Han pasado veinte años desde que a Paloma le arrebataron la vida. La lucha que empezó su madre desde el primer día de su ausencia en Chihuahua es la historia de muchas familias que no pierden la esperanza de encontrar a sus hijos e hijas. Sin importar quién este gobernando, la justicia sigue pendiente
Por Óscar Rosales / Fotografías: Raúl Fernando / Raíchali
Chihuahua– La tarde del dos de marzo del 2002, Paloma salió de su casa para dirigirse a sus clases de computación en la antigua escuela llamada ECCO, donde estudiaba preparatoria, pero ella no regresó. Su madre inmediatamente comenzó su búsqueda. Encontraron su cuerpo unas semanas después, el 29 de marzo.
Ahora, luego de veinte años, cinco gobernadores y total impunidad, su madre y la asociación civil Justicia para Nuestras Hijas, le rindieron un homenaje a su memoria, para recordarle al Estado y a la sociedad que la búsqueda de justicia para ella, y todas las víctimas de desaparición y feminicidio, no ha terminado.
“Paloma me dio a luz a mí, a una nueva mamá. Una nueva madre, una nueva mujer”, expresó Norma Ledezma Ortega, madre de Paloma y fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, organización que se dedica a atender casos de desaparición y feminicidio.
Norma también dedicó el homenaje a todas aquellas personas, hijos e hijas, que han sido arrebatados de sus hogares. Ausencias que han enseñado a luchar y amar a las familias, pero que también exponen el desinterés y la impunidad con que han trabajado las autoridades de Chihuahua, administración tras administración.
“Al Estado no les ha interesado buscarles, tampoco hacerles justicia. Porque no tienen un apellido de renombre, porque la justicia siempre ha sido de primera, segunda o de tercera. Porque ya son cinco gobernadores y ninguno ha hecho lo suficiente”, señaló.
El caso de Paloma Escobar fue llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2003, pero el organismo no lo admitió hasta 2006. El dos de agosto del 2010, la CIDH determinó la responsabilidad del Estado mexicano por lo sucedido y emitió nueve recomendaciones que, a pesar de estar en cierta forma cumplidas, no se les ha dado un seguimiento debido.
Una de estas recomendaciones, desembocó en la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM) durante el sexenio de César Duarte.
Con respecto al caso de Paloma, la FEM tenía la tarea de recrear las circunstancias y situaciones en las que se dieron la desaparición y asesinato de Paloma, para dar con los culpables materiales e intelectuales, así como identificar aquellas autoridades que omitieron y encubrieron durante la investigación.
Sin embargo, pese a los peritajes y recreaciones realizadas, Norma cree que las acciones penales en contra de las personas responsables debieron realizarse hace mucho tiempo. Ya algunos elementos policiales y judiciales están jubilados o han fallecido.
Sumado a eso, la actual administración estatal de María Eugenia Campos, ha reducido en 9 millones 420 mil 225 pesos el presupuesto de la FEM.
“Es una serie de acciones que no se hicieron en su tiempo. La omisión, la complicidad, negligencia y corrupción, son las que han permeado para que en 20 años no podamos tener justicia”, explicó la madre de Paloma.
Compromiso con víctimas y familiares, no con gobernantes
Norma Ledezma detalló que ya tuvo un encuentro con la gobernadora Maru Campos, el pasado 28 de marzo, durante la presentación del libro “Justicia para Nuestras Hijas”, un compendio legal que se creó como parte de las recomendaciones del CIDH, y que se busca sirva de herramienta para proteger los derechos de las mujeres.
En esta presentación, también se firmó el convenio Siempre Presentes, un programa de prevención de violencia para niños y niñas, de primaria y secundaria, que permita advertir con un diagnóstico temprano los problemas sociales que existen y evitar tener víctimas y victimarios.
El programa tuvo que haberse cumplido durante la gestión de Javier Corral, sin embargo, este no otorgó los medios para realizarlo.
“El Estado da pláticas, está bien, pero no se trata solo de eso”, refirió Ledezma, quien considera que a las infancias se les deben dar opciones y respuestas ante la situación de violencia que se vive, para evitar que sean victimarios y victimas.
El convenio obliga a la Secretaría General del Estado, dirigida por César Jauregui, a monitorear el cumplimiento de este plan de trabajo que se realizaría a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a cargo de Gilberto Loya. Esta última tendrá que apoyarse del resto de dependencias estatales, incluida la Fiscalía General del Estado, bajo el mando de Roberto Fierro.
La luchadora social agregó que, a pesar de la firma de este convenio, ella y las demás familias de personas desaparecidas, no quitarán el dedo del renglón. Reafirma que el compromiso es con las víctimas de desaparición y sus familiares, y no con el gobernante en turno.
“Creo que con Corral si nos sentimos muy solos, hubo mucho rechazo. Nunca nos recibió. Si es necesario hacer una marcha y manifestaciones en este gobierno, por supuesto que lo haremos. A nadie tenemos por qué cuidarle los intereses”.
Norma Ledezma.
Familias acompañantes también buscan justicia
Durante el homenaje, padres y madres presentes compartieron algunos detalles sobre los casos de sus hijos e hijas. Son familias que luchan todavía para que los crímenes no queden en total impunidad.
“Sembramos a Paloma para que diera frutos y aquí está”, refirió Ledezma.
Entre esos frutos está la promesa que le hizo Carmen Ávila a su hijo, Adriel Alonso Ávila Barrios, de que no descansaría hasta encontrarlo. Adriel fue aparentemente desaparecido por ministeriales el 2 de octubre del 2012. “Seguiremos hasta que el cuerpo aguante”, aseguró su madre.
También está el caso de Martín Jesús Escobar García, a quien desaparecieron el 12 de junio del 2019 en Chihuahua. Desde ese entonces, su madre, Irma García Solís y su padre, Martín Escobar, se unieron a la causa de Justicia para Nuestras Hijas.
“Le pido al gobierno que nos voltee a ver. Es muy difícil vivir con una silla vacía”.
Martín Escobar, padre de Martín Jesús Escobar, desaparecido en 2019.
A María Araly Quiñonez Aranda le arrebataron la vida el 3 de abril del 2020, en su departamento. “Amaba la vida, a cada persona”, dijo su madre María Reyes Aranda, quien también compartió que durante su proceso de duelo también sufrió la pérdida de su esposo a causa de la pandemia por covid-19.
El padre de Minerva Teresa Torres Albeldaño, Francisco Torres Delgado, ha encontrado fuerza e inspiración en la tenacidad de Norma Ledezma para seguir buscando justicia por su hija. A ella le arrebataron la vida el 13 de marzo del 2001.
Isabel Chavira ha caminado con el dolor de tres ausencias: la de su hijo Rubén Guadalupe Chavira Chavira, que tenía 25 años cuando le desaparecieron; la de esposo, Armando Chavira Pérez, de 47 años; y la de su cuñado, Miguel Ángel Magallanes Uribe, de 48 años, y esposo de su hermana Leticia Chavira. A los tres los desaparecieron en Aquiles Serdán el 30 de julio del 2016.
María Guadalupe Ortega Sáenz ha enfrentado burlas, amenazas y todo tipo de obstáculos por buscar a su hijo, Román Eduardo Chaparro Ortega, desaparecido el 14 de septiembre del 2011 en la ciudad Cuauhtémoc; y a su esposo, Natividad Chaparro Ríos, desaparecido el 9 de julio del 2008 en Lerdo, Durango.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al día de hoy existen en el estado de Chihuahua 3 mil 462 personas reportadas como desaparecidas.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
