Las empresas Eli Lilly y Compañía-México; Laboratorios Cryopharma; Probiomed y Laboratorios Pisa fueron sancionadas por inflar los costos de insulina utilizada para atender la diabetes mellitus. Ahora, Laboratorios Pisa son el principal proveedor en México de medicamentos para tratar la salud mental
Por Ricardo Balderas / Poder Latam
Edición de: Fernanda Hopenhaym y Elena Arengo
Ciudad de México- El esquema fue relativamente sencillo. Bastó con cuatro empresas dispuestas a lucrar con la vida de personas que viven con una enfermedad progresiva, un acuerdo entre las mismas firmas para inflar los costos de medicamentos y un sistema de contrataciones públicas deficiente que permitió a las empresas hacerse con más de 182 millones de pesos.
De este modo, en 2010, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) comprobó que las empresas Eli Lilly y Compañía-México; Laboratorios Cryopharma; Probiomed y Laboratorios Pisa, habían conspirado durante los años 2003 a 2006 para eliminar la competencia en las licitaciones e inflar desproporcionadamente los costos de insulina humana (utilizada para atender la diabetes mellitus, la enfermedad más mortal para los mexicanos). Los derechohabientes y las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron los principales afectados.
Según el reporte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en manos de PODER, la empresa en donde participó directamente el abogado coludido identificado como Carlos Arturo Villaseñor López: “obtuvo ganancias indebidas” y millonarias de 2003 a 2006. La resolución de dicho fraude no fue pública hasta 2010 y tuvo como resultado una multa superior a los 21.5 millones de pesos (poco más de un millón de dólares). Y no fue hasta 2020 que la Presidencia de la República intentó expulsar a estas empresas del listado de licitantes.
En respuesta, como se narra en el documento de COFECE, las farmacéuticas implicadas no argumentaron inocencia en el juicio, sino que apelaron por una reducción de la multa que en palabras de Eduardo Pérez Motta, presidente de la COFECE, representó la pena máxima que permite la ley.
En este esquema, al señor Carlos Arturo Villaseñor López no se le conoce una sanción de manera pública y los laboratorios PISA lograron, en tan sólo 10 años, dejar pasar el escándalo por la venta a sobrecosto de tratamiento para leucemia a convertirse en el principal proveedor en México de medicamentos para tratar las neurodivergencias.
Según se explica en el expediente de COFECE en manos de PODER: “El patrón de posturas demostró que la alternancia en las posiciones ganadoras y perdedoras no podía darse como una simple coincidencia, sino que requirió de un acuerdo colusorio, en el que participó directamente Carlos Arturo Villaseñor López por orden de Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.”.
Sobre los propietarios de dicha firma y su posible responsabilidad por las licitaciones fraudulentas de su empresa, nada se dijo. La denuncia y multa de COFECE iban solamente dirigidas directamente al abogado en cuestión y a la razón social de la farmacéutica.
Cinco años después de haber sido multados y sancionados por COFECE, el actual Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez (en ese entonces alcalde de Guadalajara) premió al dueño de dicha firma con la medalla al Mérito Empresarial del Gobierno de Tlajomulco de Zuñiga, también en Jalisco. Es decir, mientras el Gobierno Federal pudo comprobar que la empresa había lucrado con la vida de miles de personas que viven con una enfermedad crónica, el Gobierno de Jalisco le lavaba las manos al corporativo.
PISA la historia de la sanción a la impunidad
PISA es un laboratorio mexicano que ha pertenecido a la familia Álvarez desde su creación, en 1945. Se trata del laboratorio mexicano con mayor participación de abastecimiento al gobierno, con 377 claves a abril de 2018, según un estudio del Instituto Farmacéutico.
Carlos Álvarez Bermejillo es quizás el más público de los propietarios de la farmacéutica PISA. Sin embargo, según lo reportado por el SIGER, el señor Álvarez Bermejillo se encuentra registrado únicamente como representante legal mientras que existen o existieron (debido a que la información que es pública no está actualizada), al menos otros cinco presuntos propietarios.
El 23 enero de 2020, el Gobierno de México inhabilitó por segunda ocasión a la farmacéutica PISA y su subsidiaria Dimesa por 30 meses a no poder concursar en ningún proceso de adjudicación pública federal, e impuso una multa de 1.1 millones de pesos (50 mil dólares); en esta ocasión también fue acusada de manipular información para favorecer las ventas de sus productos.
“Al Grupo PISA lo tenemos bajo investigación también desde hace un tiempo y estamos muy avanzados para iniciar el proceso de inhabilitación correspondiente”, explicó la entonces titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval.
De los contratos erogados a favor de la firma PISA y su filial Servicios de Farmacia PREFARMA, el 100% fueron asignados bajo la modalidad de adjudicación directa, contraviniendo lo estipulado en la ley de adquisiciones que cita: «Cuando por las características del bien o servicio (incluido obra) de que se trate sólo exista un contratista o proveedor en el mercado capaz de enajenar el bien o prestar el servicio, supuesto en que la buena práctica internacional autoriza la adjudicación directa del contrato, siempre y cuando no existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables (arts. 42 frac. I LOPSRM, 41 frac. I y VIII LAASSP)».
Asimismo, contraviene en los documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el apartado del Plan Nacional de Desarrollo impulsado por la actual administración de Andrés Manuel López Obrador en donde se cita: «Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias».
PODER solicitó entrevista con el departamento de comunicación de la empresa PISA y la Secretaría de Hacienda, en al menos tres ocasiones, con el objetivo de entender por qué el representante legal se asume públicamente como el propietario de la firma y la causa de las adjudicaciones directas; sin embargo, al momento del cierre de esta edición nadie respondió a la solicitud.
Los contratos de Salud Mental
PODER analizó un total de 200 contratos, correspondientes a 64 proveedores y 16 Claves de Medicamentos que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoce como tratamiento para personas con diagnósticos relacionados con la neurodivergencia (enfermedades relacionadas con la salud mental) en su Cuadro Básico de Medicamentos.
Como resultado se determinó que en México se erogó 57,901,066.93 pesos (unos 2.924.296 dólares) de 2019 a 2022 unicamente en fármacos relacionados con la Salud Mental. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resultó el mayor comprador de medicamento del país. Sobre las compras, tres medicamentos concentran más del 50% de todo el gasto público: “Fluoxetina, Valproato y Clonazepam”.
Las dependencias de gobierno que más utilizaron el procedimiento de contratación por Adjudicación Directa fueron el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y el Instituto Mexicano del Seguro Social, también son los organismos con mayor gasto para estas Claves de Medicamento. El motivo por el cual las autoridades utilizaron principalmente este procedimiento no es público. PODER solicitó entrevista con la Secretaría de Salud, sin embargo, hasta el momento del cierre de esta edición no tuvimos respuesta.
| RAZÓN SOCIAL | MONTO (pesos mexicanos) |
| LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. | 16171546.45 |
| SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV | 5843717.84 |
| SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE MEDICAMENTOS SA DE CV | 3105800 |
| COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV | 2879202 |
| PROVEEDORA REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS SA DE CV | 2678703.49 |
Empresas que más recibieron dinero por venta de medicamentos relacionados con la salud mental
Dado que no existe una Ley General de Salud Mental en México, y como consecuencia tampoco una partida presupuestal específica, se calcularon 16 fármacos de uso regular en el tratamiento para personas neurodivergentes, tomando como referencia el Cuadro Básico de Medicamentos que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es importante mencionar que el tratamiento puede ser más complejo e incluir otras claves de medicamento. Se analizaron esos 16 fármacos debido a que el IMSS es la única institución de salud que hace públicos los Cuadros Básicos y que son actualizados conforme a la existencia en el mercado de algunos medicamentos.
En lo que respecta a esas 16 claves de medicamento, se relacionaron a 64 empresas que ofrecieron y ganaron licitaciones en el país. Sin embargo, la medida, al no contar con un presupuesto definido debe ser considerado sólo como una muestra del gasto y no el total del mismo.
Los intentos legislativos, siempre locales
Como ya se mencionó, actualmente no existe una Ley general de salud mental que sea aplicativa en toda la república mexicana. Lo que sí existe son leyes locales que constantemente intentan generar espacios de coordinación con el sistema de salud para regular el tema.
Respecto a las consideraciones federales para regular el tema, según lo reportado en el sitio oficial de la Cámara de diputados, durante el 2022 los asambleístas han presentado 22 propuestas (entre iniciativas, puntos de acuerdo y modificaciones) de modificación a las leyes relacionadas con la salud mental de las personas que viven o transitan por México. Sin embargo, el sitio de gestión de estos documentos no reporta el estado de los mismos por lo cual es imposible saber cuantos de estos documentos fueron aprobados.
Por su parte, en el estado de Michoacán, la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario desde hace tiempo que intenta generar un espacio con las autoridades para regular temas como el daño a la salud mental por servicios fraudulentos, generación de plazas en el sistema de salud y la estipulación de una ley local que regule todo lo anterior.
En un comunicado, también en manos de este medio de comunicación, se registra la solicitud del grupo de especialistas por implementar medidas que mejoren la situación de salud mental de esta entidad, mismas que según explican, son originadas por condiciones de violencia muchas veces relacionada a grupos criminales.
“Queremos proponer un programa especial de psicología para todas y todos los ciudadanos radicados en el Estado de Michoacán y michoacanos en el extranjero, con el liderazgo del gobierno que usted encabeza. Es importante compartirle que al inicio de su administración les presentamos de manera informal un programa de salud mental”, explican.
En Jalisco la situación no es muy distinta. A pesar de que esta entidad sí contempla una ley estatal para atender problemas relacionados con la salud mental, los esfuerzos son calificados como insuficientes. Es por lo anterior que los diputados Abel Hernández Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN) y los diputados, Susana de la Rosa y Pedro Kumamoto del partido Futuro, solicitaron al parlamento jalisciense mejoras a la ley de salud mental del estado.
Los cambios, en lo general, pretenden por el lado panista la ampliación presupuestal del 1 al 2% del presupuesto del estado; mientras que la propuesta del partido Futuro intenta generar condiciones más amplias que involucren servicios gratuitos para todas las personas.
Más violencia, hiperdetectabilidad y desabasto
México se encuentra en un proceso de preparación para una posible crisis de híperdetectabilidad de casos por salud mental. Así lo reporta Boris González Ceja, Secretario General de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario. En respuesta a la posible crisis, desde su asociación se busca increpar a que las cámaras de legisladores (federales y locales) promuevan una ley general de Salud Mental para México.
Además de no contar con una Ley general de salud mental, otro problema detectado por los especialistas, es que en el sistema federal de salud solamente se cuenta con 962 plazas para psicólogos que tienen que atender a los más de 125 millones de habitantes, lo cual es, desde el punto de vista de la asociación, un problema. Y es cierto. Por ejemplo municipios como Fresnillo en el estado de Zacatecas, tienen sólo una plaza para psicólogos en una población de 241 mil habitantes.
Según el último reporte de INEGI citado por González Ceja, en México se detectaron 7 mil 850 suicidios correspondientes al año 2021, es decir, situación prepandemia. Para la Academia Mexicana de Psicología, el problema irá en aumento: “Podemos pensar que el suicidio se elevará exponencialmente luego de la pandemia”, para esta misma asociación, una posible causa es la falta de una Ley Nacional de Salud Mental.
“Otro punto importante para México es que no hay una Ley. En el país no tenemos una Ley General de Salud Mental por ilógico que suene. Y como no hay una ley, todo es permitido. Prácticas pseudopsicólogicas abusivas como el coaching, las constelaciones familiares o las Terapias de Conversión (que en realidad son tortura). Así sin ninguna base científica”, explica el terapeuta.
En cuanto al desabasto de medicamento para tratar la salud mental, el colectivo #CeroDesabasto determinó que los estados, por orden alfabético, que más reportes por desabasto tienen en el país son Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León. Estos concentran el 60% de las denuncias por desabasto de medicamento psiquiátrico en el país. En total, se reportan más de 500 denuncias por falta de medicamentos en diferentes puntos del país. Los medicamentos que más faltan son: “Alprazolam, Amitriptlina y Clozapina”.
Al respecto, el médico González Ceja comenta: “Millones de personas padecieron el desabasto en México. Acá lo que llama la atención es que en el país, la Secretaría de Salud tiene aproximadamente 962 psicólogos de base (plazas) en todo el país, pero si sacamos una proporción sobre esos 962 para los más de 120 millones de personas que somos, estamos hablando que el número de especialistas para la salud mental es mínimo”.
Para el especialista, en un país como México (donde la violencia es una de las características que predominan), “no se trata sólo de atender las patologías, también se trata de atender a quienes están bien para que estén mejor”. En ciudades donde la violencia está desbordada la salud mental no ha sido atendida como es debido, asegura.
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*Este trabajo fue realizado por Poder Latam y se publica con su autorización a través de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Consulta aquí la publicación original.
