Opinión

Una agenda feminista mínima II

¿Por qué se le presta mínima atención a la creciente criminalización de la protesta feminista? ¿Por qué la liberación de las mujeres acusadas injustamente y otras presas políticas no es un motivo de mayor preocupación o organización del movimiento?

Por Celia Guerrero
Twitter: @celiawarrior

Así como considero apremiante que cualquier movimiento de mujeres —o que se nombre feminista— se oponga a la militarización, veo impostergable un posicionamiento frontal a la criminalización de la protesta y persecución política/judicial de mujeres organizadas.

La masificación del feminismo como fenómeno ha permitido también exponenciar diversos actos de protesta por los derechos negados, limitados, y contra la normalización de escenarios de violencia machista y feminicida. 

Desde la organización hiperlocal en grupos de autoconciencia con el objetivo principal de identificar y combatir violencias, hasta el acompañamiento colectivo de las víctimas en sus procesos de búsqueda de justicia y reparación del daño, hay muchas formas útiles de manifestarse o reclamar juntas. 

Nada más incómodo para una organización mundial patriarcal que ver a grupos de mujeres rebelarse contra el poder y abandonar el rol pasivo que se les ha impuesto con la simple acción de organizarse. Tomar postura política, apropiarnos física y conceptualmente del discurso de lo público, es desobediencia pura y una afrenta que están dispuestos a cobrarse.

Una manera de las formas más espontáneas de protección colectiva —y desde mi punto de vista, sumamente orgánica— es el significado detrás de la consigna “Fuimos todas”. Es una reacción al dominio que para la lógica patriarcal resulta tan inválida como incomprensible porque no son capaces de categorizar lo colectivo. El no tener lideresas, el rechazar protagonismos al tiempo que se protege y respalda la desobediencia individual —que en realidad es colectiva—, es una característica magnífica que solo puede fortalecer un movimiento.

Luego, resulta difícil de comprender ¿por qué se le presta mínima atención a la creciente criminalización de la protesta feminista? ¿Por qué la liberación de las mujeres acusadas injustamente y otras presas políticas no es un motivo de mayor preocupación o organización del movimiento?

Quizá uno de los casos más emblemáticos es el de las mujeres detenidas cuando desalojaron la renombrada Casa Refugio Okupa, antes CNDH, en el centro de la Ciudad de México. El edificio permaneció tomado desde septiembre de 2020 por grupos que se posicionaron en contra la violencia machista, hasta abril de 2022, cuando fue desalojado por la Policía de la Ciudad de México y las 3 mujeres que se encontraban dentro fueron detenidas y posteriormente acusadas de narcomenudeo.

Desde su detención, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos y todas” (Red TDT) ha documentado irregularidades en el proceso: el uso excesivo de la fuerza y brutalidad policial (sic), tortura psicológica y física, no tenían orden de aprehensión ni les informaron el motivo de la detención, les impusieron un abogado de oficio y se les negó la libertad condicional, aún cuando se les acusa de un delito no grave, filtraron su información personal, han denunciado malos tratos dentro del penal, etc.

El escándalo que esto pudo provocar lo desactivó una estrategia mediática: difundir ampliamente un video en el que un grupo de encapuchadas agrediendo físicamente el vehículo de una mujer que se negó a darles dinero, acto que le atribuyen al grupo que mantenía tomada la sede de la CNDH. Paradójicamente, el rechazo a supuestas acciones violentas del grupo que ocupaba el edificio desarticuló cualquier acción masiva en contra de la evidente violación de los derechos de las propias detenidas por parte de las autoridades.

Otra suerte de castigos ejemplares parecen suceder en casos en los que se culpa de delitos a mujeres que anteriormente denunciaron violencias y se manifiestan o que acompañan a otras para hacerlo, las defensoras. Está el caso de Ari, quien denunció una violación y fue detenida ilegalmente, con engaños, torturada sexualmente en la Fiscalía de Querétaro, juzgada por dañar una maqueta en una protesta y, finalmente, declarada inocente. O el que es quizá uno de los casos más conocidos de defensoras encarceladas, el de Kenia Hernández, actualmente sentenciada a más de 10 años de prisión.

Así se van acumulando carpetas de investigación armadas con celeridad en contra de mujeres que participan en protestas, exacerban la violencia con la que responden cuerpos de “seguridad” en manifestaciones y justifican violaciones de múltiples derechos a lo largo del país, sin que hasta el momento se preste atención suficiente a la amenaza que crece cada día más con la criminalización de las mujeres organizadas.

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Lee acá: Agenda feminista mínima I

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