Estas son historias de dos crímenes cometidos por quienes tienen el mandato de protegernos. Son también historias de impunidad. Sobre todo, son historias de indiferencia: dos familias rotas, abandonadas por un gobierno que prefiere mirar hacia otro lado, y por una sociedad que, a punta de golpes, dejó de sentir dolor
Fotografías: Isabel Briseño / texto: Daniela Pastrana / Pie de Página
Ciudad de México- Lo primero que hay que saber, al ver estas imágenes, es que son la representación de crímenes de Estado. Crímenes terribles de lesa humanidad.
Uno, cometido en 2009, en pleno apogeo de la guerra que el expresidente Felipe Calderón dirigió contra la población mexicana con el pretexto de las drogas. En esos años, en los que se multiplicaron las historias de terror, Óscar Kabata fue detenido y torturado por militares, que mataron a su amigo Víctor frente a él y le rompieron la vida.
El otro, cometido en 2020, en medio de una pandemia y con un gobierno que ha prometido que eso no ocurriría más. Ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a donde una familia pobre, originaria de Chiapas, llegó en busca de trabajo y lo que encontró fue la muerte y la desaparición forzada de los dos hijos mayores.
“Me siento culpable, porque yo siempre los protegí. Pero mis alas no fueron suficientes”, me dijo una noche de abril la madre de los chicos, mientras esperábamos a que los hombres llegaran de una reunión en Gobernación.
¿Qué palabras sirven para contar los escalofríos que provoca su testimonio? ¿Qué palabras pueden describir ese abandono que se siente en esos campamentos, instalados enfrente del Ejército y del Palacio Nacional? ¿Desamparo? ¿Indiferencia? ¿Soledad? ¿Cuándo nos acostumbramos a estos crímenes atroces?
El abandono es de todos. Del gobierno que provocó esto, en primer lugar, pero también del que ahora hace de su espera una agonía interminable. Del Ejército, mandatado para protegernos. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más ocupada en defender a una funcionaria pública que en atender estos crímenes de Estado.
Pero es también un abandono de la sociedad. De medios de comunicación, para quienes son invisibles una huelga de hambre en el Zócalo de la capital y un campamento en las puertas de la Sedena. Y de la gente todos los días los mira sin ver, como parte del paisaje cotidiano de un país que, en algún sitio, dejó guardado el corazón.
Óscar Kábata. 65 días afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional
Óscar Kabata fue detenido y torturado por militares en Ciudad Juárez en 2009. Tenía 17 años y soñaba con ser militar o policía federal, como su papá. Cuatro días lo torturaron. Mataron frente a él a su amigo, Víctor Manuel Vaca Prieto. Nunca recuperó su vida. Hoy, Óscar tiene 29 años y desde hace dos meses acampan afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional en demanda de una reparación del daño.
Dice: “Me da mucha envidia que pasen por aquí los militares, ellos siguieron con sus estudios y yo, por su culpa, estoy aquí afuera en una casa de campaña”.
En lo que él llama “sala”, Óscar se sienta todos los días a conversar con su vecino de banqueta, Erick Guidchard, quien demanda la reparación del daño por el asesinato de su padre y tres de sus tíos, ocurrido en Chiapas en 1974. Cada tanto, los militares se acercan a escuchar sus pláticas.
“Este es el hotel más caro en el que he vivido”, dice el joven Kabata, mientras hace cuentas: la renta del baño, por ejemplo, le genera un costo de 2 mil 500 pesos mensuales. Pero no se va a mover, jura, y aprieta la mano: “No me siento seguro, pero nos arreglan o nos matan aquí afuera”.
El campamento fue instalado el 24 de marzo del 2021, sobre la avenida Industria militar. Mientras intenta realizar arreglos a una nueva carpa que consiguieron, Óscar recuerda aquella ocasión en la que se cortó las venas de su antebrazo izquierdo como reflejo de la desesperación e impotencia por la que ha atravesado durante todo el tiempo que lleva enfrentándose a las autoridades para exigir justicia.
“Nos vigilan” platica Oscar con su compañero de plantón. Por unas rendijas en forma de círculo que están en el edificio de enfrente, donde despacha el jefe del Ejército mexicano, se observan siluetas. A veces, de lejos les toman fotos, sobre todo cuando hay alguna novedad en el campamento.
La sombra del recuerdo de los abusos que vivió le atormentan la cabeza y la ayuda psicológica que recibe no es constante ni buena. Las sesiones son muy espaciadas y hay una rotación considerable del personal que lo atiende por lo que ha tenido que contar una y otra vez toda su historia. “Te soy sincero, ando muy mal”, confía.
Las noches son largas y el insomnio se prolonga varios días. A Óscar, escuchar narcocorridos en vehículos en los que van militares, le provoca pánico. Cuando cae la noche, se dedica a buscar información sobre su caso y tuitear. «Todo el tiempo estoy buscando. Los abogados y las autoridades no hablan con la verdad y por eso tengo que buscar la verdad sobre cada cosa que dicen”.
Raúl Tercero. 95 días frente a Palacio Nacional; siete en huelga de hambre
Desde el jueves 20 de mayo, la bandera que está en el Zócalo no ha sido guardada. El ritual diario para izarla y bajarla, a cargo del Ejército mexicano, fue suspendido porque Raúl Tercero se puso en huelga de hambre a los pies del asta.
Raúl Tercero es originario de Chiapas. Durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 se mudó a Tamaulipas con su esposa y sus hijos mayores en busca de un trabajo que escaseaba en su estado. Ahora, su casa es la plancha del Zócalo de la capital, frente a la puerta del Palacio Nacional.
A veces, algunas personas que pasan por el campamento se detienen y le piden que les cuente qué sucedió con sus hijos. La mayoría de veces accede y hasta les muestra el video que evidencia a los militares, pero a veces no tiene ánimos de explicar nada, y pide que lean las cartulinas. Su estado de ánimo se va apagando ante la falta de respuestas y su salud -recientemente fue operado de cálculos renales- se ha ido deteriorando.
“Lo que más extrañamos es la comida, aquí no se come igual”, dice el señor Romeo Ibarra, tío de Raúl Tercero, quien desde febrero acompaña a su sobrino y a su esposa en el campamento. Regularmente acuden a una cocina económica que está entre los locales del Centro Histórico, que cuesta 60 pesos. El baño cuesta 5, y la regadera de un hotel donde les dejan bañarse 30 pesos. “No nos bañamos diario, para ahorrar”.
El gobierno de la Ciudad de México les prestó una carpa, que no ha impedido que el agua de la lluvia se estanque bajo los hules que ponen para poder proteger sus cobijas y ropa. Y hace unos días, trabajadores del gobierno de la ciudad trataron de quitar la carpa, con el argumento de que afecta el aspecto del Zócalo.
Sus demandas son simples: la exhumación del cuerpo de Damián, para llevarlo a Chiapas, que les digan dónde está Alejandro, y que haya un reconocimiento de que no eran criminales y una disculpa pública del Ejército. Lo que han recibido, hasta ahora, son minutas de reuniones. “Parece que no les importa que estemos aquí, frente a su puerta. Han habido reuniones, promesas, acuerdos firmados con el Subsecretario de Derechos Humanos el licenciado Alejandro Encinas y nada se ha cumplido”, dice Raúl Tercero
Por las noches, la familia Tercero Meza recoge las cartulinas y esperan a que pase la señora del café. Dentro de la casa de lona, permanecen sentados mirándose entre ellos, deseando que no llueva y esperando lo que pueda traer esa noche: algún indigente que se quiera meter a resguardar, jóvenes con música a todo volumen, o que llegue de nuevo el gobierno a querer quitarles la carpa
