Aun cuando Conagua asegura que no hay volumen de agua para otorgar más concesiones en el acuífero entre Coahuila y Durango, la cifra de derechos de agua ha crecido un 44 por ciento en las últimas dos décadas
Por Jessica Ayala Barbosa
Torreón, Coahuila– El Acuífero Principal-Región Lagunera, ubicado en Coahuila y Durango, está sobreexplotado y no hay volumen disponible para otorgar nuevas concesiones, sin embargo, la cifra de derechos de agua ha crecido un 44 por ciento en las últimas dos décadas.
Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de México, como abanderado del partido Morena, en diciembre de 2018, han sido autorizados 219 títulos.
Los diez municipios afectados por la sobreexplotación de este importante cuerpo hídrico son: Matamoros, San Pedro, Viesca, Torreón, Francisco I. Madero y Sierra Mojada, en Coahuila, y Gómez Palacio, Tlahualilo, Lerdo y Mapimí, en Durango.
Mientras cavaban pozos en busca de tuberías con presión suficiente para llenar algunos tambos, los residentes del ejido Colón de Francisco I. Madero, donde enfrentan problemas de desabasto, manifestaron su hartazgo durante un recorrido a mediodía del 19 de febrero.
Cuando los pobladores corren con suerte y encuentran agua, se conectan a una bomba periférica y se pasan la voz de un vecino a otro para que también se surta, de lo contrario, acarrean tambos de 200 litros a 200 pesos cada uno.
Pagar un peso por cada litro es un golpe descomunal para la economía de las familias de este pueblo de tres mil habitantes que se sostienen de los raquíticos sueldos que pagan en la maquila o en la construcción.
“Nos duele el alma”, dijo apesadumbrada Cecilia Barrientos al contar que desembolsar esa cantidad significa quedarse sin tortillas en la mesa.
De acuerdo con el documento titulado Actualización de la Disponibilidad Media Anual de Agua, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se determinó que no se pueden expedir más permisos de aprovechamiento.
Germán Martínez Santoyo, director de la Conagua, confirmó en una entrevista en Torreón el 7 de octubre de 2021, que el acuífero está agotado. Aseguró que hay vedas vigentes y se respetan, por lo que no estaban otorgando nuevos permisos.
No obstante, los datos del REPDA lo contradicen. Desde que tomó el cargo (1 de junio de 2021), la Conagua ha concedido 25 nuevos títulos.
La industria lechera entre las que más agua aprovechan
La agricultura ocupa el primer lugar en cuanto a volumen concesionado con 365 millones 902 mil 747 metros cúbicos de agua por año.
En La Laguna se localiza la cuenca lechera más importante de Latinoamérica y el sector agrícola regional se enfoca principalmente en proveer a esta industria de alfalfa, forraje que consume grandes volúmenes de agua.
El privilegio de la cadena productiva de la leche se refleja en el paisaje. En las carreteras que conectan a los municipios laguneros los verdes sembradíos de forrajes contrastan con la aridez de los ejidos.
La empresa lechera Lala aparece en el REPDA con una sola concesión de 290 mil metros por año. Chilchota, la otra empresa de lácteos, cuenta con seis permisos que, en conjunto, suman una capacidad de extracción de un millón 590 mil 037 metros.
El presidente del Consejo de Administración del Grupo Lala, Eduardo Tricio Haro y otras personas con las que comparte apellido y relaciones comerciales concentran 163 concesiones para extraer 45 millones 460 mil 070 metros por año.
Ese volumen sube a 52 millones 170 mil 071 metros por año al sumar los que tienen concesionados otras empresas en las que Eduardo Tricio figura como socio, según la plataforma SIGER: Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V.; Hortalizas de La Laguna S.P.R. de R.L. de C.V.; Puerto Chico S.A. de C.V. y Fresnedo S.P.R. de R.L. de C.V.
Galindo, Gómez, Murra, Berlanga, Valdez, Valdés, Villarreal, Martín, Fernández y Aguirre son otros apellidos que destacan en el REPDA. Los cuales están vinculados a empresas agropecuarias que forman parte de la cadena productiva láctea, así como a compañías vinícolas, además de conocidas tiendas departamentales, agencias de autos, refaccionarias, fraccionamientos y radiodifusoras.
Aumenta agua para fraccionamientos de lujo
Según el REPDA, en los últimos siete años, la extracción para Servicios muestra un crecimiento del 60%.
La mayor beneficiaria es la empresa Ecodesarrollo Las Villas, S.C. de R.L con 2.1 millones de metros cúbicos por año.
Según datos del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) del Registro Público del Comercio, esta sociedad está integrada por Alberto Gerardo, Beatriz Elvira, Magdalena del Socorro, Jesús Raúl y Guadalupe del Consuelo, todos apellidados Villarreal González.
Con excepción de Guadalupe del Consuelo, el resto de los socios tienen además una concesión conjunta de 300 mil metros.
Entre los objetivos del grupo inmobiliario está “proporcionar servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales a los propietarios y/o colonos de los desarrollos inmobiliarios de Promotora de Servicios Las Villas S. A. de C. V. ubicados en el municipio de Torreón, Coahuila”, como los fraccionamientos residenciales de lujo Las Villas, Las Acacias y El Cardenchal.
Otra de sus funciones es “proporcionar agua necesaria para el riego de las nogaleras” de esos desarrollos y prestar servicios de “mantenimiento de áreas verdes, árboles de ornato y de producción de nueces”.
Una parte del lujo que caracteriza a esos fraccionamientos exclusivos son sus frondosos parques, mientras que para muchos laguneros el lujo es ducharse y limpiar su casa.
“Tenemos que bañarnos, pero nos duele porque es desperdicio de agua. Yo ahorita, sinceramente, no me baño diario”, confesó apenada Cecilia Barrientos, habitante del ejido Colón.
En Lequeitio, la señora Leonor Morales, también compartió que en esta localidad de Francisco I. Madero regar las plantas significa ganarse la enemistad de los vecinos.
Tres inspectores para más de tres mil concesiones
Desde 2010 el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte se ha ido quedando sin inspectores. Desde 2019 cuenta con sólo tres empleados “para realizar visitas de Aguas Nacionales, Descargas de Aguas Residuales y Bienes Públicos inherentes”.
No obstante, German Martínez Santoyo, titular de la Conagua, aseguró que pueden llevar a cabo un ambicioso plan de revisión echando mano de los empleados de los diferentes estados que conforman el organismo de cuenca.
“El personal que sea necesario para realizar todos estos actos de autoridad. Tenemos este potencial (…) Sí lo hacemos, lo estamos haciendo, estamos haciendo supervisiones y cancelando pozos irregulares”, afirmó el funcionario.
Omisiones de la Conagua propician extracción ilegal
“El problema es la omisión del Estado de medir. Solamente con los datos de la Conagua, el cálculo de extracción y tráfico ilegal del agua subterránea se estima entre 300 y 400 millones de metros cúbicos ”, dijo el coordinador del colectivo de organizaciones ambientalistas Encuentro Ciudadano Lagunero, Gerardo Jiménez González.
El activista afirmó que la medición del organismo no es confiable, y el personal destinado a verificar que no se extraiga más de lo permitido es insuficiente.
“La ley exige una medición volumétrica, lo que implica que los inspectores tienen que acudir a checar los medidores, pero esto es imposible, pues sólo hay tres y no pueden checar todos los pozos cada mes, más el resto de las fuentes de agua”, explicó Jiménez González.
Añadió que actualmente se le pide al concesionario que mande los datos y en ese proceso se puede alterar la información del medidor.
Elizabeth Estrada Macías, representante del Frente Cardenista y del Frente Campesino por la Defensa del Agua y de la Tierra, afirmó que la deficiente medición de la Conagua da pie a diversos mecanismos mediante los que se extrae más agua de la permitida.
Uno de ellos, explica, es la subdivisión de pozos, un recurso legal que permite a los titulares de derechos de agua repartir su volumen concesionado en dos o más perforaciones.
Esos pozos subdivididos son lo que los ambientalistas llaman “pozos clonados”, y aseguran que mediante ellos los concesionarios exceden sus extracciones. Aunque también señalan la existencia de pozos irregulares, sin ningún tipo de permiso.
Conagua pide ayuda a la ciudadanía para hacer su trabajo
Al ser cuestionado sobre qué hace la Conagua para detener la extracción abusiva de aguas subterráneas, su director Germán Martínez Santoyo declaró que revisarán las concesiones y atenderán las denuncias de pozos clandestinos para clausurarlos.
“En la medida en que tengamos denuncias vamos atendiendo que todos estos pozos irregulares se cierren. Esto de la sobreexplotación es un trabajo junto con la sociedad y las denuncias son muy importantes”, insistió.
—¿Tiene que esperar la Conagua las denuncias para actuar?
—No —aseguró el funcionario federal.
Expuso que cuentan con procedimientos para revisar, desde el pago de los derechos de la renovación de las concesiones y mediante visitas que hacen en la región.
Contradicciones en Conagua por clausuras
El titular Gerardo Martínez estimó que hasta el 7 de octubre del 2021 se habían realizado 58 cancelaciones de pozos, la mayoría basadas en denuncias ciudadanas.
El funcionario no fue certero en cuanto a la cifra de pozos clausurados. El propio organismo a su mando lo desmintió.
La respuesta a la solicitud de información 330009421000205, recibida el día 21 de ese mismo mes, oficializa una cantidad menor.
La petición explícita fue conocer el número de pozos irregulares descubiertos en lo que iba del año, sus volúmenes de extracción, la forma en que se detectaron y las acciones que se tomaron.
“Del 02 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, se han detectado 26 pozos que no contaban con título de concesión”.
La autoridad omitió detallar las acciones que se tomaron tras la detección.
En otra respuesta, fechada el 7 de enero de 2022, la Conagua rectificó: “se tratan de 23 pozos y no de 26. De los cuáles 13 sí cuentan con título de concesión”.
La autoridad especificó que, de esa cifra, sólo 10 corresponden al Acuífero Principal Región-Lagunera. Se abrió un expediente por cada uno de ellos. Sólo uno, el de la concesionaria Cecilia Eraña Díaz Rivera, aparece como concluido. El pozo fue clausurado. No se aplicó multa.
Conagua sólo proporcionó las coordenadas en que se ubican tres de los pozos investigados. Se reservó la ubicación del resto. Supuestamente, para no entorpecer el proceso que se sigue.
Utilizó el mismo argumento para no proporcionar siete nombres de permisionarios y especificó que los otros dos no tenían título o permiso.
Con respecto al acumulado histórico de revisiones y sanciones, el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte consignó en el oficio B00.5.04.-00420 que efectuó mil 250 visitas de inspección en el Acuífero Principal-Región Lagunera de 2010 a 2021.
De ellas derivaron 305 sanciones, entre multas y sanciones administrativas (no económicas), por incumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, entre las que se encuentran: la clausura de aprovechamientos realizados durante la visita de inspección u ordenados al final del procedimiento administrativo.
Desabasto y agotamiento de la paciencia ciudadana
Para Gerardo Jiménez, de Encuentro Ciudadano Lagunero, la extracción y tráfico ilegal del líquido es la causa de la sobreexplotación y agotamiento del acuífero que, a su vez, provoca escasez hídrica en la región.
Además, señala el especialista, las deficiencias de la red de distribución, derivadas tanto de su antigüedad como del crecimiento desordenado de la ciudad, abonan a la problemática, ya que generan pérdidas de 50 por ciento del líquido.
Agregó que este es un tema secundario muy rezagado, cuya atención es impostergable, ya que la protestas han ido escalando y amenazan con convertirse en problemas sociales y políticos serios.
El año pasado, por ejemplo, hubo 400 bloqueos de calles y tomas de oficinas, entre otras manifestaciones, por ese motivo.
“El desabasto, sobre todo en la pandemia, genera estrés e inseguridad hídrica en la población”.
En un sondeo efectuado en la zona centro de Torreón acerca del desabasto, Héctor Becerra Delgado relató con malestar la escasez de agua en su domicilio, y más durante la época de calor.
Recordó que el año pasado, entre abril y mayo, pasó 15 días sin una gota de agua.
Esto lo orilló a gastar en garrafones de agua purificada. Al tiempo que adelgazaba su cartera, veía cómo el agua para beber era usada para bajar el excusado.
Escasez en el área rural
Al igual que en Colón, en el Ejido Lequeitio de Francisco I. Madero, Coahuila, los contenedores de agua forman parte de las fachadas.
La señora Leonor Morales interrumpió la preparación de la comida para contarnos cómo batallan para abastecerse de agua, ya que el Simas Madero provee por tandeo a varias comunidades y sólo les toca dos veces a la semana.
Aunque ni siquiera esos dos días se garantiza que todos los hogares cuenten con el líquido.
Ella logra almacenar la cantidad suficiente para sus labores domésticas con ayuda de una bomba de agua periférica en la que su familia invirtió mil 400 pesos.
Añadió que conoce hogares en los que no cae nada, incluso con bomba. De modo que reciclar se vuelve vital.
“Con la que lavas, riegas. El agua donde lavaron el baño o de la lavadora, la dejan en un recipiente para la taza. Está canijo, porque la taza tiene que estar limpia y luego le echas agua sucia”, lamentó Leonor.
Los habitantes de Lequeitio pagan 83 pesos al mes por un servicio de agua potable que no tienen.
Mucha gente es consciente de las altas concentraciones de arsénico que tiene y, si bien no están completamente seguros de sus efectos, prefieren no arriesgarse a consumirla.
La mayoría opta por comprar agua purificada en una máquina expendedora. Un garrafón de 20 litros cuesta 10 pesos. Aunque a veces ni se llena.
—Déjame decirte que yo he escuchado a vecinas que no toman agua de ahí, toman de la llave —acotó Leonor.
—¿Se ha enterado de casos de personas que se enferman por tomar esa agua? —se le cuestiona.
—Sí, pero en este rancho no. En el que sigue sí. Colón. Se han muerto de cáncer, dicen que es por el agua. ¿Será cierto? Que porque el agua viene de más fea y que la gente así se la toma —comentó con preocupación.
En el ejido Colón, localizado a un par de kilómetros de Lequeitio, los habitantes saben desde hace unos diez años sobre el problema del arsénico y la mayoría procura tomar agua de la máquina purificadora.
Verónica alzó la mano cuando se le preguntó a un grupo de vecinas si conocen a alguien que se haya enfermado por consumir el agua de la llave.
—Soy una de ellas, explicó.
—Tomaba agua y me daba mucho asco —dijo mientras revolvía sus manos a la altura del estómago.
—¿Te dijeron que era por el agua?
—Sí. Y de hecho yo nomás tomaba agua de aquí y era pa’ ponerme mala y mala —agregó Vero.
En esta comunidad el agua no la abastece Simas Madero, sino que proviene de la noria ejidal, mas no hay diferencia, la escasez es una constante igual que en Lequeitio.
Ética para frenar acaparamiento
El acaparamiento de agua no es ilegal. Sin embargo, especialistas como Adrián Pedrozo Acuña proponen incluir una perspectiva ética en las decisiones en torno al líquido a nivel mundial.
Según el investigador del IMTA el concepto de acaparamiento de agua determina algo diferente a la apropiación, explotación, extracción, consumo y uso de agua.
“Involucra la noción de un ‘acaparador’ y un ‘despojado’; es decir, una dinámica de usurpación que tiene su base en un desequilibrio de poderes entre los sujetos que pierden y los que ganan de forma injusta”, se lee en su artículo “El acaparamiento del agua: un problema global” (IMTA, 2020).
Por esos motivos propone que la apropiación sea considerada “no ética” cuando se realiza en regiones con escasez hídrica y erosiona los derechos humanos.
Canacintra: ‘Se necesita regular extracción’
Agua Saludable para La Laguna es la propuesta del Ejecutivo para solucionar el desabasto de agua potable en la Comarca Lagunera y las altas concentraciones de arsénico, problemas ocasionados por la sobreexplotación de las aguas subterráneas y su concentración en sectores productivos como la agricultura, ganadería y el sector lechero, según se señala en los documentos oficiales que justifican la obra.
La inversión de alrededor de 11 mil millones de pesos tiene como objetivo frenar la sobreexplotación sin generar disconformidades sociales y altibajos en las referidas actividades económicas que acaparan el agua.
El presidente de la Canacintra Torreón, Carlos González Silva, explicó que para el organismo que representa era importante que se implementara el megaproyecto.
No obstante, reconoce que “es sólo una ayuda a corto plazo y no una solución total al problema del agua. Lo que se necesita es regular la extracción, porque estamos extrayendo más de lo que se están recargando los mantos acuíferos”.
Señaló que es importante buscar que el sector agrícola use de manera eficiente el recurso, ya que “es la parte donde más hay consumo”, de tal forma que una solución integral implica la tecnificación del riego y la atención a las redes de distribución de la ciudad.
Sostuvo que la agroindustria no es consumidora de agua y, si bien para la industria el líquido sí es necesario, “somos de los que menos utilizamos”.
Monopolios contra la telemetría
Antes que la tecnificación, para Gerardo Jiménez lo más importante es cambiar la medición volumétrica por la telemétrica.
Señaló que ha planteado esta alternativa ante el Consejo de Cuenca y no ha prosperado por la incidencia de los grandes usuarios.
“El trasfondo de esta incapacidad de regulación es la presión de los grupos y monopolios que tienen el agua. Estos son quienes se oponen a la medición telemétrica”.
Relató que en marzo de 2016 propuso que se atendiera el problema de la sobreexplotación y el tráfico del agua midiendo las extracciones.
“Como nadie podía confesar que estaba de acuerdo con el robo de agua, pues todos votamos por unanimidad. Entonces, hay un acuerdo del Consejo de Cuenca que le recomienda a Conagua establecer sistemas de telemetría”.
El problema es que esos acuerdos no son vinculatorios, y eso permitió que el director de Conagua descartara la recomendación.
Aun así, se mostró optimista en torno a la posible implementación de una política pública en torno a este tema.
“Ya se anuncia que es posible que se haga obligatoria la telemetría a nivel nacional”.
Judicialización del problema
El Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH) ha interpuesto alrededor de 300 amparos con el objetivo de obligar a las autoridades a garantizar el derecho humano al agua.
“Atendemos a una cantidad muy importante de afectados hídricos en toda la Comarca Lagunera. Lo que hacemos es obligar a las autoridades a que garanticen el suministro por cualquier medio”, explicó Miguel Ángel Hernández Muñiz, representante de la asociación civil.
De esa forma, personas de municipios como San Pedro, Torreón, Lerdo y Matamoros, mayormente de las comunidades rurales, reciben agua por medio de pipas, por ejemplo.
“El Estado y los organismos operadores no han entendido que es una obligación constitucional, tengas o no tengas dinero, tienes que garantizar el agua porque es un derecho humano vinculante, de él depende el resto de los derechos: la salud, la vida, el desarrollo”, agregó Hernández Muñiz.
El trabajo del (CIADH) es un ejemplo de las exploraciones jurídicas que diversos organismos sociales han emprendido ante la falta de soluciones de las autoridades.
Contra el discurso
Fuera de la Comarca Lagunera, pocas personas saben que el gentilicio de ‘laguneros’ es porque solía haber 13 lagunas que fueron desapareciendo.
Migdy Yosdel García Vargas, maestra en Gestión Sustentable del Agua, consideró que desconocer tanto esta historia como el entorno ambiental nos ha llevado a establecer con la naturaleza una relación simplista de extracción y descarte que deriva en una mala gestión de los recursos.
Esto se debe a que en la Comarca Lagunera se han alimentado discursos convenientes para ciertos sectores. Mediante ellos se ha impuesto la creencia de que el agua es escasa por tratarse de una región desértica. Mas no es así, La Laguna es privilegiada al contar con los dos únicos ríos interiores del país que recargan ocho acuíferos.
Lemas como “Vencimos al desierto”, “La ciudad de los grandes esfuerzos” o “La perla de La Laguna”, arraigados gracias a que se repiten lo mismo en discursos políticos que en la publicidad de empresas locales, van encumbrando a ciertos sectores.
“Es importante analizar desde dónde vienen, quién los dice y para qué”, finalizó García Vargas.
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Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
