Esta comisión se encargará de investigar los crímenes contra los derechos humanos cometidos por el Estado mexicano durante la llamada ‘Guerra Sucia’, un periodo histórico en el que el gobierno reprimió a la población civil que consideró disidente y que dejó un número aún indeterminado de asesinatos y desapariciones forzadas
Texto Raúl F. Pérez / Raíchali
Chihuahua- El gobierno federal celebró la instalación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, en un evento solemne en el Palacio de Gobierno en Chihuahua, en el cual participaron el Presidente Andrés Manuel López Obrador, autoridades federales, estatales y municipales, así como activistas y familiares de víctimas de ese periodo histórico.
Esta comisión se encargará de investigar los crímenes contra los derechos humanos cometidos por el Estado mexicano durante la llamada “Guerra Sucia”, un periodo histórico en el que el gobierno llevó a cabo operaciones represivas contra la población civil que consideró disidente y que dejó un número aún indeterminado de asesinatos y desapariciones forzadas.
Los primeros resultados serán entregados en 2024, hacia el final del sexenio de López Obrador.
“Pretendemos que el punto final de nuestro informe y nuestra participación en la comisión sea más bien el punto de partida para el nacimiento de una política de Estado, el punto de quiebre, de compromiso de garantías de no repetición y el florecimiento de una cultura de derechos humanos” dijo Abel Barrera Hernández, el representante de las personas expertas que integran la comisión.
Esta comisión, dijo Barrera Hernández, también se encargará de buscar justicia, reparación de víctimas, y el esclarecimiento del paradero de personas desaparecidas.
“No es un favor, ni una concesión para las familias y los colectivos reunidos en esta ocasión, es una obligación no cumplida por más de cincuenta años, es una deuda con noventa y cinco mil hogares que sufren ausencias de manera forzada, debido a que la impunidad se extendió como virus a todos los rincones del país”, dijo Tita Radilla Martínez, quien habló en el evento como representante de familiares víctimas y sobrevivientes.
Radilla Martínez es hija de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido y desaparecido el 25 de agosto de 1974 en la carretera México-Acapulco, en un retén militar.
Este caso llevó a México a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la primera vez que este país compareció por crímenes de lesa humanidad en un tribunal internacional.
La representante de las víctimas recordó la guerra sucia y la resistencia del gobierno decir declarar la verdad sobre desapariciones forzadas, las confesiones arrancadas mediante tortura y los encarcelamientos sin el debido proceso.
También señaló a la fracción panista del congreso estatal por negarse a rendir homenaje a los mártires del asalto al cuartel de Madera de 1965 en septiembre de este año.
“La cancelación de la historia subterránea y negada, la de hombres y mujeres protagonistas que hoy nos convocan, nos alerta a pensar que la reacción sigue gobernando desde este estado”, dijo Radilla, ante la presencia de la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván.
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Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, dijo que la movilización social que se manifestó entre los años de 1960 y 1990 enfrentó una violencia contrainsurgente del Estado que se manifestó de distintas formas, como “estigmatización social de la protesta, detenciones arbitrarias, prisión política, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales”.
Esta violencia política se extendió contra organizaciones sindicales, movimientos campesinos, organizaciones populares, comunidades indígenas, partidos políticos y contra todas las expresiones contraculturales de la época, contra los jóvenes, estudiantes y las personas de la diversidad sexual, explicó Encinas.
La comisión contará con un grupo de personas expertas independientes, un comité de impulso a la justicia, un programa especial de búsqueda de las personas desaparecidas durante este periodo histórico, un programa especial de reparación y compensación, y la construcción de un centro nacional de memoria.
Como principal herramienta de investigación, la comisión tendrá acceso a todos los archivos de la administración pública federal, de la Secretaría de Gobernación, del Estado Mayor presidencial, de la Secretaría de Marina, de la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad, así como a los lugares civiles o militares donde presuntamente se hayan cometido cometido graves violaciones a los derechos humanos.
López Obrador hizo hincapié en que su gobierno nunca ordernará que se reprima a nadie y que no tolerará ninguna violación a los derechos humanos.
“Este trabajo nos va a llevar a la no repetición. A afianzar el hábito, la cultura de la defensa y del respeto de los derechos humanos en este país, entonces es muy importante y lo cierto es que vamos avanzando”, dijo el presidente.
La gobernadora Campos Galván, también conocida como “Maru”, se comprometió a colaborar con esta comisión para que acceda a todos los registros, expedientes, inmuebles e información necesaria para el esclarecimiento de la verdad.
“Todo el dolor generado por aquellas acciones lamentablemente es irreparable”, dijo Campos. “Sin embargo, lo que sí es posible, es el reconocimiento y la exposición de la verdad. Y sobre todo prometernos que nunca, nunca más dejaremos que esto vuelva a suceder”.
Esta comisión fue creada por un decreto presidencial el día 6 de octubre de 2021, pero fue hasta el 10 de diciembre que se inauguró después de un proceso en el que fueron seleccionadas las personas que la integrarían.
El proceso de selección fue acompañado por la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por representantes de las víctimas y sus familiares, entre los cuales Encinas destacó a la activista chihuahuense Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos, miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida durante la guerra sucia.
La inauguración de esta comisión de la verdad se llevó a cabo en el aniversario 73 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
