¿Qué hay detrás de la iniciativa que se promueve para que sean los padres y las madres de familia quienes aprueben la educación sexual que sus hijos reciban en la escuela? ¿Se busca proteger o vulnerar a la niñez?
Luis Mendoza Padilla*
Apenas iniciaba el 2020 y ya recibíamos noticias de una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del estado de Nuevo León que proponía la modificación a la Constitución de ese estado, así como a la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia del pin parental. El diputado Carlos Leal, del Partido Encuentro Social (PES), hizo el anuncio con el que también encendió la alerta de lo que venía este año en materia de antiderechos en el país.
No tardó nada para que también en Aguascalientes se presentara una iniciativa con el mismo fin y con el argumento de que solo se trataba de una reforma con la cual se pretendía dar participación al padre, o tutor, en la elaboración de los programas educativos para los menores en el sistema educativo nacional.
Lo cierto es que se trataba de la replica de una iniciativa presentada en España, por el partido ultraconservador VOX, en el que se habla del veto a temas de educación sexual integral para menores, ya que según la izquierda conservadora son pervertidos o de la mal llamada “ideología de genero” que pretende, según los mismos, “adoctrinar” a los estudiantes de los niveles básico y medio de la enseñanza a explorar su sexualidad desde temprana edad e incluso a travestirse del sexo contrario pues “es la finalidad del nuevo orden mundial”.
Justo antes de la votación en Nuevo León, Aguascalientes le dio luz verde a la iniciativa –publicando su decreto el pasado 25 de mayo– con la que se modificaron diversas disposiciones de la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes, además de reformar la Ley de Educación, específicamente en el articulo 4 párrafo 5, donde dice:
“La autoridad educativa, dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos de conformidad con sus convicciones”.
Días después, Nuevo León se declaraba listo en su decisión, según su promovente, y aunque se aseguraba que no se trataba del pin parental, el debate que se dio en el Congreso de ese estado mostró que esa iniciativa si estaba encaminada a que fueran los padres quienes aprobaran que sus hijos reciban educación sexual en su escuela. Después de la discusión del tema por parte de legisladores que son madres y padres de familia e incluso maestras, se dispuso la votación donde la iniciativa del diputado del PES fue desechada.
Pero esa intención se extendió a varios estados de la República, como Querétaro, Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Baja California, Chiapas y Chihuahua, en esta última entidad la Comisión de Educación del Congreso estatal discute si es viable o no su dictamen.
Muchas agrupaciones en pro y en contra han iniciado una serie de eventos, publicaciones y acciones con las cuales quieren captar la atención de la ciudadanía para que apoye una u otra causa, mientras que diversas organizaciones internacionales han pronunciado su preocupación por estas iniciativas que buscan perjudicar a las niñas, niños y adolescentes en su formación académica.
De darse en Chihuahua una aprobación como en el estado de Aguascalientes, los estudiantes quedarían en un total desconocimiento de los temas de sexualidad y, en consecuencia, vivirían en una “inocencia” ante presas peligrosas que incluso se encuentran en su círculo familiar, por lo que varios profesionistas en materia de la salud, psicología, educación y desarrollo integral de la familia, así como diversas instituciones protectoras de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes se han pronunciado en contra de tal intención, emitiendo varios documentos para que las diputadas y diputados conozcan del tema y analicen y razonen su voto.
No se trata de un capricho ni se trata tampoco de quitarle a los padres derechos. En el artículo tercero de nuestra Constitución se establece qué tipo de educación habrá de darse a sus hijos y se menciona que todo ciudadano de nuestro país tiene el derecho a recibir educación que desarrolle de manera armónica todas las facultades de un ser humano.
De lo anterior se desprende la importancia de que la educación que imparta el Estado sea integral y armoniosa, por lo que seria inconstitucional, violatorio al derecho fundamental, la existencia de un dualismo antagónico entre la educación que se imparte en la escuela y la que le otorgan los padres de familia en el hogar,
También se establece que la educación impartida por el Estado debe ser laica, lo que significa que ha de mantenerse al margen de toda creencia religiosa, respetando las convicciones de los estudiantes y promoviendo en todo momento una formación humana integral, libre de toda pretensión de adoctrinamiento ideológico.
Lo dice nuestra Carta Magna, no debemos de pasar por alto el interés superior de la niñez, por encima del derecho que tengan los padres.
De aprobarse en Chihuahua, ¿qué pasará con los menores que sean separados de las clases porque sus padres las consideran “inapropiadas”? ¿Qué sucederá si un menor, al enterarse por sus compañeros de los temas aprendidos en las clases a las que no fueron, muestra interés y es su elección integrarse a dicha asignatura para el aprendizaje del tema? ¿Quién velará por su derecho a recibir dicha información? Sin duda, es un tema muy complejo.
De acuerdo con el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual en estado de Chihuahua, la mejor educación que podemos recibir es a través de la información, ya sabremos nosotros si aplicamos los conocimientos en nuestro día a día.
El tema da muchos argumentos para el debate, pero usted ¿ya cuenta con la información sobre el contenido de la iniciativa? ¿Conoce los alcances que podría tener en caso de su aprobación? ¿Está de acuerdo en negar a los menores educación integral para su desarrollo? ¿Están los padres preparados para hablar en su totalidad de los temas de sexualidad integral de manera objetiva y neutra? ¿Confía usted en la frase “a mis hijos los educo yo”? ¿Qué respondería usted si su hija u hijo le preguntara acerca de esta iniciativa?
Mi postura es en contra del pin parental, igual que la externada por las instituciones que protegen y velan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como la Cámara de Diputados, el Sistema Nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes, el INMUJERES, la SEP, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la secretaría de Gobernación y hasta la propia ONU.
Que no les asusten con palabras como “perversión” o “ideología de género” (cosa que no existe) o peor aún, con frases en las que se asegura que “quieren quitarles su derecho a decidir por sus hijos”. Si esto avanza, quizá le estemos dando poder a grupos antiderechos para imponer un estado donde se vulnere a la niñez chihuahuense.
Desde este espacio en La Verdad estaré en contacto con todas y todos, espero contar con sus comentarios a mis colaboraciones.
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*Luis Mendonza Padilla. Activista social a favor de los derechos humanos y presidente del Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual A.C. (Cheros A.C.) en el estado de Chihuahua.
