Después de que el congreso extinguió 109 fideicomisos, funcionarios del gobierno federal dieron detalles de irregularidades de algunos fideicomisos. El presidente López Obrador informó que en tres meses estarán listos los resultados de auditorías a estos fondos y fideicomisos
Texto: Reyna Haydeé Ramírez
Fotos: Presidencia
Mientras el Senado mexicano amanecía este miércoles con la votación por mayoría la cancelación de 109 fideicomisos públicos, en Palacio Nacional detallaban la opacidad, uso discrecional y presunta corrupción de algunos de los fideicomisos desaparecidos, entre ellos el de la Secretaría de Relaciones Exteriores que benefició a la asociación civil Juntos Podemos, de la senadora panista Josefina Vazquez Mota.
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió en la conferencia matutina que se trata sólo del principio para mostrar a detalle la falta de control, de fiscalización y corrupción en los fideicomisos cancelados. Dijo que ordenó auditorías a los fideicomisos, cuyos resultados estarán en tres meses.
“He ordenado al consejero jurídico que se inicien ya trámites para llevar a cabo una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos, auditoría financiera, administrativa, técnica y que, frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República”, enfatizó.
A más tardar en tres meses, dijo, se tendrá toda la información sobre las auditorías y a la par presentará en las conferencias matutinas, ejemplos de cómo se mal manejaban los recursos públicos, incluso con indicios de corrupción y para provecho personal.
Y aplaudió que el Senado hubiera aprobado por mayoría, la desaparición de los fideicomisos.
“En vez de que a los legisladores que defendían estos fideicomisos les diera vergüenza, se lanzaron con todo defendiendo estos fideicomisos y mostrando el cobre”, criticó.
Y volvió a asegurar: “Los auténticos deportistas, a los auténticos investigadores, a los auténticos escritores, a los auténticos artesanos, artistas, creadores: no van a tener ningún problema, van a seguir recibiendo sus apoyos, nada más que los que medraban con estos fideicomisos no van ya a tener el manejo de estos recursos”.
El presidente destacó que el informe de algunos fideicomisos presentados es sólo el principio.
“Esto es apenas el prólogo, la introducción, vamos a profundizar, porque es una muestra de la corrupción que imperó durante mucho tiempo y esto explica el porqué de este movimiento en contra de la decisión que tomamos de cancelar los fideicomisos y los fondos. No es algo sorpresivo, lo ofrecimos en campaña, bueno, en el marco de acabar con la corrupción, que es el principal problema de México”.
Vazquez Mota beneficiada por la SRE
La ahora senadora panista, Josefina Vazquez Mota -que este martes votó en contra de la deaparición de los fideicomisos- y su fundación “Juntos Podemos”, fue señalada como beneficiaria de fideicomisos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, creados en 2014 para entregar recursos públicos a las fundaciones privadas norteamericanas Parents Alliance Incorporate y la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM-USA Foundation).
Rodolfo González, director general de Radio Televisión y Cinematografía en la Secretaría de Gobernación y encargado de investigar sobre los fideicomisos de la SRE, informó que entre 2014 y 2016 el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) tuvo presupuestos extraordinarios con recursos no etiquetados, ni incluidos en las iniciativas del Presupuesto de Egresos de la Federación que fueron para las dos asociaciones relacionadas con Vazquez Mota.
Ambas asociaciones recibieron recursos del gobierno mexicano por al menos 73 millones 53 mil dólares, en 15 entregas entre diciembre del 2014 y diciembre de 2016. En pesos mexicanos fue un total de mil 415 millones de pesos. Este dinero se justificó con la leyenda ‘Atención a comunidades mexicanas en el exterior’.
En la investigación de estos fideicomisos, indicó, se encontraron ligas con la plataforma “Juntos Podemos”, fundación de Vazquez Mota.
“En 1996 un grupo de empresarios mexicanos encabezados por Alejandro Quiroz, Eduardo Bravo Calderón y Emilio España establecieron en Estados Unidos la asociación AM-USA, que es The Mexican Entrepreneur Asociation.
“En 2013, Emilio España de la Cuesta registra en Estados Unidos Juntos Podemos como una iniciativa para apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos en Estados Unidos y designa como presidenta honoraria a la licenciada Josefina Vázquez Mota”, precisa González.
Además de los mil 500 millones de pesos que se entregaron a estas dos fundaciones, la SRE apoyaba con viáticos y traslados a los dirigentes de Juntos Podemos, según oficios mostrados con la leyenda “por instrucciones superiores”.
“Este es una visita que realiza la licenciada Josefina Vázquez Mota a la ciudad de Los Ángeles y este otro donde realiza a la ciudad de Nueva York, y se está solicitando que se le brinde apoyo en viáticos, en traslado con chofer, con camioneta, vehículos oficiales, desde el momento en que llega hasta su momento de partida.
“En todos estos oficios claramente dice: ‘Por instrucciones superiores- por instrucciones superiores subraya- este consulado debe brindar apoyo a la licenciada Josefina Vázquez Mota’ o a otros directivos de Juntos Podemos que recorrían los consulados de Estados Unidos”, reveló González.
Y quiénes podrían haber dado “instrucciones superiores», cuestionó al señalar a los dos titulares que tuvo la SRE entre 2014 y 2016: José Antonio Meade y Claudia Ruiz Massieu. También señala a los entonces secretarios de Hacienda Luis Videgaray y José Antonio Meade.
Así como a los tres directores que tuvo el IME entre 2014 y 2016: el sonorense Ernesto de Lucas Hopkins, que venía de ser director de ProMéxico; Francisco de la Torre Galindo, que es personal de carrera; y Eunice Rendón Cárdenas.
De la investigación de este fideicomiso sugieren: solicitar una auditoría forense a los más de 73 millones de dólares que durante tres años recibió Juntos Podemos a través de sus organizaciones corresponsables en los Estados Unidos. Y dar vista de esta a las autoridades competentes.
González añadió que ambas asociaciones recibían el recurso público firmando un memorándum en el consulado respectivo y comprobaban la aplicación del dinero con un informe de actividades.
Ejemplo: Parents Alliance recibió 2 millones 722 mil dólares para impartir en seis meses 12 cursos, ocho talleres y cuatro unidades móviles para trasladarse a comunidades mexicanas alejadas y marginadas de la circunscripción de Dallas, Texas, así como la edición de material impreso y videos para apoyo de 20 promotores de la salud y la educación.
Otro ejemplo: La Asociación de Empresarios México-Estados Unidos a través de su fundación recibió una ministración del consulado mexicano en Los Ángeles por 6 millones 84 mil dólares para becar a cinco mil estudiantes mexicanos de escasos recursos y realizar 20 talleres y 12 cursos sobre educación, salud y desarrollo de capacidades empresariales.
Conacyt: fideicomisos para la empresas privadas
La investigación que apenas comienza a los 91 fideicomisos de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), además de opacidad, uso discrecional y presunta corrupción, revela la construcción de 46 elefantes blancos y la entrega de al menos 41 millones 624 mil pesos a empresas privadas, señalaron en la conferencia.
María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt, reveló que entre 2013 y 2018, esta institución hizo transferencias directas de 41 millones 624 mil pesos a empresas transnacionales como Intel, IBM, Monsanto, Kimberly Clark, Bayer, Volkswagen, Honeywell, y mexicanas como Mabe, Femsa Logística y Bimbo. Parte de estos recursos eran del Programa de Estímulos a la Innovación. En total estas empresas recibieron 891 millones de pesos de recursos públicos.
“Globalmente en el sexenio pasado (Enrique Peña Nieto) 44 por ciento de todos los recursos gestionados desde Conacyt, supuestamente para desarrollo científico y tecnológico y de innovación, que vamos a ver, al final, no fue el sexenio de mayor eficiencia de innovación, fueron transferidos al sector privado y el 56 por ciento al sector público”, explicó.
En el ramo 38, entre 2000 y 2018, Conacyt, había 91 fideicomisos instituidos para promover en diferentes formas actividades científicas y tecnológicas. En total, con un monto de 65 mil 335.70 millones de pesos, casi tres veces el presupuesto global anual de la institución.
“La mayor parte de los recursos que están depositados en estos fideicomisos son por ingresos propios de los centros públicos de investigación y van a regresar a sus cuentas con la extinción; entonces, por este lado no debe de haber preocupación.
Las transferencias millonarias al sector primario incluyen empresas nacionales y transnacionales. Diez son de las más beneficiadas.
“Resalta esta empresa RH México Simulation and Training, que en realidad es una filial de una transnacional alemana. Y esta empresa sola recibió uno de los proyectos más cuantiosos de toda la historia del Conacyt, que implica un monto de mil 531.6 millones de pesos”, reveló.
Las otras nueve empresas son: Prof Tech Servicios, Comercial Acros Whirlpool, DMT Tecnologías, Instituto de Investigación en Química Aplicada, Woodinnovation, Centro de Caracterización e Investigación en Materiales (UDG), Planetarios Digitales, Seguritech Privada y Sigma Alimentos Noroeste.
Se encontró, además, inequidad y pulverización de fondos por falta de planeación estratégica, de establecer prioridades o simple ineficiencia.
“El 1 por ciento de los sujetos de apoyo recibieron el 40 por ciento de los recursos de los fideicomisos. Este 40 por ciento implica 26 mil 134.32 millones de pesos”, expuso.
Dentro de los fondos sectoriales, añadió, los más cuantiosos son los que se tenían entre Conacyt y la Secretaría de Energía, y que se alimentan de recursos que resultan de una proporción de la venta de hidrocarburos.
“Uno de ellos se llama el Fondo de Hidrocarburos, el otro de Sustentabilidad- llama la atención la cantidad de recursos transferidos al Instituto Mexicano del Petróleo justamente en periodos que empezaron a ser asociados a la Reforma Energética y en donde el fortalecimiento de Pemex, que es la empresa del Estado en términos de hidrocarburos, no fue realmente muy apoyada a partir de desarrollos científicos y tecnológicos”, añadió Álvarez-Buylla.
Por ejemplo 9 mil 493.2 millones de pesos se transfirieron al Instituto Mexicano del Petróleo para 39 proyectos aprobados con costos excesivos, o irrelevantes para el sector energético,o con resultados deficientes, que no acreditaron el sustento científico ni tecnológico. El 23 por ciento de los recursos fueron transferidos a empresas o centros de investigación extranjeros. Cuatro de ellos se recomendó terminación anticipada por irregularidades.
Otros fondos que se empezaron a revisar desde el inicio de la administración, son 35 fideicomisos de fondo mixto con estados que no se usaron para investigación científica ni equitativamente en el país, pues se concentraron en diez entidades.
“De 2013 a 2018, el 80 por ciento de estos 35 fideicomisos se destinaron para obras de infraestructura de obra civil y sólo el 8 por ciento para investigación en ciencia básica.
“El 55 por ciento de los recursos gestionados en estos 35 fideicomisos fueron a 10 estados solamente: Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Baja California, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas y Ciudad de México”; precisó.
“Elefantes blancos”
Algunos de los fideicomisos del Conacyt se usaron para construir 46 “elefantes blancos” en diversos estados del país, con sobrecostos, desvíos, irregularidades y obras inconclusas, con un gasto de 783 millones 708 mil 14 pesos, reveló María Elena Álvarez-Buylla.
“‘Algunos son edificios realmente muy elegantes… que implicaron cuantiosas cantidades de dinero. Gran parte de estos edificios están prácticamente vacíos, están subutilizados, habrá que ver qué destino darles para realmente aprovechar esta gran inversión que hoy por hoy está convertida en un gran pasivo”, expuso.
Muy pocos recursos se destinaron a atender urgencias estatales para el desarrollo científico y tecnológico, dijo, con gran rezago para proyectos de contaminación del agua, destrucción del ambiente, salud, entre otros.
En el Estado de México se encontró el proyecto de construcción de un centro de innovación y desarrollo espacial que recibió 80 millones de pesos, para diseñar microsatélites, pero tenía serias irregularidades y sobrecostos. Cambió de constructora sin autorización, no cumplía con lo acordado en el proyecto y se ejercieron 40 millones de pesos sin atender las observaciones de Conacyt.
“Tenemos ahí, ahora, un edificio que habrá que ver qué uso darle, pero desde luego no se puede utilizar tal como está para el objetivo que originalmente se planteó y para el cual se asignaron 80 millones de pesos”.
Otro inmueble con irregularidades y también cancelado anticipadamente, añadió, es el Centro de investigación y desarrollo en agrobiotecnología alimentaria en Hidalgo. Quedó una obra civil inconclusa, con fallas estructurales, al cual le asignaron 100 millones de pesos y quedó inconcluso.
Álvarez-Buylla indicó que la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico recibió 82 millones de pesos del Foins, el fideicomiso de Conacyt que históricamente existe para apoyar la investigación científica en diversas universidades y no asociaciones civiles.
“El recurso fue usado para comprar un inmueble, pago de nóminas, celulares, gasolina, tintorería, banquetes, viáticos”, dijo.
El CIDE y la figura ilegal del Consorcio
El consorcio es una figura que no reconoce la Ley de Ciencia y Tecnología y que agrupa a varios centros de investigación, para bajar recursos de diversas fuentes, se crearon varios y esta tarea de generarlos le fue encomendada al CIDE en un proyecto de 30 millones de pesos.
Uno de los consorcios creados es Centromet de Querétaro, que recibió 392 millones 581 mil 541 pesos. Como gerente se nombró a Ana Díaz Aldret, esposa del entonces director general del Conacyt, Enrique Cabrero, actual investigador del CIDE.
“(El CIDE) es parte de este consorcio, y de hecho aquí, a este centro público de investigación se le asignó la tarea de generar los consorcios, es decir, un proyecto por 30 millones de pesos que también tiene problemas y que es parte de este monto y que inclusive todavía estamos discutiendo con ellos”, reveló la directora del Conacyt.
La administración de los fideicomisos de Conacyt implica un costo de administración y de operación de más de 500 millones de pesos, informó.
“En 2017-2018 el Conacyt no asignó un solo peso para ciencia básica… para el avance de la ciencia es una muy buena noticia que (los fideicomisos) se vayan a cerrar”, destacó.
El Conacyt de 2013 a 2018 ganó siete lugares en términos de gasto para innovación, pero la eficiencia disminuyó 16 lugares en este mismo periodo.
Bebederos de 153 mil pesos
José Antonio Álvarez Lima, director general de Canal 11, detalló el fideicomiso de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo creado en 2014, una de las irregularidades fue el ejercicio de 2 mil 31 millones de pesos para instalar 31 mil bebederos en escuelas públicas, del programa Bebederos Escolares. El fiduciario fue Bansefi. Y hay demandas en tribunales por la improvisación y la inexperiencia de las empresas que los instalaron.
“De los 31 mil bebederos proyectados se instalaron 20 mil 500 y hoy sólo funcionan 10 mil 900, y ahora ya hay nueve mil 600 bebederos inservibles. Los bebederos instalados tienen una vida útil de sólo dos años, su mantenimiento cuesta dos mil 400 pesos mensuales, que tendría que pagar la comunidad escolar”, precisó.
Su tecnología es inadecuada, ya que requiere de acometidas hidráulicas y eléctricas que existen sólo en las ciudades. Cada bebedero costó 153 mil 900 pesos y se compraron sin estudios de mercado ni análisis. Las adquisiciones se realizaron al margen de la ley usando la figura del fideicomiso para simular su cumplimiento.
Las empresas demandadas son Refrigeración Ojeda, por 77 millones de pesos; Grupo Constructor Carsev, 624 millones; Grupo Master Kong, 236 millones; en conjunto hacen un total de 937 millones de pesos y equivalen al 46 por ciento de lo ejercido.
Estas empresas, en 2019 ya se dedican a actividades ajenas a la instalación de este tipo de artefactos: una a refrigeración, otra a urbanización y otra a venta de mobiliarios.
El palco presidencial
Otro de los fondos es el Fideicomiso para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz en 2014, creado en 2009. Ejecutado por el gobierno estatal. Con una aportación del gobierno federal de mil 873 millones de pesos, el 96 por ciento. El fiduciario fue Scotiabank. Se desconoce el destino y uso final de 867 millones de pesos, el 44 por ciento, no existe ninguna documentación además de otras fallas de infraestructura y la construcción de un palco presidencial en el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente.
Auditorías a fideicomisos
Jorge Nuño Lara, jefe de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, explicó que son 191 fideicomisos, de los cuales 109 fueron creados por ley, los otros 82 no.
En febrero de 2020 la Auditoría Superior de la Federación publicó un informe especial de cumplimiento financiero.
Destaca la falta de elaboración de estudios de mercado en adjudicación directa de contratos de obra y servicios, falta de entregables de proveedores para amparar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, faltan bitácoras de obra de proyectos de infraestructura, entre otras irregularidades.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
