Una juez ordenó detener todas las obras relativas al Tren Maya en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo durante la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, como respuesta a un amparo que pedía suspender las obras porque ponían en riesgo la salud de la región. Cuando la pandemia acabe, el amparo quedará sin efecto
Texto: Arturo Contreras Camero / Pie de Página
La jueza segunda de distrito de amparo y juicios penales federales del estado de Chiapas concedió la suspensión definitiva de toda las obras relativas al Tren Maya en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo. En la península los trabajos del megaproyecto del gobierno federal continúan.
El pasado 1 de mayo la asamblea maya Muuch Ximbal, que aglutina a personas de 25 pueblos mayas de Yucatán, pidió que se detuvieran las obras en esas tres localidades pues la actividad social que detonan en los sitios de trabajo podría agravar la emergencia sanitaria por coronavirus.
Como respuesta, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, la oficina de gobierno responsable del proyecto, emitió un comunicado en el que dice que los trabajos que se están realizando corresponden a la rehabilitación de la vía. Como el amparo es contra la construcción de infraestructura nueva, la rehabilitación está permitida, por lo estas obras continúan.
El organismo federal argumentó que un Tribunal, superior al juzgdo, calificó el megaproyecto como una obra de «orden público e interés social”, por lo que analizará si impugna la suspensión.
Este amparo es uno de por lo menos tres procesos legales que diferentes organizaciones sociales de la península de Yucatán han iniciado para detener uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la administración del presidente López Obrador.
Los solicitantes del amparo buscan ampliarlo para poder frenar definitivamente el proyecto ferroviario. “Del juicio salió información suficiente para solicitar la ampliación del amparo, independientemente que el origen haya sido la realización en épocas de pandemia”, explicó en entrevista Jorge Fernández, abogado de la organización Indignación, que asesoran a la asamblea de muuch Ximbal en el proceso legal.
“Esta ampliación cuestiona el fondo del proyecto”, explica el abogado, “el fondo es justamente la viabilidad del proyecto. Si es viable a partir del impacto que pueda generar al ecosistema y la afectación a las comunidades por las que atraviesa el tren”.
La semana pasada Fonatur dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental, algo que debió de haber hecho antes de la consulta sobre el proyecto realizada a finales de 2019. “Esto lo que demuestra que todo se ha hecho mal, justamente lo que se debió haber hecho en principio era ver la viabilidad del proyecto”, asegura Fernandez.
Según explica el abogado Fernández, Fonatur no tiene la capacidad legal de realizar licitaciones, por lo que la construcción del tren está basada en una serie de irregularidades.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
