Unas 100 familias rarámuris se vieron obligadas a huir de tres comunidades del estado en el último año, según monitoreo de organización civil; México acumula 346 mil desplazados internos desde el 2006
A las migraciones individuales o familiares que se registran en el estado de Chihuahua se suman los desplazamientos masivos provocados por la violencia en localidades de la Sierra Tarahumara, de donde el último año huyeron 100 familias.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) documentó que, durante el 2019, tres comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo se vieron afectadas por la migración masiva generada por la violencia del narcotráfico y enfrentamientos entre grupos delictivos. Estas son: Atascaderos, Ojuelos y Las Trojas.
En total en esas localidades fueron desplazados más 300 personas –entre mujeres, hombres, niñas y niños–, muchos salieron en familia, de acuerdo con el registro anual de la CMDPDH que presentó esta semana.
De acuerdo con el informe, 100 familias rarámuris fueron obligadas a desplazarse abandonando sus pertenencias, animales y hogares en tres localidades en la región serrana de Chihuahua.
Las víctimas salieron de sus comunidades debido a una serie de enfrentamientos armados entre grupos que disputan el control de la producción y trasiego de la droga en la zona, además del acoso de grupos delictivos que les roban comida y no les permite trabajar, se consigna en el informe “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México 2019”.
La organización social revela que cerca del 60 por ciento de las personas desplazadas huyeron hacia los municipios de Parral y de Chihuahua, en este último se concentraron en casas abandonadas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado, donde reportan que sufren hostigamiento de policías que quieren sacarlas de ahí.
La CMDPDH consignó que los desplazamientos de comunidades indígenas ocasionados por disputas territoriales entre grupos delictivos suelen ser comunes en la región serrana de Chihuahua, debido a que se trata de una zona de siempre de amapola y es parte de la región conocida como el Triángulo Dorado (ubicado entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa).
El desplazamiento interno forzado constituye una violación múltiple de derechos humanos tales como el derecho a la vida, a la integridad, seguridad y libertad personal, a la libre circulación y residencia, a la protección de la familia; a la asociación; a la alimentación y vivienda; al acceso a servicios de educación, empleo y salud, entre otros, mencionó la organización social en su informe anual.
Sin embargo, advierte que el fenómeno no es reconocido oficialmente en el país, por lo que no existen leyes, programas, políticas públicas o iniciativas gubernamentales para atender, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni para prevenir nuevos desplazamientos.
Obligados a dejar su hogar
Por tercer año consecutivo el estado de Guerrero tuvo el mayor número de personas obligadas a dejar su hogar por la violencia de grupos armados, de acuerdo con el registro anual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
El informe “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México 2019”, que fue presentado este jueves, indica que durante 5 mil 128 personas en ese estado tuvieron que dejar su hogar durante 2019.
Además de Guerrero, los desplazamientos forzados ocurrieron en Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán, Durango, Chiapas y Sinaloa. En total. la CMDPDH documentó 28 eventos de desplazamientos forzados masivos, que sumaron un total de 8 mil 664 personas desplazadas en todo el país.
Con esta cifra, México llega a un total acumulado de 346 mil 945 personas desplazadas desde 2006.
La cifra, según informó la CMDPDH, suma los nuevos desplazamientos y resta a las personas que se retornan y se reintegran, además de que cuida no duplicar a las personas que son desplazadas múltiples veces (van y vienen). El informe fue realizado por Brenda Pérez Vázquez, Lígia de Aquino Barbosa y Pablo Daniel Cabada.
El desplazamiento forzado interno, explicaron en la conferencia, se refiere a las personas que son obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia para evitar los efectos de la violencia de grupos armados, catástrofes naturales, violaciones a derechos humanos.
En este informe de la CMDPDH se enfocaron en los desplazamientos provocados por violencia política (entendida como conflictos territoriales, comunitarios, con tintes políticos); violencia de grupos armados (que tiene que ver con cárteles, grupos delictivos y relacionados con el narcotráfico); y violencia por violaciones a derechos humanos (en este caso desalojo forzado con violencia).
En el 2019, los desplazamientos por violencia de grupos armados representó 16 de los 28 desplazamientos en total en el país, afectando así al 80 por ciento de los poco más de 8 mil desplazados.
En Chiapas, el mayor desplazamiento de población indígena
En 12 de los 28 episodios de desplazamiento interno forzado masivo registrados durante el 2019 (un 43 por ciento) tuvieron como víctimas a población indígena.
De estos 12 desplazamientos de poblaciones indígenas, 9 ocurrieron en Chiapas. Ese estado tuvo el mayor número de casos de desplazamiento masivo (aunque Guerrero tuvo más personas desplazadas) y en todos los desplazamientos registrados se trató de poblaciones indígenas.
Los demás episodios que desplazaron a población indígena durante 2019 fueron Guerrero, Oaxaca y Chihuahua.
Con relación al número de personas desplazadas, de las poco más de 8 mil personas desplazadas durante 2019, mil 300 eran indígenas. De ellas, más de la mitad -668- fueron desplazadas en el estado de Chiapas.
El informe también destaca que en Chiapas y Oaxaca existen comunidades indígenas con desplazamientos prolongados y que no tienen perspectivas de una solución duradera.
Además, en el caso de Chiapas, en 2019 se documentaron ataques armados y actos de violencia en contra de comunidades desplazadas.
Permanecen desplazamientos, pese a cambio de gobierno
En el 2019 el desplazamiento sigue sucediendo en una nueva administración a pesar de las promesas de cambiar seguridad por una no militarizada y las promesas de pacificación del territorio, dijo José Antonio Guevara, director Ejecutivo de la CMDPDH, durante la presentación del informe.
“Es un fenómeno vigente en México, la 4T no ha resuelto los conflictos y la violencia de grupos armados se mantuvo como la principal causa de desplazamientos forzados”.
Los datos contenidos en el informe, agregó Guevara, permite alimentar la hipótesis de que México vive una situación de conflicto armado no internacional, pues tienen el poder de controlar o disputar el control los territorios; además tiene capacidad para hacer estrategias y tácticas militares.
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