Cada vez con más frecuencia la percepción de inseguridad y de la corrupción son consideradas como factores para determinar cuándo es un buen momento para invertir en México
Javier Cruz Aguirre
Parece moda. Cada cierta cantidad de años, pocos por cierto, diversos medios de comunicación del país y del extranjero destacan análisis, informes y estudios hechos por organizaciones especialistas en finanzas y negocios respecto al impacto que tiene y tendrá en la economía mexicana la inseguridad, la violencia extrema, la corrupción y la impunidad.
Pero de manera igualmente reiterada, los mismos medios que divulgan la inminente quiebra del Estado mexicano por esos terribles flagelos –que hay que aceptar, son lastimosamente reales–, y gracias a otros portales informativos que suman sus coberturas, nos enteramos que no, que siempre no nos hundiremos porque las inversiones, nacionales y foráneas, están fluyendo e incluso aumentan en los diversos sectores productivos de la nación.
Por ejemplo, el pasado miércoles 3 de marzo el periódico El Economista reprodujo opiniones de analistas que fueron consultados por el Banco de México, en el sentido de que “ahora no es un buen momento para invertir en el país” debido al incremento de la delincuencia, la corrupción y “las preocupaciones” de las empresas respecto al futuro inmediato del Estado de Derecho en la nación.
En la tercera razón que los especialistas esgrimieron para centrar sus argumentos, destaca el hecho de que el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador ha sido ampliamente criticado por cambiar las reglas del juego en el sector energético, una medida que muchos analistas consultados por el diario dicen que “asustará a la inversión.”
Pero el panorama para los inversionistas privados del país era completamente diferente hace apenas dos meses atrás.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inversión en México al cerrar enero de este año se recuperaba 2.8% con relación a su situación en septiembre del año pasado, crecimiento que sustentaba su ampliación en la industria de la construcción.
Pero el órgano constitucional autónomo reconoció que en su comparación anual, la Inversión Fija Bruta en nuestra nación disminuyó 13.7% en términos reales en octubre. Sin embargo, a diferencia de las consultoras nacionales y extranjeras en materia financiera, el instituto desechó a la corrupción y a la violencia como jugadores que ponen en riesgo el futuro al corto, mediano y largo plazo de la inversión y la economía nacional.
Para el instituto, la llegada del COVID-19 a México en marzo del 2020 paró en seco a dos de los más importantes actores de la economía y la inversión: precisamente la industria de la construcción y el sector manufacturero, lo que acreditó la caída de la Inversión Fija Bruta (PIB) de 28.9% registrada en abril de 2020, frente al tercer mes de aquel año.
¿Violencia? ¿Corrupción? Para nada dañaron el interés del inversionistas –según afirma el gobierno federal morenista– por aplicar sus capitales en algún sector de nuestra economía que, de acuerdo con el mismo Inegi, se ha recuperado de manera lenta “y no ha regresado a niveles previos a la pandemia”.
Es más, de acuerdo con especialistas del sector privado que consultó el Banco de México en diciembre del 2020, tras los meses más álgidos de la crisis del COVID-19, “la economía de México volverá a tener una tasa positiva hasta el segundo trimestre del próximo año; con repunte trimestral de 10.48%”, en que volverán las inversiones, tanto nacionales como extranjeros, para impulsar las actividades económicas del país.
Claro que los consultores privados no dejaron de señalar que ese avance no alcanzará a revertir la caída que registraría el Producto Interno Bruto durante 2020; además de que sería producto de “un rebote estadístico generado por las caídas tan profundas” de los últimos cinco trimestres.
Pero estos vaivenes económicos y de la a inversión en nuestro país, decíamos, no son nuevos. Y para demostrarlo citemos un ejemplo un poco más lejano y que se ubica con un gobierno diferente al de la llamada cuarta transformación: el de Enrique Peña Nieto.
En febrero 2015, la propia Secretaría de Economía reconoció que las consecuencias de la violencia en México habían sido devastadoras.
“La inversión extranjera en cinco estados de la República –reveló el documento– se ha desplomado. Al menos cinco de los estados con los más altos índices de violencia o inmersos en conflictos sociales registraron el año pasado una Inversión Extranjera Directa por debajo del promedio nacional”.
Y un año antes, en lo que toca a los índices de corrupción como fenómeno que coloca a México como un “destino poco seguro para los capitales”, el Semáforo Económico Nacional 2014 concluyó que la descomposición social y política en México “se come el 2% del PIB”, lo que en cifras representó la pérdida de 341 mil millones de pesos al año, a precios de ese año.
Por ello, su conclusión llevó a la cúpula empresarial a decir, una vez más, que su sector dejaría de invertir en la medida que aumentara la percepción y los costos de la corrupción.
¿Así lo hizo? ¿Se hundió la economía y el país? Aquí seguimos, tratando de corregir los errores del pasado y el presente.
Vamos, hasta hemos logrado trascender a la también reiterada cantaleta del gobierno estadounidense de que el país se postrará debido a los mayores obstáculos a la inversión: la delincuencia y la corrupción, en donde –hay que decirlo también– Washington tendrían una que otra co-responsabilidad.
En mayo del 2017, Roberta Jacobson, entonces embajadora de Estados Unidos en México manifestó al participar en el “Foro True Economic Talks. Afrontando el Cambio”, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP):
“Existen dos temas que afectan la inversión en México: la inseguridad y la corrupción. Vamos a seguir enfrentando retos y problemas mutuos en estos temas que son graves”.
Pero también asentó que esto de la caída de la inversión en esos años del gobierno priista formaba parte de una larga historia de “bajadas” y “subidas” en la percepción de la crisis económica provocada por la falta o abundancia de inversión en México.
Por ejemplo, la diplomática estadounidense dijo, utilizando cifras de un estudio de Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017 de KPMG –una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países–, que una muestra de que la corrupción afecta a las inversiones y la competencia en el país, es que el 90% de los directivos de grandes empresas transnacionales y multinacionales considera el combate a la corrupción como la variable que México necesita para incrementar su competitividad, objetivo que no se dio al menos en el periodo 2000 al 2014 por “las expectativas no cumplidas” en el combate a ese flagelo por parte de los gobiernos que administraron y regían a la nación en esa parte de la historia política mexicana.
Bueno, hubo un lapso en el gobierno de Felipe Calderón en el que el Banco de México destacó que en los primeros cuatro años de ese sexenio la inversión extranjera en México alcanzó un monto histórico, pero –sí, siempre el perseverante “pero” – “en sus dos últimos años registró un incremento del capital especulativo y de poco impacto en el crecimiento económico y la generación de empleos”.
Pero eso de la ultra ganancia especulativa y elitista a costa de la economía de un país empobrecido, corrupto y violento, para algunos no es un problema que les robe el sueño. Hay que insistir, periodo tras periodo, en que los capitales se van o simplemente no llegan si no existen las condiciones de seguridad y honestidad y claridad económica en los mercados de inversión y consumo.
Pero la realidad es que México, aun en este gobierno que nos habla de cero corrupción, descenso en la inseguridad y transformación, sigue muchos de los dictados de la doctrina neoliberal y por ello los grandes capitales –pragmáticos como lo son– seguirán aplicando recursos monetarios en la economía nacional sean éstos productivos, especulativos o descaradamente criminales.
Así sucedió, por ejemplo, en dos casos emblemáticos y evidentemente contradictorios ocurridos recientemente en Baja California:
1.- La cervecera Constellation Brands fue obligada a retirar su planta en Mexicali, pero ya busca reubicarse en otra región de México, sin mencionar que continúa sus planes, como si nada, en sus fábricas en Obregón, Sonora, y Nava, Coahuila.
2.- La transnacional Sempra Energy recibió el visto bueno del gobierno de Andrés Manuel López Obregón para reorientar su inversión en Costa Azul, Ensenada, y exportar millones de metros cúbicos de gas natural al mercado asiático, pese a la abierta y pública oposición de un importante sector de la ciudadanía porteña.
Por ello, esperemos en cualquier instante un cambio en la perspectiva del futuro de la inversión en nuestro país. A ello, los mexicanos estamos históricamente acostumbrados.
***
Javier Cruz Aguirre. Es Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.
+ Contenido Patrocinado
