Al menos 10 menores de edad bajo custodia del DIF estatal han fallecido en hospitales o albergues de 2016 a la fecha, sin que sus muertes hayan sido investigadas para descartar omisiones o maltratos de quienes lo tenían bajo sus cuidados
Itzel Ramírez / La Verdad
Ciudad Juárez – Ajenos a los cuidados familiares y con el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Chihuahua (DIF) como la institución encargada de su custodia, diez niños y niñas murieron en la entidad durante los últimos cinco años, sin que ninguna autoridad haya investigado las causas de su fallecimiento, para descartar omisión de cuidados o violencia en contra de ellos.
Los menores de edad perecieron por diferentes razones, que van desde padecimientos como la leucemia, hasta el ahogamiento con alimentos. Las edades van desde un recién nacido hasta una adolescente de 17 años, de acuerdo con los datos proporcionados por el DIF a La Verdad, a través de una solicitud de información.
Salvo tres muertes que tuvieron lugar en un hospital público, los fallecimientos sucedieron en Centros de Asistencia Social privados, a los que el Desarrollo Integral de la Familia estatal les brinda un estipendio por el cuidado de cada menor de edad ahí resguardado.
Para 2019, el presupuesto destinado a los centros de asistencia social privados fue de 11 millones 240 mil 136 pesos, mientras que para los centros públicos, denominados casas hogar, el monto ascendió a 23 millones 598 mil 878 pesos, informó el DIF.
Aunque legalmente la institución era el responsable de la guarda y custodia de cada una de las niñas, niños y adolescentes fallecidos, ninguna de las defunciones ameritó investigación penal de la Fiscalía General del Estado ni averiguaciones al interior del DIF o de las organizaciones privadas donde vivían los menores, una situación justificada por Teresita Fuentes Vélez, directora de la institución.
Estos fallecimientos ocurrieron con niños tutelados que presentaban alguna una discapacidad, normalmente estas son difíciles ya de entrada, es lo que yo podría decir, que sí fallecieron en estos centros y que las causas son diversas y es lamentable ciertamente, pero es atribuible a su condición médica, no es atribuible a omisión de cuidados o violencia en contra de ellos. Es la condición médica que ya presentaban”, explicó Fuentes Vélez en entrevista.
El registro entregado por el DIF muestra que cuatro de las diez muertes sucedieron en menores de edad que vivían en el albergue Los Ojos de Dios, ubicado en Ciudad Juárez y especializado en la atención de población con discapacidad.
La primera muerte dentro del centro Los Ojos de Dios data de enero de 2016, cuando un adolescente de 13 años falleció de tromboembolia pulmonar, epilepsia y parálisis cerebral infantil; la segunda, de octubre de 2017, cuando una adolescente de 17 años falleció por un choque hipovolémico; luego una más en enero de 2018, de un adolescente de 15 años con choque séptico, sepsis sin régimen aislado, falla renal aguda y neumonía como causas de muerte; y un mes más tarde, un bebé de tres años murió en el mismo albergue por un infarto agudo al miocardio.
Consultada sobre los fallecimientos, Patricia Silis, fundadora, directora y representante legal del albergue, respondió que debido a que los casos se referían a personas de tutela pública, correspondía al DIF brindar la información relacionada con los fallecimientos.
Las otras muertes dentro de albergues sucedieron en otros albergues, una en el centro Santa María, también ubicado en Juárez, donde un adolescente de 12 años perdió a vida en abril de 2016 por asfixia por broncoaspiración de restos alimenticios; otra en el Centro de Vida Independiente, ubicado en el Estado de México, donde en septiembre de 2019 un adolescente de 15 años bajo custodia del DIF Chihuahua perdió la vida por una falla intestinal; y otra más en el albergue Granja Hogar, en Ciudad Juárez, donde una niña de dos años falleció por neuropatía crónica y neumonía nosocomial, es decir, adquirida en un hospital.
Las muertes acontecidas en hospitales públicos ocurrieron todas en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, una en abril de 2017 cuando una adolescente de 14 años falleció por choque mixto, leucemia mieloide aguda y colitis neutropenia; otra en mayo de 2017 de un recién nacido, del que no se identifican causas ni sexo; y otra más en agosto de este año, de una niña de once años que murió por una apendicitis complicada, perforación intestinal, sepsis abdominal y absceso en hueco pélvico.
En el caso de la apendicitis, una afección que identificada y tratada a tiempo no es letal, Fuentes Vélez refirió que era necesario revisar a detalle el expediente médico para determinar la razón del fallecimiento.
“Si es complicada, a lo mejor sí (es letal). Fue una apendicitis complicada, habría que ver en realidad todo el expediente médico, qué antecedentes habría en esa causa”, refirió.
En todos los casos, explicó la funcionaria, las muertes se reportaron al Ministerio Público, instancia que determinó no iniciar ninguna investigación.
“No hemos sido retroalimentados en el sentido de que sí ocurrió algo más grave”, expresó.
Denuncias y maltratos
En un estado con comunidades como Juárez, donde la violencia intrafamiliar es el segundo delito de mayor incidencia apenas después del narcomenudeo (cinco mil 520 carpetas de investigación en 2019 frente a seis mil 700, respectivamente), la atención de niñas, niños y adolescentes cobra especial importancia.
De acuerdo con las cifras más recientes del Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015 realizado por el INEGI, Chihuahua ocupaba el cuarto lugar dentro de las entidades con más niñas, niños y adolescentes albergados, con un total de dos mil 317.
Para este año, el DIF indicó que la cifra aumentó a seis mil 702 niñas, niños y adolescentes resguardados en algún centro público o privado, aunque, precisó, es una población que constantemente varía de acuerdo con las entradas y salidas de los albergues.
En su Informe Especial sobre la Situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Centros de Asistencia Social y albergues públicos y privados de la República Mexicana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró que en el estado de Chihuahua hay cuatro centros sin servicio médico.
Además del número de población en albergues, Chihuahua se encuentra a la cabeza de las entidades con más denuncias por delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes en albergues.
Según los datos del informe de la CNDH, el año pasado la Fiscalía General del Estado de Chihuahua recibió 41 denuncias, ubicándose en segundo lugar nacional, detrás del Estado de México, donde se acumularon 136 denuncias por delitos presuntamente cometidos en contra de la población infantil y adolescente de los albergues.
“Chihuahua, Baja California y Veracruz fueron los estados donde se registró el mayor número de niñas, niños y adolescentes en CAS agraviados por delitos”, abunda el informe.
A pesar de las cifras, durante 2019 la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua no registró ninguna queja por preguntas violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes residentes en los Centros de Asistencia Social, detalla el documento.
El maltrato dentro de albergues es corroborado por Martha -nombre ficticio-, madre de una adolescente que estuvo en dos ocasiones en custodia del DIF.
El año pasado, relata Martha, un familiar denunció que la adolescente había sufrido abuso sexual, por lo que la FGE de Chihuahua inició las investigaciones y determinó enviar a la hija adolescente al DIF.
“Mi hija estuvo más de 15 días en un albergue y un día se escapó. Me llamó porque llegó a casa de una amiga suya y cuando fui estaba demacrada, flaca, llena de piojos. Mi hija lo que me platicó es que la maltratan feo los niños, que cada niña tiene que lavar la ropa de sus compañeros y que si no comían los castigaban”, relata.
Las circunstancias del escape de la hija de Martha la llevan a cuestionarse qué tan bien se cuida en los albergues a los menores de edad.
“Mi hija se escapó a las seis de la mañana; a mí la abogada del DIF me avisó a las 9:30 de la noche que mi hija no estaba en el albergue, imagínese lo que pudo pasar en todo ese tiempo”, relata.
Ante la ausencia de la menor, agentes de la FGE seguían a Martha hasta que un día la detuvieron, entonces, su hija decidió avisar de su paradero.
“Les dije que ella ya no quería volver al albergue pero se la volvieron a llevar y estuve más de un mes sin saber de ella ni comunicarme. Iba al DIF y no me decían dónde estaba mi niña, solamente que tenía que esperar y que estaba bien, hasta que por fin la vi”, recuerda.
Las investigaciones por el abuso siguen, al igual que la disputa por la patria potestad de la menor, que actualmente es cuidada por un familiar.
Del 2013 al 2020, un total de 357 menores de edad han escapado de los albergues del DIF en la entidad, informó la institución.
Sin embargo, el organismo desconoce situaciones de maltrato, como la descrita por Martha.
“De los maltratos, tampoco tengo conocimiento, no niego que pueda estar ocurriendo. (No hay) ninguna queja en cuanto a esto”, explica Teresita Fuentes Vélez.
La Verdad tuvo acceso a otros tres testimonios de padres y madres cuyos hijos e hijas en albergues del DIF por algún periodo, en todos esos casos, no hubo quejas por maltrato u omisiones.
“A mi hija la trataron muy bien según lo que me dijo. La llevaban de paseo, a la escuela, le daban comida, todo bien. A nosotras como familia incluso nos sirvió porque mejoramos nuestra relación con la ayuda de la psicóloga y con ese tiempo que estuvimos lejos y nos valoramos mejor”, cuenta una de las madres consultadas.
“Lo único es que sí llegó llena de piojos”, resalta.
Omiten caso Nohemí
En su condición de sujeto obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, el DIF se rehusó por más de seis meses a entregar los datos sobre el número, sexo, lugar de ocurrencia, causa y fecha de las muertes de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia.
José Castañeda Pérez, procurador de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de Chihuahua, argumentó la protección de la identidad de los menores de edad para no cumplir con la entrega de información.
“En observancia de los principios de licitud y responsabilidad, se considera que la información solicitada en este caso queda bajo reserva, derivado de la sensibilidad de los datos, pues hablamos de vidas de niñas, niños y adolescentes”, respondió el funcionario a cuando menos dos solicitudes hechas al respecto.
Tras la admisión de un recurso de revisión ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y una resolución favorable para La Verdad, el ente puso a disposición las cifras solicitadas, aunque las relativas al periodo 2016-2020, a pesar de que se pidió la información a partir del año 2006.
Castañeda Pérez utilizó el mismo argumento para rechazar la petición de entrevista para abundar sobre el tema.
La omisión de información relativa a años previos dejó fuera el caso de Nohemí Álvarez Quillay, migrante indígena ecuatoriana que con 12 años de edad se suicidó en uno de los albergues del DIF en Ciudad Juárez en 2014.
En algún punto de su travesía desde Ecuador hasta su estancia en la frontera, Nohemí fue víctima de abuso sexual, situación que fue ignorada y desatendida por el DIF de Chihuahua y que contribuyó al deterioro de su estado emocional, determinó la recomendación 22/2015 de la CNDH.
Sin mediar argumento o explicación alguna, el DIF no registró la muerte de Nohemí ni de un número desconocido de niñas y niños más, fallecidos antes de 2016.
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