El sacerdote se amparó en su derecho a no autoincriminarse para no responder el interrogatorio del Ministerio Público ni de la asesora jurídica de la víctima, solo contestó preguntas a Maclovio Murillo, secretario del Ayuntamiento de Juárez con licencia, a quien un día antes sumó a su equipo de defensores
Blanca Elizabeth Carmona/La Verdad
El sacerdote Aristeo Baca se declaró inocente de la acusación formulada en su contra por violación y abuso sexual de una niña de su feligresía.
Rompió el silencio en el octavo día del juicio oral abierto en su contra, al declarar por primera vez desde su detención, el 9 de febrero del 2019. Durante su comparecencia solo aceptó responder a las preguntas de su defensa y se negó a contestar el interrogatorio del Ministerio Público y de la asesora jurídica de la víctima, al acogerse al derecho que le concede la ley para no autoincriminarse o no declarar contra sí mismo.
Ante el Tribunal de Enjuiciamiento, el sacerdote consideró que el móvil de la denuncia en su contra es por el manejo del dinero de las limosnas y diezmos que llevaban los padres de la víctima en su parroquia, Santa María de la Montaña. Su sospecha se basa en que los ingresos de esa comunidad religiosa aumentaron cuando ellos dejaron de desempeñarse como tesoreros, se desprende de lo que narró ante los jueces.
Después de ser protestado para presentar su testimonio con la verdad, el párroco dio respuesta a las preguntas de uno de sus siete abogados, el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez con licencia, Maclovio Murillo Chávez, a quien un día antes nombró su defensor.
“Usted ha escuchado aquí las imputaciones que se le hacen, ¿qué nos podría decir acerca de los hechos que le acusa la Fiscalía?”, cuestionó Murillo al iniciar el interrogatorio frente a los tres jueces que integran el Tribunal de Enjuiciamiento, así como la agente del Ministerio Público y la asesora jurídica de la víctima.
El padre Aristeo respondió “son totalmente falsos, yo no he hecho lo que dicen”.
En otro momento de su declaración, el párroco contó que con los padres de la víctima tenía una relación “de amistad, amistad muy hermosa que logramos construir y como su pastor velaba por el crecimiento de su fe”.
El acusado explicó que el matrimonio estaba a cargo del grupo de liturgia, especialmente de preparar todo lo necesario para la misa de las 8 de la mañana de los domingos, y también eran los tesoreros de esa comunidad católica.
Como tesoreros, dijo Aristeo, los papás de la víctima recogían el dinero que los fieles aportaba en la parroquia Santa María de la Montaña, recibían el diezmo proveniente de otras cuatro capillas y de las actividades económicas, cuando se realizaban; contaban el dinero, lo metían en bolsas y lo guardaban en una caja fuerte de la que tenían la combinación para después preparar los depósitos bancarios.
El presbítero señaló al Tribunal de Enjuiciamiento que los padres de la víctima se desempeñaron como tesoreros de la parroquia hasta marzo del 2018 cuando, aseguró, él les quitó esa responsabilidad, sin precisar por qué tomó esa decisión.
A partir de esa fecha se incrementó el monto que se recolectaba anualmente, aseguró al dar respuestas a las preguntas que su abogado leía de unas hojas de papel, esto último de acuerdo con personas presentes en la audiencia.
“¿Hubo algún cambio en la colecta cuando los padres de la menor dejaron la tesorería?”, preguntó el abogado. Aristeo contestó: “si, fue muy notable. Del 2015 al 2017 el promedio anual que se colectaba era 128 mil pesos. En el año que fue el cambio a otras personas se disparó a 509 mil pesos”.
El defensor cerró su interrogatorio cuestionando “¿existe algún móvil para que usted haya sido acusado de los hechos que se le atribuyen?”. El cura respondió: “obviamente es el dinero”.
Antes, el abogado cuestionó al clérigo en qué fecha los papás de la víctima se enteraron que los ingresos de la parroquia habían aumentado; Aristeo respondió que el 2 de diciembre del 2018, cuando estaban preparando la peregrinación guadalupana él se lo dijo al papá de la niña.
Esa fecha coincidió con el dato aportado por la mamá de la víctima, quien señaló al Tribunal de Enjuiciamiento que el 2 de diciembre del 2018, al terminar una misa celebrada por la tarde, ella se enteró de las atrocidades que su hija había sufrido a manos de Aristeo. Esto lo expresó la mujer al rendir su declaración en el juicio oral, el pasado 25 de enero.
Al proseguir con su versión ante los juzgadores Aristeo Trinidad expuso que después de avisar a los padres de la víctima que los ingresos aumentaron cuando ellos dejaron de ser tesoreros, “se empezó a enfriar la relación de amistad” que él tenía con el matrimonio y éstos empezaron a dejar de ir a la comunidad parroquial hasta que finalmente se ausentaron de forma total.
El párroco indicó que la última vez que él habló con el padre de la menor fue en enero del 2019, cuando acudió al lugar donde trabajaba el jefe de familia.
“Fui para pues motivarlo, para que regresara a la comunidad, a la parroquia. Por una razón elemental, les echábamos menos”, afirmó Aristeo, para luego asegurar que recibió puras evasivas por parte del papá de la víctima.
Esta fecha también coincide con un dato aportado por el padre de la niña. Al declarar, en el juicio, que el 19 de enero del 2019 Aristeo fue a buscarlo a su trabajo para pedirle perdón por las agresiones sexuales que sufrió su hija y que él optó por aceptar la disculpa porque en ese momento no sabía con precisión qué había sucedido.
Incluso durante la declaración del papá de la víctima, la agente del Ministerio Público exhibió a los jueces, y después incorporó como prueba en el juicio, un video captado por las cámaras de seguridad de la empresa donde laboraba el hombre a fin de exhibir que Aristeo había estado en ese lugar entrevistándose con el papá de la víctima.
En otra parte de su declaración el sacerdote acusado de pederastia aseguró ante los jueces que él nunca se quedaba a solas con la niña víctima, pues cuando “el papá se iba por ahí a tocar las campanas había jóvenes o personas mayores con nosotros en el comedor tomando café y algún pan y las puertas estaban totalmente libres para que accesara la gente que quisiera (sic)”.
La puerta que conectaba la sacristía con la casa parroquial siempre estaba abierta y las personas que trabajaban preparando la misa, así como cualquiera otra, podían entrar, aseguró.
En la acusación presentada por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delitos por Razones de Género (FEM) en contra del clérigo se establece que él cometió una violación a finales de diciembre del 2015 en el interior de la casa parroquial del templo Santa María de la Montaña ubicada en la calle General Lorenzo Avalos, de la colonia Santa María, cuando la víctima tenía apenas 8 años.
El abuso sexual presuntamente fue perpetrado por el sacerdote en septiembre de 2016, también en la casa parroquial, al momento que la niña contaba con 9 años, y una segunda violación presuntamente sucedió el 28 de enero del 2018, en el mismo lugar. Para ese año, la víctima tenía 10 años, de acuerdo con datos oficiales.
En el juicio oral el Ministerio Público y la asesora jurídica de la víctima ya presentaron a todos sus testigos y desde el 3 de febrero la defensa comenzó a desahogar sus pruebas.
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