Hay quienes piensan que construir una torre de vigilancia de un costo de dos mil millones de pesos va a resolver el problema de la seguridad ciudadana en Chihuahua. Tal vez conozcan muy bien el negocio de la construcción, pero no construir la seguridad ciudadana.
Por Víctor M. Quintana S.
Sería bueno encuestar a especialistas en seguridad ciudadana y preguntarles. “¿Qué haría usted si dispusiera de mil millones de pesos al año para construir la seguridad ciudadana en el estado de Chihuahua?
Hay quienes piensan que construir una torre de vigilancia de un costo de dos mil millones de pesos va a resolver el problema de la seguridad ciudadana en Chihuahua. Tal vez conozcan muy bien el negocio de la construcción, pero no construir la seguridad ciudadana.
La inseguridad que vivimos se manifestó de manera extrema el pasado jueves 11 de agosto con los homicidios de 11 personas y los ataques e incendios de varios negocios en esta ciudad, es un problema multifactorial. Por consiguiente, ha de abordarse, teniendo en cuenta los diversos factores que inciden en la criminalidad y violencia. Estas pueden irse resolviendo, según los especialistas, si se ponen en marcha tres tipos de políticas y acciones:
Primero: dosis prudentes –repito lo de prudentes– de prevención situacional: que se prevengan las situaciones en que se cometen delitos: sitios sin vigilancia, calles oscuras, patrulleo mal organizado, carencia de armas y dispositivos técnicos de vigilancia, etc. En este rubro es muy importante contar con una policía bien entrenada, honesta, responsable, bien equipada.
Segundo: dosis, también prudentes, de justicia penal de excelencia. Repito lo de excelencia: es decir un sistema judicial incorruptible, bien capacitado, con ética. Con un sistema de prisiones eficaz para su propósito: la readaptación social y no para la formación y operación de grupos de delincuentes que operen desde adentro. Con funcionarios penales probos, sin vinculaciones con los criminales.
Tercero: todas las dosis necesarias de justicia social para reducir al máximo la exclusión social, sobre todo la exclusión de los jóvenes del sistema educativo y del sistema laboral. Además, una adecuada prevención y atención a las adicciones y un sistema social que prevea que las familias, las escuelas, las empresas y las instituciones gubernamentales contribuyan al cuidado y a la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como personas humanas sociables, solidarias. Esta llamada “economía del cuidado” se ha descuidado totalmente, no hemos atendido la formación de personas humanas desde el sistema económico-industrial, desde el sistema educativo, desde las instituciones de bienestar social. Nos preocupamos del crecimiento económico, no del crecimiento de las personas y comunidades.
Una acción eficaz contra la inseguridad y la violencia exige que se atiendan los tres grupos de acciones, sobre todo el tercero: la justicia social, la construcción de personas.
Sin embargo, el gastar 2 mil o 4 mil millones de pesos en que una empresa instale y opere un sofisticado mecanismo de vigilancia es poner todos los huevos en la misma canasta. Endeudar al estado de Chihuahua para que Seguritech tenga dos o cuatro años de negocio es dejar nuestra protección total en manos de esta empresa y descuidar las raíces y otros factores clave en la inseguridad
Tampoco se ve cómo se va a construir un sistema judicial penal de excelencia, cuando se acaba de aprobar de panzazo una reforma judicial que destierra los exámenes a quienes deseen ingresar al judicial y evita toda participación de la sociedad civil capacitada en el proceso de selección de jueces, magistrados y fiscales, Eso no abona a una justicia de excelencia.
Peor aún: el sistema de reclusorios estatales opera en muchos casos en connivencia con los delincuentes, como se acaba de demostrar en el ingreso de sujetos armados a provocar la riña en el Cereso de Juárez y lo que algunos medios serios han informado sobre el control que grupos de delincuentes ejercen en los penales.
No hay estrategias ni inversiones en políticas de justicia social, de inclusión laboral y educativa de los jóvenes. Tampoco la prevención y atención a adicciones son prioritarios.Hay que pensar en las y los jóvenes para eliminar o reducir el riesgo en que se encuentran, no como potenciales compradores de uniformes caros.
Hay que invertir una buena parte del presupuesto en seguridad, es cierto, pero sobre todo en todo lo que ayuda a rescatar a las niñas, niños y jóvenes de la violencia. En ofrecer a las familias tiempo y espacios dignos de convivencia; en multiplicar guarderías, planteles de preescolar, centros juveniles y deportivos. En desarrollar todo un sistema público-privado y social de prevención y atención de adicciones y atención psicosocial. Un gobierno que se enfoque a esto tendrá más autoridad moral para convocar a un gran movimiento de la sociedad a construir la paz basada en la construcción de comunidades solidarias y personas humanas.
Porque, donde pones tu dinero, ahí pones tu corazón.
