Con el voto de los diputados del PAN y el PRI se aprueba una reforma constitucional que elimina el concurso de oposición para las magistraturas y amplía el límite de años en ese cargo para ocupar la presidencia; la oposición acusa golpe de estado al Judicial para favorecer el retorno de duartistas en el control del Tribunal
Por Itzel Ramírez / La Verdad
En medio de protestas y acusaciones de vuelta al ‘duartismo’ y golpe de Estado, el Congreso de Chihuahua aprobó una reforma constitucional al Poder Judicial que, entre otras modificaciones, elimina el concurso de oposición para ocupar las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia.
Organizaciones de la sociedad civil, así como legisladores de oposición consideraron que esta reforma favorece a jueces y magistrados nombrados por el exgobernador César Duarte, que espera su extradición a México para ser procesado penalmente en Chihuahua.
Las críticas a la reforma también señalan que va en contra de la independencia del Poder Judicial y de que incorpora estándares políticos a la conformación del Consejo de la Judicatura.
La mayoría conformada por el PAN y PRI, además de votos de legisladores del PT y MC, logró justo los 22 votos necesarios para la modificación constitucional que ahora deberá ser analizada, y en su caso, aprobada, por los municipios de la entidad para que pueda ser publicada en el Periódico Oficial.
“No al golpe de Estado en el Poder Judicial” y “No al retorno del duartismo” se leía en las mantas que sostuvieron los legisladores de Morena durante la presentación y lectura del dictamen en el pleno.
Adriana Terrazas, Leticia Ortega, Óscar Castrejón, Rosana Díaz y Gustavo de la Rosa, todos de Morena, además de Ilse América García Soto de MC, argumentaron en contra de la propuesta aprobada.
“El dictamen no fortalece ni favorece al Poder Judicial del Estado, por el contrario, se aleja cada vez más de los principios que rigen la impartición y administración de justicia”, consideró García Soto.
Mientras que De la Rosa cuestionó la rapidez con que se dictaminó la iniciativa, presentada apenas el 22 de abril pasado por el coordinador de los diputados del PAN, Mario Vázquez.
“¿Con qué prisa se vulnera la reforma orgánica (a la constitución), qué prisa tienen?”, cuestionó De la Rosa, en referencia al proceso de reforma de la Carta Magna de Chihuahua que inició este año y que, en teoría, se ocuparía también de cambios al Poder Judicial.
Entre los cambios considerados en la reforma aprobada este jueves está la obligatoriedad de que personas sin carrera judicial, es decir, externas al TSJ, sean propuestas para ocupar las magistraturas vacantes o de nueva creación; el sistema para las ternas será rotatorio entre una formada por personas externas al TSJ y la siguiente por integrantes del mismo.
Hasta ahora, la designación de magistrados se hacía a través de un concurso de oposición sancionado por el pleno del Consejo de la Judicatura; si el dictamen cuenta con aval de los municipios de Chihuahua, ahora será una Comisión Especial la que forme las ternas que deberán ser votadas por el Poder Legislativo.
La Comisión Especial estará formada únicamente por tres personas: una representante del Poder Ejecutivo, una del Legislativo y una más del Judicial, sin que haya necesidad de que el nombramiento sea colegiado.
Atentan contra independencia, acusan
La organización México Evalúa hizo público un posicionamiento en el que, junto a otras instituciones y personas, señala los riesgos que supone para la independencia judicial el hecho de eliminar el concurso de oposición.
“Actualmente el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua es quien, a través de un concurso de oposición, propone una terna al Ejecutivo, quien selecciona a la persona que ocupará la vacante y, a su vez, la envía al Congreso para su ratificación. Esto promueve el servicio profesional de carrera en la Judicatura, porque garantiza que las personas candidatas cuenten con experiencia, además de evitar la elección de candidatos a partir de criterios políticos o por imposición por parte de los otros dos poderes”, apunta el análisis, firmado también por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto de Justicia Procesal Penal y el Observatorio de Designaciones Públicas, entre otros.
Desde el trabajo en comisiones, expertos en derecho se pronunciaron también en contra de la eliminación del concurso de oposición para la integración de las magistraturas.
El pasado 16 de mayo, en sesión de la Comisión de Gobernación de Puntos Constitucionales, Héctor Hugo Padilla, presidente de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados de Chihuahua AC, dijo que era un error la desaparición del concurso de oposición.
En la misma reunión, José Ramírez Nevárez, secretario de la Barra de Abogados AC, también criticó la intención de la iniciativa panista de eliminar el concurso de oposición, al recordar que el método ya cuenta con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es probable que haya consecuencias jurídicas por su eliminación.
En representación de la presidencia del TSJ, la magistrada Minerva Correa Hinojosa y el juez Luis Francisco de León Merino, se manifestaron de acuerdo con los cambios propuestos por la iniciativa, según se aprecia en el video.
Reforma asegura presidencia a duartistas
Otra de las modificaciones aprobadas ayer tiene que ver con que a partir de su publicación, el decreto establece que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia solo podrá ser ocupada por magistrados que tengan al menos siete años en su cargo, y no cinco como marca la disposición vigente.
“Desde ya, esto excluiría de la posibilidad de presidir el Tribunal Superior de Justicia a las y los magistrados nombrados por el anterior gobernador, al tiempo que beneficia a los que fueron designados por sus predecesores, entre ellos César Duarte, quien podría ser extraditado próximamente a México para ser juzgado por la justicia local en Chihuahua”, señaló México Evalúa.
La reelección de los integrantes del Consejo de la Judicatura (por un solo periodo inmediato) y la eliminación de las comisiones del mismo también forman parte de las modificaciones aprobadas por el Congreso chihuahuense.
La diputada Adriana Terrazas Porras dijo que la reforma constituye una “total intromisión de poderes y una flagrante invasión de competencias”, además de que se pretende manipular al Poder Judicial.
El panista Gabriel García defendió la iniciativa al considerar que incluir a personas externas a las magistraturas da la posibilidad de que ciudadanos ajenos al TSJ puedan aportar sus conocimientos en las salas judiciales.
“(se) abre la posibilidad para que cualquier ciudadano pueda entrar al Poder Judicial y tenga su oportunidad gente tan preparada que hay afuera en la ciudadanía”, defendió el legislador del PAN.
Otras reformas aprobadas ayer contemplan dotar al Consejo de la Judicatura de la facultad de determinar y modificar la conformación de los distritos judiciales, además de la prohibición de que los magistrados estén dentro del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de Chihuahua.
laverdadjz@gmail.com
