Los operadores del nuevo sistema de justicia laboral trabajan “con las uñas” para hacer posible la implementación de la Reforma a partir del próximo 3 de octubre en el estado; en Ciudad Juárez instalarán el Centro de Conciliación y los juzgados laborales en distintos edificios
Por Blanca Carmona / La Verdad
Ciudad Juárez– En Chihuahua, la Reforma Laboral arrancará practicamente en agonía de muerte, con 500 millones de pesos menos de los necesarios para su operación, solo cinco juzgados y con ordenamientos jurídicos aún en proceso de elaboración.
En el Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2022, se autorizó al poder Judicial disponer de 84 millones 034 mil 541 pesos para cubrir los gastos necesarios para la implementación de la Reforma en materia laboral, que se aprobó para proteger los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, proyecciones realizadas en 2021 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua indican que es necesario 600 millones de pesos para la puesta en marcha de este sistema que prorrogó su arranque para el próximo 3 de octubre.
Esta situación obliga al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a improvisar para su puesta en marcha. Deberá abrir un espacio en el mismo edificio donde opera los juzgados civiles y familiares, para los juicios laborales, informó Luis Villegas Montes, magistrado del TSJ y presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua. En tanto, el Centro de Conciliación Laboral, lo instalarán en el edificio donde antes se encontraban la representación del gobierno del estado, en eje vial Juan Gabriel y Aserraderos.
A unos meses de su funcionamiento, la selección del personal está detenida, en espera de que la Cámara de Diputados realice un cambio a un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial para quitar un mecanismo considerado subjetivo. El TSJ solicitó que solo sea necesario realizar dos exámenes a los aspirantes, uno respecto a un cuestionario de materias diversas y dos la simulación de un juicio oral.
El TSJ también está en proceso de adquirir la infraestructura tecnológica que la ley exige como prerequisito para poder implementar la Reforma, se trata de equipo de cómputo, servidores, generación de programas y sistemas.
En entrevista, el magistrado Villegas Montes reconoció que el presupuesto aprobado es menor a lo proyectado y dijo que están “trabajando con las uñas, pidiéndole el favor a todo mundo”, para hacer posible la reforma laboral.
“Para mí es un problema que nos hayan impuesto, sin recursos y en tan breve plazo, la implementación de la Reforma. Lo que le quiero decir, es que por lo menos en el caso de Chihuahua la administración anterior no se ocupó del tema, la reforma viene desde 2019 si lo hubieran querido hacer bien y a tiempo tendríamos que haber empezado desde el 19 las adecuaciones pertinentes, a nuestro orden jurídico, a las instalaciones inmobiliarias, hacer las inversiones correspondientes en tecnologías de la información, y una serie de cuestiones”, expuso Villegas Montes.
Ante este panorama y por los tiempos previstos para los procesos, los operadores del sistema también esperan que sea hasta enero del 2023 cuando los jugados laborales desahoguen las primeras audiencias pues, aunque la reforma entrará en vigor en cuatro meses, también establece que es obligatorio que las partes en conflicto primero agoten una etapa de conciliación, un plazo de 45 días que le corresponderá atender al Poder Ejecutivo a través de los Centros de Conciliación Laboral (CCL).
Por lo que la reforma aboral en lo que concierne a las audiencias deberían iniciar después de la primera quincena de noviembre, pero se atraviesan las vacaciones de Navidad y por ello anhelan que en los hechos los primeros juicios sean hasta enero 2023.
Lo que le daría al TSJ un respiro, pues esperan que en el presupuesto del 2023 se aprueben 100 millones de pesos para poder seguir con la implementación de la Reforma Laboral y concluir hasta el 2024 con una inversión de por lo menos 400 millones de pesos.
Gran parte de los recursos económicos se van a signar a gastos personales porque es necesario la creación de por lo menos 200 nuevos espacios, explicó Villegas Montes.
Con el actual presupuesto se prevé la creación de cinco juzgados, dos en Ciudad Juárez, dos en Chihuahua y uno itinerante. Aunque lo ideal sería empezar con 14 y llegar a conformar 28.
“Yo quisiera 14 jueces (para iniciar) porque en el horizonte esta que sean 28 jueces. De los 28, serían 12 Juárez, 12 Chihuahua, uno en Cuauhtémoc, uno en Delicias, uno Parral y uno en Nuevo Casas Grandes, eso es a largo plazo para el 2024”, refirió.
Los Centros de Conciliación Laboral
El primero de mayo del 2019 se publicó el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en el país. En estas, se establece que se deberán poner en funcionamiento los Centros de Conciliación Laboral y que será obligatorio que los involucrados traten de alcanzar un acuerdo a través de esta instancia antes de interponer una demanda.
Los Centros, que van a sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje, tendrán como figura principal a los conciliadores. Pero solo se contará con 21 para todo el estado y el presupuesto que tendrá la nueva dependencia es de 50 millones de pesos, informó Fausto Fortunato Barraza Arbizu, director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.
Los CCL también están a la espera de que el gobierno federal autorice 35 millones de pesos.
Por lo pronto con el presupuesto aprobado para 2022, 11 conciliadores estarán en Ciudad Juárez, otros 10 en Chihuahua. Habrá oficinas de representación en Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias y en Parral, pero sin está figura.
“El análisis para arrancar con el tema de la Reforma obedece en gran medida a que el presupuesto del estado, con el que el centro operara la parte final del año, fue un presupuesto que aprobó en 2021 cuando el centro no operaba, se hizo tomando en cuenta una planeación que hasta ese momento era a futuro y no se tenía hasta ese momento a ciencia cierta cuando iba a arrancar la reforma”, dijo Barraza Arvizu.
El funcionario señaló que, aunque se ha trabajado con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), debido a los presupuestos autorizados y a que cada instancia tiene sus propios inmuebles cada uno instalará a su personal y sus oficinas en sus espacios y no estarán en solo edificio, cada uno irá por su cuenta.
El CCL de Juárez estará en el edificio de eje vial Juan Gabriel, el llamado Bonifacio Chávez, donde actualmente están las juntas de Conciliación y Arbitraje y en la Ciudad de Chihuahua en el edificio en Allende número 911, también donde están las juntas y la Secretaría del Trabajo.
La reforma y su armonización
Chihuahua es parte del bloque de estados que integran la tercera etapa de la implementación de la Reforma Laboral, junto con Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
Inicialmente se había manejado que la entrada en vigor iba a ser a partir del 3 de mayo del 2022 por un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la entraba en vigor se prorrogó para el 3 de octubre del 2022.
De acuerdo con la información publicada en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Chihuahua ya empezó con la armonización legislativa, al haber modificado la Constitución del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial (aunque sigue pendiente una modificación más, solicitada por el TSJ) y la Ley Orgánica del Centro de Conciliación estatal.
En Chihuahua hay 206 sindicatos activos que llevan un avance del 85.2 en la modificación a sus estatutos, para estar acordes a la Reforma.
Los centros de conciliación aun no empiezan a funcionar, tampoco los tribunales laborales federales, ni los de competencia local, no se han recibido subsidios federales, ni hay oficina del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) en Chihuahua, indican los datos de la federación.
Uno de los grandes cambios que prevé la Reforma Laboral es que antes de ir a juicio se debe agotar la etapa de conciliación, sin que sea obligatorio que los trabajadores y patrones lleguen a un acuerdo.
“Actualmente ya es obligatorio señalar, en la primera audiencia, si las partes tienen interés en conciliar. Sin embargo, es una audiencia la que se lleva a cabo que inicia cuando el funcionario le pregunta a las partes si es su deseo conciliar… es toda la parte en la que se incita a la conciliación. En la Reforma deja de ser una audiencia y pasa a ser una instancia, esa es la gran diferencia de tipo procesal”, explicó Fausto Fortunato Barraza Arbizu, el director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.
En los estados donde ya se implementó la Reforma que el 75 por ciento de los casos se resuelven sin pasar a juicio, es decir, en la etapa de conciliación. Y de esos, más de la mitad se resuelven en la primera audiencia.
Actualmente un juicio laboral puede tardar en resolverse de tres a cinco años, a veces la empresa demandada ya no existe o se emiten condenas millonarias, imposibles de pagar que incluso llegar a provocar el cierren de algunas compañías, dijo Barraza al asegurar que los tiempos van a disminuir con el nuevo modelo de justicia laboral.
Dos sistemas paralelos
El nuevo modelo laboral establece que van a funcionar de forma paralela dos sistemas, las Juntas de Conciliación y Arbitraje continuarán funcionando para atender los casos que reciban hasta las 23:59 horas del 2 de octubre y debido a que se estima que tienen un rezago aproximado de 40 mil asuntos, se espera que sigan funcionando en por lo menos seis años más, dijo Luis Villegas Montes, magistrado del TSJ y presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua.
A la par estarán laborando los juzgados laborales y los Centros de Conciliación Laboral, que empiezan con carga cero. Es decir, el actual sistema no va a pasar los casos en trámite.
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