La creación de dos Mecanismos Consultivos para la Participación Ciudadana que garantice la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que les representan en la implementación de programas y políticas públicas, y en el proceso legislativo
Por Itzel Ramírez / La Verdad
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara una reforma local por excluir la participación de personas con discapacidad en temas que les competen, en el Congreso de Chihuahua se presentó una iniciativa para crear dos mecanismos de consulta permanente de este grupo vulnerable.
El pasado 15 de julio la diputada Deyanira Ozaeta, del PT, entregó una propuesta para la creación de dos Mecanismos Consultivos para la Participación Ciudadana, uno relativo a la implementación de programas y políticas públicas y otro sobre el proceso legislativo.
“… se observa una necesidad de contar con un mecanismo permanente en donde constante y sistemáticamente se puedan realizar consultas, y que este mecanismo sea el medio idóneo para fortalecer y promover una interacción más estrecha entre los sectores y el Poder Legislativo”, se lee en la propuesta, que fue presentada a través de la Oficialía de Partes del Congreso de Chihuahua.
La iniciativa indica que se deberá reformar la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua para garantizar que los mecanismos de consulta sean permanentes y que se garantice la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que les representan.
Asimismo, se pretende que el mecanismo legislativo se reúna cada seis meses de forma ordinaria y de manera extraordinaria cuando así lo consideren sus integrantes en convocatorias públicas, de máxima transparencia y difusión.
El objetivo es que se promuevan las consultas estrechas y se genere información sobre las reformas relativas a las personas con discapacidad, según se lee en el documento, al que tuvo acceso La Verdad y que al cierre de la edición todavía no estaba integrado en el sistema de consulta del Congreso.
El mecanismo del Poder Legislativo deberá además buscar que las consultas sean sistemáticas, abiertas, sustantivas y oportunas, como lo mandatan los ordenamientos nacionales e internacionales sobre participación de las personas con discapacidad en los procesos legislativos.
Entre las facultades y obligaciones del mecanismo del Poder Legislativo están: emitir opinión sobre la elaboración o reformas de leyes y decretos; proponer la modificación, actualizaciones y adecuaciones necesarias a la legislación; opinar sobre accesibilidad universal y los ajustes razonables implementados del Congreso de Chihuahua para garantizar los Derechos de las personas con discapacidad; formar parte de grupos de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del mecanismo y dar seguimiento a las consultas realizadas.
El texto de la iniciativa recuerda que en el artículo 4 numeral 3 de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad –ratificada por México–, establece que para la elaboración y aplicación de políticas y de legislación sobre cuestiones relativas a personas con discapacidad, es necesario garantizar consultas estrechas.
Alistan corrección ordenada por la Corte
La diputada Ozaeta presentó el mismo 15 de julio otra iniciativa, específicamente para cumplir con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizar consultas sobre una reforma para permitir el acceso de personas con discapacidad a los espacios públicos o privados con perros de asistencia, apoyos y ayudas técnicas.
La propuesta versa sobre el mandato de la Corte, que en junio pasado resolvió la acción de inconstitucionalidad 292/2020 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la violación al derecho a la consulta estrecha y participación activa de las personas con discapacidad.
El decreto invalidado (LXVI/RFLEY/0760/2020) reformaba los artículos 7 y 62 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua pero al no realizarse consultas se “tiene el potencial de afectar directamente los derechos de las personas con discapacidad”, de acuerdo con la argumentación del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ponente de la propuesta que fue avalada por el pleno de la SCJN.
La resolución del máximo tribunal del país mandata al Congreso para que en un plazo máximo de 12 meses a partir de la notificación de la sentencia se realice un proceso de consulta y se legisle en materia de perros de asistencia para personas con discapacidad.
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