Cargan 62 defensores de oficio con representación de 34 mil 254 personas de enero a junio de este año en Ciudad Juárez; el exceso de asuntos limita el acceso a la justicia, advierten
Por Blanca Carmona / Fotografía: Rey R. Jauregui
La Verdad
En un día normal, Elena, una defensora pública penal tiene programadas unas cinco audiencias. A veces a las 9 de la mañana debe llevar la representación legal en una revisión de un acuerdo reparatorio, a las 10 una audiencia inicial, a las 11 una intermedia, a las 12 una prórroga, a la 1 otra intermedia.
Aunque hay días que se le amontonan las diligencias, sobre todo cuando tiene que cubrir a algún compañero porque éste no pudo terminar a tiempo sus audiencias, por falta de salas, de jueces o agentes del Ministerio Público; por el desahogo de testigos o simplemente cubrir a un abogado que este llevando un juicio oral.
Su día se satura de audiencias, de expedientes de casos que se acumulan en espera de ser resultos.
Elena, quien pidió la reserva de su identidad por no estar autorizada para hablar con la prensa, es una abogada que forma parte de los 62 defensores públicos del fuero común en Ciudad Juárez, quienes tan solo el primer semestre de este año llevaron la representación legal de 34 mil 254 personas.
Considerando esa cantidad de casos y el número de abogados que integran la Defensoría Pública del Distrito Bravos –con sede en esta comunidad fronteriza, Elena y sus compañeros llevaron en promedio 552 casos cada uno, de enero a junio.
Una carga de trabajo excesiva.
Frente a esta realidad, algunos de los defensores hasta desconocen la totalidad de los asuntos que tienen asignados, simplemente van siguiendo la agenda que la Defensoría Pública les programa a diario.
“Tenemos cuatro o cinco audiencias propias al día, pero además cubrir a los demás, por ejemplo que a un compañero se le empalma una audiencia y el juez esta esperando un defensor y nos mandan a apoyar”, dice Elena.
La situación se complica cuando alguno de compañeros se ausenta por enfermedad. “Ahora hay dos o tres incapacitados por COVID-19 y otra por una operación y la cobertura de sus audiencias se distribuye entre nosotros mismos, no hay personal extra, eso genera mucho problema y carga de trabajo”, agrega.
La Defensoría Pública es un órgano cuyo fin es garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.
Los litigios en Ciudad Juárez
La carga de trabajo que acumulan los litigantes públicos desgasta y dificulta el acceso a la justicia en los casos que les son asignados, coinciden defensores consultados.
Los imposibilita a enfocarse en recabar pruebas de descargo, prácticamente hacen la defensa con los datos que aporta el Ministerio Público para acreditar la responsabilidad, información que van conociendo casi de forma simultánea al desarrollo de las audiencias, pues “no hay tiempo para sentarse a leer las carpetas”.
En ocasiones, dicen, la misma carga obliga a diferir las audiencias y esto impacta en la impartición de la justicia.
De acuerdo con cifras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua –a la cual está adscrita la Defensoría Pública– de enero a junio del 2022 en Juárez 62 defensores públicos llevaron la representación legal de 34 mil 254 personas.
Tres de los 62 defensores están asignados a la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte, para llevar la defensa de las personas detenidas. En este primer semestre del 2022, ellos atendieron a ocho mil 174 personas. Es decir, cada defensor debió vigilar el respeto al debido proceso y estar presentes en las diligencias instruidas a 2 mil 724 detenidos.
En la Ciudad Judicial están asignados 29 defensores públicos para representar a las personas mayores de edad puestas a disposición de los jueces de Control y del Tribunal de Enjuiciamiento, indican los datos oficiales. Ellos atendieron a cinco mil 222 personas tanto en audiencias de Control como en juicios orales. Es decir, en seis meses les tocó representar a unos 180 justiciables.
Para la etapa de ejecución de sentencia, la Defensoría cuenta solo con tres abogados, a quienes se les asignaron 404 casos seguidos en contra de adultos. Por lo que debieron atender a 134 reos para tramitar beneficios o vigilar el cumplimiento de las sentencias.
Para los adolescentes en conflicto con la ley, en Ciudad Juárez solo hay cuatro defensores públicos. Ellos conocieron de 415 casos, revela las cifras oficiales.
Mientras que para las materias Civil y Familiar, en Juárez la Defensoría Pública cuenta con 20 abogados, quienes llevaron entre ambas materias mil 714 asuntos durante el primer semestre del 2022. Además, brindaron 18 mil 327 asesorías.
Los 62 defensores en Ciudad Juárez cargan con casi la mitad de la representación asignada a los 240 defensores públicos en el estado, que en total atendieron -en las diferentes materias- a un total 64 mil 159 personas, de acuerdo con datos oficiales.
La casos en manos de la Defensoría Pública, de enero junio 2022.
Área | Juárez | Estado |
Control adultos | 5,187 | 7,424 |
Enjuiciamiento Adultos | 33 | 93 |
Ejecución Adultos | 404 | 682 |
Control Adolescentes | 394 | 548 |
Enjuiciamiento Adolescentes | 0 | 1 |
Ejecución Adolescentes | 21 | 32 |
Adscritos a Fiscalía | 8,174 | 19,961 |
Juzgados Familiares | 1,650 | 4,177 |
Juzgados Civiles | 64 | 138 |
Asesoría Civil y Familiar | 18,327 | 31,103 |
Total, personas | 34, 254 | 64,159 |
Fuente: TSJ de Chihuahua
Durante el año pasado en Ciudad Juárez, la Defensoría Pública atendió a más de 64 mil personas y a nivel estatal a 121 mil 225, tanto en materia penal, civil y familiar, prácticamente con la misma cantidad de personal pues al parecer en 2022 se ha contratado un número mínimo de abogados.
Defensoría en Ciudad Juárez, enero – diciembre 2021
Área | Juárez | Chihuahua |
Control Adultos | 8,449 | 12,712 |
Enjuiciamiento adultos | 73 | 235 |
Ejecución adultos | 1,006 | 2,058 |
Control adolescentes | 863 | 1,042 |
Enjuiciamiento adolescentes | 2 | 9 |
Ejecución adolescentes | 49 | 90 |
Adscritos a Fiscalía | 19,098 | 41,539 |
Juzgados Familiares | 2,799 | 7,580 |
Juzgados Civiles | 90 | 257 |
Asesorías Civil y Familiar | 31,748 | 55,703 |
Total, personas | 64,177 | 121,225 |
Fuente: TSJ de Chihuahua
Desde narcomenudista hasta funcionarios en problemas con la ley
Frente a la realidad que enfrentan los litigantes público, Héctor González Mocken, director de la Defensoría Pública, concede que el trabajo es excesivo, principalmente en materia penal donde atienden hasta un 80 por ciento de los asuntos que llegan a los tribunales.
En materia Familiar y Civil están a cargo de aproximadamente un 60 por ciento de los casos que llegan a los jueces.
“No nos damos abasto porque se ha incrementado mucho la intervención de las autoridades en materia de narcomenudeo, es donde tenemos mucho trabajo la Defensoría Pública” expone.
“Generalmente es gente muy pobre, a pesar de que probablemente muchos de ellos se ocupen en el comercio de la droga, la mayoría de ellos son adictos y son gente enferma. Entonces estamos hablando de gente pobre o muy pobre, que no tiene manera de tener un defensor particular”, explica.
González Mocken aseguró que a los defensores penales lo que les ayuda a llevar tantas carpetas de investigación es que una parte importante de esos asuntos se les ha concedido la suspensión provisional, es decir, una salida alterna al proceso que acelera la terminación, evita la emisión de una sentencia y al aprobarse se impone al acusado la obligación de cumplir con una serie de condiciones.
Mientras estas personas dan cumplimiento a las condiciones, las carpetas están sin movimiento o no es necesario realizar audiencias.
“Aún así es una carga muy pesada porque de ese porcentaje se preparan para juicio alrededor de un 20 por ciento, que el justiciable insiste en que es inocente y que iría hasta un juicio oral”, abunda.
La carga de trabajo de la Defensoría aumentará en octubre próximo cuanto entre en vigor la Reforma Laboral pues con los mismos abogados se dará atención en esta área.
Esta previsto mover a dos defensores a los juzgados laborales con sede en Ciudad Juárez, a otros dos en la capital del estado y para el resto de los municipios habrá un abogado itinerante, dijo González Mocken.
En materia Laboral se representará principalmente a trabajadores, pero también a los patrones o dueños de pequeñas empresas para quienes contratar un abogado privado signifique descapitalizarse.
Para el 2023 se buscarán recursos económicos que permitan contrata de 10 a 15 abogados para la materia laboral y serán distribuidos en toda la entidad.
A la actual carga de trabajo se suma a que desde principios de 2022 la Defensoría Pública firmó un convenio con la Secretaría de la Función Pública para representar a funcionarios públicos que enfrenten procesos administrativos ante esa dependencia.
En el primer semestre de este año, los defensores públicos han conocido de 600 carpetas administrativas algunas de las cuales se han consignado a la autoridad investigadora al considerar que la presunta conducta cometida es un delito.
Entre carencias procuran justicia
Para los defensores públicos penales no es posible atender de forma ideal todas las audiencias y menos en las condiciones en que están trabajando en Ciudad Juárez, en un edificio viejo, con poco personal, decenas de casos y sin locutorios para entrevistarse con las personas recluidas en los penales.
“Antes nosotros teníamos locutorios ahí en la Defensoría, hay un túnel que da a donde estamos en la planta baja del Cereso y ahí nos entrevistábamos con los imputados. Ahora no, tenemos que ir al interior a hablar con ellos, pero es perder dos o tres horas… no los llevan al área de entrevistas, hay que pasar por controles y de ahí a la celda donde no hay privacidad y nosotros corremos un riesgo porque puede haber una trifulca en cualquier momento”, dijo un defensor.
“Se ve mucho la falta de personal, a veces no hay quien cubra y se carga mucho el trabajo de tal modo que llega el momento que no puedes atender todo porque hay que ir a una audiencia; ingresar al interior (del reclusorio) para hablar con un detenido; atender a la familia (de los detenidos); y vaciar información en una estadística digital. Es demasiado”, refirió otra defensora.
Los defensores penalistas entrevistados con la condición de mantener en reserva su identidad señalan en Ciudad Juárez son 14 defensores no 29 como se informó de forma oficial y hay una coordinadora general mientras que en la ciudad de Chihuahua hay más personal y un coordinador por cada ocho abogados.
“No somos 29, somos 14 y los puedo citar con nombre y apellido. En Chihuahua en penal hay 24 abogados y están divididos, unos llevan audiencias en el Tribunal de Control y otros están enfocados a juicio oral y tienen su propio coordinador. Aquí somos 14 y no la rifamos, unos están asignados al Tribunal de Narcomenudeo, otros al Tribunal de Violencia Familiar y otros a delitos generales y todos tenemos que llevar juicio oral y cubrir a quien falte o a cuando se empalman audiencias”, dijo uno de los defensores que accedió hablar con la reserva de su identidad para que conozcan su realidad.
Su trabajo en esas condiciones, agrega, “es de locos”.
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