Autoridades de México demoran los trámites de los migrantes solicitantes de la condición de refugiado gestionados desde Ciudad Juárez; hay omisiones e irregularidades en manejo de expedientes, acusan
Martín Orquiz / La Verdad
En los últimos dos años y medio, Albany se ha dedicado a buscar refugio en México, de forma específica para radicar en Ciudad Juárez, a donde llegó junto con su esposo y sus trillizos huyendo de la inseguridad y las carencias de comida y medicamentos en su natal Venezuela.
Su solicitud para residir en esta frontera de manera legal ha seguido un trámite largo y mientras su petición no tenga resolución de las autoridades mexicanas, sus posibilidades de lograr una mejor condición de vida están prácticamente en el limbo, al mantenerse impedida para obtener hasta un trabajo estable.
“Es muy injusto esperar tanto tiempo… quedas muy vulnerable”, comenta la mujer de 39 años cuya identidad real fue cambiada por cuestiones migratorias.
Albany y su familia llevan más de 900 días a la espera de una respuesta a su solicitud de refugio político que gestionó a través de la delegación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad.
Un trámite que puede completarse en menos de 24 horas en la Ciudad de México, pero aquí eso no ocurre, de acuerdo con datos proporcionados por Blanca Navarrete, de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), una organización que da asistencia legal a extranjeros que buscan residencia legal en México.
Aquí hay personas como Albany que llevan casi dos años y medio por la autorización de su gestión, y siguen contando los días de espera.
La inexistencia de una representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), una dependencia descentralizada de la Secretaría de Gobernación (Segob) que se encarga de la diligencia, es el principal factor para que el Gobierno de México alargue el trámite de refugio a los migrantes que lo solicitan en el estado de Chihuahua, que en la actualidad suman 338.
Ante la circunstancia, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) es quien debe encargarse de realizar el trámite; pero, menciona Albany, de poco le sirve el hecho ya que hasta ahora su estatus migratorio continúa igual a cuando llegó aquí, en diciembre del 2017.
Incluso perdió un año entero porque su expediente fue extraviado y tuvo que comenzar de nuevo la diligencia, la que hasta hace pocas semanas, al parecer, tuvo resultados. O al menos, eso espera.
Mientras no tenga la resolución concreta a su petición de refugio, considera que su condición y la de su familia está en el limbo, lo que le impide llevar una vida tranquila y segura.
“Es terrible… no estoy acostumbrada a estar así, sin poder abrir una cuenta bancaria o sacar una licencia de conducir, aparte que no ha sido ni un día ni tres días, han sido casi tres años ya”, enfatiza.
Blanca Navarrete García, directora de DHIA, conoce bien la problemática porque la organización que dirige apoya a decenas de migrantes que enfrentan esa circunstancia.
De entrada, dice, una gran dificultad la representa la ausencia de una representación de Comar en esta frontera, que es el órgano encargado de recibir las solicitudes de asilo.
En el caso del estado de Chihuahua todas las solicitudes se hacen a través del INM, su personal es quien llena el formulario de solicitud, además toda la papelería de los migrantes solicitantes de asilo se entrega al instituto, que luego debe remitir a Comar.
“Todavía no entendemos por qué hay tiempos distintos para la entrega de la constancia de inicio del trámite de refugiado, en la Ciudad de México la puede recibir una persona el mismo día que procesa su solicitud… acá puede tardarse un mes, dos meses o tres meses en recibir esa constancia”, explica.
La Verdad solicitó datos a la Oficina de Representación del INM acerca de los migrantes que solicitaron refugio en México en las oficinas de Ciudad Juárez, así como una versión acerca de la problemática que enfrentan, pero personal de la dependencia federal respondió que el titular en el estado, general Pedro Alberto Alcalá, no estaba disponible para entrevistas y tampoco proporcionó la información requerida.
Albany tiene la esperanza de que su proceso avance, pero tiene malas experiencias y quiere contar una de ellas, un momento que describe como “muy feo”.
Ocurrió cuando habló con un funcionario del INM –de quien omitió pedir su identidad y se arrepiente de ello, para solicitarle información sobre su caso.
“El señor me dijo que estaba muy difícil porque Comar no estaba dando respuesta y que ellos no podían hacer nada. Me dijo: ‘lo único que sí le puedo decir es que aquí a las mujeres venezolanas no les están dando residencia’. Enseguida le pregunté por qué”, la respuesta la dejó helada. “Me contestó que la mayoría de las (mujeres) que llegaban de ese país venían a prostituirse”, recuerda.
La extranjera le indicó al empleado federal que no era su caso, que ella es una persona honrada, trabajadora, con tres hijos y realmente no tenía otra intención que no fuera prosperar como cualquier otra persona.
“Realmente sí me sentí muy agredida cuando ese señor me hizo ese comentario, totalmente fuera de lugar”, menciona.
Hasta estadounidenses buscan quedarse en México
Datos publicados por la Comar en su página digital indican que en el 2018 se documentaron 18 mil 368 solicitudes de refugio por parte de 29 mil 630 personas, en el 2019 fueron 41 mil 173 casos con 70 mil 400 personas, mientras que en enero del 2020 –el último parámetro que se registra– las diligencias fueron cuatro mil 36 con cinco mil 936 personas.
A lo largo de los años pasado y antepasado, la mayoría de los solicitantes provinieron de Honduras, al igual que en enero anterior. Otros migrantes que con frecuencia solicitan protección gubernamental mexicana provienen de Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Colombia, Haití, Yemen, Brasil, Camerún, Chile y otros países, incluido Estados Unidos con 35 personas que realizaron el trámite en el 2018, se refiere en el documento digital.
Estos datos excluyen a los migrantes que hicieron su solicitud en Ciudad Juárez, contemplan sólo las diligencias abiertas en las delegaciones de la Ciudad de México, Chiapas, Tabasco y Veracruz.
Navarrete García, quien dirige la organización derechohumanista que trabaja en la protección de los derechos de las poblaciones migrante y LGTB, menciona que la dependencia mexicana simplemente no otorga información de lo que pasa aquí.
Cuatro organizaciones sociales relacionadas, entre estas DHIA, interpusieron un amparo contra autoridades del Gobierno Federal relacionado con el acceso a la salud de personas migrantes y refugiadas en tiempo de contingencia, entonces un juez solicitó a Comar una relación de todos los casos pendientes en cuanto a trámites de refugio.
Bajo esa circunstancia, se pudo conocer que en Chihuahua están en trámite 250 casos, más otros 88 en los que Comar refiere que falta información de la persona solicitante y que pidió al INM apoyo para entregar esas notificaciones. “No sabemos porque no cuentan con esos datos”, dice.
La activista conoce de primera mano las fallas que existen en la atención a las personas extranjeras que buscan refugiarse en México para obtener una mejor vida y las consecuencias de la omisión oficial, ya que algunos de sus representados tienen desde meses hasta años en esa espera.
Explica que la constancia de inicio del trámite de refugiado permite apoyarlos en la obtención de la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que se entrega en el inter de que la persona tiene un caso de refugio abierto y le da posibilidad de llevar una vida más normal.
Además, se abre el camino para asignarles la Clave única de Registro de Población (CURP), un número de Seguridad Social y, en consecuencia, obtener un empleo estable, hacer trámites de educación y otros. Sin ese documento no se pueden hacer diligencias y los afectados no cuentan con prueba alguna de que inició su caso ante Comar, así que están prácticamente en el limbo.
Aunque la ley estipula que la Comar tiene 45 días, más una prórroga de otros 45 días (en total 90), máximo para resolver el trámite de refugio, por la cantidad de casos y el poco presupuesto que tiene los casos duran un largo tiempo.
“Hace dos semanas citaron a cuatro de nuestras personas usuarias con casos de dos años o un año y medio abiertos, apenas tuvieron su entrevista de elegibilidad, es demasiado”, menciona.
Otra dificultad es que, en el caso de Chihuahua, cuando los interesados reciben la constancia de inicio por parte de Comar, deben presentarse una vez por semana al INM a firmar un libro para establecer su intención de mantener su deseo de buscar refugio, lo que les resulta difícil debido al horario en el que deben presentarse, las distancias y otros factores.
En la actualidad, agrega, está suspendido el trámite por la pandemia de COVID-19 y se desconoce hasta cuando retomaran las firmas.
Un camino largo y burocrático
Albany advierte que su proceso resultó largo no precisamente por causa de la pandemia de COVID-19 como puede pensarse, sino por negligencia y burocracia oficial.
“Una vez me botaron (extraviaron) mi carpeta con todos mis documentos y no supe jamás si fue por parte de Comar o si fue por parte de migración (INM) de acá. En fin, aquí estoy cooperando”, menciona.
La venezolana recuerda que cuando llegó a la frontera juarense, obtuvo información acerca de que tenía un plazo de tres meses para presentarse ante el INM a solicitar refugio mediante el INM porque era el único enlace que había con Comar.
Enseguida acudió a las oficinas ubicadas en el puente de la avenida Lerdo, donde le pidieron una serie de documentos y copias, llenó formatos y envió una carpeta con lo que le solicitaban, papeles como un acta de matrimonio, de nacimiento, carta de no antecedentes penales, apostillados y otros.
Le dijeron que tenía que esperar a que le llamaran, pero como pasó el tiempo y no hubo comunicación, optó por acudir a las oficinas del INM, pero siempre le dijeron que no tenían respuesta para su petición.
Luego de casi un año, ya a finales del 2018, recibió una mala noticia: “después de todo ese tiempo que esperé, un día fui a migración y resulta que se extravió la carpeta. Comar dijo que ellos no la perdieron, migración tampoco, lo cierto es que nunca hubo respuesta… perdí prácticamente un año”.
Lo único que pudo hacer fue iniciar de nuevo el trámite, lo que ocurrió en enero del 2019, ya con el asesoramiento de DHIA.
Al fin, tres semanas después le dieron un carnet como visitante por razones humanitarias, pero se le venció en marzo de este año, personal del INM le comunicó que no podrían renovárselo porque tenía que presentar una constancia actualizada por parte de Comar.
“Pero nunca, nunca, nunca pude hacer contacto con ellos, hasta ahora que me contactaron en abril (de este año) para hacerme una encuesta de atención de necesidades y luego otra de elegibilidad, que tengo entendido es la última, que me hicieron hace dos o tres semanas. Sólo esas dos veces me hablaron en estos casi tres años”, explica.
Escogió la frontera para vivir
Para nadie es un secreto el desabasto que se vive en Venezuela en cuanto a alimento y medicamento, dice Albany, quien temía por el bienestar de sus trillizos y decidió trasladarse a esta frontera y permanecer aquí temporalmente para aliviar esa situación, aunque ahora quiere quedarse.
“Recuerdo que muchas veces teníamos dinero en las manos y no teníamos qué comprar, a veces no conseguíamos ni la leche, ni pañales, no conseguíamos ningún tipo de alimento para ellos, mis dos varones y una niña… es feo que su despensa estuviera vacía”, indica.
Luego de que la menor sufrió una infección urinaria y Albany no pudo conseguir antibióticos, fue que decidió buscar otras alternativas de vida; casualmente una de sus hermanas cambió su residencia de Atlanta a El Paso y le sugirió que viajara a Ciudad Juárez con el ofrecimiento de que la apoyaría, así que emprendió la aventura.
Ambos trabajaban en un centro hípico de Caracas, la capital de Venezuela, donde residían. Él era encargado del restaurante y ella, quien ostenta un título en administración, organizaba el negocio.
A pesar de que tenían empleo seguro y remunerable, sentían temor porque no conseguían los insumos para subsistir.
En diciembre del 2017, la familia emprendió un viaje hacia la frontera norte de México en espera de que las cosas mejoraran en su país, pero nada ha cambiado ni mejorado allá, por el contrario, cada día está peor, afirma.
Aquí, en cambio, tiene esperanzas: “estoy muy encantada con las personas de esta ciudad, de verdad yo no le puedo mentir, me dice un amigo que aquí hay gente muy mala, pero yo le digo que a mí se me esconden porque yo no he conocido a una persona de la que tenga que decir algo malo”.
Incluso se siente agradecida y, si no fuera por los buenos sentimientos que le despertó la frontera, hubiera pensado ya en irse a otro lado.
Aunque por la falta de documentos no puede tener un empleo formal y hacer otras cosas para mejorar el entorno de su familia, del resto no se queja porque los fronterizos que se encontró en el camino la apoyaron de una u otra forma.
Por ahora, su esposo trabaja en un restaurante, mientras ella limpia casas y oficinas. Los trillizos acuden a un jardín de niños porque la educación es un derecho universal, dice, pero está consciente de que llegará el momento que necesitarán documentos para ingresar a grados superiores.
“Casi me estaba dando por vencida, ahora que me llamaron tengo mucha ilusión y esperanza de que puedan de alguna manera aprobarme la residencia y estar aquí, tener un estatus legal en este país”, declara.
La mujer pide de forma pública a las autoridades mexicanas que agilicen los procesos de solicitud de refugio, sea cual sea la respuesta, para que los migrantes tengan un poco de claridad para planear su futuro o buscar otras opciones, porque es muy difícil esperar mucho tiempo una respuesta sumidos en la incertidumbre.
A la mayoría de las personas, afirma, les gusta tener un estatus legal y hacer las cosas libremente, pedir créditos, sobrellevar la situación económica u obtener un mejor empleo.
Albany y su familia no pensaron en pedir asilo en Estados Unidos por miedo, ya que saben que cuando llegan a su territorio separan a las familias y no la pasan muy bien.
“Sentí que aquí tenía más oportunidades de hacer cosas, con más libertad, podía tramitar mis papeles y al mismo tiempo vivir aquí y poder estar al lado de mis hijos”, cuenta con la emoción y la esperanza reflejada en el tono de su voz.
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