Microscópicos seres, portadores de toxinas, se multiplican en los mares y se expanden por el Pacífico mexicano provocando daños a la salud humana y al entorno marino, además de pérdidas económicas.
Por Lucía Mimiaga León, Jesús Ibarra, Raquel Zapien y Gilberto Santisteban
Editora: Myriam Vidal Valero
Programa Adelante / IWMF
El silencio sobre el camino de terracería que conduce al poblado de San Buto en Baja California Sur, México, advierte sobre la incertidumbre que viven aquellos que se dedican a las artes de pesca y cultivo en el océano. No es la primera vez que el gigante tapete rojo que se extiende sobre el mar ha devastado el patrimonio de sus casas construidas de cartón y bloques grises. El miedo crece entre los habitantes cuando observan que sus costas han sido invadidas por otro florecimiento algal tóxico, conocido como marea roja.
Margarita Pérez y Rosalío Gómez son la prueba del poder destructivo que tiene la marea roja en este pueblo pesquero, en donde el matrimonio cultiva ostión, callo de hacha y almeja catarina desde hace cinco años. En 2019, la marea roja mató su cosecha de 100 mil ostiones. Perdieron un año de mano de obra y los ahorros de una vida que arriesgaron al invertir todo su dinero, 200 mil pesos, en suministros acuícolas.
Aunque este fenómeno natural siempre ha existido, desde hace aproximadamente tres décadas la comunidad científica internacional ha detectado que la frecuencia, duración y toxicidad de los florecimientos algales se ha intensificado en algunas zonas del mundo. También se han registrado especies de microalgas en lugares en los que no era común encontrarlas.
Las mareas rojas son generadas por la multiplicación excesiva de las microalgas que viven suspendidas en el agua de los océanos. Su color puede ser rojo, café, verde o amarillo; incluso pueden ser bioluminiscentes o incoloras. Su proliferación está influenciada por factores como la radiación solar, fuertes vientos y el exceso de nutrientes en el agua —principalmente nitrógeno y fósforo— presentes en el ambiente, pero también en los residuos de las actividades humanas. Además, la comunidad científica está estudiando los efectos del cambio climático sobre este fenómeno.
En demasía, algunas microalgas pueden agotar el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua alterando las condiciones fisicoquímicas de su entorno o producir altas concentraciones de biotoxinas dañinas para la fauna marina y las personas. Esto está poniendo en riesgo la salud pública, el medio ambiente y las actividades económicas, como el turismo y la pesca, que dan sustento a millones de familias en México. Pese a ello, las dependencias encargadas de atender y prevenir su potencial efecto devastador no han contado con los recursos suficientes o la voluntad para llevar a cabo estas tareas.
A nivel nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), es la autoridad encargada de monitorear los cuerpos de agua costeros y de emitir vedas sanitarias ante la ocurrencia de florecimientos algales nocivos, además de atender las emergencias provocadas por los mismos.
La dependencia incluso cuenta con un Plan de Contingencia para el Control de Biotoxinas Marinas, un documento presentado en noviembre de 2015, que quedó a cargo de su Dirección Ejecutiva de Programas Especiales, responsable de almacenar y sistematizar los registros cronológicos de los eventos de marea roja, resultados de análisis de fitoplancton, biotoxinas marinas, así como de los casos de intoxicación y defunciones asociadas a estos fenómenos.
Sin embargo, tras seis años de operación, el plan carece de indicadores y resultados publicados. A la fecha, el instrumento ha servido como un marco normativo que obliga a todos los estados a monitorear y presentar informes a COFEPRIS, pero estos no han sido divulgados ni tampoco se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia. Algo similar sucede con los registros a nivel local, monitoreados tanto por la comisión nacional, como por las comisiones estatales.
La marea roja que mató el cultivo de Pérez y Gómez en 2019 fue uno de tantos florecimientos algales nocivos atendidos por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) de Baja California, pero no aparece en los registros de vedas de la institución a nivel Federal, pese a la letalidad que generó.
Especialistas del Centro de Investigación Biológica del Noroeste (CIBNOR) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), así como los pescadores señalan que el plan de contingencias, que incluye monitoreos, registros e implementación de vedas, no ha funcionado por falta de recursos presupuestales y científicos de la COFEPRIS.
Por otra parte, los datos proporcionados por esa dependencia federal revelan que, de 2015 a 2021, la frecuencia de vedas por riesgo de toxinas paralíticas en los mariscos aumentó en los estados Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, región que aporta más de la mitad de la producción pesquera nacional.
Por eso hay temor en San Buto y en otras comunidades costeras aledañas que ya han sido impactadas por este fenómeno en los últimos tres años.
Sin dinero, los pueblos pesqueros se arriesgan a perderlo todo
Entre el olor a leña quemada y con el sol que castiga a las localidades del Pacífico en el verano, Pérez relata que no se han podido recuperar económicamente de la pérdida que les ocasionó la marea roja. En 2020 había esperanza, pero la Covid-19 se las arrebató pronto pues a pesar de que lograron una cosecha de 100 mil ostiones, la pandemia afectó la distribución del producto.
El 2021 trajo más incertidumbre a su hogar. Desde principios de junio, autoridades sanitarias de Baja California Sur ordenaron la suspensión de actividades pesqueras por la presencia de una nueva marea roja. Por tercer año consecutivo, su familia estuvo en riesgo de perderlo todo.
A principios de julio se levantó la veda, pero estos acuicultores no tienen garantías ni respaldo de las autoridades. Están solos frente a las mareas rojas que, en cuestión de días, pueden acabar con un año de trabajo o más, como en Bahía Tortugas, un pueblo pesquero a 600 kilómetros al norte de San Buto. Aquí, un florecimiento algal dejó inhabilitado el cuerpo de agua por cuatro años debido a su alto nivel de toxicidad.
Basta con un simple vistazo a la comunidad para saber que su principal actividad económica es la pesca. Las casas alineadas con lanchas estacionadas afuera y la piel oscura de los lugareños dan cuenta de una vida construida de experiencias con el mar.
Jorge Luis Aguilar Romero, pescador y buzo por más de tres lustros, recordó que hace 10 años el agua de la bahía se tiñó de café cuando la manta de microalgas tóxicas se estancó en ese sitio costero. También se perdió el cultivo de ostión de todo un año por la falta de oxígeno en el agua; las mermas económicas fueron incalculables.
“Hasta cuatro años tuvimos que detener el cultivo de ostión. Cada seis meses iban a hacer muestreos para ver si el agua ya estaba limpia de ese microbio. No nos pudimos recuperar y se cerró el cultivo”, dijo. Dichos muestreos fueron realizados por investigadores y estudiantes del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), institución que apoya a la COEPRIS en el monitoreo de mareas rojas. Los pescadores que estaban adheridos a cooperativas siguieron trabajando en otras pesquerías, pero los independientes quedaron desamparados.
Al igual que el sector social de la pesca, el industrial ha tenido quebrantos por causas similares. Por ejemplo, en Baja California, las vedas sanitarias impuestas en 2015 y 2017 en la Bahía de Los Ángeles por la presencia del alga Gymnodinium catenatum, generadora de una toxina paralizante, derivaron en la destrucción de 24 toneladas de almeja generosa que ya se encontraban listas para su empaque y exportación, refirió Ernesto García Mendoza, coordinador de la Red Temática sobre Florecimientos Algales Nocivos (RedFAN), organismo creado en 2014 para contribuir al conocimiento científico de dicho fenómeno natural.
Uno de los mayores impactos económicos para la industria de la maricultura en México ocurrió en el verano de 2016, cuando un florecimiento algal llegó inadvertido a la zona de cultivo de atún azul de la compañía Baja Aqua Farms en Baja California. En esta ocasión el agua no cambió de color; la señal de alerta fue el comportamiento errático de los túnidos que murieron por asfixia después de que sus branquias fueron dañadas por la especie de microalga Chattonella spp que, por primera vez, tuvo una explosión en esa zona del Pacífico.
García Mendoza y otros especialistas del CICESE documentaron este hecho en un artículo que vincula la proliferación de esta microalga con las temperaturas anormalmente altas de los dos años previos del suceso. En ese entonces, el valor estimado de las pérdidas fue de más de 940 millones de pesos.
Nadie garantiza que la historia no se repetirá, pues tan solo en el Golfo de California, conocido como el “acuario del mundo” por su diversidad de especies marinas, se identificaron 36 tipos de microalgas formadoras de florecimientos algales nocivos entre 1980 y 2015.
García Mendoza precisó que estas cifras han ido cambiando conforme avanza la investigación científica y que, hasta el momento, no existe una base de datos oficial que concentre la información actualizada.
El probable impacto económico que los florecimientos algales podrían tener en la pesca y acuicultura es incalculable. Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur aportaron el 57.5 por ciento de la producción pesquera nacional del 2015 al 2020. Aquí se captura camarón, atún, sardina, corvina, almeja, callo de hacha, erizo, jaiba y langosta, por mencionar algunas de las pesquerías principales, ya sea por extracción o por cultivo.
En estos cuatro estados del noroeste de México se implementaron 57 vedas sanitarias de enero de 2005 a marzo de 2021, de las cuales el 84 por ciento corresponde a los últimos seis años, según datos proporcionados por la COFEPRIS mediante solicitudes de acceso a la información pública.
México ocupa el lugar 15 en el mundo en producción de recursos acuícolas y pesqueros, y se estima que para satisfacer su demanda interna en 2030, el país deberá aumentar en 14.1 por ciento la producción anual.
Para los especialistas consultados, estas metas son complejas ante la precariedad en la que viven las comunidades pesqueras ribereñas, sumamente vulnerables a los vaivenes económicos y a las variaciones ambientales. Se calcula que México produce anualmente 1.47 millones de toneladas en peso vivo, valuado en casi 42 mil millones de pesos de acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datos de 2020.
El costo humano de un problema no atendido
Las microalgas son la base de la alimentación de especies marinas como el ostión, mejillón, callo de hacha y pata de mula, además de algunos crustáceos y caracoles. Estas especies marinas son capaces de almacenar temporalmente en sus cuerpos las biotoxinas de las algas y transferirlas al ser humano mediante su consumo.
Dichas toxinas pueden llegar a producir amnesia, parálisis, neurotoxicidad o diarrea. Los casos graves han derivado en convulsiones, pérdida de la memoria, paro cardiaco o respiratorio, infarto al miocardio y hasta la muerte. La gama de síntomas de tipo gastrointestinal o neurológico varía dependiendo de la toxina presente, su concentración y la cantidad que se ingirió.
Hasta el 2019, se registró un total de 269 personas intoxicadas en el país por consumo de mariscos, de las cuales 20 murieron por síndrome paralítico, según las cifras reportadas en investigaciones de académicos del CIBNOR y CICESE. Pero en agosto de 2021, el coordinador de la RedFAN informó que el número de decesos asociados a biotoxinas en la costa del Pacífico mexicano era de 32 personas, basado en datos oficiales de las últimas cuatro décadas.
Todas las muertes por intoxicación que se han reconocido oficialmente en México se atribuyen a toxinas que producen síndromes paralizantes. Y aunque en aguas nacionales también se han identificado toxinas que producen síntomas de tipo amnésico, neurotóxico y ciguatera (intoxicación por consumo de peces), la información sobre su letalidad es prácticamente nula.
Los daños a la salud pública por florecimientos algales nocivos también se pueden presentar por contacto directo con la piel o inhalación de los aerosoles que se desprenden de la brisa, pues algunas microalgas liberan sus toxinas al agua.
Dado que la sintomatología de intoxicación es similar a otras afecciones, es muy posible que exista un subregistro epidemiológico de estos casos, explicó la doctora Rosalba Alonso Rodríguez, titular del Laboratorio de Biotoxinas Marinas del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Mazatlán, Sinaloa. Ante el riesgo, es importante mantener un monitoreo constante del agua y de la toxicidad de los recursos pesqueros que consume la población, agregó.
Sin embargo, la capacidad técnica de centros de investigación para identificar a las biotoxinas está limitada porque se requieren estudios complejos y muy costosos, explicó por su parte la doctora Lourdes Morquecho Escamilla, investigadora del CIBNOR. “Sí es una limitante porque todavía hay mucho que estudiar con estos organismos”, dijo.
La COFEPRIS reconoció en una solicitud de transparencia que no cuenta con información digital o impresa en sus archivos referente a las muertes por intoxicación paralítica por mariscos en México. Además, de las 57 vedas que implementó de 2005 a 2021, no detectaron ninguna toxina en 78 por ciento de las veces. En los eventos en que sí las identificaron, la especie Gymnodinium catenatum fue la más presente.
Desde 2013 a la fecha COFEPRIS ha utilizado la definición técnica 3.14 de la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, que determina cuáles son las diferentes especies de algas generadoras de biotoxinas marinas para definir si es necesario iniciar un periodo de veda sanitaria. Esto activa medidas de seguridad consistentes en la prohibición temporal o permanente para captura, comercialización y consumo de productos de la pesca para consumo humano, con el objeto de proteger la salud de la población.
La dependencia tampoco respondió sobre cuánto presupuesto invierte en sus programas de vedas sanitarias orientados a los florecimientos algales.
A seis años que se publicó el Plan de Contingencia para el Control de Biotoxinas Marinas, también se desconoce si ha dado los resultados esperados o si cuenta con la suficiente estructura presupuestaria, personal e infraestructura para su implementación a nivel nacional.
Es importante mencionar que en 2019 la COFEPRIS reconoció la importancia de poner en marcha el Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, tras la firma de un convenio internacional de vigilancia sanitaria de productos pesqueros que se importan en Estados Unidos.
Hasta el momento, los informes técnicos anuales del programa mexicano y del plan de contingencia no están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La vida transcurre entre aguas contaminadas
En un rincón del Golfo de California, 14 mujeres encabezan una granja de ostiones en el Estero Morúa, en Puerto Peñasco, Sonora. La Cooperativa Única de Mujeres Ostioneras, fue fundada hace 39 años y actualmente es el sustento directo de 30 familias y de otras 100 que de forma indirecta están vinculadas con el proceso.
El cultivo de ostión es una actividad redituable para las cultivadoras de esta zona, sin embargo, los ciclos de producción habituales han sido modificados los últimos seis años debido a la presencia de florecimientos algales en los cuerpos de agua.
La falta de coordinación entre la COEPRIS y la COFEPRIS, así como de transparencia sobre los resultados de monitoreos aplicados a cuerpos de agua con microalgas nocivas genera desconfianza entre pescadores a lo largo del Golfo de California. No hay claridad sobre los criterios, no se sabe cuánto van a durar las vedas y si estas se aplican por igual tanto a pequeñas cooperativas como grandes empresas.
Mari Esther Tánori Zepeda, presidenta de la cooperativa, por ejemplo, narra que luchan cada año por mitigar los efectos adversos de las mareas rojas en su actividad económica. En 2019, perdieron el 70 por ciento de la siembra anual por una veda prolongada que afectó el periodo de engorda para que el molusco sembrado alcanzara la talla comercial adecuada. Conforme pasó el tiempo las larvas empezaron a descomponerse y dejaron de ser comestibles.
Sin trabajo y sin dinero, sus familias se alimentaron con los ostiones que la COFEPRIS les impidió comercializar, sin sufrir algún daño de salud, aseguró Tánori Zepeda.
También señaló que la COFEPRIS, al parecer, no aplica con la misma firmeza las restricciones sanitarias a las empresas pesqueras con las que comparten el mismo cuerpo de agua y que sí cuentan con los recursos para exportar su producto a Estados Unidos y Asia.
“Sí han llegado a vedar a otros, pero por 24 horas, 72 horas, y les dan luz verde para que sigan vendiendo, y a nosotras nos dan un mes”, lamentó Tánori.
Por su parte, el doctor José Jesús Bustillos Guzmán, investigador del CIBNOR, indicó que la costa donde está el estero es la que presenta mayor riesgo para la salud humana en Sonora.
“En la zona frente a Puerto Peñasco, en la región del alto Golfo de California, el fenómeno de un florecimiento de Gymnodinium catenatum es recurrente año tras año”.
Testimonios recogidos en Sinaloa, Sonora, y las dos Baja Californias apuntan al mismo sentido: el problema rebasa a las autoridades sanitarias desde hace tiempo.
Bustillos Guzmán explicó que existen políticas ambientales que indican la estructuración de planes de monitoreo y vigilancia de la zona costera y aguas interiores bajo la dirección de entidades gubernamentales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Marina (Semar) y la COFEPRIS, entre otras. “Es claro que no existe una coordinación entre ellos y, en muchos de los casos, estas acciones son duplicadas e, igualmente, por falta de coordinación, estas instituciones se ven rebasadas por la magnitud del fenómeno y por ende es mal atendido”.
Al respecto, uno de los retos más importantes en el control de las mareas rojas es la descarga de residuos contaminantes al mar.
Estudios científicos han reafirmado que la afluencia de aguas residuales de origen urbano y agrícola aportan grandes cantidades de fósforo y nitrógeno al mar y favorecen la multiplicación de las algas como si se tratara de un fertilizante. A este proceso se le conoce como eutrofización.
En 2008, académicos y agencias de Estados Unidos emitieron un consenso científico a través del cual se reconoció que existe una relación entre la eutrofización y la proliferación de algas nocivas en el océano y aguas continentales.
Un ejemplo local que corrobora la evidencia científica se encuentra en Mazatlán, Sinaloa. Durante un monitoreo realizado en ese puerto de 1979 a 2014, por investigadores del ICMyL, se detectó que las mareas rojas fueron más intensas y duraderas cuando la planta tratadora de aguas negras de El Crestón, ubicada en la franja costera de dicha ciudad, registraba fallas o dejaba de operar, informó la doctora Alonso Rodríguez.
El evento más prolongado ocurrió de febrero a mayo del 2000. Ese año, la planta dejó de funcionar porque se encontraba en remodelación y el drenaje sin tratamiento se descargó al mar, aportando nitrógeno y fósforo a las algas. Esto coincidió con la entrada de corrientes de agua helada a la bahía, que suelen ser más ricas en nutrientes. “Durante ese entonces la bahía llegó a estar cubierta por marea roja hasta en un 40 por ciento”, mencionó Alonso Rodríguez.
En 35 años de monitoreo se registraron 202 florecimientos algales con la presencia de 25 especies de microalgas, de las cuales seis son potencialmente tóxicas y cinco nocivas.
Además, los estudios del Laboratorio de Biotoxinas Marinas en el ICMyL de Mazatlán evidencian que la toxicidad de algunas especies también puede aumentar cuando hay un desequilibrio en la cantidad y composición del nitrógeno y fósforo en el agua. Por ejemplo, la especie Gymnodinium catenatum crece más cuando hay un exceso de nitrógeno y produce más toxinas cuando hay menos fósforo.
Alonso Rodríguez advirtió que la bahía de Mazatlán está recibiendo más nitrógeno y menos fósforo porque El Crestón retiene el fósforo y libera grandes cantidades de nitrógeno como parte del proceso de tratamiento de aguas municipales, por lo que las autoridades responsables del saneamiento deberían considerar estos riesgos para la pesca y la salud humana.
Cabe señalar que los primeros estudios de florecimientos algales nocivos del Pacífico mexicano se realizaron justo en este puerto después de que 19 personas se intoxicaron y tres de ellas murieron por ingerir ostiones y almejas portadoras de toxinas durante una marea roja de Gymnodinium catenatum registrada en abril de 1979.
En todas las entrevistas realizadas con especialistas, se reconoció que el saneamiento de aguas negras es fundamental para prevenir el incremento de florecimientos algales nocivos, tanto en el mar como en los cuerpos de agua dulce. Pese a ello, la deficiencia en el saneamiento aún es notoria en nuestro país.
Según datos proporcionados por la CONAGUA, de los 2 mil 471 municipios de México, sólo 900 contaban con plantas de tratamiento en el 2020, pero no todas funcionaban y muy pocas realizaban tratamiento secundario y mucho menos terciario, utilizados para reducir al máximo los contaminantes mediante procesos químicos y biológicos.
En diciembre de 2020, esa dependencia federal tenía un registro total de 4 mil 116 plantas de tratamiento de las cuales 2 mil 786 se encontraban en operación, el resto estaban paradas porque los ayuntamientos no tenían suficiente capacidad económica para pagar el costo de la energía eléctrica, darles mantenimiento o mejorarlas. La incapacidad técnica para operarlas y la falta de continuidad por cambios de gobierno, son otras de las razones.
La CONAGUA también reportó que hasta agosto de ese año se habían localizado más de mil 400 descargas directas al mar a lo largo de todo el litoral nacional de origen municipal, industrial y agrícola. Por otro lado, existe una gran cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales que descargan en ríos que a su vez desembocan en la costa.
Las redes de saneamiento están a cargo de los municipios, responsables de brindar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales. Hasta el 31 de diciembre de 2020, la cobertura en materia de tratamiento de aguas residuales municipales fue de 67.2 por ciento a nivel nacional, de acuerdo a dicha dependencia.
Los sistemas lagunarios de Sinaloa, ubicados en otro punto del “acuario del mundo”, también reciben descargas contaminantes. Es tan común, que para algunos pescadores ya no es novedad.
La ruta hacia el campo pesquero de Lázaro Cárdenas es un contraste de paisajes, se dejan atrás los campos verdes para entrar a caminos desérticos con pequeños cerros. El pueblo indígena se ubica en la Bahía de Ohuira en el municipio de Ahome, Sinaloa.
Ohuira forma parte de un importante sistema lagunar ubicado en la zona noroeste de Sinaloa, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna “Islas del Golfo de California”, un humedal de relevancia mundial que alberga el 84 por ciento de las aves acuáticas migratorias distribuidas en México durante el invierno.
“Todos colaboramos con poquito, todos echamos cosas al mar, si no tiramos nosotros tiran otros”, dice Aladar Armenta Sepúlveda, quien se dedica a la pesca, como la mayoría de los habitantes de Lázaro Cárdenas.
Las granjas camaronícolas de la zona descargan sus residuos en la laguna y los agroquímicos de las parcelas son arrastrados a través de los canales y de los escurrimientos pluviales. Incluso los pobladores se han quejado por la contaminación de aguas negras con la Junta de Agua Potable de Ahome. Todo esto lo sabe Armenta Sepúlveda pero prefiere normalizar. “No somos perfectos; de cualquier forma, todo está contaminado” comenta resignado.
Las conchas marinas y rocas comparten la playa con las bolsas de comida chatarra, envases de plástico, unicel y algas verdes. Todo mimetizado. El agua es turbia y predomina un color café.
Desde una panga atracada en la bahía, los pescadores aún recuerdan la marea roja de 2017. Uno de ellos señala que el agua se miraba “poposa”. En ese entonces, la COFEPRIS dijo haber detectado una microalga tóxica para los humanos, el dinoflagelado del género Alexandrium, por ello se prohibió la extracción y comercialización de ostión, caracol, patas de mula, callo de hacha y almejas.
Los pescadores aseguran que ha sido la única veda sanitaria impuesta por la presencia de microalgas tóxicas en la zona, aunque existen reportes científicos de florecimientos algales nocivos en ese lugar desde 2007, según refirió la investigadora del ICMyL de Mazatlán, Carolina Ruiz Fernández.
La especialista en geoquímica y geocronología descubrió que, a partir de la década de 1980, el nitrógeno y fósforo aumentaron considerablemente en la laguna costera Ohuira; el nitrógeno fue 10 veces más alto mientras que el fósforo fue 13.
Después de analizar los sedimentos acumulados en los últimos cien años, se encontró que la causa principal de ese aumento es atribuible a la expansión de los terrenos agrícolas en el Valle del Fuerte que se encuentra a unos 8 kilómetros de Ohuira, y al establecimiento de granjas de acuicultura en la bahía.
Este material sólido también incrementa la turbidez del agua, obstruye el paso de la luz y disminuye el oxígeno hasta llegar a convertir al medio acuático en una “zona muerta” temporal o permanente, en donde no hay condiciones para la vida acuática, advirtió Ruiz Fernández.
Actualmente, la laguna recibe aguas residuales ya tratadas de la ciudad de Los Mochis, a poco más de 15 km de la laguna, así como de la mayoría de los poblados de todo el municipio de Ahome. Antes de 2005, la administración municipal vertía el drenaje directamente en la Bahía de Santa María, que se conecta con Ohuira, comprometiendo de manera severa el equilibrio en los ecosistemas marinos de la costa del municipio.
Este es un ejemplo de que las descargas de aguas residuales y agroquímicos también llegan a humedales de importancia mundial, como los inscritos en la lista Ramsar, reconocidos por su trascendencia ecológica y para la conservación de la biodiversidad. Ohuira fue incluida en 2009 en la lista, que alerta sobre una probable degradación en la calidad del agua y el paisaje a causa de las grandes cantidades de descargas de aguas residuales, especialmente agrícolas, que existen hacia las zonas costeras.
A pesar de todo, el doctor Federico Paez Osuna, investigador del ICMyL de Mazatlán, considera que los sistemas lagunarios de Sinaloa conservan un estado aceptable de salud, gracias a que los manglares depuran el agua como si se tratara de un sistema de saneamiento biológico. Sin embargo, enfatiza que de continuar con los niveles actuales de contaminación, éstos podrían perder su capacidad de metabolizar las descargas contaminantes.
Por ello, la proyección de una planta productora de amoniaco —necesario para elaborar fertilizantes— en la Bahía de Topolobampo, a poco más de 13 km de Ohuira, prendió las alarmas de las cooperativas pesqueras, grupos ciudadanos y ecológicos preocupados por la posible contaminación en el agua, una fuga de gas o una explosión.
El corporativo ha negado que esto pueda pasar, sin embargo, grupos ecologistas y la comunidad indígena del campo pesquero Lázaro Cárdenas iniciaron diversos procesos de amparo para impedir su instalación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 6 de abril pasado, que se debe realizar una consulta sólo con los indígenas habitantes de la zona. En noviembre de 2021 una consulta social del gobierno federal había determinado continuar con la construcción de la planta; el proceso jurídico aún continúa. La inversión de la planta asciende a más de 26 mil millones de pesos, derrama económica que escalaría hasta llegar a los 104 mil millones de pesos en 10 años, según la empresa GPO Gas y Petroquímica de Occidente.
La contaminación por agroquímicos como fertilizantes y plaguicidas utilizados de las actividades agrícolas de la zona también preocupa a investigadores y activistas ambientales, porque estos contaminantes llegan a las bahías y campos pesqueros a través de las fuentes subterráneas de agua.
Esta contaminación se puede observar, por ejemplo, en el pueblo de Corerepe, que se encuentra en el municipio de Guasave. Envases vacíos de agroquímicos esparcidos entre las parcelas, un canal y una pequeña laguna, son parte de lo cotidiano. El canal que atraviesa este basurero clandestino desemboca en la Bahía de Navachiste, que a su vez conecta con los sistemas lagunares de Ohuira, Topolobampo y Santa María, todos considerados patrimonios de la Humanidad y Reserva de la Biósfera de la UNESCO.
En México, Sinaloa es el quinto estado de importancia en volumen de producción agrícola y el tercero en concentrar más ganancias por esta actividad. Los municipios de Culiacán, Ahome y Guasave son los que más producen en el noroeste del país.
Páez Osuna ha realizado monitoreos en las lagunas costeras del estado en los últimos 20 años y ha detectado agroquímicos, algunos de los cuales no están permitidos por el gobierno mexicano. Los análisis también han arrojado compuestos tóxicos como mercurio, zinc, cobre, plomo y arsénico, así como fósforo y nitrógeno que alimentan a las microalgas.
El origen apunta a los campos y granjas acuícolas, ranchos ganaderos y a las descargas de aguas residuales. Sin embargo, no existe un registro gubernamental de descargas. “No se sabe qué está llegando a las lagunas y ríos (…) estas descargas no se tratan, llegan directo a la zona costera”, señaló Páez Osuna.
Pero eso no es todo, la comunidad científica también ha estado estudiando la relación entre el cambio climático y la proliferación de las mareas rojas.
Cambio climático, el otro peligro
Los investigadores consultados para la elaboración de este reportaje estiman que un eventual incremento de ciclones podría ser un detonante porque la fuerza de sus vientos ejerce presión sobre la masa de agua y remueve los sedimentos del fondo marino, en donde reposan microorganismos generadores de mareas rojas. Las tormentas y las corrientes marinas también pueden dispersar especies de algas y nutrientes entre zonas costeras, mientras que la intensificación de las lluvias aumentará los escurrimientos terrestres al mar con nuevos suministros que nutren o “fertilizan” al fitoplancton.
Entre los cambios físicos del clima se prevén inundaciones en algunas regiones y sequías severas en otras, lo que podría provocar que más asentamientos utilicen el agua del mar para consumo humano. De ser así, los florecimientos algales nocivos podrían convertirse en una amenaza biológica, como ya ocurrió en Ensenada, Baja California en mayo del 2020, cuando una marea roja tapó los filtros de la planta desaladora que surte de agua a la ciudad. La producción del vital líquido se redujo a la mitad por más de un mes, afectando a decenas de colonias.
Aunque los florecimientos algales son un evento natural multifactorial y se necesitan más estudios para determinar el impacto del cambio climático en ellos, los países que sí hacen monitoreos constantes de las mareas rojas han podido determinar que estas van en aumento y que la composición de las especies de microalgas ha cambiado en algunas regiones del mundo.
En este contexto, los florecimientos algales también representan un riesgo latente para las comunidades costeras, los habitantes de las ciudades del interior, la pesca y el turismo, por lo que urge comenzar a invertir en soluciones.
Un futuro incierto
En la Ciudad de México, a cientos de kilómetros del Golfo de California, un equipo de científicos ha volcado su atención al estudio de las microalgas responsables de las mareas rojas.
El grupo del Laboratorio de Ficología Aplicada en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Iztapalapa, liderado por doctora Mónica Rodríguez Palacio, está intentando generar sustancias naturales, extraídas de diversas especies de algas marinas y cebada, para disipar los florecimientos algales y evitar que se prolonguen por más tiempo. Los experimentos que se han realizado en la institución han dado resultados positivos en condiciones artificiales controladas.
La doctora también señaló que las microalgas se podrían utilizar como materia prima en la elaboración de medicamentos para trastornos neuronales, adicciones y cáncer con las toxinas de algunas de las algas, así como la creación de combustibles o fertilizantes biológicos.
“Hay que hacer más investigación, ya no solo a escala laboratorio para poder aprovechar el florecimiento algal que nos está dando la naturaleza y buscarle este uso”, señaló Rodríguez Palacio.
Sin embargo, la investigación aún está constreñida a las paredes de la institución y sigue lejos de estar lista para implementarse.
En paralelo, existe otro proyecto que podría dar resultados positivos en la prevención y mitigación de los efectos nocivos de las mareas rojas. En 2020, se aprobó el proyecto “Atención de la problemática asociada a florecimientos algales nocivos en Baja California: integración del conocimiento a necesidades socioambientales y económicas”. El objetivo es avanzar en el conocimiento científico de los florecimientos algales en México en una colaboración entre centros de investigación como el CICESE, Universidad Autónoma de Baja California y el CICIMAR; empresas, organizaciones de la sociedad civil y dependencias gubernamentales como COFEPRIS, Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entre otras.
La siguiente meta será crear el Programa Nacional de Investigación sobre Florecimientos Algales Nocivos, explicó García Mendoza de la RedFAN.
Por ahora, México aún carece de un sistema de alerta temprana que prevenga y mitigue los efectos de las mareas rojas. La falta de eficacia en los monitoreos del gobierno, de presupuesto y de una base de datos que concentre la información sobre la ocurrencia de florecimientos algales e intoxicaciones en humanos, impiden dar ese paso.
Lo prioritario, para empezar, es atender las causas de la proliferación desmedida de florecimientos algales, como las descargas de aguas residuales al mar y a los ríos que desembocan en él. Los especialistas consultados consideran que también se deben crear grupos de trabajo interdisciplinarios entre gobierno e investigadores además de informar a la población sobre las características y riesgos de los florecimientos algales.
Junto al establecimiento de un sistema de alerta temprana, resalta la necesidad de implementar planes de manejo y seguimiento para especies pesqueras de importancia comercial susceptibles a ser afectadas.
Mientras que la evidencia y los expertos indican que las mareas rojas seguirán aumentando globalmente, la vida de las personas y su derecho humano a un medio ambiente sano siguen en riesgo, al igual que el equilibrio de los ecosistemas costeros y marinos más productivos del país.
Desde la sala de su casa en Puerto Peñasco, Sonora, Tánori, líder de la única cooperativa de mujeres ostrícolas de esa entidad, lamenta el panorama poco alentador que han provocado las vedas durante los últimos cinco años en Morúa, pero no se rinde. Para ella lo único que resta es “echarle ganas a la vida” y lograr ser autosuficiente con lo mucho o poco que el estero les pueda dar.
“Estamos muy contentas porque este año ha sido muy productivo para nosotras y por medio de esto tuvimos que emplear a más personas en la cooperativa. Estamos muy agradecidas con Dios, con la vida y con los ostiones también”, concluyó.
Este trabajo periodístico fue realizado gracias a la subvención de The International Women´s Media Foundation, como parte del Programa Adelante.
—000—
