Justicia

Vinculan a proceso a pastora de albergue para migrantes por trata de personas




agosto 3, 2022

En una audiencia judicial realizada a puerta cerrada, Velia H.G. enfrentó la formulación de cargos por el delito de trata de personas en contra de seis hombres migrantes, la mujer permanecerá en prisión

Texto y fotografías: Blanca Carmona / La Verdad

En una audiencia privada, la pastora y directora del albergue para migrantes Aposento Alto, Velia H.G, fue vinculada a proceso penal por el delito de trata de personas en la modalidad de servicios o trabajos forzados.

La religiosa deberá seguir enfrentando el proceso recluida en el penal femenil al quedar vigente la medida cautelar de prisión preventiva.

Mientras se desarrollaba la diligencia judicial, un grupo de migrantes de Haití, Honduras y México, encabezados por la hija de la pastora, Grissel Ramírez –y encargada del albergue Esperanza para Todos- se manifestaron en la explanada de Ciudad Judicial para exigir la libertad de Velia H.G. y acusar al titular de la Comisión Estatal de Población (COESPO), Enrique Valenzuela, de estar detrás de la detención de la mujer.

En la formulación de cargos presentada por los agentes del Ministerio Públicos de la Fiscalía estatal se señaló que Velia H.G., como presidenta del Consejo Directivo “Comedor Aposento Alto A.C.”, y en calidad de autora material, cometió el delito de trata de personas en contra de seis hombres migrantes, en diferentes ocasiones.

Presuntamente de enero a abril de 2022 al estar alojado en el albergue Aposento Alto, ubicado en la calle Tomate, de la colonia Lomas de Poleo, la víctima de iniciales M.A.C., originario de El Salvador fue forzado a construir una barda y un cuarto de lavandería en ese espacio, así como a remodelar la casa de la pastora y cuatro casitas del albergue.

“Trabajo en beneficio de usted (Velia H.G.) y obtenido bajo la amenaza de Velia H.G., de correrlo del albergue y afectar su proceso migratorio para ingresar a Estados Unidos, poniéndolo en una situación de vulnerabilidad y provocando que se sometiera a condiciones injustas y que atentaron contra su dignidad”, se estableció en la formulación de cargos a la que tuvo acceso La Verdad.

A la pastora también se le acusa que de noviembre del 2021 al 2 de abril del presente año ejercicio la trata en contra de una persona de iniciales J.A.M., originario de Honduras, al obligarlo a que pintar la casa de ella, así como a resanar y pintar dos cuartos propiedad de su hija, y participar en la construcción de la barda y el cuarto de lavado en el albergue.

Del 10 de diciembre del 2021 al 2 de abril del 2022, presuntamente la pastora forzó a un hombre originario del Estado de Michoacán de iniciales A.M.T., a emparejar un terreno, a participar en la edificación de la barda del albergue, a remodelar la casa de ella y a pintar unos cuartos.

En el periodo del 13 de octubre del año pasado y hasta el 2 de abril, presuntamente la directora de Aposento Alto obligó a un migrante proveniente de Honduras de iniciales D.E.L., a hacer un cuarto con madera, tirar un piso, así como a participar en la construcción de la barda, del cuarto de lavado, en la reparación de la casa de la hija y de la vivienda de ella.

Velia también está acusada de que de febrero al 2 de abril del 2022 amenazó a una persona de iniciales D.G.P., proveniente de Michoacán, con correrlo del albergue e interferir en su proceso migratorio para obligarlo a instalar el drenaje, emparejar un terreno, resanar, pintar y remodelar su casa, remodelar la casa de su hija y para que participara en la construcción de la barda y un cuarto de lavado en el albergue.

Finalmente, se le señala que, de noviembre de 2021 al 2 de abril del presente año, al parecer Velia forzó a J.A.M., de Honduras a realizar trabajos de albañilería en la casa de su hija y en la de ella, así como a la edificación de la barda y del cuarto de lavado en el albergue.

Durante la audiencia, presidida por la jueza Danya Guadalupe Ramos Rodríguez, el Ministerio Público presentó dos testigos de identidad protegida y la defensa ofreció las declaraciones de otros tres testigos.

Al final, la jueza Ramos Rodríguez concluyó que existen datos de prueba para vincular a proceso penal a la directora de Aposento Alto en términos de lo previsto en el Artículo 22 fracciones II y III de la Ley General para Prevenir Delitos en Materia de Trata de Personas.

“Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados”, indica el apartado 22.

Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante:

Fracción II “daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad”, y

Fracción III: cuando “el abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad”.

El día que se realizó la primera audiencia en contra de la pastora, el pasado 28 de julio, personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua indicó que la presunta conducta de la pastora se había encuadrado en el Artículo 10 de la misma ley fracciones IV, V y VI. Pero este martes 3 de agosto se especificó que se trata el Artículo 22 de la Ley de Trata y que precisamente la fracción V del Artículo remite al apartado 22.

‘Es inocente, libérenla’, la protesta

Con cartulinas donde se leía “Justicia para la pastora Velia”, “Ella es inocente”, “Enrique Valenzuela corrupto” y “Es inocente, libérenla. Todos con la pastora”, entre otros mensajes, un grupo de personas se manifestó en la explanada de Ciudad Judicial.

El grupo iba encabezado por la hija de la pastora, Grissel Ramírez, quien afirmó que su mamá es inocente y dijo que el trabajo que se solicitaba a los migrantes que presentaron las denuncias penales eran acciones de limpieza en el albergue y para su propio beneficio.

También indicó que el albergue Aposento Alto funcionaba con puertas abiertas, por ello los migrantes podían salir a laborar e irse cuando así lo decidieran.

“Todos tenemos la obligación de ayudar en el lugar donde nosotros estamos viviendo. Si se les pide que laven trastes, asear su cuarto, es para el bien de ellos. Hacer algo, una mejoría para donde tu vives no puede ser considerado explotación”, afirmó Ramírez quien aseguró que ella es la única hija de la pastora y a su casa nunca fueron migrantes a realizar labores de construcción.

Ramírez acusó al coordinador del Consejo Estatal de Población (COESPO), Enrique Valenzuela, de estar acosando a su familia e indicó que el lunes primero de agosto el funcionario encabezó una inspección en el albergue que ella tiene a su cargo, Esperanza para Todos.

“Estamos aquí para apoyarla a ella y para exigir justicia a las autoridades. Ella está aquí injustamente, por acusaciones falsas y por un hostigamiento de parte de Enrique Valenzuela de COESPO… ya terminó con el albergue de mi mamá, ahora viene por el mío, ya ayer (lunes primero de agosto) fueron a hacer revisiones buscando que estaba mal para poder cerrarlo”, declaró.

Grissel dijo que actualmente el albergue Aposento Alto está cerrado y que durante la inspección en Esperanza para Todos, Valenzuela trató de poner palabras en la boca de los migrantes e intento “cohibir y asustar diciendo que ellos pudieran ser víctimas de trata sin saberlo”.

Las personas que participaron en la protesta están hospedados en el albergue Esperanza para Todos, son originarias de Haití, Honduras y México. Algunos no sabían el nombre de la pastora y otros no hablaban español.

Grissel Ramírez agregó que ella y su papá trataron de entrar a la audiencia judicial contra su mamá, pero no se les permitió bajo el argumento de que era una diligencia privada.

Justicia a puerta cerrada

Desde la primera audiencia, la jueza Danya Guadalupe Ramos Rodríguez ordenó que las diligencias de la causa penal 4334/2022 seguida en contra de la pastora Velia H.G., se desarrollaran a puerta cerrada.

El vocero del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Israel Hernández Domínguez, dijo desconocer porqué se decretó privada e indicó que estaba fuera del alcance de Comunicación Social permitir el acceso a la sala.

Antes de que la jueza ordenara que las diligencias en contra de la pastora fueran privadas, el Tribunal tampoco permitió acceso a la audiencia ni a la sala donde se tramite en tiempo real las diligencias, bajo el argumento de que no contaba con personal disponible para atender a la prensa.

Desde marzo del 2020, el TSJ no permite la entrada del público ni de los representantes de los medios de comunicación a las audiencias. Únicamente en algunos casos habilita una sala alterna, en los juzgados familiares, para que de forma remota y en tiempo real los periodistas escuchen las diligencias que por ley deberían ser públicas.

laverdadjz@gmail.com

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