Opinión

Migración en tiempos de AMLO: ¿los militares se quedan?




mayo 27, 2022

Hace dos años que López Obrador pagó el costo político de usar militares contra la migración, y las cifras históricas en la captura de extranjeros durante su gobierno parece calmar a Estados Unidos. No hay, pues, incentivos para retirar a las Fuerzas Armadas de su política migratoria

Por Alberto Najar
Twitter: @anajarnajar

El de Andrés Manuel López Obrador será el gobierno que más personas migrantes detenga en la historia del país.

Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de abril pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha capturado a 924 mil 553 extranjeros.

Es una cantidad mayor -en la mitad del tiempo- a las detenciones registradas en los dos gobiernos anteriores. 

Con Enrique Peña Nieto el INM capturó a 823 mil 95 migrantes. Durante el período de Felipe Calderón la cifra fue de 509 mil 402.

De mantenerse la tendencia en 2024 el sexenio de López Obrador superará a la administración de Vicente Fox, cuando fueron asegurados un millón 89 mil 936 personas migrantes.

En ese período el país enfrentó una situación inédita: en el sur el huracán Mitch devastó la mitad de Centroamérica y provocó el éxodo de cientos de miles de personas, especialmente de Honduras.

En promedio 600 mil personas cruzaron anualmente la frontera sur, de acuerdo con estimaciones de organismos internacionales y la Secretaría de Gobernación.

Al mismo tiempo en el norte el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York provocó el cierre de las fronteras de Estados Unidos, que virtualmente obligó a sus vecinos a endurecer la política migratoria ya de por sí contaminada con su visión de seguridad nacional.

Por eso la cantidad inédita de migrantes detenidos entre 2000 y 2006. 

López Obrador enfrenta una situación parecida. En los últimos años hay una inusual oleada de personas provenientes de países que no tenían como destino natural a esta región.

A la frontera sur mexicana llegan miles de personas de Haití, África, Asia y Sudamérica que se suman a la tradicional migración de Centroamérica.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) estima que cada año han cruzado unas 400 mil personas migrantes por la región, todas con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

AMLO también enfrentó presiones de la Casa Blanca para contener la migración irregular.

En 2019 el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles de hasta 25% a las exportaciones mexicanas, si el gobierno de López Obrador no frenaba el creciente río humano que llegaba a su territorio.

La respuesta de México fue desplegar a la Guardia Nacional en las dos fronteras terrestres. Fue el inicio de lo que ahora se conoce como Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte y Sur, y que representa la columna vertebral de la política migratoria en la era AMLO.

La estrategia contempla el despliegue mensual de más de 28 mil elementos de todas las Fuerzas Armadas, incluida la aviación militar.

Ningún gobierno en la historia ha utilizado tal despliegue de fuerza para contener la migración. 

Es verdad que desde Carlos Salinas de Gortari el uso de militares en el aseguramiento de las fronteras es común. Pero nunca a esta proporción.

Es la razón central del alto número de capturas de personas migrantes: el uso de militares con la orden mantenerlos en el sureste mexicano.

Al mismo tiempo evitar que pisen territorio estadounidense. En el norte las operaciones de la Guardia Nacional incluyen capturar extranjeros que se acerquen a la zona fronteriza.

Las operaciones son para cumplir el objetivo central de este gobierno:

Detener “a toda la migración”, como dijo el secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval, y evitar que se acerquen a Estados Unidos según reconoció López Obrador.

Es el primer presidente mexicano en la historia que abiertamente reconoce ese propósito. Y con ello se cumple una de las demandas más añejas de la clase política estadounidense:

Que México sea un muro para impedir la migración a su territorio. 

Eso ocurre ahora con un costo elevado que pagan las personas migrantes. El informe Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México revela múltiples abusos a los derechos humanos de esta población vulnerable, especialmente mujeres.

El documento se puede consultar en el sitio bajolabota.com.mx, y fue elaborado por Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), en colaboración con varias organizaciones como Periodistas de a Pie.

El informe documenta casos de detenciones por perfil racial, muerte de personas migrantes por omisiones de las autoridades y sobre todo pone en claro que, en este gobierno, el mayor número de detenciones de migrantes fue por militares.

La situación ha sido severamente cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, pero realmente no hay, en el escenario cercano, posibilidades de algún cambio.

López Obrador ya pagó el costo político por el despliegue militar para calmar a Donald Trump: el escándalo de 2019 fue rápidamente sustituido por otros, y la pandemia de covid 19 pareció delegar el tema casi por completo.

Además, la cifra histórica en la captura de personas migrantes es para su gobierno un resultado positivo, no sólo porque en los hechos impide que se desborde el problema, sino porque la decisión de desplegar un doble muro militar -con otras acciones como el programa Quédate en México- parece calmar a la clase política estadounidense.

Hay críticas hacia su gobierno, pero el nivel es menor al que recibió, por ejemplo, la administración de Peña Nieto.

Y además el tema, en el debate político nacional, se opaca con los escándalos de cada semana.

En tal escenario no hay incentivos para retirar a las Fuerzas Armadas de esas tareas, y por el contrario parece haber un estímulo para reforzar la estrategia.

Mala noticia: hay militares para rato en el control migratorio del país.

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Alberto Najar. Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie.

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