Organizaciones documentaron más de mil 500 víctimas de violaciones, secuestros, extorsiones y múltiples violencias desde el inicio del programa Quédate en México, una de las políticas migratorias más inhumanas hacia las mujeres y la niñez solicitantes de asilo
Por Celia Guerrero
Twitter: @celiawarrior
Una mujer de 28 años, originaria de Ecuador, es retornada a México y secuestrada en noviembre de 2019; su familia no tiene manera de pagar por su rescate y es retenida durante 3 meses, tiempo durante el cual abusan sexualmente de ella. Una mujer nicaragüense es devuelta y secuestrada en Ciudad Juárez; durante 7 días sufre de violaciones, hasta que consigue escapar. Lizbeth, salvadoreña, es obligada a prostituirse durante su espera. Una mujer y su hijo menor son secuestrados y abusados sexualmente en su camino hacia Estados Unidos; al llegar a su destino un oficial los devuelve sin advertencia a Matamoros. Una mujer indígena guatemalteca es devuelta al lado mexicano, donde es brutalmente golpeada y encerrada en una casa de contrabandistas.
Todas las protagonistas de las tragedias anteriores tienen en común, además de ser mujeres, que son solicitantes de asilo estadounidense y, bajo el protocolo ‘Quédate en México’ o MPP (Migrant Protecction Protocols, por sus siglas en inglés), fueron regresadas a México en donde tuvieron que esperar a resolverse sus procesos de asilo mientras eran sometidas a las múltiples violencias descritas.
Ellas son una parte del universo de más de mil 500 víctimas de violaciones, secuestros, extorsiones y múltiples violencias documentadas por organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos desde que el MPP comenzó en enero 2019.
Después de que la administración de Donald Trump inició la aplicación del MPP, con el aval del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en tan solo un año devolvieron a 72 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus procesos del lado mexicano.
Desde entonces, organizaciones mexicanas como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) han señalado las faltas a las legislaciones nacionales e internacionales que el MPP representa, además de los impactos violentos sobre los solicitantes de asilo devueltos. Han presentado amparos ante la Suprema Corte de Justicia en México e incluso una denuncia en la fiscalía por más de mil 300 eventos violentos sufridos por población bajo el MPP, pero las acciones legales del lado mexicano hasta el momento no han tenido avances.
El IMUMI destaca que políticas como el MPP y la orden ejecutiva de salud pública Título 42 —que ha sido utilizada tanto por Trump como Biden para expulsar a las personas a México durante la pandemia— son particularmente riesgosas y revictimizantes para las mujeres y la niñez.
Su informe “Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021” documenta desafíos y peligros de esta población específica. Explican que, mientras aproximadamente el 60 por ciento de las mujeres solicitantes de asilo escapan de sus lugares de origen (principalmente Centroamérica) por violencia de género (sexual, física, mental y económica), en México continúan sintiéndose inseguras.
Este temor no es infundado, una encuesta de Médicos sin Fronteras de 2017 rescata que el 31.4 por ciento de las mujeres entrevistadas, que buscaron protección internacional, fueron agredidas en su tránsito por México. Los agresores van desde el crimen organizado, hasta autoridades migratorias y policías mexicanas de distintos niveles, y los principales actos violentos: violación y agresiones sexuales, están en definitiva determinados por el género.
Pero recordemos considerar que, a las violencias y revictimización de las solicitantes de asilo se agregan las barreras para realizar denuncias formales —hay indefensión jurídica, condiciones de precariedad, más las propias condiciones violentas—, por lo que tan solo podemos aproximarnos a un universo muestra de víctimas.
Es por ello que resulta una buena noticia el término del MPP anunciado el pasado 9 de agosto por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Aunque el año pasado el gobierno estadounidense lo suspendió tan solo para ser restablecido por la Corte Suprema unos meses después —y la política de expulsión se sostiene con el Título 42—, queda la esperanza de que este sea el punto final del MPP, una de las políticas migratorias más inhumanas y que más exponenció los riesgos de por sí enormes de las mujeres y la niñez solicitante.
