunidades de desarrollo territorial asociadas a proyectos estratégicos en la región sureste”.
Ya en la gestión de López Obrador, en mayo de 2019 se realizó la a Asamblea de ONU Habitat en la Ciudad de México. Seis días después de la firma del contrato de servicios entre la agencia internacional y Fonatur.
“La directora de ONU Habitat, Maimunah Sharif, reiteró el apoyo al proyecto del Tren Maya y destacó la importancia de cambiar la visión de ‘solo un tren’ por la de un proyecto territorial de desarrollo y bienestar compartido para el sureste”, destacó Fonatur.
La dependencia informó que habían firmado un “convenio” para el desarrollo integral regional, territorial y urbano de la región sureste de México, a través del Tren Maya.
Maimunah Mohd Sharif realizó una visita a México en octubre de 2019. Sostuvo una reunión con Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur. Fue “para dar seguimiento al proyecto Desarrollo integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México – Corredor Regional Tren Maya”, informaron.
La misión de Maimunah Mohd Sharif en esta visita de octubre fue para participar en “La celebración del día mundial del Habitat” en el Museo de Antropología. A raíz de este evento, Fonatur publicó un comunicado donde resaltó la “colaboración” con la agencia de Derechos humanos en el ordenamiento territorial que traerá el Tren Maya. Jiménez Pons aseguró que el proyecto traerá estrategias urbanas y soluciones a los problemas de la península:
“La organización territorial pretende brindar soluciones a la región, para traer bienestar. Por ejemplo, el proyecto contempla el tratamiento de la basura, la cual también genera inequidad, ya que en el sureste mexicano el tratamiento y reciclado es un tema poco frecuente”, dijo Jimenez Pons en el día del Hábitat del año pasado.
En esa misma visita, la directora Ejecutiva de ONU-Habitat y secretaria General Adjunta de la ONU se reunió con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y el director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), Eduardo Ortiz Jasso. Firmaron un acuerdo “de asistencia técnica para el desarrollo de una Estrategia de Implementación de proyectos estratégicos”.
Todo esto ha sido informado por esta misma agencia. En ningún momento, las partes informaron que esta relación se trataba de un acuerdo a través de un contrato.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
