Maxcanú, Yucatán, es uno de los municipios en donde integrantes de la Alianza Maya para las Abejas Kaabnalo’on han documentado la pérdida de, por lo menos, 200 hectáreas de selva
Thelma Gómez Durán/ Mongabay Latam
Maxcanú vive una transformación en su paisaje. Hace una década, la selva se extendía por su territorio, pero de unos años a la fecha es cada vez más común encontrar zonas donde ya no hay árboles y, en su lugar, se han instalado granjas para la producción de cerdos o maquinaria para extraer tierra y abrir caminos. Los cambios podrían acelerarse en los siguientes años: este municipio, ubicado al suroeste de la ciudad de Mérida, en Yucatán, está en la ruta del llamado Tren Maya.
Quienes más han criticado y denunciado los cambios de uso de suelo que se registran en la zona son las mujeres y hombres que se dedican a la apicultura; ellos han sido de los primeros en notar y padecer los efectos en la disminución de la cubierta forestal: hay menos abejas y, por lo tanto, una menor producción de miel.
Entre marzo y abril del 2021, los integrantes de la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on presentaron dos denuncias populares, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por cambio de uso de suelo en el municipio de Maxcanú. Los apicultores denunciaron que en terrenos del Ejido Chactún se metió maquinaria pesada, se desmontó la selva, se abrieron caminos y comenzó la extracción de tierra roja.
Desde 2019, los apicultores han documentado cómo en esa zona avanza la deforestación. Según sus registros, en dos años se perdieron alrededor de 200 hectáreas de selva tropical.
Denuncias recurrentes y amenazas
“El desmonte en Maxcanú tiene sus antecedentes desde 2019. Como no vimos una reacción eficaz de las autoridades, decidimos presentar otra denuncia… En dos años ha habido impunidad. Nadie sanciona a quienes han realizado esos desmontes”, explica David Linares, asesor jurídico de la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on.
“En Maxcanú, el desmonte se nota cada vez más. Empiezan a perderse árboles y zonas multiflorales”, dice uno de los apicultores integrantes de la alianza quien pide resguardar su identidad, ya que han recibido amenazas a partir de otras denuncias que han presentado en contra de las granjas porcícolas que se han instalado en la región.
“La gente de las comunidades tiene miedo a denunciar; temen sufrir represalias. En Maxcanú, por ejemplo, ya ha habido amenazas directas contra quienes se han opuesto a las granjas porcícolas”, explica Shanty Acosta Sinencio, de la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo’on, organización que asumió la tarea de presentar las denuncias por deforestación y que se conforma por poco más de 720 socios de 12 grupos apícolas.
“Ya estamos viendo los efectos del cambio climático: sequías o lluvias severas; la pérdida de la masa forestal y de las zonas florales no solo está afectando a los apicultores, también vemos que tiene impacto en el acceso al agua o en la presencia de más plagas en los cultivos”, dice uno de los integrantes de la alianza.
Los datos de la plataforma Glofal Forest Watch, que permite acceder a los análisis de imágenes satelitales, muestran que en el municipio de Maxcanú, en Yucatán, se perdieron 3330 hectáreas de cobertura arbórea desde 2001 hasta 2020. La gráfica muestra que desde 2018 se registra un aumento en la pérdida de zonas con árboles.
Producir carne y perder selva
Los apicultores que forman parte de la alianza se han organizado para realizar un monitoreo constante de incendios y lugares deforestados. Así han ubicado los municipios en donde se ha intensificado el desmonte de la selva: Maxcanú, Opichén, Uman, Muna, Ticul, Halachó y Kopoma.
Entre las causas de la deforestación en esos lugares están, sobre todo, la instalación de granjas para la producción de carne de cerdo y pollo, así como la extracción de tierra roja y la venta de terrenos para desarrollos inmobiliarios.
En mayo de 2020, la organización Greenpeace presentó un informe que muestra la rápida expansión de las producción de carne de cerdo en el sureste del país. En ese entonces, se identificaron 257 granjas porcícolas; la mayoría de ellas, 222, se encuentran en el estado de Yucatán.
En su investigación, Greenpeace documentó que esas granjas han provocado la pérdida de 10 997 hectáreas de selva maya; además, 122 de ellas se instalaron en regiones consideradas como sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y 43 funcionaban dentro de Áreas Naturales Protegidas.
En noviembre de 2020, integrantes de 21 comunidades mayas de la Península de Yucatán presentaron una denuncia popular ante la Profepa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por las afectaciones ambientales causadas por las granjas porcícolas instaladas en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida.
Como resultado de esa denuncia, en mayo de 2021, Profepa clausuró cuatro granjas, “por no contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, por las afectaciones a la biodiversidad, por no presentar los resultados de sus descargas de aguas residuales y por una inadecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos”.
Un apicultor que habita en la zona de Maxcanú asegura que, aunque se han puesto los sellos de clausura en las granjas, “no pasa nada más, porque siguen operando a puerta cerrada, no hay un seguimiento de las autoridades”.
Habitantes y apicultores de la comunidad de Maxcanú aseguran que las granjas porcícolas no realizan un adecuado manejo de sus desechos, por lo que contaminan el agua de sus cenotes.
El pasado 11 de octubre, una coalición internacional de 127 organizaciones indígenas, de derechos humanos y ambientalistas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que celebre una audiencia temática sobre los abusos cometidos por la expansión de las granjas porcícolas en diferentes países de América, entre ellos México, Chile, Argentina y Ecuador.
Proyectos que fomentan el desmonte
Además de la expansión de las granjas porcícolas, los apicultores han identificado otras actividades que propician el desmonte de la selva maya. En lugares como Maxcanú, por ejemplo, el arranque de los trabajos del Tren Maya intensificaron la extracción de tierra roja. “Con eso se degrada todo el ecosistema, pero las autoridades de todos los niveles no le toman importancia”, dice uno de los apicultores.
En septiembre pasado, cinco meses después de que los integrantes de la Alianza Kaabnalo’on presentaron una de las denuncias populares por el desmonte y extracción de tierra roja en el Ejido de Chactún, personal de la Profepa inspeccionó el lugar, corroboró la deforestación y colocó sellos de clausura.
David Linares, el asesor jurídico de la Alianza, explica que aunque la inspección de Profepa se realizó solo en unos predios, “no en toda la zona devastada. Las acciones de Profepa son limitadas si se toma en cuenta la magnitud de lo que se denunció: el área afectada llega a caso 200 hectáreas”.
El abogado menciona que en esta zona se detectó que el desmonte se realizó para la extracción y venta de tierra roja, la cual se utiliza para la construcción.
Para evitar que esta deforestación quede impune, los miembros de la alianza esperan que se clausuren las otras áreas donde se realizaron desmontes y que, sobre todo, se dicten medidas de reparación en la zona.
“Lo que esperamos —señala Linares— es el resguardo y protección de los ecosistemas que benefician a la apicultura; pero sobre todo que se conserve la biodiversidad y el equilibro ecológico de la región”.
Las denuncias populares que han presentado los integrantes de la Alianza tiene un carácter administrativo, no se trata de una denuncia penal. “No estamos señalando a alguien por un delito. La Profepa es la autoridad que debe investigar y, de constatarse la comisión de un delito ambiental como resultado del ejercicio de sus facultades de inspección, presentar la denuncia penal correspondiente ante el ministerio público federal”.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con autoridades de la Profepa sobre las denuncias que han recibido por cambio de uso de suelo en Yucatán, pero no se tuvo una respuesta.
Shanty Acosta, integrante de la de la Alianza, explica que en el Programa de Ordenamiento Ecológico territorial de Yucatán la zona que se deforestó aparece como un área que debería destinarse solo a la conservación y no se debe autorizar ningún cambio de uso de suelo ni actividades de alto impacto como la extracción de material pétreo.
A partir de que se puso en marcha el proyecto de Tren Maya, autoridades estatales y municipales de la Península trabajan en la modificación de los programas de ordenamiento territorial y los programas de desarrollo urbano; “como Alianza nos preocupa que esas modificaciones se hagan al vapor y no respeten la importancia ambiental del territorio”, señala Acosta.
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Este contenido es publicado por La Verdad con autorización de Mongabay Latam. Ver original aquí.
