De ser cierto que, desde hace unas semanas, en el Cereso de Aquiles Serdán hay un brote de COVID-19, resulta evidente que la jueza, así como el fiscal y el gobernador deberán purgar la pena por homicidio imprudencial por la muerte del exdirector de Fideapech
Gerardo Cortinas Murra
El inesperado, y a la vez sorpresivo fallecimiento del exdirector del Fideapech, Lázaro Joaquín López, en el Cereso de Chihuahua, por contagio del COVID-19 ha puesto sobre la mesa la discusión de la responsabilidad penal de los jueces de Control en los llamados “Expedientes X”.
De ser cierta la información divulgada por los medios, el brote de coronavirus en el Cereso de San Guillermo es real y, en consecuencia, resulta inexplicable la indolencia de las autoridades de salud, para aplicar las medidas sanitarias para contrarrestarlo de manera efectiva.
El asunto resulta ser sumamente grave, ya que se dice que en la celda del difunto convivían Alejandro Villarreal y Marcelo González Tachiquín; lo que avizora que también estos sentenciados –que ya están contagiados– pudieran fallecer en los próximos días.
Los familiares de estos personajes reclaman al gobernador, al presidente del TSJ y a los jueces que conocen de las causas penales su infame actitud de “desearles lo peor a los perseguidos políticos… (porque) la corrupción de este gobierno fue la que generó la muerte de Lázaro López Ramírez”.
Al respecto, Marcelo González Tachiquín afirma que la propagación del COVID-19 es culpa de las autoridades penitenciarias porque emiten informes falsos, “ya que en el CERESO solo hay agua una hora en la madrugada y otra por la noche, no hay manera de conseguir jabón, no hay una gota de gel anti-bacterial, la gente está hacinada en los pasillos, la alimentación es de muy baja calidad…”
“…no hay ningún protocolo para prevenir en las áreas comunes; y las toses y estornudos se escuchan por todos lados y el acceso al micro hospital con una decena de camas para atender a 3,000 internos está desde hace semanas bloqueado por decenas de policías especiales al cuidado de una persona VIP”.
Por su parte, el abogado defensor del exdirector de Fideapech, Agustín Marván, calificó el deceso de su defendido “como un crimen ordenado por el propio Gobierno del Estado… por negarse a garantizar las medidas sanitarias dentro del penal e impedir que tanto a su cliente como a otros detenidos se les dictaran medidas cautelares diferentes a la prisión, al menos para enfrentar la emergencia sanitaria”.
El abogado fue insistente en que “desde hace un mes se había insistido en el cambio de la cautelar de prisión preventiva, pero la jueza se negó a la petición”.
Asimismo, dio a conocer que “las autoridades estatales ocultaban la circunstancia de su representado y que incluso, desde la misma Fiscalía le informaron al gobernador que se encontraba estable y que los síntomas correspondían a cansancio y deshidratación… El Fiscal negó que el estado de salud de Lázaro fuera grave (e independientemente de que su prisión preventiva es injusta), el gobierno de Chihuahua lo está asesinando para ocultar la existencia de Covid-19 en el penal”.
Marcelo fue puntual: “Con profundo dolor e indignación exponemos el crimen cometido por el Gobierno del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía del Gobierno del Estado de Chihuahua del C. Lic. Lázaro Joaquín López Ramírez, quien ha fallecido por COVID-19 y diversas complicaciones que se generaron por la falta de atención médica en el Cereso No. 1.
El reproche del abogado Marván es en contra de la Jueza María Alejandra Ramos Durán ya que “negó el cambio de medida cautelar –como lo han hecho ella y otros Jueces– por la persecución política de la que somos objeto a pesar del riesgo de la pandemia”; a pesar de que esta jueza de control sabía, a ciencia cierta, “que Lázaro era hipertenso y que era vulnerable al coronavirus.
Para negar el cambio de medida cautelar, la jueza Ramos Durán, afirmó (¿dolosamente?) “que el Cereso contaban con las medidas eficaces para evitar contagios y que en el remoto caso que le diera, se tomarían las medidas necesarias para su atención”.
Por mi parte, pongo a consideración de la opinión pública chihuahuense, la siguiente cuestión: el gobernador Javier Corral, el Fiscal General César Peniche, el Magistrado Presidente del TSJ Pablo González y la Jueza de Control María Alejandra Ramos Durán, ¿son copartícipes –por comisión, por omisión– de la muerte de Lázaro Joaquín López?
Para ello, deben tomarse en cuenta las siguientes reglas establecidas en el Código Penal del Estado:
1) ART. 15. El delito sólo puede ser realizado por acciones o por omisiones dolosas o imprudenciales, penadas por la ley.
2) ART. 16. En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, si… de acuerdo con las circunstancias podía evitarlo; y su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo.
3) ART. 18. Obra imprudencialmente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible, o previó confiando en que no se produciría.
4) ART. 21. Son responsables del delito, quienes: concierten o preparen su realización; o lo realicen conjuntamente con otro u otros autores.
De ser cierto que, desde hace unas semanas, en el Cereso de Aquiles Serdán hay un brote de COVID-19, resulta evidente que los copartícipes antes mencionados, deberán purgar la pena por homicidio imprudencial.
