La propuesta de crear un eje de gobiernos progresistas en América Latina es más que una alianza diplomática. Para López Obrador puede ser un aliado efectivo contra la derecha criminal que pretende perpetuar la violencia, saqueo y sangre en México
Alberto Najar
Twitter: @anajarnajar
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, propuso a Andrés Manuel López Obrador crear un eje de gobiernos progresistas en América Latina.
Fernández le llamó MBA, el acrónimo de México, Brasil y Argentina, que pretende convertirse en un bloque contra el asedio constante de grupos de derecha y el supremacismo estadounidense.
López Obrador saludó la propuesta, que va en el mismo sentido de su política exterior.
La integración latinoamericana es uno de los ejes centrales en la diplomacia de la 4T, y forma parte de las propuestas que el mexicano hace a la Casa Blanca para solucionar la creciente crisis migratoria en la región.
Es, también, un paso más en el pretendido regreso de la diplomacia dorada de México, y que tuvo una de sus mejores épocas en los años 70 y 80.
Por esos días al país se le conocía como El Hermano Mayor, una forma de nombrar la activa política de refugio de los gobiernos de esa época ante el exilio forzado de miles de personas por las dictaduras militares en Sudamérica y América Central.
También se utilizó para definir el activismo de la diplomacia mexicana para encontrar salidas pacíficas a las guerras civiles en Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
Fue un papel central: albergó a miles de campesinos guatemaltecos que huyeron de la represión ordenada por el dictador Efraín Ríos Montt.
Promovió organismos multilaterales para ayudar a los países en conflicto, como el Grupo Contadora donde participaron los gobiernos de México, Colombia, Venezuela y Panamá.
El objetivo fue mediar en los conflictos armados de Centroamérica y evitar que se extendieran a otras regiones.
La diplomacia mexicana participó activamente en la conformación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en Nicaragua, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
México también albergó las conversaciones entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la junta militar de El Salvador.
El resultado fueron los Acuerdos de Chapultepec, firmados en 1992 y que son la columna vertebral de la democracia salvadoreña.
Todo eso cambió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien enfiló la mirada mexicana hacia el norte y se olvidó del sur.
A partir de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México concentró su política exterior en las relaciones con su principal socio, Estados Unidos.
El activismo de los años pasados se congeló. De hecho, el único proyecto para ayudar a la región fue el Plan Puebla Panamá, que pretendía crear un corredor comercial e industrial para frenar la migración irregular al norte.
La estrategia, diseñada por el gobierno de Vicente Fox Quesada, se abandonó por falta de recursos… Y la hostilidad del entonces canciller Jorge Castañeda, empeñado en combatir a Fidel Castro y quedar bien con la clase política estadounidense.
Hasta 2019 prácticamente el único vínculo de México con Centroamérica fueron políticas militarizadas de contención migratoria.
Ese año cambió el escenario. La Cancillería mexicana se abstuvo de votar una resolución del Grupo de Lima que ordenaba abandonar el cargo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
El Grupo, conformado por 13 países, fue creado a instancias de la OEA y Estados Unidos para tratar de derrocar al gobierno venezolano.
Luego ocurrió el rescate y asilo de Evo Morales, expresidente de Bolivia y víctima de un golpe de estado en su país.
Ahora aparece la propuesta del MBA. Aunque Alberto Fernández no lo dijo abiertamente, es claro que López Obrador tendría un peso fundamental en el liderazgo del MBA.
Para la 4T un bloque de esta naturaleza tiene varias lecturas. Una: representaría un muro al acecho de grupos de derecha que promueven movimientos como el intento de golpe legislativo ensayado en Perú.
En ese país el Congreso pretende llevar a juicio político al presidente Pedro Castillo, el primer mandatario de origen popular en la historia.
Allí mismo el Tribunal Constitucional indultó al expresidente Alberto Fujimori, encarcelado desde hace varios años por crímenes de lesa humanidad.
El movimiento golpista de Perú es similar al que gobierna en Colombia, por ejemplo, donde el presidente Iván Duque estrechó la colaboración con Estados Unidos a niveles nunca vistos.
Recientemente Joe Biden designó a Colombia como “aliado extra-OTAN”, lo cual implica convertir al país en una enorme base militar estadounidense.
Iván Duque es discípulo del expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor a los acuerdos de paz con las FARC y promotor de la masacres y represión como política de seguridad.
Uribe es, además, consejero de Felipe Calderón Hinojosa. Es responsable de convencer al impresentable sujeto de que su estúpida guerra contra algunos carteles de narcotráfico era una cruzada heroica.
De hecho, tras la asesoría del colombiano Calderón Hinojosa se comparó con Winston Churchill.
Algunos de estos movimientos de derecha son cercanos a los opositores del presidente López Obrador. Un ejemplo fue el tour de Santiago Abascal en México.
El personaje es líder del fascista partido español Vox. La visita a nuestro país fue patrocinada por el grupo parlamentario del PAN en el Senado.
Surge aquí una segunda lectura al impacto de un eventual MBA. Cuando han ejercido el gobierno estos grupos conservadores abrieron las puertas de sus países a proyectos depredadores de recursos naturales.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, confesó recientemente que una de las razones para el golpe de Estado contra su antecesor Evo Morales fue el control de los yacimientos de litio.
El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo el respaldo de corporaciones mineras inconformes con la decisión del FMLN de prohibir la minería en el país.
Y algunos de los más rabiosos opositores de la 4T, como Felipe Calderón y Claudio X. González, están vinculados a empresas generadoras de energía.
En política no hay casualidades. El incremento de las campañas de manipulación y odio contra el gobierno López Obrador está ligado a la intención de modificar la Ley Eléctrica y asegurar la propiedad nacional del litio.
Es un negocio de billones de dólares que las trasnacionales quieren perder. Para conservarlo son capaces de cualquier acción. Bolivia es un ejemplo.
Un bloque de gobiernos progresistas en América Latina representaría más que una alianza diplomática.
Puede convertirse en un dique efectivo a las corporaciones depredadoras y sus empleados, los movimientos conservadores.
Ante la batalla que se avecina en México por la iniciativa de reforma a la Ley Eléctrica, el MBA puede convertirse en aliado efectivo de López Obrador.
La experiencia muestra que los políticos de derecha y sus empleadores pueden desestabilizar a un país.
Pero muy poco, casi nada, han podido hacer ante gobiernos aliados. AMLO, pues, tiene la oportunidad de echarle montón a la derecha criminal que acecha a México.
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Alberto Najar. Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie.
