La contratación se da a pesar de que la gobernadora criticó el uso de créditos de corto plazo, a los que calificó de ‘tarjetazos’, y que fueron comunes en la administración de su antecesor, el también panista Javier Corral Jurado.
Itzel Ramírez / La Verdad
El Gobierno de Chihuahua contrató un nuevo financiamiento de corto plazo, el tercero desde el cambio de administración, el 8 de septiembre, cuando la panista María Eugenia Campos Galván.
Con esta nueva operación, el gobierno de Campos acumula tres financiamientos de corto plazo por un monto total de tres mil millones de pesos, todos en un periodo de menos de tres meses.
El pasado 22 de noviembre, la Secretaría de Hacienda dio a conocer el fallo por el que se adjudicaron siete obligaciones por un total de mil 200 millones de pesos; de acuerdo con el acta en la que se dio a conocer el fallo, el Ejecutivo contrató un crédito con BBVA Bancomer por 150 millones de pesos; tres con HSBC por un total de 400 millones de pesos y tres más con Santander por un total de 650 millones de pesos.
La contratación se da a pesar de que la gobernadora criticó el uso de créditos de corto plazo, a los que calificó de ‘tarjetazos’, y que fueron comunes en la administración de su antecesor, el también panista Javier Corral Jurado.
“Podemos afirmar que el gobierno de Corral vivió de créditos a corto plazo y cuando por ley ya no se pudo endeudar más, empezó a sobrevivir de fiado… Todo esto creo lo hizo para mantener un gran espejismo de estabilidad, siempre nos dijo que íbamos bien, salvo la deuda que nos habían heredado, cuando realmente el gobierno sobrevivía de deuda, como si una familia solventara sus necesidades básicas primero a base de tarjetas de crédito y después, de fiado”, dijo Campos en su toma de protesta, el pasado 8 de septiembre.
Aunque dos días después, su administración inició con los créditos de corto plazo, primero por uno de 800 millones de pesos y luego, el 24 de octubre, otro por mil millones de pesos en dos financiamientos.
La Secretaría de Hacienda de Chihuahua no respondió a la solicitud de entrevista realizada por La Verdad para conocer los argumentos para las contrataciones, así como el destino que se dará a los recursos obtenidos.
El mismo día de la contratación de este último financiamiento, la gobernadora anunció que en diciembre se pedirían dos créditos a corto plazo para el pago de nóminas y aguinaldos, según informaron medios locales; sin embargo, la mandataria no aclaró que justo ese 22 de noviembre se había hecho la adjudicación de las obligaciones por los mil 200 millones de pesos.
De acuerdo con lo declarado por Campos, cada mes se erogan mil millones de pesos para el pago de salarios de la burocracia estatal y que en diciembre el gasto aumenta otros mil 300 millones de pesos.
Ante el anuncio de la gobernadora, el diputado local Benjamín Carrera consideró que se ha abusado de estos instrumentos.
“En 5 años, Corral contrató 13.6 mil millones y Campos Galván en tan solo 3 meses estaría accediendo a créditos por 4 mil 200 millones, cerca del 30 por ciento del total contratado por su antecesor”, declaró el legislador de Morena de acuerdo con un comunicado.
El 26 de octubre, el legislador presentó una iniciativa para modificar la Constitución local y la Ley de Deuda Pública, a fin de que los créditos de corto plazo se liquiden a más tardar en el ejercicio fiscal siguiente al que fueron contratados y que se informe al Congreso cinco días hábiles después de la contratación de estos financiamientos, especificando la tasa de interés y otros gastos que genere el préstamo; así como disminuir el monto máximo permitido de créditos de corto plazo del 6 al 3 por ciento de los ingresos totales de la entidad que corresponda.
Desde 2010 a la fecha, el gobierno de Chihuahua ha contraído 158 créditos de corto plazo para “cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal”, según la justificación de la Secretaría de Hacienda local.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios indica que el monto de un crédito de corto plazo no debe exceder 6 por ciento de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal y entidad correspondientes, a fin de que pueda contratarse sin el aval de la legislatura estatal. La regulación vigente establece además la obligación de los gobiernos de liquidar este tipo de deudas al menos tres meses antes de que inicie una nueva administración.
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